Empresas de reformas estafadoras.

– Si ud va a acometer en breve alguna reforma en su casa, vivienda alquilada o negocio, le interesa conocer las estrategias que usan ciertas empresas de reformas para TIMAR a sus clientes, y hacerles una estafa.

 En primer lugar, estas empresas se anuncian en medios de publicidad de alto prestigio y reconocimiento. Uno se puede pensar que por estar anunciado en este medio la empresa es seria… CRASO ERROR. Para anunciarse, lo único que hay que hacer es PAGAR. Y los timadores tienen dinero de sus anteriores fechorías. Para tener el presupuesto, jamás le proporcione su domicilio habitual, sugiérale ir a recogerlo a la oficina. De esta manera, podrá conocer las dependencias donde trabaja la empresa.

– Es conveniente analizar las partidas, asegúrese de que no falta nada, que los m2 presupuestados son realmente los que son.

Un truco que hacen las empresas dedicadas a la estafa es ofertar las primeras fases de la obra caras y las ultimas baratas, de manera que el importe total sea barato (o mejor dicho: menos caro que otros). De esta forma, una vez ejecutadas las fases previas a precio caro, se abandona la obra, sin ejecutarse las últimas fases a precio barato.

 – Uno de los motivos por los que muchas familias contactan con estas empresas en lugar de contratar directamente albañiles, es porque los albañiles no estén dados de alta en la seguridad social. Se piensan que pagando a una empresa, se quitan este problema, pero esto no es así, porque son muchísimas las empresas del sector que no tienen dados de alta a los trabajadores. Para evitar esto, exija los certificados de que los trabajadores están dados de alta.

 – En el contrato que firme (no acepte la versión que redacte el individuo) deberá figurar entre otros datos la fecha de inicio y fin de la obra, penalización en caso de incumplimiento de plazos.. Desconfíe de los contratos que pueda traer firmados.
El individuo le pedirá un adelanto para comprar materiales. Esta es otra técnica usada para “agarrar” los proyectos. Exija la factura de compra de los materiales.

Pida la licencia de obras antes de comenzarla, servirá de prueba judicial. El individuo puede decirle que retrase la solicitud de la licencia de obra para que, en caso de juicio, alegar que la obra se comenzó cuando se pidió la licencia de obras.

 
 


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~ por caosenreformas5 en 26 octubre 2009.

219 comentarios to “Empresas de reformas estafadoras.”

  1. Estoy totalmente de acuerdo con estas notas a tener en cuenta antes d hacer obras en casa. En mi opinión, lo mejor son las recomendaciones, es decir que algún familiar, amigos o compañeros te recomienden una empresa o albañiles a los que éstos hayan contratado y que hayan estado contentos con el resultado obtenido. Así se reduce un poco el riesgo de lo desconocido no? Saludos.

    • El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al ex vicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern.8​
      El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro por parte de Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona y del piso particular de Diego Torres. Dos de los edificios registrados fueron la sede del Instituto Nóos en Mestre Nicolau 19 y la sede de Aizoon en Balmes 224. Esta última sede estaba situada en la cuarta planta del edificio, sede también de Baf Tejeiro, Medina, Tejeiro, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, entre otros profesionales.13​14​
      El mismo día la Policía Judicial recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalidad Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.8​
      El juez Castro levantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En el auto, hecho público el 2 de enero de 2012, se refleja que el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida por la entidad a través de los Gobiernos valenciano y balear. Según el detalle de esos cobros 2 794 440 euros fueron recibidos por Nóos Consultoría Estratégica entre 2004 y 2007 y 397 996 euros por De Goes Center for Stakeholder Management entre 2006 y 2007. Además, el duque de Palma recibió 747 889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, la infanta Cristina. El resto del dinero fue percibido por su socio, al que Virtual Strategies abonó 749 505,61 euros, Shiriaimasu 456 381,73 euros e Intuit Strategy Innovat 853 103,40 euros, siempre entre 2004 y 2007.8​
      La Fiscalía cifra que de la suma total 3 519 533,90 euros fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y los otros 2 285 000 euros por el Gobierno balear a través de la Fundación Illesport.8

      • El antiguo socio del yerno del rey aseguró también ante el juez que la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, participaba activamente en los negocios de Nóos como miembro de la junta directiva del instituto. Sin embargo, a la pregunta del fiscal Horrach: “«¿La Infanta cobraba del Instituto Nóos?», Diego Torres respondió «No, directamente del Instituto Nóos no ha cobrado».18​
        Torres le contó al juez que para el marido de la Infanta Cristina era «muy duro y muy difícil de aceptar» dejar la presidencia del Instituto Nóos. Según la transcripción entregada hoy a los abogados, Urdangarin, pese a las instrucciones procedentes de la Casa Real, continuó detrás de los proyectos puesto que «seguía teniendo mucho interés en estas actividades». «¿Por qué se hizo entonces “ese simulacro de apartamiento”?», insistió Castro. «Por presión mediática y por decir ‘ya lo estoy dejando».18​
        El 23 de febrero se filtra a la prensa que la judicatura acepta en el sumario los correos electrónicos aportados por uno de los imputados, Diego Torres. Con ello se trastoca una de las estrategias de la defensa de Urdangarin, cuyo abogado Mario Pascual reclama la nulidad y expulsión del sumario de los correos.19​
        En febrero, el Síndic major de Comptes de la Generalidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declara en relación a los Valencia Summit gestionados por Nóos: “No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación”.20​
        El 27 de febrero se filtra a la prensa que La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no habrían aportado prueba alguna que avalara una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma. Asimismo, el ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron por la celebración de los Valencia Summit.21​
        El 5 de marzo se filtra a la prensa la transcripción completa del interrogatorio de Urdangarin el pasado 23 de febrero. En el documento, de 84 páginas de extensión, Urdangarin mantiene su postura exculpatoria con respecto a su mujer y alega desconocer muchos de los detalles del funcionamiento de la asociaciones que presidió y dirigió.22​
        En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.23​ La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.24​
        El 7 de mayo de 2013, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares decide suspender la imputación de la Infanta Cristina. La decisión fue votada por dos de los tres jueces que conforman la Audiencia, mientras que el magistrado Juan Jiménez se mostró a favor de mantener la imputación.25​ Al día siguiente, el 8 de mayo, la Fiscalía del Estado, a través de su presidente Eduardo Torres-Dulce se congratulaba por la decisión por haber sido favorable a la postura defendida por el Ministerio Público.26​
        El 14 de mayo, el juez instructor José Castro encomendó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina. El juez inicia así “una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión” de supuestos delitos de la hija de los Reyes.27​
        El 4 de noviembre José Castro embarga la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes y otras tres viviendas menores en Palma y Tarrasa, de las que los duques de Palma y su sociedad privada Aizóon son titulares. El total de bienes embargados es de 16 propiedades incluidos garajes, trasteros y aparcamientos. El embargo judicial se extiende sobre las propiedades de Diego Torres, por las casas que comparte con su mujer Ana María Tejeiro —imputada— en San Cugat del Vallés y Mataró, Palma y Mahón. El juez Castro actuó porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no abonaron ni hicieron frente en efectivo ni con avales bancarios a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones de euros.28

      • inRead invented by Teads

        El tribunal concluye que el expresidente del banco, de conformidad con los dos condenados, creó un grupo de sociedades patrimoniales controladas directa o indirectamente por él mismo y añade que los tres cometieron abusos en las funciones de su cargo provocando “un perjuicio al banco y a sus accionistas”.

        Tras analizar los hechos que provocaron la despatrimonialización de Eurobank del Mediterráneo, la Sala concluye que no ha quedado acreditado que los absueltos integraran una asociación ilícita concertada para delinquir, por tanto no aprecia delito en las operaciones de compra de acciones del banco, ni en la compraventa por parte de Eurobank de los inmuebles por la que habían sido acusados por la Fiscalía.

        El Ministerio Público solicitó para todos ellos condenas de entre 5 años y 11 meses y de 7 años y 10 meses de cárcel según su responsabilidad en los hechos (las más altas para Eduardo de Pascual, María Vaque Molas y Manuel Vicente Fernández Nieto) mientras que las diferentes acusaciones, entre las que se encuentra la Asociación por la Defensa de los Intereses de los Socios y Accionistas de Eurobank del Mediterráneo, pedían penas que sumaban hasta los 70 años de prisión y el pago de indemnizaciones superiores a 10 millones de euros.

        La crisis de Eurobank se remite a 2003, cuando el banco entró en suspensión de pagos y las tres mutuas que controlaba Pascual —Norton Life, Personal Life y Caja Eurohipotecaria— tuvieron que ser intervenidas por la Generalitat de Cataluña.

        El juicio tuvo lugar en 2016, tres años después de que el entonces magistrado instructor Pablo Ruz abriera juicio oral contra los 14 acusados por delitos de asociación ilícita, delito societario continuado, estafa en grado de tentativa y delito de insolvencia punible.

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        1288: MCCLXXXVIII
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        1745: MDCCXLV
        1746: MDCCXLVI
        1747: MDCCXLVII
        1748: MDCCXLVIII
        1749: MDCCXLIX
        1750: MDCCL
        1751: MDCCLI
        1752: MDCCLII
        1753: MDCCLIII
        1754: MDCCLIV
        1755: MDCCLV
        1756: MDCCLVI
        1757: MDCCLVII
        1758: MDCCLVIII
        1759: MDCCLIX
        1760: MDCCLX
        1761: MDCCLXI
        1762: MDCCLXII
        1763: MDCCLXIII
        1764: MDCCLXIV
        1765: MDCCLXV
        1766: MDCCLXVI
        1767: MDCCLXVII
        1768: MDCCLXVIII
        1769: MDCCLXIX
        1770: MDCCLXX
        1771: MDCCLXXI
        1772: MDCCLXXII
        1773: MDCCLXXIII
        1774: MDCCLXXIV
        1775: MDCCLXXV
        1776: MDCCLXXVI
        1777: MDCCLXXVII
        1778: MDCCLXXVIII
        1779: MDCCLXXIX
        1780: MDCCLXXX
        1781: MDCCLXXXI
        1782: MDCCLXXXII
        1783: MDCCLXXXIII
        1784: MDCCLXXXIV
        1785: MDCCLXXXV
        1786: MDCCLXXXVI
        1787: MDCCLXXXVII
        1788: MDCCLXXXVIII
        1789: MDCCLXXXIX
        1790: MDCCXC
        1791: MDCCXCI
        1792: MDCCXCII
        1793: MDCCXCIII
        1794: MDCCXCIV
        1795: MDCCXCV
        1796: MDCCXCVI
        1797: MDCCXCVII
        1798: MDCCXCVIII
        1799: MDCCXCIX
        1800: MDCCC
        1801: MDCCCI
        1802: MDCCCII
        1803: MDCCCIII
        1804: MDCCCIV
        1805: MDCCCV
        1806: MDCCCVI
        1807: MDCCCVII
        1808: MDCCCVIII
        1809: MDCCCIX
        1810: MDCCCX
        1811: MDCCCXI
        1812: MDCCCXII
        1813: MDCCCXIII
        1814: MDCCCXIV
        1815: MDCCCXV
        1816: MDCCCXVI
        1817: MDCCCXVII
        1818: MDCCCXVIII
        1819: MDCCCXIX
        1820: MDCCCXX
        1821: MDCCCXXI
        1822: MDCCCXXII
        1823: MDCCCXXIII
        1824: MDCCCXXIV
        1825: MDCCCXXV
        1826: MDCCCXXVI
        1827: MDCCCXXVII
        1828: MDCCCXXVIII
        1829: MDCCCXXIX
        1830: MDCCCXXX
        1831: MDCCCXXXI
        1832: MDCCCXXXII
        1833: MDCCCXXXIII
        1834: MDCCCXXXIV
        1835: MDCCCXXXV
        1836: MDCCCXXXVI
        1837: MDCCCXXXVII
        1838: MDCCCXXXVIII
        1839: MDCCCXXXIX
        1840: MDCCCXL
        1841: MDCCCXLI
        1842: MDCCCXLII
        1843: MDCCCXLIII
        1844: MDCCCXLIV
        1845: MDCCCXLV
        1846: MDCCCXLVI
        1847: MDCCCXLVII
        1848: MDCCCXLVIII
        1849: MDCCCXLIX
        1850: MDCCCL
        1851: MDCCCLI
        1852: MDCCCLII
        1853: MDCCCLIII
        1854: MDCCCLIV
        1855: MDCCCLV
        1856: MDCCCLVI
        1857: MDCCCLVII
        1858: MDCCCLVIII
        1859: MDCCCLIX
        1860: MDCCCLX
        1861: MDCCCLXI
        1862: MDCCCLXII
        1863: MDCCCLXIII
        1864: MDCCCLXIV
        1865: MDCCCLXV
        1866: MDCCCLXVI
        1867: MDCCCLXVII
        1868: MDCCCLXVIII
        1869: MDCCCLXIX
        1870: MDCCCLXX
        1871: MDCCCLXXI
        1872: MDCCCLXXII
        1873: MDCCCLXXIII
        1874: MDCCCLXXIV
        1875: MDCCCLXXV
        1876: MDCCCLXXVI
        1877: MDCCCLXXVII
        1878: MDCCCLXXVIII
        1879: MDCCCLXXIX
        1880: MDCCCLXXX
        1881: MDCCCLXXXI
        1882: MDCCCLXXXII
        1883: MDCCCLXXXIII
        1884: MDCCCLXXXIV
        1885: MDCCCLXXXV
        1886: MDCCCLXXXVI
        1887: MDCCCLXXXVII
        1888: MDCCCLXXXVIII
        1889: MDCCCLXXXIX
        1890: MDCCCXC
        1891: MDCCCXCI
        1892: MDCCCXCII
        1893: MDCCCXCIII
        1894: MDCCCXCIV
        1895: MDCCCXCV
        1896: MDCCCXCVI
        1897: MDCCCXCVII
        1898: MDCCCXCVIII
        1899: MDCCCXCIX
        1900: MCM
        1901: MCMI
        1902: MCMII
        1903: MCMIII
        1904: MCMIV
        1905: MCMV
        1906: MCMVI
        1907: MCMVII
        1908: MCMVIII
        1909: MCMIX
        1910: MCMX
        1911: MCMXI
        1912: MCMXII
        1913: MCMXIII
        1914: MCMXIV
        1915: MCMXV
        1916: MCMXVI
        1917: MCMXVII
        1918: MCMXVIII
        1919: MCMXIX
        1920: MCMXX
        1921: MCMXXI
        1922: MCMXXII
        1923: MCMXXIII
        1924: MCMXXIV
        1925: MCMXXV
        1926: MCMXXVI
        1927: MCMXXVII
        1928: MCMXXVIII
        1929: MCMXXIX
        1930: MCMXXX
        1931: MCMXXXI
        1932: MCMXXXII
        1933: MCMXXXIII
        1934: MCMXXXIV
        1935: MCMXXXV
        1936: MCMXXXVI
        1937: MCMXXXVII
        1938: MCMXXXVIII
        1939: MCMXXXIX
        1940: MCMXL
        1941: MCMXLI
        1942: MCMXLII
        1943: MCMXLIII
        1944: MCMXLIV
        1945: MCMXLV
        1946: MCMXLVI
        1947: MCMXLVII
        1948: MCMXLVIII
        1949: MCMXLIX
        1950: MCML
        1951: MCMLI
        1952: MCMLII
        1953: MCMLIII
        1954: MCMLIV
        1955: MCMLV
        1956: MCMLVI
        1957: MCMLVII
        1958: MCMLVIII
        1959: MCMLIX
        1960: MCMLX
        1961: MCMLXI
        1962: MCMLXII
        1963: MCMLXIII
        1964: MCMLXIV
        1965: MCMLXV
        1966: MCMLXVI
        1967: MCMLXVII
        1968: MCMLXVIII
        1969: MCMLXIX
        1970: MCMLXX
        1971: MCMLXXI
        1972: MCMLXXII
        1973: MCMLXXIII
        1974: MCMLXXIV
        1975: MCMLXXV
        1976: MCMLXXVI
        1977: MCMLXXVII
        1978: MCMLXXVIII
        1979: MCMLXXIX
        1980: MCMLXXX
        1981: MCMLXXXI
        1982: MCMLXXXII
        1983: MCMLXXXIII
        1984: MCMLXXXIV
        1985: MCMLXXXV
        1986: MCMLXXXVI
        1987: MCMLXXXVII
        1988: MCMLXXXVIII
        1989: MCMLXXXIX
        1990: MCMXC
        1991: MCMXCI
        1992: MCMXCII
        1993: MCMXCIII
        1994: MCMXCIV
        1995: MCMXCV
        1996: MCMXCVI
        1997: MCMXCVII
        1998: MCMXCVIII
        1999: MCMXCIX
        2000: MM
        2001: MMI
        2002: MMII
        2003: MMIII
        2004: MMIV
        2005: MMV
        2006: MMVI
        2007: MMVII
        2008: MMVIII
        2009: MMIX
        2010: MMX
        2011: MMXI
        2012: MMXII
        2013: MMXIII
        2014: MMXIV
        2015: MMXV
        2016: MMXVI
        2017: MMXVII
        2018: MMXVIII
        2019: MMXIX
        2020: MMXX
        2021: MMXXI
        2022: MMXXII
        2023: MMXXIII
        2024: MMXXIV
        2025: MMXXV
        2026: MMXXVI
        2027: MMXXVII
        2028: MMXXVIII
        2029: MMXXIX
        2030: MMXXX
        2031: MMXXXI
        2032: MMXXXII
        2033: MMXXXIII
        2034: MMXXXIV
        2035: MMXXXV
        2036: MMXXXVI
        2037: MMXXXVII
        2038: MMXXXVIII
        2039: MMXXXIX
        2040: MMXL
        2041: MMXLI
        2042: MMXLII
        2043: MMXLIII
        2044: MMXLIV
        2045: MMXLV
        2046: MMXLVI
        2047: MMXLVII
        2048: MMXLVIII
        2049: MMXLIX
        2050: MML
        2051: MMLI
        2052: MMLII
        2053: MMLIII
        2054: MMLIV
        2055: MMLV
        2056: MMLVI
        2057: MMLVII
        2058: MMLVIII
        2059: MMLIX
        2060: MMLX
        2061: MMLXI
        2062: MMLXII
        2063: MMLXIII
        2064: MMLXIV
        2065: MMLXV
        2066: MMLXVI
        2067: MMLXVII
        2068: MMLXVIII
        2069: MMLXIX
        2070: MMLXX
        2071: MMLXXI
        2072: MMLXXII
        2073: MMLXXIII
        2074: MMLXXIV
        2075: MMLXXV
        2076: MMLXXVI
        2077: MMLXXVII
        2078: MMLXXVIII
        2079: MMLXXIX
        2080: MMLXXX
        2081: MMLXXXI
        2082: MMLXXXII
        2083: MMLXXXIII
        2084: MMLXXXIV
        2085: MMLXXXV
        2086: MMLXXXVI
        2087: MMLXXXVII
        2088: MMLXXXVIII

      • Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 (02/06)
        9.731,41 € 16.118,44 €
        12.030,07 € 6.062,67 €
        Los otros 3.423 euros proceden de imposiciones en efectivo, fraccionados en:
        Año 2007 Año 2008
        Año 2009 Año 2010 (02/06)
        1.463 € 0
        1.000 € 960 €
        Los gastos soportados en la cuenta, son de un total de 47.632, 57 euros:
        Los correspondientes a los pagos de recibo de luz, agua, vivienda y otros.
        Año 2007 Año 2008
        Año 2009 Año 2010 (02/06)
        4.291,74 € 4.083, 67 €
        3.548,42 € 2.442,74 €
        Los reintegrados mediante cajeros y caja.
        Año 2007 Año 2008
        Año 2009 Año 2010 (02/06)
        6.487 € 12.605 €
        9.700 € 4.474 €
        La referida cuenta es de uso para ingresos de nóminas y abonos de gastos generales como luz, agua, vivienda y otros.
        La cuenta bancaria es bloqueada a las 08:00 horas del día 02 de junio de 2010 con un saldo negativo de 251,11 euros.
        LA CAIXA:
        Ildefonso Maximiliano es titular de la cuenta “Ahorro-Libreta”, número NUM098 . Dicha cuenta presenta movimientos bancarios desde el 6 de mayo de 2008, con unos ingresos totales de 26.904,49 euros de los cuales 8.240 euros no están justificados habiéndose realizado de forma fraccionada y mediante imposiciones en efectivo.
        De los ingresos y reintegros registrados en la cuenta se detallan en periodos anuales:
        Los ingresos justificados ascienden a 18.664,49 euros.
        Año 2008 Año 2009
        Año 2010 (02/06 último mov.)
        7.648,27 € 6.746,32 €
        4.269,90 €
        Ingresos efectuados mediante imposiciones efectivas, no justificadas: 8.240 euros.
        Año 2008 Año 2009
        Año 2010 (02/06 último mov.)
        900 € 3.680 €
        3.660 €
        Se reintegran de la cuenta un total 26.890,61 euros en conceptos de retirada en efectivo y gastos varios, dichos gastos son desglosados por año en la siguiente forma:
        Reintegros en efectivo, 19.633,93 euros
        Año 2008 Año 2009
        Año 2010 (02/06 último mov.)
        6.640 € 6.170 €
        6.823,93 €
        Reintegros en concepto de abonos varios: 7.256,68 euros.
        Año 2008 Año 2009
        Año 2010 (02/06 último mov.)
        1.846,41 € 4.289,26 €
        1.121,01 €
        La cuenta bancaria es bloqueada a las 09:06 horas del día 02 de junio de 2010, con un saldo final de 13,88 euros.
        Hector Guillermo , además, es titular de la tarjeta visa número NUM099 , bloqueada a las 9:34 horas del día 02/06/2010. Titular del Plan de Pensiones número NUM100 y titular del correo electrónico número cuenta NUM101 .
        BANCO SANTANDER:
        Ildefonso Maximiliano , titular de la cuenta NUM102 , la cual ha sido bloqueada el día 02 de junio de 2010, con un saldo de 0,86 euros.
        La suma total de los ingresos legales de ambos es de 64.657,79 € (2.229,58 euros mensuales desde el 01-01-07). También se ha producido el ingreso en efectivo de la cantidad de 21.461,22 €, bien mediante ingresos en ventanilla o por cajero automático, ingresos no justificados legalmente y que ayudan a cubrir el volumen de gastos generados durante el citado periodo, que asciende a 74.253,18 €. Cantidad superior a la de los ingresos legales en 9.595’39 euros. Tales cantidades proceden de la actividad ilícita de tráfico de drogas que habitualmente desarrolla Ildefonso Maximiliano .
        SEXTO
        Alfonso Severino con DNI NUM103 , mayor de edad, ha sido condenado en virtud de sentencia de fecha 8- 3-1999 (firme misma fecha) dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 2 Cádiz (Ejec.68/99) en virtud de un delito contra la salud pública a la pena de 1 año prisión, suspendida por 2 años el 10-2-2000 y de sentencia de fecha 28-11-08 (firme 3-2-2010) dictada por la Sec. 1ª A.P. Cádiz (Ejec. 29/09 ) a la pena 3 años y 9 meses en virtud de delito contra la salud pública.
        Ramon Pio con DNI NUM104 , mayor de edad ,tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Ildefonso Maximiliano , con DNI NUM105 , mayor de edad ha sido condenado en virtud de sentencia de fecha 28-11-08 (firme 3-2-2010) dictada por la Sec. 1ª A.P. Cádiz (Ejec. 29/09 ) a la pena 3 años y 9 meses en virtud de delito contra la salud pública.
        Florencio Remigio , con DNI NUM106 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Ramon Teodulfo , DNI NUM107 , mayor de edad presenta antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia;
        Eugenia Laura con DNI NUM108 , mayor de edad, carece de antecedentes penales;
        Domingo Maximo , DNI NUM109 , mayor de edad ha sido condenado en virtud de sentencia de fecha 28-11-08 ( firme 3-2- 2010) dictada por la Sec. 1ª A.P. Cádiz (Ejec. 29/09 ) a la pena 3 años y 9 meses en virtud de delito contra la salud pública
        Florencio Tomas , con DNI NUM110 , mayor de edad no tiene antecedentes penales;
        Jose Isidro , DNI NUM111 , mayor de edad carece de antecedentes penales;
        Secundino Nazario , con DNI NUM112 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia
        Nazario Rodrigo con DNI NUM113 , mayor de edad fue condenado eje en virtud de sentencia de fecha 21-9-07 (firme en la misma fecha) dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Barbate en DU 86/07 por un delito de Robo con Fuerza a la pena de un año y cuatro meses de prisión (suspendida por 3 años en la misma fecha)
        Ernesto Gines , DNI NUM114 , mayor de edad fue condenado en virtud de Sentencia de fecha 18-8-09 (firme en misma fecha) D. Urgentes 109/09 Barbate Nº 1 por un delito contra la salud pública a la pena de 8 meses de prisión, suspendida por tres años;
        Gonzalo Nemesio , DNI NUM115 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia;
        Eutimio Moises con DNI NUM116 , mayor de edad fue condenado en virtud de sentencia de fecha 31-10 -03 (firme misma fecha) dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Cádiz (ejec. 572/03) en virtud de un delito contra la salud pública a la pena de 3 años prisión
        Inocencio Tomas con DNI NUM117 , mayor de edad no tiene antecedentes penales;
        Santos Adolfo , DNI NUM118 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia;
        Gonzalo Teodulfo , DNI NUM119 , mayor de edad carece de antecedentes penales
        Anibal Cosme , de nacionalidad marroquí, NIE NUM120 , mayor de edad no tiene antecedentes penales.
        Rogelio Raul con DNI NUM121 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Jon Teodosio , DNI NUM122 , mayor de edad carece de antecedentes penales.
        Segismundo Fausto con DNI NUM123 , mayor de edad carece de antecedentes penales.
        Cesareo Luis , DNI NUM124 , mayor de edad, tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Domingo Ruperto , DNI NUM125 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Justo Moises con DNI NUM126 , mayor de edad carece de antecedentes penales.
        Rodolfo Nazario , DNI NUM127 , mayor de edad fue condenado en virtud de sentencia de fecha 20-7-09 ( firme 4-3- 2010) dictada por la Secc. 4ª AP Cádiz (Ejec. 22/2010 ) en virtud de delito contra la salud pública (grave daño) a pena de 3 años prisión.
        Emiliano Desiderio , DNI NUM128 , mayor de edad no tiene antecedentes penales.
        Ezequiel Sixto , mayor de edad, de nacionalidad francesa, documento de identidad NUM129 carece de antecedentes penales.
        Fructuoso Rogelio DNI NUM130 , mayor de edad no tiene antecedentes penales;
        Armando Teodoro con DNI NUM131 , mayor de edad, tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Damaso Teodulfo , DNI NUM132 , mayor de edad tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
        Celia Teodora , DNI NUM133 , mayor de edad no tiene antecedentes penales
        Rocio Reyes , DNI NUM134 , mayor de edad no tiene antecedentes penales.
        Segundo .- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
        FALLO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a:
        – Alfonso Severino como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, con la concurrencia de la agravante de reincidencia y la atenuante analógica de confesión tardia ,a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena, MULTA DE DOS MILLONES DE EUROS con arresto sustitutorio de 20 días, para caso de impago y como autor de un delito DE BLANQUEO DE CAPITALES ,ya definido, a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA de 60.000 € con arresto sustitutorio de 10 días, para caso de impago.
        – Ramon Pio ,como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE DOS MILLONES DE EUROS con arresto sustitutorio de 20 días, para caso de impago y como autor de un delito de HURTO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
        – Ildefonso Maximiliano como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido ,con la concurrencia de la agravante de reincidencia a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE DOS MILLONES DE EUROS con arresto sustitutorio de 20 días, para caso de impago y como autor de un delito DE BLANQUEO DE CAPITALES,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA de 44.000 € con arresto sustitutorio de 10 días, para caso de impago.
        – Florencio Remigio como autor sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido , a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE DOS MILLONES DE EUROS con arresto sustitutorio de 20 días, para caso de impago .Como autor de un delito intentado de denuncia falsa a la pena de TRES MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago y como autor de un delito DE BLANQUEO DE CAPITALES a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS, con arresto sustitutorio de 7 días, para caso de impago
        – Ramon Teodulfo como cómplice de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE SEISCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 7 días, para caso de impago.
        Se sustituye la pena de prisión impuesta por la de trabajos en beneficio de la comunidad.
        – Domingo Maximo como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 15 días, para caso de impago.
        – Florencio Tomas como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 15 días, para caso de impago.
        – Segismundo Fausto como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 15 días, para caso de impago.
        – Emiliano Desiderio como cómplice de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de UN AÑO Y SIETE MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE SEISCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 5 días, para caso de impago.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición.
        -ADDIL DAHHOU como cómplice de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , a la pena de UN AÑO Y SIETE MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE SEISCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 5 días, para caso de impago.
        – Jose Isidro como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
        – Secundino Nazario como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 15 días, para caso de impago.
        – Nazario Rodrigo como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago y como autor de un delito de HURTO ya definido, con la agravante de reincidencia , a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
        – Ernesto Gines como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, con la concurrencia de la agravante de reincidencia la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 15 días, para caso de impago.
        – Gonzalo Nemesio como autor de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de 15 días, para caso de impago.
        – Eutimio Moises , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, con la concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada de confesión tardia , a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
        – Inocencio Tomas como autor de un delito de CONSPIRACION, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición
        – Santos Adolfo , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago.
        – Gonzalo Teodulfo , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago.
        – Rogelio Raul , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago.
        – Jon Teodosio , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago.
        – Cesareo Luis , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago.
        – Domingo Ruperto , como autor de un delito de CONSPIRACION ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de DOS AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo la condena .
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición.
        – Justo Moises como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de setenta días, para caso de impago.
        – Rodolfo Nazario como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, con la concurrencia de la agravante de reincidencia a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
        – Fructuoso Rogelio como autor, con la concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada de confesión tardia, un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y como autor de una falta de LESIONES a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago .
        – Armando Teodoro como autor, con la concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada de confesión tardia , un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y como autor de una falta de LESIONES a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago . Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición
        – Damaso Teodulfo , como autor un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena,
        – Anibal Cosme como autor de un delito de CONSPIRACION ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo la condena, MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL EUROS, con arresto sustitutorio de siete días, para caso de impago.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición
        – Eugenia Laura como autora, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, de un delito intentado de DENUNCIA FALSA a la pena de TRES MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago y como autora de un delito de RECEPTACION por imprudencia grave ,ya definido, a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 25.000 € con arresto sustitutorio de 10 días, para caso de impago.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición
        – Teresa Veronica como autora de un delito de RECEPTACION por imprudencia grave ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal , a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena y multa de 30.000 € con arresto sustitutorio de 10 días, para caso de impago.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir , revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición
        – Rocio Reyes como autora de un delito de RECEPTACION por imprudencia grav ,ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de vigencia de la condena y multa de 16.000 € con arresto sustitutorio de 10 días, para caso de impago.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir, revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición.
        Se acuerda en relación con los delitos contra la salud publica el comiso de la droga, dinero, teléfonos intervenidos, embarcación denomina DIRECCION007 con matrícula NUM057 y vehículos Volkswagen Passat NUM075 y Jeep Grand Cherokee matrícula NUM072 .Igualmente se acuerda en relación con los delitos de blanqueo de capitales y receptación por imprudencia grave el comiso de los vehículos, saldos de las cuentas bancarias bloqueadas, embarcación denomina DIRECCION007 con matrícula NUM057 , así como de las sumas de 90.000 €, ganancia obtenida con la venta de la parcela ubicada en la Ribera de DIRECCION006 , finca NUM086 , tomo NUM087 , libro NUM088 , folio NUM089 del Registro de la Propiedad de Barbate (Villa Tamara), y de 5.946 € saldo de la cuenta de entidad La Caixa ( NUM085 ) y de los bienes de un valor equivalente que posean los condenados de procedencia lícita, si los anteriores hubieran desaparecido de su patrimonio.
        Se imponen a los acusados proporcionalmente las costas del procedimiento.
        Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas en esta Sentencia, se abonará a los acusados todo el tiempo que hayan permanecido privado de libertad por razón de esta causa, de no haberles servido para extinguir otras responsabilidades.
        Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos y se notificará a las partes con la prevención de no ser firme por caber frente a ella recurso de casación que se podrá anunciar por escrito, y por ante esta Sala, para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación, definitivamente juzgando lo pronunciamos mandamos y firmamos”.
        Tercero.- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictó auto de subsanación de error material cuya PARTE DISPOSITIVA es la siguiente:
        ” LA SALA RESUELVE : Se rectifica el FALLO de la Sentencia en los siguientes terminos:
        -donde dice: ” Teresa Veronica ” debe decir ” Celia Teodora “.
        -donde dice: “- Domingo Ruperto , como autor de un delito de CONSPIRACION, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DOS AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo la condena.
        Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir, revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición. “debe decir: “- Domingo Ruperto , como autor de un delito de CONSPIRACION, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de DOS AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo la condena.”
        – donde dice:” – Fructuoso Rogelio como autor, con la concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada de confesión tardia, un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y como autor de una falta de LESIONES a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago.”
        debe decir ” – Fructuoso Rogelio como autor, con la concurrencia de la atenuante analogica muy cualificada de confesión tardia, un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, ya definido, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y como autor de una falta de LESIONES a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago. Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años durante la cual el penado no podrá delinquir, revocándose la suspensión si no cumpliera esta condición” (sic).
        Cuarto.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por los recurrentes, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
        Quinto.- La representación legal del recurrente Gonzalo Teodulfo , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
        Al amparo del art. 850.1 de la LECrim , en relación con el art. 659 y ss. De dicha ley al no haberse acordado la nulidad del auto de 15-2-2012 así como las prórrogas de las intervenciones practicadas. II.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. III.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por aplicación indebida del art. 368 del CP . IV.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , por infracción de los arts. 24.1 , 9.3 y 120.3 de la CE .
        Sexto .- La representación procesal del recurrente Santos Adolfo , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
        Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , por vulneración del art. 24.2 de la CE referido al derecho a la presunción de inocencia. II.- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim , por error en la valoración de las pruebas.
        Séptimo.- La representación legal del recurrente Jon Teodosio , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
        Al amparo del art. 854.1 y 2 de la LECrim , por manifiesta contradicción en los Hechos que se declaran probados. II.- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim , por error en la valoración de las pruebas. III.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE .
        Octavo.- La representación procesal del recurrente Domingo Ruperto , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
        Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, art. 24.2 de la CE . II.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por infracción de los arts. 368 , 369.1 , 2 y 6 del CP . III.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por infracción del art. 373 en relación al art. 17 del CP .
        Noveno.- El representante legal del recurrente Rodolfo Nazario , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
        Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE . II.- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim , por error en la valoración de las pruebas.
        Décimo.- El representante legal del recurrente Nazario Rodrigo , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
        Al amparo del art. 850.1 de la LECrim , en relación con el art. 659 y ss. de la LECrim , al no haberse decretado la nulidad del auto de 15 de febrero de 2012 y los autos de nuevas intervenciones y prórrogas. II.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías del art. 24.2 de la CE . III.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por infracción del art. 368 del CP . IV.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , por infracción de los arts. 24.1 , 9.3 y 120.3 de la CE .
        Undécimo.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 1 de octubre de 2013, evacuado el trámite que se le confirió, y por razones que adujo, interesó la inadmisión y subsidiaria desestimación de todos los motivos de todos los recursos.
        Decimoprimero.- Por providencia de fecha 14 de noviembre de 2013 se declaró el recurso admitido, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera.
        Decimosegundo.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación de la misma el día 10 de diciembre de 2013.
        FUNDAMENTOS DE DERECHO

        1 .- La sentencia núm. 343/12 , fechada el día 26 de noviembre de 2012, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en el marco del procedimiento abreviado núm. DP 192/2010, tramitado por el Juzgado de instrucción núm. 1 de Barbate, condenó, entre otros, a los acusados Gonzalo Teodulfo , Santos Adolfo , Jon Teodosio , Rodolfo Nazario y Nazario Rodrigo , en calidad de autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud ( art. 368 CP ), con las agravaciones previstas en los apartados 2º – pertenencia a organización- y 6º -cantidad de notoria importancia- del art. 369 del CP , a las penas y accesorias que se indican en los antecedentes de hecho de esta resolución. También resultó condenado el acusado Domingo Ruperto , como autor de un delito de conspiración para la comisión de un delito contra la salud pública de los arts. 373 , 368 , 369.1, apartados 2 y 6 del CP .
        Se interpone recurso de casación. Los motivos que han sido formalizados van a ser objeto de tratamiento individualizado. No se van a obviar las correspondientes remisiones sistemáticas, con el fin de evitar repeticiones innecesarias.
        RECURSO DE Gonzalo Teodulfo
        – El primero de los motivos se hace valer “… por quebrantamiento de forma al amparo del núm. 1 del art. 850 de la LECrim , en relación con los arts. 659 ss y concordantes del mismo cuerpo legal , al no haberse acordado la nulidad del auto de fecha 15/02/2012, así como la de los sucesivos autos que acordaron nuevas intervenciones telefónicas y prórrogas de las acordadas” ( sic ).
        La queja no puede prosperar.
        El desarrollo argumental del motivo no guarda relación con lo que anticipa su enunciado. La vía casacional seleccionada autoriza la reclamación de una prueba cuya pertinencia resulte incuestionable y que, sin embargo, haya sido despreciada en la instancia. No es esto lo que parece reivindicar el recurrente. De hecho, no se indica qué diligencia probatoria habría sido indebidamente denegada por la Audiencia. Tampoco ayuda a desentrañar el verdadero alcance del motivo la equívoca mención al art. 659 de la LECrim , que, como se desprende de su tenor literal, se limita a reglar en el procedimiento ordinario la declaración de pertinencia de las pruebas propuestas para el juicio oral por las partes.
        El motivo, en fin, incurre en la causa de inadmisión -ahora desestimación- prevista en el art. 884.4 de la LECrim . Refuerza la procedencia de este rechazo el hecho de que las consideraciones que se vierten en la impugnación, referidas a la posible nulidad del auto de fecha 15 de febrero de 2010, mediante el que se acordó la intervención de las comunicaciones telefónicas de algunos de los imputados, son objeto de análisis al abordar el primero de los motivos formalizados por la defensa de Nazario Rodrigo .
        – El segundo de los motivos, al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , sostiene infracción de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.1 y 2 CE ).
        Tampoco ahora el desarrollo del motivo -que integra una cuidada exposición del significado del derecho a la presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional y de esta Sala- es acorde con el contenido de la impugnación que se anuncia. En efecto, la queja del recurrente se limita a la insuficiencia de pruebas para sostener el juicio de autoría. Estima la defensa que en los hechos probados no se describen actos de venta, ni de auxilio o cooperación a la recogida de sustancias estupefacientes. Ni siquiera del tenor de las conversaciones -se alega- puede desprenderse la participación de Gonzalo Teodulfo . La carencia de elementos inculpatorios también se hace evidente a la vista de la transcripción que hace la Audiencia de mensajes de sms, que nada prueban.
        El motivo no es viable.
        La STC 111/2011, 4 de julio , recuerda que desde la STC 31/1981, de 28 de julio , la jurisprudencia constitucional viene afirmando que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. De modo que, como se declara en la STC 189/1998, de 28 de septiembre , «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado»
        Pues bien, ninguno de esos defectos es apreciable en la valoración que llevan a cabo los Jueces de instancia de los elementos de cargo sobre los que se construye la autoría de Gonzalo Teodulfo .
        Como se describe en el apartado cuarto del hecho probado, el ahora recurrente participó en las gestiones promovidas por Domingo Maximo , con el fin de buscar una embarcación y reclutar al personal que pudiera hacerse cargo del alijo de hachís. Ello no era sino consecuencia de las conversaciones que el propio Domingo Maximo había mantenido con el grupo de marroquíes que, más allá del Estrecho, se encargaba de hacer llegar los fardos. Aquél pide a Gonzalo Teodulfo que acuda al lugar de la reunión con su vehículo Jeep Gran Cherokee , matrícula NUM072 , que va a ser usado para el transporte de la droga. Y es precisamente Gonzalo Teodulfo quien se encarga de reclutar a su amigo Anibal Cosme , a quien convence para que participe en el inminente alijo. El juicio histórico da cuenta también de su participación en los preparativos y en las alertas, una vez lograda la embarcación que iba a ser usada para el alijo, que fueron avisos canalizados a través del también acusado Domingo Maximo . El acusado Gonzalo Teodulfo acudió a bordo del su vehículo al domicilio de Domingo Maximo en Chiclana, reuniéndose con los demás partícipes en los pinares de Roche, desde donde se dirigieron hacia la zona de Caños de Meca.
        En definitiva, su contribución a la ofensa del bien jurídico -aspecto que miraría más al juicio de subsunción que al respaldo probatorio de los hechos- es innegable. El art. 368 del CP no exige el contacto material con la droga para consumar el delito. Tampoco impone, como parece sugerir la defensa, la constatación probatoria de actos de venta. La acción que integra el tipo objetivo sólo requiere la realización de actos que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes. Y está fuera de dudas que los actos imputados a Gonzalo Teodulfo participan de esta condición. Aquél tiene un papel destacado en la operación de entrada de relevantes cantidades de hachís. Contacta de forma directa con Domingo Maximo , persona de relevancia en la estructura organizativa del grupo, y proporciona su propio vehículo para el transporte de la droga, una vez que ésta fuera desembarcada.
        Y el respaldo probatorio de esas aseveraciones fácticas consta en las páginas 81 a 85 de la sentencia recurrida. Allí se alude a los actos preparatorios del alijo que resultarían de las conversaciones interceptadas judicialmente y que se desarrollaron los días 7, 8, 10, 12 y 13 de mayo de 2010, de cuyo contenido y de las claves de su interpretación se hacen eco los Jueces de instancia. También se reflejan los sms compartidos con otros imputados, fundamentalmente, Ramon Pio y Anibal Cosme . A ello habría que sumar el contenido netamente incriminatorio de los testimonios prestados por los agentes de la Guardia Civil que depusieron en el plenario y los testigos Benjamin Severino y Jose Hipolito . Los primeros dieron cuenta de las labores de seguimiento y vigilancia en las que intervinieron a la espera de la llegada del vehículo conducido por Gonzalo Teodulfo . Los otros dos testigos corroboran el traslado del motor y la marcha previa del acusado.

    • El 1 de febrero de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó asumir la competencia sobre la denominada Operación Babel, que investigaba las actividades de Urdangarin al frente del Instituto Nóos. Por lo tanto, el caso continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro. Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa “es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional”.15​
      Los dos primeros imputados llamados a declarar fueron el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar el 11 de febrero de 2012. Sí lo hizo Miguel Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, que ejerció de contable en varias de las sociedades y fue secretario de Nóos. Tejeiro reconoció que el duque de Palma y su socio crearon una sociedad en Belice, asesorados por el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, para pagar menos impuestos, aunque matizó que la operación era legal. Una semana después, el 18 de febrero, declaró el exdirector general de Deportes de Baleares, José Luis “Pepote” Ballester, que reconoció ante el juez que Urdangarin y Matas pactaron los contratos y desvinculó de estos tratos a la infanta Cristina.8​
      El 24 y 25 de febrero hacía declaración Iñaki Urdangarín. En su testimonio, que se extendió durante dos días, reivindicó su “inocencia” y la “total transparencia” de su actuación, además se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la infanta Cristina. Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido, por mediación de su amigo y asesor legal José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que abandonase el Instituto Nóos y se dedicase a actividades no lucrativas, aunque hizo caso omiso del emisario real y, en 2008, volvió a hacer negocios. Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado.8​
      El 19 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicitaba una fianza de 8 189 448 euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. El fiscal Pedro Horrach solicitaba de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se diera traslado a las partes personadas en el ‘caso Nóos’ para que se pronunciasen e hiciesen las alegaciones que estimaren oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.16​
      2013[editar]
      En enero la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en el llamado caso en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470 000 euros en el que estaría implicado Iñaki Urdangarin y el Instituto Nóos. La Abogacía del Estado solicitaba ser parte en la causa tras haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del marido de la Infanta Cristina y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro.17​
      En febrero de 2013 se inició una nueva serie de interrogatorios por parte del juez instructor del caso Nóos José Castro a los principales imputados, Torres y Urdangarin. El 16 de febrero se tomó declaración a Torres, ex socio del duque de Palma. Torres declaró que el duque de Palma fue apartado en marzo de 2006 por la Casa del Rey de los negocios que ambos mantenían con Administraciones públicas, pero solo en apariencia, no realmente. «Don Iñaki seguía detrás de los proyectos y esto tampoco era ajeno [a la Casa del Rey] (…) La recomendación era que se cubrieran las apariencias, pero no que no pudiera estar en la fundación». Durante el interrogatorio al imputado, el juez quiso hacer un resumen de lo que él creía que había ocurrido tras esa sugerencia real: “Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración”. Torres le contestó: «En esencia, lo que el señor Romero le vino a decir era así». En las 138 páginas de transcripción literal de las declaraciones de Diego Torres del sábado día 16 consta la versión sobre un supuesto pacto de silencio o el eventual chantaje entre ambos ex socios. Diego Torres apuntaló esta tesis: «Tengo montones de comentarios del señor Urdangarin de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones y absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando se cuidaran las apariencias y que simulara estar fuera de Nóos».18

      • Lucia tienes miedo que salga la verdad escribes todos esos textos ajjaajja estafadores lucia tejero muiña y miguel angel simon cabello ratas estafadoras que verguenza dais 😂

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    • El antiguo socio del yerno del rey aseguró también ante el juez que la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, participaba activamente en los negocios de Nóos como miembro de la junta directiva del instituto. Sin embargo, a la pregunta del fiscal Horrach: “«¿La Infanta cobraba del Instituto Nóos?», Diego Torres respondió «No, directamente del Instituto Nóos no ha cobrado».18​
      Torres le contó al juez que para el marido de la Infanta Cristina era «muy duro y muy difícil de aceptar» dejar la presidencia del Instituto Nóos. Según la transcripción entregada hoy a los abogados, Urdangarin, pese a las instrucciones procedentes de la Casa Real, continuó detrás de los proyectos puesto que «seguía teniendo mucho interés en estas actividades». «¿Por qué se hizo entonces “ese simulacro de apartamiento”?», insistió Castro. «Por presión mediática y por decir ‘ya lo estoy dejando».18​
      El 23 de febrero se filtra a la prensa que la judicatura acepta en el sumario los correos electrónicos aportados por uno de los imputados, Diego Torres. Con ello se trastoca una de las estrategias de la defensa de Urdangarin, cuyo abogado Mario Pascual reclama la nulidad y expulsión del sumario de los correos.19​
      En febrero, el Síndic major de Comptes de la Generalidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declara en relación a los Valencia Summit gestionados por Nóos: “No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación”.20​
      El 27 de febrero se filtra a la prensa que La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no habrían aportado prueba alguna que avalara una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma. Asimismo, el ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron por la celebración de los Valencia Summit.21​
      El 5 de marzo se filtra a la prensa la transcripción completa del interrogatorio de Urdangarin el pasado 23 de febrero. En el documento, de 84 páginas de extensión, Urdangarin mantiene su postura exculpatoria con respecto a su mujer y alega desconocer muchos de los detalles del funcionamiento de la asociaciones que presidió y dirigió.22​
      En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.23​ La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.24​
      El 7 de mayo de 2013, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares decide suspender la imputación de la Infanta Cristina. La decisión fue votada por dos de los tres jueces que conforman la Audiencia, mientras que el magistrado Juan Jiménez se mostró a favor de mantener la imputación.25​ Al día siguiente, el 8 de mayo, la Fiscalía del Estado, a través de su presidente Eduardo Torres-Dulce se congratulaba por la decisión por haber sido favorable a la postura defendida por el Ministerio Público.26​
      El 14 de mayo, el juez instructor José Castro encomendó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina. El juez inicia así “una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión” de supuestos delitos de la hija de los Reyes.27​
      El 4 de noviembre José Castro embarga la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes y otras tres viviendas menores en Palma y Tarrasa, de las que los duques de Palma y su sociedad privada Aizóon son titulares. El total de bienes embargados es de 16 propiedades incluidos garajes, trasteros y aparcamientos. El embargo judicial se extiende sobre las propiedades de Diego Torres, por las casas que comparte con su mujer Ana María Tejeiro —imputada— en San Cugat del Vallés y Mataró, Palma y Mahón. El juez Castro actuó porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no abonaron ni hicieron frente en efectivo ni con avales bancarios a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones de euros.28​
      2014[editar]
      El 7 de enero de 2014, el juez Castro decide imputar a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal.29​30​31​
      Finalmente, en junio, el juez solo considera culpable a 16 personas, incluida la hermana del rey. Y el juez Castro invita al fiscal Horrach a querellarse contra él por prevaricación.32​
      El 7 de noviembre de 2014, la Audiencia de Palma confirmó la imputación de Cristina de Borbón y Grecia por delito fiscal, aunque no por blanqueo de capitales. Contra dicha decisión no cabe recurso.33​
      El 22 de diciembre de 2014, la Audiencia de Palma dicta el Auto de Apertura de Juicio Oral 34​ para que la Audiencia Nacional juzgue, entre otros, a Iñaki Urdangarín, su exsocio, Diego Torres, el ex presidente de Baleares Jaume Matas y a la infanta Cristina. Urdangarín se enfrenta a penas de entre 19,5 y as 26,5 años, Diego Torres se enfrenta a penas de entre 16,5 y 22,5 años. Matas está acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. La Infanta está acusada de cooperadora en dos delitos fiscales, pudiéndose enfrentar hasta cuatro años de prisión y reclamando a la Infanta el pago de 2,6 millones en responsabilidades civiles.35​
      2016[editar]
      La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga desde fines del 2014 a la acusación popular en el caso Noos, el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, por coordinarse con Ausbanc para interponer querellas contra todo tipo de empresas e instituciones y exigirles luego grandes sumas de dinero a cambio de retirarlas. 36​ Las pesquisas son dirigidas por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional y se centran, principalmente, en el presidente de Ausbanc, en Miguel Bernad y la abogada del sindicato Virginia López Negrete.37​ (Operación Nelson)
      Se han producido denuncias de trabajadores y varias víctimas de la presunta trama. Una de ellas es de una de las personas que se sentaba en el banquillo de ‘caso Nóos’.38​ 39​
      Desde hace unos años, Ausbanc intimidaba con abrir causas judiciales, para lo cual usaba como instrumento ejecutor a Manos Limpias. 40​ Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, mantienen una amistad desde hace años y han estado relacionados con los ambientes ultraderechistas. 40​ Luis Pineda y Miguel Bernad “proceden y han militado en movimientos ultraderechistas”, y coincidieron “con Virginia López (Negrete, portavoz de Manos Limpias) en el caso Blesa, cuando Luis Pineda ejerció como abogado en nombre de Manos Limpias”. 41​
      2017[editar]
      El 17 de febrero de 2017, tras 11 años, se conoció la sentencia para los imputados en el Caso Nóos.
      Iñaki Urdangarin fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, 7 años y un mes de inhabilitación especial y a abonar una multa de 513.553,68 euros.
      Diego Torres Pérez recibió una sentencia de 8 años de prisión y multa del tanto al duplo del valor de los bienes blanqueados, dicha multa tiene un valor de 689.537,24 euros.
      Cristina de Borbón fue sentenciada a abonar una multa de 265.088,42 euros.
      Ana María Tejeiro Losada, esposa de Diego Torres debe de abonar una multa con una cantidad de 344.934,31 euros.
      Finalmente el tribunal decidió absolver de los delitos de los que estaban acusados a:

    • Eliminado el nombre de la infanta Cristina de la sentencia de Nóos: ahora es ‘la Eva’
      Se ha suprimido su identidad y título real en la base de datos de la jurisprudencia española. Iñaki Urdangarin es reemplazado por ‘Julio’ para la historia de la Justicia y ‘Bernardo’ es Jaume Matas, expresidente de Baleares. El CGPJ elimina los nombres de las sentencias, a diferencia del TC o del tribunal europeo que los respetan.
      En el acto dictado por el juez encargado del caso Palma Arena, José Castro, en diciembre de 2011 se imputaban a nueve personas.42​ En 2013, correspondiendo con las revelaciones de uno de los imputados, Diego Torres, se ampliaba la lista de imputados a siete. Los principales imputados son:
      José Luis Ballester Tuliesa, “Pepote” Ballester (Vinaroz, 1968), ex regatista olímpico, director general de Deportes del Govern.
      Luis Carlos García Revenga,43​ (Madrid, 1955), secretario privado de las infantas y miembro del patronato de la Fundación Reina Sofía. Licenciado en Pedagogía y Magisterio, antiguo maestro del colegio Santa María del Camino (Puerta de Hierro, Madrid). Está imputado en el caso Nóos desde febrero de 2013.44​45​
      Jaume Matas i Palou (Palma de Mallorca, 1956), ex presidente balear. Bajo su mandato el Ejecutivo autonómico encargó al Instituto Nóos la organización de dos foros sobre turismo y deporte por los que la empresa de Urdangarín se embolsó supuestamente 2,3 millones de euros entre 2005 y 2006. Es uno de los primeros imputados.
      Ana María Tejeiro Losada,43​ esposa de Diego Torres. Fue responsable del área jurídica y fiscal del Instituto Nóos. Fue citada a declarar en febrero de 2012. Está imputada en el caso Nóos desde diciembre de 2011.46​
      Diego Torres Pérez (Mahón, Menorca, 1965), experto en estrategia y patrocinio. Antiguo Director de Strategy Innovation Lab y profesor asociado del Departamento de Política de Empresa de ESADE. Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE y doctor en Management Sciences por el mismo centro. Está imputado en el caso Nóos desde junio de 2011.
      Iñaki Urdangarin Liebaert, exduque consorte de Palma de Mallorca (Zumárraga, Guipúzcoa, 15 de enero de 1968), es un balonmanista español retirado, esposo de la infanta de España y duquesa de Palma de Mallorca Cristina de Borbón. Está imputado en el caso Nóos desde 2012.42​
      Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España, (Madrid, 13 de junio de 1965), hija del Rey de España Juan Carlos I. Fue imputada en el caso Nóos por presunta apropiación indebida de fondos públicos en abril de 2013, imputación suspendida en mayo de 2013 por la Audiencia Provincial. Posteriormente, ha sido imputada por blanqueo y delito fiscal en enero de 2014.23​
      Equipo jurídico y estrategias[editar]
      Defensa[editar]
      Los tres principales imputados, Torres, Urdangarin y la Infanta Cristina, se sirven cada uno de su propio abogado, todos con despacho en Barcelona: Torres de Manuel González Peeters; Urdangarin de Mario Pascual Vives, amigo personal suyo y miembro del despacho de abogados Brugueras, García-Bragado, Molinero y Asociados.47​ y la infanta de Miquel Roca.48​
      Urdangarin y Pascual Vives basaron la defensa en atribuir toda la responsabilidad a su ex socio Diego Torres y exculpar a la infanta y otros miembros de la familia real. Esta arranca el 25 de febrero de 2012 con la declaración de Urdangarin inculpando a Torres. Ello propiciará que la mujer de Torres sea imputada y no así la infanta. Con esta estrategia el pacto entre caballeros que tenían los dos antiguos socios se rompe.49​
      La estrategia del equipo de Urdangarin precipita a partir de 2012 una postura más agresiva por parte del equipo de Torres, dirigido por González Peeters. Torres y González Peeters han pasado pues al contrataque, intentando desvirtuar la posición de Urdangarin-Pascual y mostrar el rol central de Urdangarin en el entramado Nóos así como el hecho de que éste se sirvió de la ayuda y el beneplácito de la Casa Real. A partir de esta fecha han ido filtrando una serie de correos electrónicos que podrían implicar en el caso Nóos a personas directamente relacionadas con la Casa Real y el mundo de la política, tales como la infanta Cristina, el secretario de las infantas Carlos García Revenga (que acabará siendo imputado) o la «amiga entrañable» del rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.50​
      Las entregas de correos por parte de Torres serán las siguientes:
      Primera entrega: abril de 2012
      Segunda entrega: octubre de 2012
      Tercera entrega: 9 de enero de 2013
      Cuarta entrega: 16 de febrero de 2013
      Quinta entrega: 12 de marzo de 2013
      Sexta entrega: 26 de marzo de 2013
      Séptima entrega 6 de abril 201349​
      Asimismo, la defensa de Torres defenderá que la esposa de Torres «ni por asomo» formaba parte de Nóos, por lo que reclama que se le aplique la «batería de elementos» desgranados por el juez para no imputar a la infanta, ahorrándole la innecesaria «estigmatización del banquillo».51​
      El 5 de abril de 2013, a raíz de la primera imputación de la infanta Cristina, la Casa Real elige al prestigioso abogado Miquel Roca i Junyent como su abogado particular. En enero de 2014, al conocer la noticia de la segunda y más seria imputación de su defendida, el letrado decide preparar el recurso contra el auto de imputación.52​
      Acusación[editar]
      La investigación del caso Nóos corre a cargo tanto del juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, como de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial. La acusación la lleva el fiscal Pedro Horrach Arrom.
      Desde el 10 de febrero de 2012 el colectivo de extrema derecha Manos Limpias actúa como acusación particular.53​
      Desde enero de 2013 la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470 000 euros.17​
      En 2013, a raíz de la primera imputación de la infanta Cristina, surgen las primeras divergencias entre los equipos jurídicos públicos. En mayo, respondiendo a un recurso del propio fiscal instructor del caso Nóos, Pedro Horrach, contra dicha imputación, la Audiencia Provincial de Palma decide bloquear —por dos votos a uno— la imputación de la infanta Cristina que dictó el juez instructor José Castro.54​ A finales de año se sucederán los desencuentros entre el fiscal Horrach y el juez Castro. El 14 de noviembre, Horrach registra un escrito en el juzgado de Palma que investiga el caso Urdangarin en el que sostiene, a lo largo de 30 páginas,55​ que no existen indicios de delito en la actuación de la infanta Cristina en relación a los negocios de su marido y que, por tanto, no procede su imputación en la causa.56​
      El 17 de diciembre del mismo año, Horrach publica un nuevo informe de cuatro páginas donde se reafirma en su postura de firme oposición a la imputación de la infanta. En él el fiscal acusa al juez instructor por sus “innecesarias y redundantes” indagaciones fiscales y patrimoniales sobre Cristina de Borbón y afirma que la actividad final del juez “«desdibuja» tanto “«los hechos delictivos como las personas responsables de los mismos».
      El 7 de enero de 2014, en el auto de imputación de la infanta, el juez Castro hace explícitas alusiones a los argumentos expuestos por la fiscalía para desautorizar la imputación.57​ El fiscal, mediante un escrito dirigido al Juez Castro el 15 de enero,58​ cuestiona la posibilidad de que exista un posible delito fiscal de la Infanta y acusa al juez de utilizar una «absurda y denigrante teoría conspiratoria» con argumentos «incongruentes» para imputar a la Infanta Cristina, pero el fiscal no recurre su imputación. Las asociaciones de jueces Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria critican las formas del fiscal Horrach y piden respeto por el juez Castro.59

    • Referencias[editar]
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      ↑ Manresa, Andreu; Jesús García (30 de diciembre de 2011). «¿Por qué la Policía llamó a la investigación sobre Urdangarín «Operación Babel»?». ABC. Consultado el 26 de febrero de 2013.
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      ↑ “Los negocios de Urdangarin empezaron el año que se endeudó con Pedralbes”, El País, 29 de junio de 2014.
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      ↑ Manresa, Andreu; Jesús García (8 de noviembre de 2011). «Anticorrupción registra la fundación de Iñaki Urdangarin». El País. Consultado el 20 de julio de 2012.

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      ↑ «Carlos García Revenga: La sombra de Elena y Cristina». La Voz de Galicia. 30 de enero de 2013. Consultado el 25 de febrero de 2013.
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      ↑ «Mantienen la imputación de la mujer de Torres en Nóos». Diario de Mallorca. 5 de octubre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2013.
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    • Fórum Filatélico era una sociedad española de bienes tangibles intervenida judicialmente junto a Afinsa el 9 de mayo de 2006 acusada de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.1​
      Prometía unas rentabilidades fijas, no dependientes de la evolución del mercado, y superiores a las de las inversiones tradicionales, alegando la supuesta revalorización de los sellos en que decía invertir el dinero de sus clientes. La evidente contradicción de que la revalorización de un bien tangible sea directamente proporcional a su escasez mientras que los sellos se compraban por millones no arredró a miles de inversores que confiaron sus ahorros a esta empresa y otras similares que resultaron ser estafas piramidales.

      Índice  [ocultar] 
      1
      Actividad y premios
      2
      Intervención
      3
      Véase también
      4
      Notas
      5
      Enlaces externos

      Actividad y premios[editar]
      Fundada en 1979, durante 27 años recibieron varios premios y apoyos de empresas, medios de comunicación e Instituciones del Estado que les sirvieron para generar la confianza necesaria para llegar a alcanzar los 269.000 clientes.2​ Entre ellos podemos resaltar:
      En 2002 una del Ministerio de Economía y Hacienda recomienda la inversión en Fórum Filatélico
      Radio Intereconomía concede a Fórum Filatélico el premio al mejor producto de inversión de 2003
      La Cámara de Comercio de España en Francia distingue a Fórum Filatélico
      La revista Actualidad Económica sitúa a FF entre las más grandes de España
      Fórum Filatélico estuvo entre las mejores empresas europeas (Roland Berger)
      Fórum Filatélico ha sido distinguida con el Premio Júbilo 2002
      El presidente de Forum, Francisco Briones, designado como uno de los mejores gestores del año 2004 (AT Kearney)
      Premio Máster de Oro para el presidente de Forúm Filatélico (entregado por el Sr. López Aguilar, Ministro de Justicia)
      Fórum Filatélico, una de las empresas españolas más solventes (Dun & Bradstreet)
      Vídeo YouTube de un informativo de Telecinco en 2001 que hacía publicidad positiva del negocio de los sellos
      La sociedad desarrollaba una ingente actividad comercial y de relaciones públicas, tratando de alcanzar una imagen de solvencia y respetabilidad mediante la persecución de los mencionados galardones, el patrocinio deportivo (desde 1982 hasta 2006 patrocinó al equipo de baloncesto Fórum Filatélico Valladolid de la Liga ACB), se anunciaba en los anuncios de televisión de los San Fermines de Pamplona, la involucración de personalidades, etc…
      La rentabilidad que daba la empresa era superior a la de los bancos, puesto que las entidades bancarias daban el 2-3% y en Fórum se aseguraba una rentabilidad para un plazo similar del 6-8%. En teoría ellos defendían que era posible por la supuesta gran revalorización de los sellos. Hay que tener en cuenta que sorprendentemente esta empresa aparentemente desafiaba una de las reglas básicas de la inversión: la relación riesgo/rentabilidad (cuanto mayor rentabilidad mayor riesgo y viceversa), puesto que ofrecía más ganancias en el mismo plazo que las entidades bancarias, y la ganancia era teóricamente segura (0% de riesgo) puesto que Fórum se comprometía a recomprar esos sellos en un plazo determinado. Tras la crisis económica provocada por la explosión de las Burbuja punto com a principios del siglo XXI, mucha gente decidió invertir en esta empresa en vez de sectores más tradicionales o la bolsa.

    • Intervención[editar]
      En la mañana del 9 de mayo de 2006 la policía accede a las sedes de la compañía por orden judicial, ejecutando la “Operación Atrio”. La operación también afecta a Afinsa, que se dedicaba a lo mismo. Son acusadas de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.1​ En el caso de Fórum hubo 269.000 clientes afectados.3​ Estos clientes sólo han podido recuperar el 10% de su inversión varios años después.4​ Aparte de las pérdidas económicas, hay que tener en cuenta además el daño psicológico que provocó la estafa, puesto que muchos de los clientes eran “reclutados” posteriormente como comerciales y aconsejaban y convencían a sus familiares, amigos, etc… para que invirtieran también en la empresa.
      La empresa operó durante 27 años generando un déficit patrimonial de 2.800 millones de euros (según informe de la Administración Concursal emitido en enero del 20075​), del cual los principales beneficiarios fueron los partícipes más antiguos que obtuvieron una rentabilidad o rendimientos que se pagaban con las aportaciones de los nuevos partícipes, en lo que constituye una pirámide de Ponzi clásica. Los sellos estaban muy sobrevalorados y su valor de mercado real era aproximadamente sólo el 10% del que reconocía la empresa. En 2008 el juez rebajó el valor de los sellos de Forum de 1.380 millones de euros a 283 millones.6​ El agujero de deudas dejado alcanzó los 3.702 millones de euros.7​
      Francisco Briones, presidente de Fórum Filatélico desde el 2001, se lamentaba en diversas entrevistas tras la intervención, de que la tasa de solvencia de la entidad era superior a la de las entidades bancarias, por lo que de no haber sido intervenida en 2006, la sociedad podría haber recuperado el equilibrio patrimonial mediante las inversiones inmobiliarias y otros productos de inversión que se encontraban en un inicio de diversificación. Sabiendo ahora como evolucionó el mercado los años posteriores (Crisis económica española (2008-2015)) resulta muy poco plausible pensar que la empresa hubiera sobrevivido a la crisis económica más fuerte y duradera desde la época de la posguerra. Por el contrario parece más factible pensar que “la bola de nieve” se habría ido haciendo todavía más grande hasta el día de su futura quiebra y esta hubiera sido aún mayor afectando a más personas.
      El máximo accionista y considerado cerebro de la estafa, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, huyó a Venezuela y se sometió a cirugía estética para dificultar su reconocimiento.8​
      En febrero de 2010, la Audiencia Nacional dicta que el Estado español no tuvo nada que ver en las operaciones ilícitas durante los 25 años que estuvo en funcionamiento.9​
      En marzo de 2015, Lalo Garcia, famoso exjugador del equipo de baloncesto Fórum Filatélico Valladolid, se suicidó entre otros motivos por esta estafa, ya que lo dejó arruinado, con pérdida de amistades puesto que recomendó a familiares y amigos invertir en esta empresa, y de hecho vivió en primera persona el desalojo por parte de la policía de la sede vallisoletana de esta empresa lo que le provocó una profunda depresión que nunca superó.
      En abril de 2015 se inicia el juicio a los responsables de esta empresa.10​ El 24 de septiembre de ese año los responsables fueron condenados a pagar 2259 millones de euros.11​
      Advertencia de 1994;
      Un experto en sellos denunció la estafa de Fórum Filatélico en junio de 1994. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó el caso en apenas 29 días.12​
      El experto en sellos escribió al Banco de España, entre otras cosas lo siguiente:
      […] “Pese a la solidez económica que aparenta, tengo que citar a Fórum Filatélico y Financiero. No tengo nada contra la firma, salvo que como base de garantía de sus pólizas de Inversión, vende en 3.661.585 pesetas sellos de Correos bajo la denominación Europa […]. Hasta aquí todo es normal en un mercado de libre competencia. Ocurre que estos mismos sellos se ofrecen en los catálogos oficiales que se emiten en España a 346.000 pesetas […]. Es evidente que esta empresa está captando sus Pólizas de Inversión sobre la base de la oferta de unos intereses infinitamente superiores al resto de las entidades bancarias”.
      Advertencia de 2004;
      Por el contrario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desaconsejó en repetidas ocasiones la inversión en estas empresas, publicando incluso un estudio (marzo de 2004) en el cual demostraba la sobrevaloración de los sellos que se utilizaban como excusa para la inversión.13​
      En este caso la investigación fue sobre Afinsa, la otra empresa afectada, y cuyo modelo de negocio era idéntico al de Fórum, por lo que la deducción también es válida para esta empresa:
      […] Tras comprar en Afinsa el producto “Contrato de Intermediación Temporal” por un importe de 600 euros, llevamos el lote de sellos que nos habían entregado a 11 filatelias para sondear el valor que pueden tener en el mercado. En 9 de ellas rechazaron hacer una valoración debido a que no trabajan con este tipo de sellos. En 2, nos proporcionaron el precio de catálogo, que ronda el 16% del dinero que habíamos invertido. Además nos advirtieron de que si nosotros los quisiéramos vender posiblemente no conseguiríamos ni siquiera la tercera parte del precio del catálogo. Por tanto, si Afinsa quebrase o no cumpliese con su compromiso, el valor de mercado del bien que sirve como garantía sólo cubre aproximadamente el 5% de lo invertido.

    • Advertencia de 2004;
      Por el contrario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desaconsejó en repetidas ocasiones la inversión en estas empresas, publicando incluso un estudio (marzo de 2004) en el cual demostraba la sobrevaloración de los sellos que se utilizaban como excusa para la inversión.13​
      En este caso la investigación fue sobre Afinsa, la otra empresa afectada, y cuyo modelo de negocio era idéntico al de Fórum, por lo que la deducción también es válida para esta empresa:
      […] Tras comprar en Afinsa el producto “Contrato de Intermediación Temporal” por un importe de 600 euros, llevamos el lote de sellos que nos habían entregado a 11 filatelias para sondear el valor que pueden tener en el mercado. En 9 de ellas rechazaron hacer una valoración debido a que no trabajan con este tipo de sellos. En 2, nos proporcionaron el precio de catálogo, que ronda el 16% del dinero que habíamos invertido. Además nos advirtieron de que si nosotros los quisiéramos vender posiblemente no conseguiríamos ni siquiera la tercera parte del precio del catálogo. Por tanto, si Afinsa quebrase o no cumpliese con su compromiso, el valor de mercado del bien que sirve como garantía sólo cubre aproximadamente el 5% de lo invertido.
      Advertencia de 2005;
      Un periodista del Financial Times escribió un artículo el 27 de septiembre de 2005 titulado “Cheque is in the post in stamp scheme” (El cheque está en el correo en un esquema de sellos).14​ En el artículo en general se insinúa que tanto Afinsa como Forum pueden ser estafas piramidales, que el valor de sus sellos está inflado y que no tiene nada que ver el precio en los catálogos con el potencial precio de mercado.
      Traducido, entre otras frases, dice:
      […] Fórum Filatélico […] admite que cobra a sus clientes hasta 10 veces el valor de catálogo de sus sellos. “Es normal cobrar a nuestros clientes 8-10 veces los precios de catálogo, debido a los servicios que ofrecemos, incluyendo la custodia y conservación de los sellos, la elaboración de los contratos y las garantías de recompra”, dijo Briones. […] El Sr. Dupplin, miembro de la Real Sociedad Filatélica, viajó a Madrid en junio para inspeccionar los sellos en la sede del Forum Filatélico. “No eran más que trozos de papel bonitos,” Sr. Dupplin dijo al Financial Times. Agregó que dudaba del valor de la inversión de sellos Europa-temáticos del Fórum Filatélico. […] Los comerciantes de sellos dicen que es sólo por el funcionamiento de un mercado cerrado que Forum Filatélico puede sostener esos precios inflados por sus sellos.
      En este artículo se hace referencia al informe de la OCU de 2004 anteriormente mencionado en el que los investigadores de la OCU fueron incapaces de encontrar un comprador para un catálogo de sellos que adquirieron de sólo 600 euros.
      Otros hechos sorprendentes;
      El historial de irregularidades de Fórum es extenso, en este enlace se recogen algunos de ellos como por ejemplo este de 1999:
      La policía alemana recibe información de aduanas sobre seis envíos de sellos desde la sociedad Tamioka de Hong Kong por valor de 1,2 millones de marcos alemanes en los que intermedia Katrion (empresa intermediaria de Forum). El perito que abrió uno de los envíos comprobó que sólo los primeros pliegos eran sellos auténticos, el resto eran copias de mala calidad, utilizados por material de relleno. El perito calculó que el valor real del paquete sería de unos 500 marcos alemanes, aunque los remitentes habían declarado un valor de mercancía de 280.000 marcos.
      La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid investiga al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a la abogada del sindicato Virginia López Negrete por un supuesto delito de apropiación indebida15​ y blanqueo de capitales.,16​ retirando finalmente más de 100.000 euros del Banco en efectivo. El ministerio público cree que Miguel Bernad y la abogada Virginia López se repartieron fondos que el sindicato había recaudado de afectados por la estafa de Fórum Filatelico y Afinsa.15​ El Juzgado admitió la querella contra ambos.17​
      La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) realizó un exhaustivo informe de inteligencia financiera y halló indicios de actividad delictiva. Por este motivo, el Sepblac remitió una denuncia a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, donde abrieron diligencias de investigación. El informe de investigación financiera relativo a las cuentas de Virginia López Negrete deparó sorpresas.16

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      La lista de las empresas españolas en quiebra
      La crisis ha dejado una larga lista de empresas españolas que no han podido sobrevivir a su azote. La caída del consumo ha provocado que muchas de las compañías de referencia del país vean disminuidas sus ventas hasta verse obligadas a acometer severos planes de reestructuración o, en el peor de los casos, hasta desaparecer.

      Las inmobiliarias fueron las primeras en sufrir el pinchazo de la burbuja del ladrillo; después vino la quiebra de las cajas y su posterior nacionalización; y en estos últimos meses las noticias de las grandes empresas que echan el cierre circulan por todos los sectores de nuestra economía. Deudas cuantiosas, facturas falsas, agujeros patrimoniales millonarios, una administración nefasta… No sólo la crisis económica es la causa de la situación de estas empresas. De hecho, todas las compañías de esta lista tendrán que entonar el mea culpa por su gestión.

      En este sentido, no todas son malas noticias, Panrico, la última empresa en anunciar que estaba estudiando acogerse al concurso de acreedores logró el pasado martes un acuerdo ‘in extremis’ con los sindicatos para retomar su actividad. Ante la incapacidad de generar ingresos recurrentes, la compañía ha acordado aplicar un ERE para 745 trabajadores y una rebaja salarial de hasta el 18% para los 3.255 que quedan.

      Sin embargo, no todas las comañías corrieron la misma suerte. A continuación, las quiebras empresariales más sonadas de España:

      1. Martinsa Fadesa: la primera inmobiliaria del país protagonizó la mayor quiebra de la historia de España en julio de 2008. El grupo inmobiliario presidido por Fernando Martín se declaró insolvente con una deuda de 7.200 millones de euros. Año y medio después, la compañía salía del concurso de acreedores tras comprometerse a pagar su deuda en un plazo de 10 años. Martinsa Fadesa anunció en marzo de 2011 que tenía unos activos valorados en 7.264 millones de euros, frente a unas deudas de 6.905 millones, lo que arrojó un patrimonio neto positivo de 359 millones en esa fecha.

      2. Nueva Rumasa: empresas míticas como Clesa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina e, incluso, el Rayo Vallecano, entraban en concurso de acreedores en febrero de 2011 debido a la mala gestión del gran entramado empresarial dirigido por José María Ruiz-Mateos. La familia culpaba de esta crisis a una “campaña bestial” de los medios y los bancos que no les daban crédito. Sin embargo, estas quiebras no hacían más que mostrar la punta del iceberg de una gran estafa piramidal basada en pagarés para, supuestamente, financiar nuevas adquisiciones empresariales por parte de la compañía. El holding fue creado con la vocación de reconstruir lo que fue el gran conglomerado Rumasa antes de su expropiación por el Estado en 1983. En 2011, la compañía Back in Business formalizó la compra del grupo, que continúa en situación concursal. Mientras, la familia, sigue inmersa en el proceso judicial.

      3. Bankia: el Gobierno nacionalizó Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, a primeros de mayo de 2012, tras conocerse que necesitaba 10.000 millones para su saneamiento (a los que había que sumar 4.465 millones recibidos en 2010). El banco solicitó que el Estado convirtiera el préstamo del Frob (los 4.465 millones) en acciones de BFA y se hiciera con con el 100% de su capital. Con esta operación, el Gobierno pasó a controlar el 45% del capital de Bankia. Tras la nacionalización, BFA reformulaba sus cuentas de 2011 y anunciaba unas pérdidas de 3.318 millones de euros, las segundas mayores de la historia de la banca, sólo por detrás de los 3.510 millones de Banesto en 1993. Lo más grave del asunto es que el banco había declarado unos números rojos de 439 millones sólo unas semanas antes. El rescate de Bankia ha costado a los contribuyentes un total de 23.500 millones de euros.

      4. Reyal Urbis: con una deuda de cerca de 4.300 millones entre pagos a proveedores e intereses, la inmobiliaria se convirtió el pasado marzo en el segundo concurso de acreedores de mayor volumen de la historia de España. La crisis se cobraba una nueva víctima, en este caso la empresa presidida por Rafael Santamaría con 420 empleados. Su principal acreedor es el banco malo (Sareb) que aglutina más de 700 millones en créditos de Bankia, Novagalicia Banco, Banco de Valencia, Liberbank y Caja Duero-Caja España. Reyal continúa trabajando en un plan de viabilidad para llegar a un acuerdo con sus acreedores. De momento, ha vendido varios edificios en Madrid.

    • stop
      Veinte empresas cierran cada día en España, un 8% más; la actividad emprendedora cayó con fuerza en febrero

      Economía Digital
      Casi 2.700 empresas han pedido el concurso de acreedores en 2017. En la imagen, un operario cierra una planta en quiebra. / EFE
      DIRECTIVOS Y EMPRESAS
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      Felipe Benjumea se libra de penas más duras de cárcel por Abengoa
      Barcelona, 04 de marzo de 2017 (12:00 CET)
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      En lo que va de 2017, han cerrado en España 783 empresas. Es decir, cada día casi 20 firmas han iniciado un “proceso formal de insolvencia”, lo que representa un 8% más que los dos primeros meses del año pasado. El lado positivo de esta estadística es que en el mes pasado se han declarado 374 concursos de acreedores de sociedades mercantiles, la cifra más baja para febrero desde 2010. Significa un retroceso del 15,57% en la comparativa interanual, precisa un informe de Axesor.
      La creación de empresas se contrae un 20% en febrero, con 8.630 altas (frente a 10.736 del año pasado)

      Después que en enero se rompiera una tendencia de 38 meses consecutivos de retrocesos, los concursos volvieron a crecer. El comercio, la industria manufacturera y la construcción son los sectores que, con un 51%, acumulan la mayor cantidad de insolvencias. Sin embargo, estas actividades han logrado por cuarto mes consecutivo situarse por debajo de la barrera psicológica de las 100 quiebras mensuales.
      Cataluña lidera en quiebras
      Cataluña registra la mayor cantidad de concursos en febrero, con 67 incidencias, de las cuales la gran mayoría (55) se han registrado en la provincia de Barcelona. Sigue la Comunidad de Madrid (55); por lo que uno de cada tres concursos han tenido lugar en estas dos comunidades autónomas. También son las dos regiones donde se concentra el mayor número de empresas censadas.
      La actividad emprendedora cayó un 20% en febrero, con 8.630 altas (mientras que el año pasado se registraron 10.796 creaciones). Desde que comenzó la crisis, las actividades que más concentran la actividad emprendedora son el comercio, la construcción y la hostelería. Pero el sector que más dinero ha captado para la generación de nuevas firmas ha sido el financiero, que ha logrado reunir 441,9 millones de euros en el último mes.

    • La Audiencia Nacional investigará a la cúpula de la marca textil Blanco después de que el juez Ismael Moreno se declarara competente para dilucidar si los directivos fueron los responsables de la quiebra de la empresa en noviembre de 2016, según informan fuentes jurídicas.

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      El juez investigará la denuncia interpuesta a principios de este año por la Plataforma de Afectados por la Situación de Blanco, en la que denuncian el supuesto desfalco de la empresa por parte de los directivos. La situación se habría producido hasta que esta acabó en la quiebra.

      La denuncia se dirige contra los empresarios saudíes Simon Marshall, Masud Mohammad Hussein Mamad, Gerard Louis Water, Fawaz Abdulaziz Al-Hokair y la empresa Global Leiva SL, propietaria de Blanco, por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y alzamiento de bienes.

      El magistrado de la Audiencia Nacional se encargará ahora de investigar al grupo saudí dueño de la cadena de ropa. En un primer momento, este órgano judicial inadmitió dicha querella, tras requerir información al juzgado mercantil de Toledo encargado de la liquidación de activos de la empresa para conocer la magnitud del caso.

      La plataforma de afectados denuncia en su querella, presentada en enero de 2017, que los actuales dueños de la firma textil pretenden eludir sus responsabilidades en el cierre de 102 establecimientos y el despido de 850 trabajadores, según informaron en un comunicado.

      El grupo saudí, según los afectados, intentó desvincularse de Global Leiva dos meses antes de entrar en concurso de acreedores. Este intento se habría hecho mediante su “venta simulada” al fondo de inversión del Emirato de Dubai AC Modus, cuyo principal accionista es Fawaz Abdulaziz Al-Hokair, presidente y cofundador del grupo saudí.

    • José Oliveira Costa —que así se llama el principal condenado, hay otra docena de sentenciados— fue capaz hasta de crear un banco en Cabo Verde sin que se enterara el Banco de Portugal. En 2008 BPN quebró, lo salvó el Estado, que ya ha gastado más de 5.000 millones de euros, y se lo vendió por unos ducados —40 millones de euros— a un banco angoleño.

      Para el juez que le ha condenado, Oliveira Costa fue la mano principal del “mayor fraude juzgado hasta el momento por la justicia portuguesa”. Aparte del récord batido, el juez deja caer que pronto —es un decir— puede haber otros banqueros que le superen, señalando, aunque sin citar, a Ricardo Salgado, del Banco Espírito Santo (nacionalizado en 2014), Portugal Telecom, GES, etcétera.

      De los miles de millones de euros desaparecidos nada se sabe, aunque el proceso movió 25 millones de documentos y recogió 170 testimonios. Quien crea que quien la hace la paga hasta en Portugal es un biempensante, pues Oliveira Costa solo ha pasado ocho meses en la cárcel y es difícil que vuelva. Sus abogados han anunciado que recurrirán la sentencia del juicio iniciado en 2010, por lo que continuará en libertad hasta que se vean todos los recursos posibles en todas las instancias posibles. Hasta seis años, tres si los jueces se dan prisa (¿quééé?). Es decir que Oliveira Costa, el banquero con la mayor condena de la historia, podría seguir libre hasta 2023, cuando cumplirá los 88 años de edad. En Portugal quien la hace la paga, si goza de buena salud.

      Caso Ricardo Salgado: //economia.elpais.com/economia/2014/07/24/actualidad/1406191125_521920.html

      Banco de Portugal: https://www.bportugal.pt/

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    • xamen. Configurándose esta prueba de contraste, no como una obligación
      sino como un derecho del acusado, quien podrá interesar que este contraste se realice mediante análisis,
      de manera que la negativa a realizar este contraste ha de ser interpretada como la aceptación por parte del
      conductor de los resultados de la primera prueba y en consecuencia la renuncia a dicha prueba de contraste,
      lo que no puede interpretarse es como una negativa a la realización de las pruebas para la determinación
      de la tasa, pues teniendo en cuenta que en el caso de autos se ha practicado la primera medición mediante
      etílometro de precisión oficialmente autorizado, como demanda el art. 22 del Reglamento, las mismas han
      sido realizadas, si bien sin necesidad de prueba de contraste por renuncia u oposición del conductor, con las
      consecuencias que para él pueda suponer tal comportamiento en orden a la imposibilidad de discutir después
      los resultados de la prueba que no quiso contrastar con una segunda prueba o análisis. En definitiva, debe
      descartarse que en casos como el presente si el acusado renuncia- a la práctica de una segunda prueba
      de detección alcohólica por aire espirado -explícita o implícitamente-, renuncia a una de las garantías que le
      ofrece el ordenamiento jurídico, – como también lo sería la extracción de sangre para los mismos fines-, y
      podrá ser condenado valorando cono prueba de cargo el resultado obtenido con la primera prueba siempre
      que ésta reúna las condiciones legalmente establecidas, pero en contrapartida no podrá ser condenado por
      el delito de desobediencia por no darse un supuesto de fraude legal que hiciera ineficaz la norma, como así
      ha sucedido, por cuanto el acusado ha aceptado el resultado de la primera prueba y no ha cuestionado en
      la segunda instancia la condena por el delito previsto en el artículo 379.2 del Código Penal , no habiendo
      tampoco cuestionado en casación el valor de la prueba de alcoholemia ni su resultado, como tampoco la
      ingesta de bebidas alcohólicas y su influencia, sino el hecho mismo de la conducción de un vehículo a motor.
      En consecuencia es un derecho del conductor requerido pero no una obligación lo que impide la comisión del
      delito del art. 383. 4º Porque no nos encontramos ante un supuesto similar al que se enjuició por esta Sala en la
      STS 1/ 2002 de 22 marzo , dado que debe descartarse que esta resolución consolide una interpretación formal
      del delito de desobediencia, esto es, que baste la mera desatención (total o parcial) al mandato para hacer
      aparecer el delito. Pese a que en algún pasaje de su texto pudiere desprenderse que es así, lo cierto es que, por
      el contrario, estima este Tribunal de alzada que lo realmente decisivo es la mención al “fraude de ley”. En este
      JURISPRUDENCIA
      21
      particular, indica la repetida resolución que “es preciso poner de manifiesto la obligación que el conductor tiene
      de someterse a esta segunda diligencia, si concurren las circunstancias reglamentarias precisas para ello —
      como sucede en el presente caso–, y que su negativa hace que su conducta deba considerarse incluida en el
      tipo penal del art. 380 del Código Penal , pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda
      exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero
      fraude legal, por cuanto –dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas
      pruebas de muestreo– podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría
      absolutamente ineficaz la norma legal”. De repararse exclusivamente en el primer inciso, la consideración
      de la conducta consistente en rechazar la segunda medición como delictiva daría pie a pocas dudas, aún a
      fuerza de abocar a un concepto estrictamente formal de la desobediencia. Pero aquel primer inciso no es
      único y le sucede un segundo que no tiene ningún desperdicio a los fines del presente análisis, pues alude
      directamente al fraude de ley provocado por el sometido al test dado que “podría cuestionarse el resultado
      obtenido”. Armonizando el completo dictado de la resolución de constante referencia, debe concluirse en que
      solamente cuando quien se sustraiga por su propiavoluntad a la segunda medición e invoque posteriormente
      la irregularidad dela prueba alcoholimétrica cuestionando su resultado, se ofrece esa conductade fraude que la
      doctrina legal integra en el delito q ue se viene tratando. Y el conductor cuando se niega a pasar la segunda
      prueba, prevista para su garantía y en contradicción de la primera, no incurre en la conducta sancionada en el
      citado precepto. Todo ello-se insiste por este sector de Audiencias provinciales-porque la prueba a la que se
      invitó a someterse tan sólo tiene una naturaleza de constituir una garantía más, motivo por el cual se considera
      que su negativa ha de entenderse como una negativa a utilizar tal garantía, y no debe por tanto, penalizarse
      en su contra, por ser una manifestación emanada de su derecho de defensa, cuyo contenido esencial como
      derecho fundamental es nuclearmente libre y jamás impuesta. Se considera por esta línea de la llamada
      jurisprudencia menor, paradójico y en contra de la naturaleza de las cosas que por guardar el mejor escrúpulo
      para el derecho de defensa, permitiéndose pasar una segunda prueba del control del alcohol en el organismo,
      por si este diera un resultado menos gravoso que el primero, se penalizara la negativa a pasarlo con el delito
      sancionado SAP Navarra 113/2012 de 20 junio , “es absurdo porque se entiende que si el interesado, que es el
      único titular legítimo del derecho fundamental de defensa, renuncia, o lo que es lo mismo, se niega a pasar ese
      segundo control, se entiende que acepta el resultado del primero, como parámetro o índice de un contenido
      de alcohol” ( SAP. Barcelona 409/2015 de 12 mayo ).
      Quinto.- Doctrina que sería aplicable al caso sometido a nuestro control casacional. El recurrente se sometió
      voluntariamente a una primera prueba con un etilómetro de precisión -no con el normal de muestreo- que
      arrojó un resultado positivo de 1,02 miligramos/litro. El acusado no negó la ingesta de alcohol ni cuestionó
      esa medición-ni en la instancia ni en la apelación- y la impugnación de la comisión del delito del artículo 379.2,
      no fue por no haber consumido bebidas alcohólicas, sino porque aquel sostuvo que él no era quien conducía
      el vehículo.
      Y es sólo cuando se le insta a la realización de la segunda prueba con ese mismo etilómetro evidencial,
      pasados 10 minutos con la finalidad de contraste y garantía de la primera cuando se produce esa negativa a
      su práctica. Pero aquella primera medición, válida y no cuestionada, puede ser valorada en contra del mismo
      como elemento corroborado a la sintomatología que presentaba, a efectos de la comisión del artículo 379.2
      CP , lo que implica que tal negativa en someterse a la segunda prueba ha resultado penalmente irrelevante
      a los efectos de determinar la concurrencia de dicho delito contra la seguridad vial. Razones que debieron
      justificar la estimación del motivo examinado y la absolución del recurrente del delito de negativa a someterse
      a las pruebas de alcoholemia del artículo 383, por el que venía condenado con declaración de oficio de las
      costas de la primera instancia pues sólo cuando la negativa a someterse a la segunda prueba entrañe fraude
      de Ley, de forma indirecta se intenta negar la validez de la primera prueba, esa negación constituiría el delito
      del artículo 383 CP . pero no cuando solo suponga una renuncia a ese derecho- garantía prevista a su favor-.
      Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
      VOTO PARTICULAR
      QUE FORMULA EL EXCMO. SR. D. Pablo Llarena Conde A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL RECURSO DE
      CASACIÓN 1859/2016.
      PRIMERO.- Termina nuestra sentencia analizando el bien jurídico que se protege por el delito del artículo
      383 del Código Penal . Describe que, pese a tratarse de un tipo penal que aparece estrechamente vinculado
      con la seguridad del tráfico, es ésta una protección mediata, pues lo que directamente tutela el tipo penal
      es el principio de autoridad. Y por más que pueda estarse de acuerdo con el posicionamiento de la Sala, he
      de advertir que la observación no presta una respuesta a la cuestión que aquí se suscita, esto es, si para el
      JURISPRUDENCIA
      22
      conductor de un vehículo es obligado efectuar la segunda prueba de detección del grado de impregnación
      alcohólica por aire espirado, de suerte que su negativa a realizarla constituye un desprecio del principio de
      autoridad que el tipo penal contempla, o si -por el contrario-, el conductor viene obligado a someterse una sola
      vez a dicha prueba, de manera que la segunda, la tercera o la decimocuarta repetición, carecen de virtualidad
      en la perpetración del delito que contemplamos.
      Sobre esta cuestión, si bien la sentencia se extiende en los posicionamientos interpretativos que rechaza,
      entremezcla dos únicas razones que le llevan a proclamar que quien sea requerido para que realice la prueba
      de determinación del grado de impregnación alcohólica por aire espirado, debe soportar la pesquisa por dos
      ocasiones si así se le exige, y que una desatención parcial del proceso, supone la comisión del delito previsto
      en el artículo 383 del Código Penal . Concretamente, la Sala alcanza su conclusión desde una interpretación
      gramatical de la regulación normativa que atañe a esta cuestión, y lo refuerza apelando a la necesidad de que
      la prueba que se preconstituya, venga dotada de un alto grado de objetividad, de modo que aporte una cierta
      garantía institucional, concluyendo que eso sólo se alcanza realizando la prueba en las dos ocasiones que se
      contemplan en el Reglamento de Circulación.
      SEGUNDO.- Desde la consideración descriptiva, comparto -creo que como el resto de magistrados de la
      Sala- que la obligación de someterse a ambas pruebas de detección del grado de impregnación alcohólica,
      no deriva de la redacción plural que se recoge en el artículo 383 del Código Penal . Pese a la incompleta
      traslación del precepto en la fundamentación jurídica de la sentencia, el artículo 383 del Código Penal
      dispone que “El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas
      legalmenteestablecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas,
      estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las
      penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
      por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”. La invocación a unas pruebas (en plural) que se recoge en el
      precepto, no supone que el legislador contemplara y exigiera la repetición que aquí debatimos, pues el artículo,
      como norma penal en blanco, no puede prever y considerar el contenido que modula la norma extrapenal de
      complemento a la que se remite. Si el tipo penal habla de pruebas, en plural, es porque viene a referirse a una
      diversidad de omisiones merecedoras de reproche penal, por eludir todas ellas la obligación de someterse a
      los instrumentos que permitan la detección de las conductas de riesgo que se recogen en los preceptos que
      le preceden, esto es, sanciona tanto que el conductor eluda el mecanismo que se establezca para comprobar
      la tasa de alcohol, como si la omisión hace referencia a los mecanismos de control de presencia de drogas
      tóxicas, de presencia de estupefacientes o de conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.
      Debe observarse, además, que el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , adolece
      de igual inanidad para sustentar la interpretación del tipo penal, pues, aunque hace también referencia a
      una pluralidad de pruebas, el plural utilizado se conexiona otra vez con la diversidad de mecanismos de
      investigación y no con la reiteración de uno de ellos. Indica así el precepto que “2. El conductor de un vehículo
      está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogasen el organismo
      , que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de
      las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando
      se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en
      esta ley”. Es cierto que el párrafo 3 de ese mismo artículo, parece comprometerse más y que adelanta una
      exigencia plural para las concretas pruebas de alcoholemia. Así parece entenderlo la mayoría de la Sala, que
      destaca que el artículo 14.3 dispone: ” Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del
      aireespirado mediante dispositivos autorizados , y para la detección de la presencia de drogas en el organismo,
      en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival
      en cantidad suficiente” y añade “No obstante, cuandoexistan razones justificadas que impidan realizar estas
      pruebas, se podrá ordenar elreconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los
      facultativosdel centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados “. No obstante, carece de sentido
      concluir que en este precepto encontramos la base para entender que el artículo 383 del Código Penal obliga
      a pasar por una pluralidad de pruebas de etilometría, pues la taxatividad que quiere atribuirse a esa concreta
      disposición administrativa, no sólo se enfrenta a que se hable – también en plural- de los análisis clínicos (que
      nadie sostiene que hayan de ser reiterados), sino que pugna además, y fundamentalmente, con el número
      siguiente (art. 14.4 del Reglamento), en el que expresamente se desvela que los párrafos anteriores no han
      condicionado en modo alguno el modo en que deben realizarse las pruebas, al disponer que: “El procedimiento,
      las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se
      determinarán reglamentariamente”.
      En todo caso, la Sala considera que obligación de repetir la prueba de etilometría, viene claramente establecida
      en la regulación dada en los artículos 21 a 24 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre , por el que
      se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la
      JURISPRUDENCIA
      23
      Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
      339/1990, de 2 de marzo.
      TERCERO.- No comparto que esa reiteración venga obligada.
      Es evidente que la interpretación gramatical tiene un valor disminuido cuando se trata de determinar el alcance
      de un precepto penal, si el análisis lingüístico se está proyectando sobre la norma extrapenal a la que aquél se
      remite. Los principios inspiradores del derecho penal no se tienen marcadamente presentes en la redacción de
      la regulación administrativa, y la finalidad que orientó la norma de complemento puede presentar matices que
      nada tienen que ver con el bien jurídico que el tipo penal protege. Esto obliga a abordar con mayor precaución
      la interpretación gramatical de un tipo penal en blanco y sugiere la conveniencia de enriquecer el proceso
      valorativo de la regla de punición con otros resortes. Y no digo que la Sala no lo haga, sino que los que manejan
      no los comparto, por dos razones: a) Porque la norma reglamentaria extrapenal -gramaticalmente- no dice lo
      que se sostiene y b) Porque el resorte de complemento que se emplea (el de la garantía institucional), no es
      para mí determinante.
      Vayamos a la literalidad del Reglamento extrapenal de remisión.
      El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación,
      en su artículo 20 , fija las tasas de alcohol en sangre y en aire espirado que se permiten a los conductores.
      Indica así que “No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
      motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en
      sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro. Cuando
      se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior
      a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio
      público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes
      especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por
      litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro. Los conductores de cualquier vehículo
      no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15
      miligramos por litro durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para
      conducir”.
      Se expresa después (Artículo 21), qué personas están obligadas a someterse al control de impregnación
      alcohólica, indicando: “Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse
      a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente
      quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación
      (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado). Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia
      del tráfico podrán someter a dichas pruebas: a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado
      directamente como posible responsable en un accidente de circulación. b) A quienes conduzcan cualquier
      vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente
      presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. c) A los conductores que sean denunciados
      por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento. d) A los que,
      con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los
      programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad”.
      No parece, que la pluralización de la referencia a las pruebas de impregnación alcohólica, responda todavía a
      un consciente posicionamiento normativo que conduzca con claridad a entender que tienen que ser varias las
      pruebas y que su elusión parcial pueda asentar la rotundidad de una sanción penal. El precepto hace referencia
      a las personas obligadas y no al alcance concreto de la obligación a la que están sujetos, respecto de la que
      – se dice expresamente- será la prueba que se establezca.
      Es a partir aquí cuando se aborda la morfología de la prueba, pero haciéndolo en dos tiempos. En primer
      lugar, el articulo 22 concreta la naturaleza o el tipo de mecanismo que resulta obligatorio o, según qué
      circunstancias, optativo; y, en segundo término, el artículo 23 describe la metodología de su aplicación. Se
      expresa así en el artículo 22: “1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán
      por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire
      espiradomediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de
      impregnación alcohólica de los interesados. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial,
      se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u
      otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado). 2. Cuando las personas obligadas
      sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal
      facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que se hayan de realizar “.
      JURISPRUDENCIA
      24
      El artículo 22 se limita pues a determinar la naturaleza de la prueba que resulta obligada, pero sin posicionarse
      sobre su número. Todas las pruebas son descritas en plural, y entender por ello que un ciudadano está obligado
      a someterse a una pluralidad de pruebas de etilometría, es tan precipitado como lo sería afirmar -porque
      también se habla de ellas en plural- que las analíticas clínicas tienen que ser diversas o que han de ser también
      reiteradas. El precepto se circunscribe a rechazar métodos de detección del grado de impregnación alcohólica
      que sean el reflejo de la actuación imaginativa de un agente y que puedan ser contrarios al derecho a la
      dignidad de un ciudadano. Exigencias excéntricas como mantener la verticalidad, tocándose la nariz con el
      vértice del pulgar de una mano y la rodilla con el vértice del meñique de la misma mano. o poder andar una
      cierta distancia sin perder el paralelismo con un bordillo o con cualquier otra línea de la calzada, no pueden
      ser objeto de imposición policial, y su desatención no conculca en modo alguno, ni la norma administrativa
      de someterse a control, ni el principio de autoridad que el tipo penal contempla. El precepto fija que, para la
      verificación del grado de impregnación alcohólica, hay dos únicas metodologías que resultan imponibles y a
      las que se está sujeto: a) La de etilómetros oficialmente autorizados y b) Sólo cuando las personas obligadas
      sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida el uso de etilómetros, estarán obligados a
      someterse a las pruebas de detección que el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados
      considere oportuno realizar. Junto a estas metodologías de sumisión obligatoria, se establece una tercera
      modalidad, que sólo opera tras la ejecución de aquella y que únicamente es aplicable a solicitud del obligado,
      consistente en analíticas que permitan confirmar o refutar el resultado del etilómetro.
      Sólo el artículo 23 describe la específica metodología que presta soporte a la interpretación de la Sala,
      indicando expresamente: ” Si el resultadode la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica
      superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al
      previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aun sin alcanzar estos límites,presentara la persona
      examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al
      interesado, para una mayor garantía y a efectode contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección
      alcohólica por el aireespirado , mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba,
      de lo que habrá de informarle previamente”. En todo caso, si bien es incuestionable que someter significa hacer
      pasar a alguien por una acción determinada, no pueden eludirse dos circunstancias complementarias. Por
      un lado, el mandato imperativo del Reglamento no tiene por destinatario al ciudadano, sino que que se dirige
      expresamente a los agentes policiales actuantes, indicándoles la imposibilidad de abordar las actuaciones
      restrictivas de derechos que se contemplan en los dos artículos siguientes, sin desplegar antes una segunda
      prueba, que sirva de contraste respecto de la corrección de la primera. En segundo término, la reiteración de la
      prueba -y así se dice- tiene una finalidad de garantía , cuyo contenido semántico está más cercano al disfrute
      adecuado de un derecho, que a la imposición de un deber.
      Esta es la única sugerencia gramatical, con sus matices de adverso, que puede conducir a la doble obligación
      que defiende la mayoría de esta Sala.
      CUARTO.- La Sala habla además de la necesidad de que la prueba preconstituida venga dotada de un alto
      grado de objetividad, de modo que aporte una cierta garantía institucional.
      La opinión mayoritaria de la Sala no entiende que la exigencia de una segunda prueba en contraste y garantía,
      venga referida al exclusivo desarrollo de los derechos del sometido a las pruebas, sino que se posiciona
      afirmando que la repetición de la prueba de etilometría -también- opera como un instrumento para que la
      prueba preconstituida venga pertrechada de un mayor grado de objetividad y pueda aportar cierta garantía
      institucional su utilización procesal. Desde esta concepción, perfilan que las pruebas a las que hace referencia
      el Reglamento, no son en realidad dos pruebas, sino una sola, pero integrada con dos momentos. Es esta
      morfología la que les permite sustentar que el delito de omisión que se describe en el artículo 383 del CP ,
      queda consumado cuando el sujeto activo ha actuado en el comportamiento intermedio que enjuiciamos aquí,
      esto es, se ha sometido al primer control etilométrico y ha rechazado reiterarlo. Como la prueba es una, pero
      tiene dos momentos para completarse con la objetividad y la garantía institucional que exige la norma, no
      afrontar uno de estos momentos, determina que la prueba no esté cumplida y que el sujeto activo se haya
      negado a someterse a las pruebas legalmente establecidas.
      El criterio gramatical parece entrar en una cierta contradicción. En todo caso, sinceramente creo que entender
      que la prueba sólo estará completa y correctamente practicada si se realizan las dos mediciones, es una
      interpretación que debería ser claramente rechazada. La interpretación, si bien lleva a la condena de quien
      permitió evidenciar su estado de embriaguez y por ello facilitó que pudieran adoptarse las garantías viarias que
      resultaban precisas, conduce a posicionamientos tan ilógicos en todos los demás supuestos. que justificaría el
      rechazo de la postura de la Sala. Si la prueba de impregnación alcohólica por aire espirado es única, y si precisa
      de dos momentos para alcanzar un resultado objetivo e institucionalmente estable, no acierto a entender cómo
      el Reglamento no obliga a reiterar la prueba cuando el primer resultado es negativo, permitiéndose a los
      JURISPRUDENCIA
      25
      conductores continuar su trayecto sin haberse despejado la posible existencia de un riesgo en la circulación
      con esa certeza objetiva . Si se trata de una sola prueba, que precisa de un doble resultado para su estabilidad
      institucional, no se acierta a comprender que cuando en el primer control el conductor refleje un resultado
      negativo, pero presente síntomas claros de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, baste con
      realizar una segunda prueba para adoptar las medidas restrictivas y no se exija una prueba dirimente que
      reconfirme de manera objetiva y estable la sospecha del segundo resultado (art. 23 del Reglamento). Y si la
      prueba precisa y exige dos mediciones (y el Reglamento no posibilita añadir otros controles), jamás podría
      sustentarse una condena penal por una tasa superior a 0,6 gr de alcohol, ni podrá tampoco imponerse una
      sanción o restricción administrativa, si las dos lecturas están enfrentadas en su antijuricidad. Si la objetividad
      y estabilidad de la prueba, precisa de la reiteración del resultado incriminatorio, la coyuntura que he expresado
      debería haber despertado en el legislador la cautela de permitir someter al conductor a una tercera prueba
      dirimente, pues sería el único modo para poder apartar de nuestras carreteras (de manera objetiva y creíble)
      a los conductores que ponen en riesgo la circulación cuando se trasladan o retornan a sus casas.
      QUINTO.- La STC 127/1990, de 5 de julio , recordaba: “Las exigencias expuestas no suponen que sólo resulte
      constitucionalmente admisible la redacción descriptiva y acabada en la ley penal de los supuestos de hecho
      penalmente ilícitos. Por el contrario, es posible la incorporación al tipo de elementos normativos ( STC
      62/1982 ) es conciliable con los postulados constitucionales la utilización legislativa y aplicación judicial de
      las llamadas leyes penales en blanco ( STC 122/1987 ); esto es, de normas penales incompletas en las que
      la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo
      acudirse para su integración a otra norma distinta, siempre que se den los siguientes requisitos: que el reenvío
      normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley,
      además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de
      certeza o, como señala la citada STC 122/1987 , se dé la suficiente concreción, para que la conducta calificada
      de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley
      penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de
      conocimiento de la actuación penalmente conminada”.
      Se describe así un marco en el que la interpretación de la norma debe ajustarse a la mejor protección del bien
      jurídico, desde una concepción restrictiva. Es evidente que el principio de intervención mínima, o de ” ultima
      ratio”, va dirigido al legislador y no al aplicador de la norma; en todo caso, cuando los términos del legislador
      no fueron claros, el principio se transforma en un criterio más de la interpretación, pues el juez sabe que la
      opción normativa del legislador hubo de ser la de menor expansividad penal, de entre las distintas opciones
      que posibiliten la protección penal que inspiró la norma.
      Por ello rechazo el posicionamiento del parecer mayoritario de la Sala, y mantengo mi discrepancia
      defendiendo la existencia de un esquema regulativo con el siguiente contenido:
      A. La prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica por aire espirado es única e instantánea.
      B. Como en el resto de mediciones y analíticas técnicas, su objetividad y seguridad no deriva de su repetición
      (menos aún cuando no se contempla una ulterior reiteración dirimente), sino que reside en el control de
      fabricación, calibración, revisión y en los errores máximos tolerados para los aparatos de medición, tal y como
      se establece en una normativa administrativa detallada y específica. Concretamente hoy, en la Ley 32/2014,
      de 22 de diciembre, de Metrología; que se desarrolla mediante Real Decreto 244/2016, de 3 de junio; así como
      en la Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los
      instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado.
      C. La desatención de la prueba constituye el delito previsto en el artículo 383 del CP .
      D. La repetición de la prueba a la que se refiere -para determinados supuestos- el artículo 23 del Real Decreto
      1428/2003, de 21 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, no es sino una
      obligación impuesta a las autoridades policiales, en garantía del derecho de los conductores, con carácter
      previo a poder adoptar las medidas restrictivas que se establecen en los artículos 24 y 25 del Reglamento.
      E. La negativa de un conductor a efectuar esa segunda prueba, entraña renunciar a su derecho de contrastar
      el resultado primeramente obtenido. Por ello, ni la renuncia es constitutiva del delito contemplado en el
      artículo 383 del CP , ni permite cuestionar los resultados de la primera lectura, más allá de los supuestos de
      inobservancia del régimen de supervisión, calibración y control de los etilómetros, establecido en el régimen
      regulador vigente en cada momento para estos instrumentos.
      F. En los casos en los que el conductor renuncie a esta segunda prueba, la policía podrá adoptar las medidas
      contempladas en los artículos 24 , 25 y concordantes del Reglamento de Circulación , conforme al resultado
      obtenido en la primera de las mediciones, precisamente por renuncia del conductor a todo corroboración.
      JURISPRUDENCIA
      26
      G. Cuando el resultado de la primera prueba fuera negativo, pero existan indicios claros de que el conductor se
      encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el artículo 23 del Reglamento de Circulación , permite que
      los agentes policiales puedan imponer de nuevo la prueba, operando esta en los mismos términos de unidad
      y obligatoriedad que ya se han descrito.
      Entiendo que esta es la lectura correcta del artículo 383 del CP y de la normativa extrapenal que lo
      complementa. Sólo el corrimiento de la obligatoriedad de las pruebas, presentando cómo exigibles un número
      mayor de pruebas de las que se imponen, permite entender que en el caso presente se haya desatendido el
      principio de autoridad. Por otro lado, el control y la precisión de los aparatos de medición, permiten la adecuada
      protección de la seguridad de la vía con la realización de una sola prueba, prestando mi lectura del precepto
      una mayor protección del bien jurídico mediato que es la seguridad vial, que la que resulta de entender que sólo
      habrá prueba si hay dos mediciones apuntando en el mismo sentido. Por último, mi posicionamiento facilita
      una plena garantía para el conductor que reclame el contraste de los resultados, mediante una reiteración de
      la prueba del etilómetro y con analíticas después (ésta a su costa si se confirmara el positivo).
      No obstante lo expuesto, soy consciente de que es el parecer mayoritario el que configura el sentido de
      cualquier decisión que se atribuya a un órgano colegiado y deliberativo, siendo además consciente de la
      función nomofiláctica del Tribunal Supremo y del motivo de casación que contemplamos.
      Por ello, asumo plenamente el posicionamiento interpretativo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y
      adelanto que seguiré tal criterio para decisiones futuras, mientras no se produzca una modificación normativa
      que recoja con plena claridad el posicionamiento que he mantenido.
      Pablo Llarena Conde

    • Roj: STS 1073/2017 – ECLI: ES:TS:2017:1073
      Id Cendoj: 28079129912017100001
      Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
      Sede: Madrid
      Sección: 991
      Fecha: 28/03/2017
      Nº de Recurso: 1859/2016
      Nº de Resolución: 210/2017
      Procedimiento: PENAL – APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
      Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
      Tipo de Resolución: Sentencia
      RECURSO CASACIÓN/1859/2016
      RECURSO CASACIÓN núm.: 1859/2016
      Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García
      Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
      TRIBUNAL SUPREMO
      Sala de lo Penal PLENO
      Sentencia núm. 210/2017
      Excmos. Sres. y Excma. Sra.
      D. Manuel Marchena Gómez
      D. Cándido Conde Pumpido Tourón
      D. Andrés Martínez Arrieta
      D. Julián Sánchez Melgar
      D. José Ramón Soriano Soriano
      D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
      D. Francisco Monterde Ferrer
      D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
      D. Luciano Varela Castro
      D. Alberto Jorge Barreiro
      D. Antonio del Moral García
      D. Andrés Palomo Del Arco
      Dª. Ana María Ferrer García
      D. Pablo Llarena Conde
      D. Carlos Granados Pérez
      D. Perfecto Andrés Ibáñez
      D. Juan Saavedra Ruiz
      RECURSO CASACION/1859/2016
      En Madrid, a 28 de marzo de 2017.
      JURISPRUDENCIA
      2
      Esta sala ha visto el recurso de casación nº 1859/2016 interpuesto por D. Ernesto Urbano representado por
      el procurador Sr. D. Miguel Ángel Del Álamo García, bajo la dirección letrada de D. Flavio Durán Martín contra
      sentencia de fecha 9 de septiembre de 2.016, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
      Madrid , que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 4 de marzo de 2016 dictada por
      el Juzgado de lo Penal nº 9 de Madrid en juicio oral núm. 53/2016 en causa seguida por un delito contra la
      seguridad vial. Ha sido parte también el Ministerio Fiscal.
      Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.
      ANTECEDENTES DE HECHO
      PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal núm. 9 de los de Madrid, incoó Juicio Rápido con el nº 53/2016 , contra D.
      Ernesto Urbano que finalizó con sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados: <>.
      La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, al conocer del recurso de apelación aceptó los
      referidos hechos probados.
      SEGUNDO.- La Audiencia resolvió la apelación mediante el siguiente pronunciamiento: <>.
      TERCERO.- Notificada la Sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley y
      vulneración de precepto constitucional por la representación procesal de D. Ernesto Urbano que se tuvo
      por anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para
      su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso articulado
      mediante un único motivo al amparo del art. 849.1 LECrim , al existir infracción de Ley por indebida aplicación
      del art. 383 CP , invocándose igualmente los arts. 24.1 y 24.2 CE (derechos fundamentales a la tutela judicial
      efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías).
      CUARTO .- El Ministerio Fiscal impugnó el recurso; la Sala lo admitió quedando conclusos los autos para
      señalamiento y Fallo cuando por turno correspondiera.
      QUINTO.- De conformidad con el art. 197 LOPJ se convocó Pleno Jurisdiccional de esta Sala para la
      deliberación y fallo del recurso el día 23 de febrero de 2017.
      SEXTO .- Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García conforme a lo prevenido en el art. 206
      LOPJ , al formular voto particular el ponente inicial, el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
      FUNDAMENTOS DE DERECHO
      PRIMERO.- Inaugura esta sentencia del Pleno de esta Sala una nueva modalidad de casación con anclaje
      directo en la función nomofiláctica que se encuentra en los orígenes de la casación. Esa función, siempre
      presente, se ha difuminado, sin embargo, en los últimos años eclipsada y casi arrinconada como consecuencia
      de la irrupción de otras exigencias, también irrenunciables, de un plausible sistema de recursos que, al no
      haber merecido la necesaria atención del legislador, han ido de manera suave, pero imparable y creciente,
      enturbiando o minimizando las genuinas misiones que un recurso de casación está llamado a cubrir.
      JURISPRUDENCIA
      3
      De una parte, el papel estelar de los derechos fundamentales procesales, felizmente recuperado y reforzado
      en el régimen constitucional, reclamaba un más pulimentado sistema de tutela en el ámbito de la jurisdicción
      ordinaria ( art. 53 CE ). El ensanchamiento de los espacios y materias a debatir en casación, producido
      inicialmente a impulsos de la jurisprudencia constitucional, se erigió en fórmula apta para satisfacer esas
      exigencias. Mediante sucesivas reformas legislativas (basta evocar ahora la aparición del art. 852 LECrim y
      su precedente, art. 5.4 LOPJ ) cristalizó esa mutación parcial de los perfiles de la casación.
      Por otra parte, la ausencia de una real doble instancia en los delitos más graves reclamaba un paliativo en
      tanto el legislador no subsanase la laguna. El remiendo provisional vino de la mano de un estiramiento de las
      posibilidades de revisión probatoria en casación tan restringidas (casi ausentes) en el diseño tradicional de
      tal recurso extraordinario.
      En otro orden de cosas, la exclusión del ámbito de la casación de los delitos menos graves ha venido
      suponiendo un muy serio obstáculo para la creación de doctrina legal sobre un buen número de tipos penales,
      lo que acarreaba unas disfunciones que crecieron a medida que se sucedían las reformas del derecho penal
      sustantivo tan frecuentes como sobredimensionadas. Una buena parte del Código Penal de 1995 y sus
      nada esporádicas modificaciones han permanecido al margen de la doctrina jurisprudencial propiciando una
      dispersión interpretativa que exigía con urgencia la adopción de medidas legislativas correctoras.
      El legislador de 2015 ha sido sensible a esta necesidad. Al tiempo que generaliza la doble instancia (otra
      sentida necesidad), ha abierto la casación, solo por infracción de ley del art. 849.1º ( error iuris), a los delitos
      cuyo enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo Penal. De esa forma se implanta una herramienta
      procesal idónea para homogeneizar la interpretación del derecho penal sustantivo (vid. STC 134/1991, de 17
      de junio ), lo que repercute en una más efectiva satisfacción del principio de igualdad, minimizando (aunque
      sin llegar a neutralizar, lo que es objetivo no plenamente alcanzable) y reconduciendo a márgenes tolerables
      el peligro de respuestas judiciales desiguales ante situaciones iguales, con lo que ello comporta de erosión
      del principio constitucional de igualdad ( art. 14 CE ). No es admisible que una misma conducta pueda ser
      considerada delictiva en un territorio y atípica en otro. O que los contornos de lo punible en cuestiones
      discutidas dependan en último término del criterio de la Sección de la Audiencia a la que haya derivado el
      asunto la regla, objetiva pero aleatoria, consagrada en las normas de reparto.
      Estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art.
      24.1 (tutela judicial efectiva). Salvando las gotas de simplificación que anidan en esa disyuntiva, esa premisa
      -es un recurso al servicio de la seguridad jurídica más que de la tutela judicial efectiva- ayuda a diseñar este
      novedoso formato impugnativo. Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva,
      aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica. También en esta vía casacional se acaba
      poniendo punto final en la jurisdicción ordinaria a un asunto concreto con personas singulares afectadas,
      dispensando en definitiva tutela judicial efectiva. Pero esta función es satisfecha primordialmente a través de
      la respuesta en la instancia y luego en una apelación con amplitud de cognición. Colmadas ya las exigencias
      de la tutela judicial efectiva con esa doble instancia, se abren las puertas de la casación pero con una muy
      limitada capacidad revisora: enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica. El horizonte esencial
      de esta modalidad de casación es, por tanto, homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la
      generalización. La respuesta a un concreto asunto también se proporciona pero en un segundo plano, como
      consecuencia y derivación de esa finalidad nuclear. Es un recurso de los arts. 9.3 y 14 CE ; más que de su art. 24.
      Ya un pleno no jurisdiccional de esta Sala segunda (9 de junio de 2016) abordó la naturaleza de este recurso
      tratando de dibujar algunos de sus perfiles básicos. Conviene recordar en esta primera sentencia esas
      embrionarias aproximaciones interpretativas. El texto de Acuerdo es el siguiente:
      “A) El art 847 1º letra b) de la Lecrim . debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas
      en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser
      recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la
      Lecrim , debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts 849 2º, 850, 851 y 852.
      1) Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto
      penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en
      la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos
      de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse
      normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.
      2) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten,
      o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art
      884 Lecrim ). 3) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de
      dicho interés (art 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de
      JURISPRUDENCIA
      4
      motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal
      Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias
      Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso,
      no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de
      igual o similar contenido. 4) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 Lecrim ).
      El art 847 b) Lecrim debe ser interpretado en relación con los arts 792 4º y 977, que establecen respectivamente
      los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación respecto de delitos menos graves y
      respecto de los delitos leves (antiguas faltas). Mientras el art 792 establece que contra la sentencia de
      apelación corresponde el recurso de casación previsto en el art 847, en el art 977 se establece taxativamente
      que contra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno. En consecuencia el recurso de
      casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en el procedimiento por delitos leves” .
      El recurso aquí examinado se atiene fielmente, como veremos, a esas pautas: respeto escrupuloso al hecho
      probado; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídicopenal
      de interés general.
      SEGUNDO.- El asunto traído a casación proporciona un ejemplo paradigmático de esa finalidad institucional
      o supraindividual de este recurso. Nos enfrentamos a la interpretación de un delito ( art. 383 CP) introducido
      en 2007 en el Código Penal remodelando el precedente del que es heredero. Es un tipo penal que solo en
      situaciones muy poco habituales podría acceder antes a casación (si se presentaba en conexión con delitos
      de mayor penalidad, lo que criminológicamente es infrecuente). En dos ocasiones en que el Tribunal Supremo
      se había pronunciado sobre la tipicidad precedente había sido en el seno de procesos contra aforados y con
      un alcance limitado. Otros precedentes podemos encontrar en los repertorios ( SSTS 644/2016, de 14 de julio
      ó 2173/2002, de 19 de diciembre ), muy escasos si comparamos con el volumen de asuntos por tal delito
      ventilados en nuestros tribunales.
      La ausencia de doctrina jurisprudencial ha constituido campo bien abonado para que germinen y convivan
      interpretaciones opuestas sobre un punto muy concreto de frecuente aparición: la consideración penal de la
      negativa a reiterar transcurridos unos minutos, tal y como establece la norma reglamentaria, la medición de
      alcohol en aire espirado si el primer resultado fue positivo o se aprecian síntomas de embriaguez. Para muchos
      Jueces y Tribunales esa conducta colma las exigencias típicas del delito del art. 383 CP . Otros muchos, con
      argumentos tan valiosos y meditados como los blandidos en sentido opuesto, consideran, empero, que si el
      requerido accedió voluntariamente a la primera espiración, queda excluida esa tipicidad.
      El recurso interpuesto posibilita que esta Sala Segunda del Tribunal Supremo interprete esa norma penal para
      alumbrar seguridad jurídica y uniformar su entendimiento. Es obvio que los argumentos y razones que arropan
      una y otra tesis tienen fuerza. Ni unos ni otros son desdeñables. Pero hay que ponderarlos y, valiéndose de
      todos los medios que ayudan en las labores exegéticas, aclarar con vocación de generalidad qué quiere decir la
      Ley y en concreto si la reseñada conducta merece la sanción penal que incorpora tal precepto. Esta seguridad
      jurídica es especialmente importante a la hora de delimitar las fronteras entre lo punible y lo no punible.
      TERCERO.- El único motivo de casación se articula como exige el art. 847.1.b) a través del art 849.1 LECrim :
      infracción de ley por indebida aplicación del artículo 383 CP . La invocación conjunta que se hace de los arts.
      24.1 y 24.2 (derechos fundamentales a la tutela judicial y a la defensa y a un proceso con todas las garantías)
      para reforzar la argumentación sobre vulneración de la referida norma penal sustantiva no aporta gran cosa.
      Es más retórica que material. Aunque demuestra que el letrado diligentemente ha manejado el acuerdo de
      esta Sala antes transcrito para ajustarse a él. Se mencionan esos derechos evocando alguna sentencia de AP.
      Pero en realidad no se está sosteniendo que se infrinjan tales preceptos directamente: únicamente se extrae
      de esas normas constitucionales algún argumento para defender la interpretación propugnada en el recurso;
      un recurso muy bien elaborado y documentado que pone una vez más de manifiesto que asistencia jurídica
      de oficio no está reñida con una defensa de calidad y gran altura técnica.
      Recordemos ahora que no basta la mera invocación de derechos constitucionales para sustentar este recurso.
      Es necesario que se denuncie la infracción de un precepto penal sustantivo. Solo está expedita la vía del art.
      849.1º; no la del art. 852 LECrim .
      El escrito de recurso realiza un completo recorrido sobre las posiciones contradictorias de distintos tribunales.
      Destaca así el inocultable interés casacional del tema suscitado. En general y por vía de principio ese interés
      no puede negarse cuando se trata de cuestiones de derecho penal sustantivo que no han sido objeto de
      pronunciamiento alguno de este TS, lo que presumiblemente sucederá con mayor frecuencia durante los
      primeros años de rodaje de esta reforma procesal; y, transcurrido ese periodo, cuando se produzcan reformas
      penales que demanden nuevos criterios interpretativos.
      JURISPRUDENCIA
      5
      Sostiene el recurrente que la negativa a realizar la segunda prueba para la comprobación de la tasa de
      alcoholemia, no puede ser subsumida en el delito del artículo 383 CP . Habiéndose sometido voluntariamente
      a una primera medición con etilómetro de precisión -que no de muestreo-, y no discutido ni impugnado el
      resultado de 1,02 mg/l, que determinó la condena por el delito del art. 379 CP , resultaría contradictorio
      condenar además por la negativa del art. 383 CP al no haber realizado todas las pruebas previstas para la
      fijación de las tasas de alcoholemia.
      CUARTO.- El delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de la intoxicación por alcohol u otras
      drogas fue una novedad del CP 1995. Su originario art. 380 remitía al delito de desobediencia ( art. 556 CP ).
      El artículo 380 rezaba así: «el conductor que, requerido por el agente de la autoridad, se negare a someterse
      a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de los hechos descritos en el artículo anterior,
      será castigado como autor de un delito de desobediencia grave, previsto en el artículo 556 de este Código .»
      Las dudas sobre su constitucionalidad fueron despejadas por las SSTC 161/1997, de 2 de octubre y 234/1997,
      de 18 de diciembre : ni desde el principio de proporcionalidad (penas más graves que el delito de conducción
      etílica), ni desde el derecho a la no auto incriminación podía cuestionarse su conformidad con la CE.
      La Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica el Código Penal en materia de seguridad
      vial, desplazó el referido delito a su artículo 383 y suprimió la referencia a la desobediencia, a fin de dotarle de
      autonomía y cierta singularidad. El Preámbulo de la referida Ley Orgánica explicaba: «la negativa a someterse a
      las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica (…) pierde
      su innecesario calificativo de delito de desobediencia y pasa a ser autónomamente castigada.»
      El vigente art. 383 CP sanciona al « conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a
      someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia (…)» .
      Las variaciones entre ambos preceptos (380/383) no son esenciales aunque tienen cierto significado. Alguna
      novedad de fondo aporta el nuevo A) Bajo la anterior redacción alguna jurisprudencia menor consideró que
      la evidencia del estado de embriaguez del conductor hacía innecesaria la comprobación . La negativa en ese
      caso sería una mera infracción administrativa pues se perdía la instrumentalidad al servicio de la persecución
      del delito del art. 379. Este tipo de discurso de alguna forma y con variantes aflora de nuevo en la polémica
      doctrinal que ahora examinaremos.
      La redacción vigente desde el 2 de diciembre 2007, excluye la remisión al delito de desobediencia de la norma
      anterior y añade una pena de privación del permiso de conducir con una clara finalidad político criminal (“que
      no compense” la negativa) que se alcanza con un método punitivo discutible.
      QUINTO.- El artículo 383 CP se configura como tipo penal en blanco: remite, de forma expresa, a la normativa
      administrativa sobre comprobación de las tasas de alcoholemia.
      La legislación administrativa vigente en la materia se integra por:
      1) El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido
      de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
      2) Los artículos 21 a 24 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento
      General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
      de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
      Repasemos esa normativa extrapenal, como hace también en su dictamen el Ministerio Fiscal.
      El art. 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , establece: “(…) 2. El conductor de un vehículo
      está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el
      organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el
      ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la
      vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo
      tipificado en esta ley” .
      Y a continuación: “3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado
      mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una
      prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad
      suficiente. No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá
      ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos
      del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados. a) El procedimiento, las condiciones y
      los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán
      reglamentariamente. b) A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para
      JURISPRUDENCIA
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      la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas
      excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será
      abonada por el interesado” .
      El desarrollo reglamentario hay que buscarlo en los arts. 21 a 24 del Real Decreto 1428/2003, de 21
      de noviembre . Bajo la leyenda «Normas sobre bebidas alcohólicas», disponen lo siguiente: «Artículo 21.
      Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
      Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se
      establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los
      demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo
      primero, del texto articulado). Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán
      someter a dichas pruebas: a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente
      como posible responsable en un accidente de circulación. b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con
      síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo
      hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de
      alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento. d) A los que, con ocasión de conducir
      un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles
      preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad”.
      Los arts. 22 y 23 disciplinan la forma de realizar esas comprobaciones en lo que es un desarrollo que no se
      desvía del marco legal acotado por la norma antes transcrita (que habla de pruebas: prever una doble medición
      no puede considerarse un exceso respecto de la previsión legal) .
      Dice el art. 22:
      “1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados
      de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros
      que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los
      interesados. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a
      efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.
      2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la
      práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que
      se hayan de realizar”.
      La genérica previsión se concreta en el art. 23:
      “1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos
      de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para
      determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada
      síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado,
      para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica
      por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo
      que habrá de informarle previamente. 2 De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del
      derecho que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre
      la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos. 3 Igualmente,
      le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente,
      por sí o por medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y
      a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal
      facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados. 4 En el caso de que el interesado
      decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su
      traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara
      que las pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a cumplir
      lo dispuesto en el artículo 26…”.
      Por último, en el art. 24 se prevén las actuaciones a seguir cuando los resultados han sido positivos o
      cuando se aprecian síntomas claros de la influencia de bebidas alcohólicas o indicios de participación en
      un delito: “Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el de los análisis efectuados a
      instancia del interesado, fuera positivo, o cuando el que condujese un vehículo de motor presentara síntomas
      evidentes de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o apareciera presuntamente implicado en una
      conducta delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo caso, a lo establecido en la Ley de
      Enjuiciamiento Criminal, deberá: “a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las
      diligencias que practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección alcohólica,
      JURISPRUDENCIA
      7
      haciendo constar los datos necesarios para la identificación del instrumento o instrumentos de detección
      empleados, cuyas características genéricas también detallará.
      i) Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente la del derecho que le asiste a contrastar los
      resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por el aire espirado mediante análisis adecuados,
      y acreditar en las diligencias las pruebas o análisis practicados en el centro sanitario al que fue trasladado
      el interesado. ii) Conducir al sometido a examen, o al que se negase a someterse a las pruebas de detección
      alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan caracteres delictivos, de conformidad con lo dispuesto
      en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente a los efectos que procedan”.
      Así pues, la prueba para detectar la posible intoxicación por alcohol ha de consistir por lo general en la
      verificación del aire espirado mediante etilómetro oficialmente autorizados que cuantifiquen el grado de
      impregnación alcohólica. La secuencia establecida por el art. 22 del Reglamento General de Circulación es
      clara:
      i) Todo conductor habrá de someterse, en los casos reglamentariamente previstos, a una primera medición
      mediante un «etilómetro oficialmente autorizado» (no basta uno de muestreo). Si el resultado es negativo y no
      presenta síntomas de influjo de bebidas alcohólicas la prueba ha de darse por practicada.
      ii) Si la primera prueba arroja un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de
      sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores
      (art. 20); o, aún sin alcanzar estos límites, presenta la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse
      bajo la influencia de bebidas alcohólicas, «el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto
      de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un
      procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente».
      El imperativo utilizado -“someterá”- concuerda con la obligatoriedad que para el conductor se proclama en los
      arts. 21 del Reglamento y 14 de la Ley. Esta segunda medición ha de practicarse también con un etilómetro
      debidamente homologado.
      iii) Procederá la prueba de contraste mediante análisis de sangre, orina u otros análogos en el solo en el caso
      de que informada la persona interesada, así lo solicite. En ese supuesto, habrá de proveerse la práctica de
      aquella en la forma prevenida en el artículo 23.4. Esta prueba es voluntaria, por oposición a las anteriores que
      se diseñan como obligatorias. Lo enfatiza en su dictamen el Ministerio Público.
      SEXTO.- No sobra consignar sucintamente algunos fragmentos de dos precedentes sobre esa tipicidad
      emanados de esta Sala Segunda. Ambos recaen en causas especiales seguidas contra aforados.
      La STS 3/1999, de 9 de diciembre realiza un recorrido normativo y crítico de la regulación introducida en el
      artículo 380 CP por la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, y trata de fijar los linderos que discriminan la infracción
      penal de la infracción administrativa vigente en aquel tiempo.
      Señala la sentencia:
      «A la vista de esta dualidad de preceptos sancionadores -penales y administrativos- parece obligado deslindar
      ambos campos, lo que habrá de llevarse a cabo desde la perspectiva de la obligada interpretación estricta y
      rigurosa de la norma penal ( art. 4.2 C. Civil ) y del principio de intervención mínima, inherente al Estado social
      y democrático de Derecho ( art. 1.1 C.E .). La simple lectura del art. 380 del Código Penal permite constatar
      la directa relación del mismo con el precedente, en cuanto habla de “someterse a las pruebas legalmente
      establecidas para la comprobación de los hechos descritos en el artículo anterior”, es decir, los casos de
      conducción de vehículo a motor o de ciclomotor “bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
      sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”; debiendo significarse al respecto que, para la comisión
      del delito previsto en el art. 379 del Código Penal , no basta conducir con una determinada tasa de alcoholemia,
      sino que es menester que el conductor lo haga “bajo la influencia” del alcohol, o de cualquiera otra de las
      sustancias legalmente previstas en el citado artículo, ya que el mismo no es una norma penal en blanco y,
      por tanto, debe entenderse que el solo dato del nivel de alcoholemia, sin otras connotaciones, solamente es
      suficiente, en principio, para motivar una sanción administrativa. No basta, pues, para que deba entenderse
      cometido el delito de conducción de vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas del art. 379
      del Código Penal , que el conductor del vehículo rebase las tasas establecidas (v. art. 20.1 del Reglamento
      General de Circulación ), sino que es preciso -como se desprende del tenor literal del precepto- que conduzca
      “bajo la influencia” del alcohol, o de las otras sustancias legalmente previstas, en su caso, de modo que lo
      haga con indudable alteración de sus facultades psíquicas y físicas, en relación con sus niveles de percepción
      y de reacción. De ahí la relevancia que, junto al resultado de las pruebas de alcoholemia, deba reconocerse
      a otros elementos de prueba, tales como el testimonio de las personas que hayan observado la forma de
      conducir o de comportarse el conductor de que se trate, particularmente el de los agentes de la Autoridad
      JURISPRUDENCIA
      8
      que hayan practicado la correspondiente prueba. Para que exista el delito de conducción de vehículo de motor
      bajo influencia de bebidas alcohólicas es menester que la conducta enjuiciada haya significado un indudable
      riesgo para los bienes jurídicos protegidos (la vida, la integridad de las personas, la seguridad del tráfico, etc.).
      La dependencia del artículo 380 respecto del 379 del Código Penal permite establecer, en orden a fijar
      los límites entre la sanción penal y la administrativa, los siguientes criterios orientativos: a) la negativa a
      someterse al control de alcoholemia, en cualquiera de los supuestos previstos en los números 1 y 2 del art.
      21 del Reglamento General de Circulación , debe incardinarse dentro del tipo penal del art. 380 del Código
      Penal ; y, b) dicha negativa, en los supuestos de los números 3 y 4 del mismo precepto del Reglamento de
      Circulación, precisa la siguiente distinción: b.1) si los agentes que pretendan llevar a cabo la prueba advierten
      en el requerido síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y se lo hacen saber
      así al requerido, la negativa de éste debe incardinarse también en el delito de desobediencia del citado artículo
      380 del Código Penal ; y b.2) cuando no se adviertan tales síntomas, la negativa del requerido no rebasa los
      límites de la sanción administrativa ( arts. 65.5.2.b ) y 67.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
      a motor y Seguridad Vial ).
      Debe hacerse notar que desde 2007 ha quedado tipificado un quantum de alcohol en sangre o aire espirado
      a partir del cual la conducta es delictiva ( art. 379 CP ) lo que acrecienta la importancia de una medición lo
      más exacta posible.
      La STS 1/2002, de 22 de marzo , por su parte, analizaba un supuesto de negativa a otra prueba emanada de
      quien se había sometido ya a una espiración con un alcoholímetro de muestreo. La singularidad radica en que
      la primera de las comprobaciones se realizó por medio de un etilómetro de aproximación o portátil (prueba
      de muestreo). Este dato es decisivo para que no podamos extraer de este precedente conclusiones absolutas
      proyectables al presente supuesto. Hay una diferencia esencial: en el caso analizado por tal sentencia la
      primera prueba era de simple aproximación pues no se utilizó un alcoholímetro de precisión. Desde esa
      premisa la conclusión no podía ser otra que la condena. Es dato esencial relevante que rompe la simetría el
      hecho de que en el caso aquí examinando la primera prueba aceptada voluntariamente se realiza ya con un
      alcoholímetro de precisión.
      La prueba de muestreo, arrojó un resultado de 1 miligramo de alcohol por litro de aire espirado. Informado de
      que habría de someterse a una nueva medición a practicar con un aparato de precisión de infrarrojos evidencial
      y personado el equipo de atestados, el acusado se negó rotundamente.
      La Sentencia indica:
      «En cuanto al delito de desobediencia a los agentes de la autoridad del art. 380 del Código Penal , del que
      también se acusa al Sr. D., debemos reiterar cuanto ya dijimos acerca del mismo en nuestra sentencia de
      fecha 9 de diciembre de 1.999 , tanto respecto al carácter doctrinalmente polémico de esta figura penal,
      introducida en nuestro ordenamiento jurídico por el Código Penal de 1.995, como sobre el reconocimiento de
      su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional (v. sª del Pleno, de 2 de octubre de 1.997 ), y respecto de los
      casos en que la negativa a la práctica de las pruebas de alcoholemia por parte de los conductores requeridos
      al efecto por los agentes de la autoridad, rebasando el ámbito del Derecho administrativo sancionador, tiene
      entidad suficiente para alcanzar el propio de la infracción penal: supuestos de negativa a someterse a estas
      diligencias por parte de conductores implicados en un accidente de circulación o que conduzcan con síntomas
      que permitan razonablemente presumir que conducen bajo la influencia de bebidas alcohólicas -v. art. 21.1 y 2
      del Reglamento General de Circulación . Todos los conductores de vehículos tienen la obligación de someterse
      a “las pruebas” que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol ( art. 12.2 del
      Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ). Obligación que
      se regula detalladamente en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Circulación ( R.D. 13/1992, de
      17 de enero). Tales pruebas -como se dice en el art. 22 del Reglamento citado- “consistirán, normalmente, en
      la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma
      cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados”; precisándose luego -en el art. 23 del
      citado Reglamento- que “si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica
      superior a 0’5 gramos de alcohol por litro de sangre, o a 0’25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado
      -como es el caso- (…), el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efectos de contraste,
      a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por aire espirado, mediante un procedimiento
      similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente” (el subrayado
      es nuestro) -exigencia, esta última, cumplida también en el presente caso-. Llegados a este punto, es preciso
      poner de manifiesto la obligación que el conductor tiene de someterse a esta segunda diligencia, si
      concurren las circunstancias reglamentarias precisas para ello -como sucede en el presente caso-, y que
      su negativa hace que su conducta deba considerarse incluida en el tipo penal del art. 380 del Código Penal
      , pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal
      JURISPRUDENCIA
      9
      sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas
      lascaracterísticas de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría
      cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría absolutamente ineficaz
      la norma legal. Es preciso concluir, por todo lo dicho, que la negativa a la práctica de la segunda prueba de
      medición de alcoholemia debe ser calificada como constitutiva de un delito contra la seguridad del tráfico del
      artículo 380 del Código Penal ”
      Es claro que el sometimiento a una prueba de aproximación nunca exonera, en caso de que haya dado positivo,
      de las pruebas con alcoholímetro de precisión. La negativa será delictiva.
      SÉPTIMO.- Despejada esa tesis, y orillada también alguna otra que ha aparecido ocasionalmente en la
      jurisprudencia menor pero que ha perdido su base legislativa (la negativa a la segunda medición sería una
      simple falta de desobedienci a) , tres posiciones diferenciadas, en lo que aquí interesa, podemos distinguir en
      cuanto a la cuestión planteada:
      c) La negativa a someterse a la segunda prueba de determinación de la tasa de alcohol en aire espirado
      mediante un etilómetro autorizado de forma oficial es constitutiva del delito del art. 383 CP .
      d) La negativa es atípica si se accedió a la primera medición.
      e) La negativa a la segunda prueba solo será delictiva cuando el afectado cuestione el resultado de la primera.
      Si lo acepta y no lo discute, ni en el momento ni posteriormente durante el procedimiento penal que se pueda
      seguir, no será punible, sin perjuicio de las penas que le puedan corresponder por el delito de conducción etílica.
      Analicemos los argumentos que manejan estas diferentes tesis.
      1) Se aduce en favor de la atipicidad que la segunda de las pruebas está concebida como garantía del afectado.
      Sería un derecho renunciable. La literalidad del precepto antes transcrito (art. 23 del Reglamento) que alude
      a las mayores garantías y al contraste abonarían esa idea. La segunda de las pruebas no constituiría una
      obligación del conductor sino una «garantía» en beneficio del derecho de defensa. En los supuestos en que no
      cuestiona la validez y el resultado de la primera prueba, la renuncia a ese derecho no puede ser típica.
      Hay que replicar que no se trata solo de una garantía del afectado y posible futuro investigado, sino también
      de una garantía institucional. Ésto debe ser recalcado. Se quiere alcanzar un alto grado de objetividad (evitar
      v.gr. la contaminación derivada del “alcohol en boca” o despejar las dudas derivadas de los márgenes de error
      de los etilómetros: entre un 5% y un 7,5% según informes del Centro Español de Metrología de enero de 2008
      y marzo de 2010). Es, sí, garantía del afectado; pero también del sistema ( STS 636/2002, de 15 de abril :
      las irregularidades en la metodología afectan al derecho al proceso debido pues es en cierta medida prueba
      pericial preconstituida – STC 100/1985, de 3 de octubre – lo que reclama un cuidadoso protocolo). Las garantías
      establecidas en favor del inculpado constituyen a la vez garantías del sistema y por eso no indefectiblemente
      son renunciables.
      No sería correcta una artificiosa oposición entre garantías de las partes pasivas y garantías estructurales
      del proceso. Aquéllas son también garantías del sistema. Algunas son, por ello, irrenunciables. La asistencia
      letrada o la disposición del art. 406 LECrim son algunos ejemplos de lo que se dice. Que el acusado haya
      confesado su participación en un atraco no le disculpa de formar parte de una rueda de reconocimiento para
      asegurar la realidad de su confesión.
      Una única prueba con un resultado de 0,61 mgr. por litro de alcohol en aire espirado no repetida, si suscita
      dudas por no haber sido reiterada y contemplarse un cierto margen de error no puede acabar en una condena
      con el argumento de que el acusado renunció a la segunda prueba. Si hay dudas, la única respuesta acorde
      con nuestro sistema es la absolución: no otra cosa permiten sus principios básicos estructurales. El delito del
      art. 379 no puede quedar en esos casos degradado a una infracción que no exige certeza, sino una simple
      probabilidad seguida de la renuncia del acusado a los medios que podrían despejar las dudas. No: la respuesta
      ortodoxa y canónica en un caso en que el juzgador tiene dudas por no haberse practicado la segunda espiración
      espaciada en el tiempo y por tanto no llega a alcanzar la certeza que proporciona la doble medición no puede
      ser la condena por el delito del art. 379 pese a no considerarse acreditado un elemento del delito; sino la
      absolución (principio in dubio) sin perjuicio de la condena por el delito del art. 383 CP . Aunque el afectado
      haya desistido de la segunda espiración y haya dado por buena una tasa ligeramente superior a la consignada
      en el art. 379 CP .
      2) En otro orden de cosas se ha sugerido que el plural que emplea el art. 383 CP ( pruebas) impondría la
      interpretación más estricta: sería necesaria la negativa a las dos pruebas. Desde un punto de vista gramatical,
      sin embargo, parece más natural entender que ese plural no está pensando en dos pruebas sucesivas en
      JURISPRUDENCIA
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      concreto, sino en las diferentes pruebas existentes para esa verificación (alcoholemia, extracción de sangre
      que procederá cuando no sea posible aquellas, pruebas de detección de drogas…).
      3) Se dice que el mandato del art. 23.2 del Reglamento se dirige solo al agente y no al particular. Pero la
      obligatoriedad respecto de éste viene sentada en preceptos anteriores. La segunda prueba -o, mejor segunda
      medición de una única prueba- es imperativa no solo para los agentes, sino también para el afectado. Así se
      desprende inmediatamente de la dicción del art. 21 del Reglamento General de Circulación .
      4) Sin afán de extremar los argumentos semánticos, más que de dos pruebas sucesivas, estamos ante una
      única prueba cuya fiabilidad plena (aspiración del proceso y de la justicia penal y no solo garantía del imputado)
      requiere dos mediciones con un intervalo de tiempo. Sin esas dos mediciones la prueba está incompleta
      reglamentariamente; no alcanza las cotas deseables de fiabilidad por haber quedado inacabada. Lo apunta en
      su informe el Fiscal: la prueba reglamentada consta de dos mediciones con un intervalo de diez minutos. Si
      no se desarrolla así, no se respeta la legalidad reglamentaria.
      5) También se ha apuntado, en línea con lo que sugería la primera STS sobre esta materia y alguna tesis que
      se manejó en las Audiencias y a la que antes se aludió, que la finalidad de comprobación de un delito contra
      la seguridad del tráfico a que se refería el art. 379 dejaría al margen del tipo los casos en que esa infracción
      está ya comprobada por los resultados de la primera de las mediciones.
      Pero si se es coherente y se lleva a sus últimas consecuencias ese argumento abocaría a negar la tipicidad
      cuando los síntomas son tan evidentes que la prueba (también la primera) puede considerarse en un juicio
      ex ante prescindible por contarse ya con medios probatorios suficientes e incluso sobrados (v.gr. testifical);
      o cuando el propio acusado acompaña su negativa a la prueba de su reconocimiento pleno de los hechos
      ofreciéndose a confesarlos y a firmar su autoinculpación.
      O, también, cuando por estar ante un control preventivo, no hay el más mínimo síntoma de etilismo y por tanto,
      no hay indicios ni de delito ni de infracción administrativa y, en consecuencia, nada que comprobar.
      Cuando el art. 383 CP está hablando de comprobación está pensando no en la averiguación de una supuesta
      infracción criminal concreta. Quiere describir en abstracto a qué pruebas se está refiriendo; esto es, a las
      establecidas en la ley para comprobar las tasas de alcoholemia. No es necesario que se trate de pruebas
      imprescindibles in casu . También cuando pueden aparecer como superfluas en el supuesto singular por
      contarse ya con material probatorio cualificado, subsiste la obligatoriedad de someterse a la prueba correlativa
      al deber del agente de efectuarla. De nuevo es pertinente aclarar que parece más exacto hablar de una única
      prueba que exige dos mediciones con un lapso temporal. La reforma de 2007 refuerza la autonomía de ese
      tipo en relación al art. 379 CP : ya no se habla de comprobación de los hechos descritos en el art. 379, sino de
      comprobación de las tasas de alcohol: si el resultado es “0” también se puede afirmar que se ha comprobado
      la tasa de alcohol.
      6) No sería lógica una interpretación a tenor de la cual solo surgiría el delito si el acusado por conducción
      etílica quisiese hacer valer la ausencia de la segunda prueba en su defensa. Eso significaría que en esos casos
      el delito no consistiría tanto en negarse ante el requerimiento del agente, cuanto en aprovechar en la propia
      defensa la no realización de esa segunda medición. Tal exégesis introduciría unos elementos extravagantes
      en la dogmática penal y arquitectura del tipo delictivo. La consumación del delito quedaría sometida a una
      extraña condición posterior: que el acusado no aceptase su estado de embriaguez. De esa manera, incluso si
      en el instante de negarse no pasó por su imaginación el más mínimo propósito de utilizar en su favor la falta
      de una segunda medición para cuestionar la prueba (y lo expresase así), lo que no era delito se convertiría
      en conducta punible en el momento en que por virtud de una estrategia procesal ideada posteriormente (y
      completamente legítima) se cuestionase la fiabilidad plena de la primera medición. Eso sería tanto como
      anudar la sanción penal, más que a la conducta en sí, al ejercicio irreprochable del derecho de defensa. La
      antijuricidad se desplazaría del acto de negarse ante el requerimiento del agente a la segunda prueba (lo que no
      será delito si da por bueno el primer resultado positivo) a la asunción sobrevenida de una concreta estrategia
      defensiva. En el presente caso, v.gr., si en el momento del informe final en el plenario, o del derecho a la última
      palabra, o al interponerse recurso, se hubiese aducido la inexistencia de segunda medición ¿estaríamos ya ante
      una negativa punible convirtiendo en típico la que hasta ese momento se consideraba atípico? ¿significaría
      esto concebir el acatamiento persistente del resultado de la primera medición en una especie de anómala y
      exótica excusa absolutoria? Solo si se acepta la situación de embriaguez la conducta sería atípica.
      No es asumible esta alambicada construcción.
      7) Ciertamente no tiene la misma gravedad negarse tajantemente a las dos mediciones que rehusar solo
      la segunda (lo que además normalmente reportará escasa, si no nula, utilidad: como tampoco la reporta la
      negativa a ambas mediciones cuando los síntomas de intoxicación etílica son evidentes y palmarios). Se
      JURISPRUDENCIA
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      dice que no es ponderado equiparar ambas acciones. Frente a ello hay que constatar que todos los tipos
      penales abarcan un abanico mayor o menor de conductas encuadrables. No todas tienen igual gravedad.
      Se establece por ello una horquilla penológica: no son lo mismo unas lesiones provocadas con una única
      puñalada propinada como respuesta a unos insultos que sanan en cinco días de incapacidad laboral; que
      otras provocadas gratuitamente apuñalando varias veces a la víctima que tarda varios meses en recuperar
      totalmente la salud. Ambas conductas son incardinables

    • Roj: STS 31/2017 – ECLI: ES:TS:2017:31
      Id Cendoj: 28079120012017100004
      Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
      Sede: Madrid
      Sección: 1
      Fecha: 18/01/2017
      Nº de Recurso: 1619/2016
      Nº de Resolución: 4/2017
      Procedimiento: PENAL – APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
      Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
      Tipo de Resolución: Sentencia
      T R I B U N A L S U P R E M O
      Sala de lo Penal
      SENTENCIA
      Sentencia Nº: 4/2017
      Fecha Sentencia : 18/01/2017
      Ponente Excmo. Sr. D. : Manuel Marchena Gómez
      Recurso Nº: 1619/2016
      Segunda Sentencia
      Voto Particular
      RECURSO CASACION Nº : 1619/2016
      Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria Parcial
      Señalamiento: 11/01/2017
      Procedencia: Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sección Primera
      Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
      Escrito por : MAJN
      Recurso Nº: 1619/2016
      DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO O HUMILLACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ( art. 578 CP ): la
      interpretación de un precepto como el art. 578 del CP no está exenta de dificultades. De una parte, porque
      no faltan autorizados juristas que estiman que el delito de enaltecimiento del terrorismo o de desprecio y
      humillación a las víctimas representa la negación de los principios que han de informar el sistema penal. De
      otra, porque la necesidad de ponderar en nuestro análisis los límites a la libertad de expresión y de hacerlo
      a partir de la equívoca locución “-discurso del odio-” con la que pretende justificarse la punición, no hacen
      sino añadir obstáculos a la labor interpretativa. Las dificultades se multiplican cuando de lo que se trata es
      de determinar, como en tantas otras ocasiones, el alcance de lo intolerable.
      De ahí la importancia de no convertir la libertad de expresión -y los límites que ésta tolera y ampara- en el
      único parámetro valorativo para discernir cuándo lo inaceptable se convierte en delictivo. No todo exceso
      verbal, ni todo mensaje que desborde la protección constitucional, pueden considerarse incluidos en la
      porción de injusto abarcada por el art. 578 del CP . Nuestro sistema jurídico ofrece otras formas de reparación
      de los excesos verbales que no pasa necesariamente por la incriminación penal. El significado de principios
      como el carácter fragmentario del derecho penal o su consideración como “ultima ratio”, avalan la necesidad
      de reservar la sanción penal para las acciones más graves. No todo mensaje inaceptable o que ocasiona el
      normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no
      JURISPRUDENCIA
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      hallar cobertura bajo la libertad de expresión. Entre el odio que incita a la comisión de delitos, el odio que
      siembra la semilla del enfrentamiento y que erosiona los valores esenciales de la convivencia y el odio que
      se identifica con la animadversión o el resentimiento, existen matices que no pueden ser orillados por el juez
      penal con el argumento de que todo lo que no es acogible en la libertad de expresión resulta intolerable y,
      por ello, necesariamente delictivo.
      Tampoco ayuda a la labor exegética la extendida invocación de los nocivos efectos del “discurso del odio”
      como razón justificadora de su punición. De nuevo hemos de apartarnos de la tentación de construir el juicio
      de tipicidad trazando una convencional y artificiosa línea entre el “discurso del odio” y la “ética del discurso”.
      El derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia. Por si fuera poco, el
      vocablo discurso, en su simple acepción gramatical, evoca un acto racional de comunicación cuya punición
      no debería hacerse depender del sentimiento que anima a quien lo pronuncia. Tampoco puede afirmarse un
      único significado a una locución “- discurso del odio-” cuyo contenido está directamente condicionado por
      la experiencia histórica de cada Estado. El discurso del odio puede analizarse en relación con problemas
      étnicos, religiosos, sexuales o ligados a la utilización del terrorismo como instrumento para la consecución
      de fines políticos. El legislador ha querido que el mensaje de odio que socava las bases de la convivencia y
      que humilla a las víctimas del terrorismo tenga un tratamiento específico en el art. 578, con una sistemática
      singularizada frente al tipo previsto en el art. 510 del mismo texto punitivo.
      Otro hecho complica, todavía más si cabe, nuestro análisis. Y es que la extensión actual de las nuevas
      tecnologías al servicio de la comunicación intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o
      mensajes que, en otro momento, podían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado
      grupo de destinatarios. Quien hoyincita a la violencia en una red social sabe que su mensaje se incorpora a las
      redes telemáticas con vocación de perpetuidad. Además, carece de control sobre su zigzagueante difusión,
      pues desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario éste puede multiplicar su impacto mediante
      sucesivos y renovados actos de transmisión. Los modelos comunicativos clásicos implicaban una limitación
      en los efectos nocivos de tododelito que hoy, sin embargo, está ausente. Este dato, ligado al inevitable
      recorrido transnacional de esos mensajes, ha de ser tenido en cuenta en el momento de ponderarel impacto
      de los enunciados y mensajes que han de ser sometidos a valoración jurídico-penal.
      Esta Sala no puede identificarse con una interpretación del art. 578 del CP que para su aplicación exija la
      valoración de un dictamen pericial sobre la etiqueta que el autor reivindica para su propia obra artística. Entre
      otras razones, porque esos complementos explicativos no se incluyen en el mensaje de burla. Éste llega a
      la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que los suscribe. La
      memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido
      expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida. Afirmaciones como las difundidas en la red por Luis
      Miguel alimentan el discursodel odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos
      sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de laamenaza,
      el secuestro o el asesinato de un familiar cercano.
      Los hechos, por tanto, han de ser calificados como constitutivos del delito de enaltecimiento del terrorismo o
      humillación de las víctimas previsto y penado en el art.578 del CP . La Sala no aprecia la continuidad delictiva,
      reclamada por el Fiscal. Ni cadauna de aquellas expresiones integra un delito autónomo ni su conjunto puede
      recibir el tratamiento que el art. 74 del CP dispensa al delito continuado. El propósito es el mismo y las
      distintas frases no son sino secuencias naturales -cronológicamente nocoincidentes- de idéntico discurso.
      VOTO PARTICULAR
      Nº: 1619/2016
      Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gómez
      Vista: 11/01/2017
      Recurso Nº: 1619/2016
      Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
      TRIBUNAL SUPREMO
      Sala de lo Penal
      SENTENCIA Nº: 4/2017
      Excmos. Sres.:
      D. Manuel Marchena Gómez
      JURISPRUDENCIA
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      D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
      D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
      D. Pablo Llarena Conde
      D. Perfecto Andrés Ibáñez
      En nombre del Rey
      La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. mencionados al margen,
      en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la
      siguiente
      SENTENCIA
      En la Villa de Madrid, a dieciocho de Enero de dos mil diecisiete.
      Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso decasación por infracción de ley, interpuesto
      por el MINISTERIO FISCAL , contra la sentencia núm. 20/2016 dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia
      Nacional. Sección Primera de fecha 18 de julio de 2016 en causa seguida contra Luis Miguel , los Excmos.
      Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido
      para Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y el
      recurrido representado por el procurador D. Javier Fernández Estrada. Siendo magistrado ponente el Excmo.
      Sr. D. Manuel Marchena Gómez .
      I. ANTECEDENTES
      Primero.- El Juzgado Central de instrucción nº 5, incoó procedimiento abreviado nº 57/2015, contra Luis
      Miguel y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera rollo de Sala
      5/2016 que, con fecha 18 de julio de 2016, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
      “De las pruebas practicadas en el Juicio han quedado acreditados LOS SIGUIENTES HECHOS QUE SE DECLARAN
      PROBADOS:
      Luis Miguel , mayor de edad, sin antecedentes penales, es cantante y letrista de los grupos de rap-metal Def
      Con Dos y Strawberry Harcdcore, además ha publicado 5 novelas, y ha hecho incursiones en el mundo del
      cine y la televisión, como guionista, actor, director y productor. También es colaborador en distintos medios
      de comunicación, de prensa y televisión. Las letras de sus canciones tienen un marcado tono provocador,
      irónico y sarcástico, empleando recursos propios de las historias de terror y acción para envolver el mensaje
      de fondo. En sus manifestaciones artísticas mantiene un tono crítico con la realidad social y política, tratando
      que el público comprendael sentido metafórico y ficticio que envuelve sus obras, respecto al concepto defondo
      siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural.
      Luis Miguel desde el inicio de su carrera artística en el año 1988 viene utilizando el nombre artístico de
      Cachas . Tiene una cuenta en la red social Twiter, con esa identificación, abierta en 2012, con una cantidad de
      seguidores cercana a los 8.000. En esa cuenta entre noviembre de 2013 y enero de 2014 publicó los siguientes
      comentarios:
      1º El 11 de noviembre de 2013, a las 21:06 horas: “el fascismo sin complejos de Victoria me hace añorar hasta
      los GRAPO”.
      2º El día 27 de enero de 2014, a las 20:21 horas: “a Florian habría que secuestrarle ahora”.
      3º El día 30 de enero de 2014, a las 0:23 horas: “Street Fighter, edición post ETA: Florian versus Mateo “,
      4º El día 29 de enero de 2014, a las 0:07 horas: ” Sixto , Jesus Miguel , Armando , Donato , Héctor … Si no
      les das lo que a Maximo , la longevidad se pone siempre de su lado”.
      5º El 20 de diciembre de 2013, a las 23:29 horas: “Cuántos deberían seguir el vuelo de Maximo “.
      6º El día 5 de enero de 2014, a las 23:39 horas: “Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Que emoción!. Otro usuario
      le dice: “ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar? A lo que contesta: “un roscón-bomba” .
      No se ha acreditado que Luis Miguel con estos mensajes buscase defender los postulados de una organización
      terrorista, ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas”.
      Segundo.- La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia núm. 20/2016
      con el siguiente pronunciamiento:
      JURISPRUDENCIA
      4
      “FALLO: En atención a lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, HEMOS
      DECIDIDO:
      Que debemos absolver y absolvemos a Luis Miguel del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación
      a las víctimas del que era acusado, declarando de oficio las costas.
      Notifíquese esta resolución a todas las partes, significando que no es firme, y que contra ella cabe recurso de
      casación ante el Tribunal supremo, que deberá prepararse ante este tribunal en el plazo de 5 días”.
      Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el MINISTERIO FISCAL , que
      se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias
      para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
      Cuarto.- El MINISTERIO FISCAL , basa su recurso en un único motivo de casación :
      Único .- Infracción de ley, al amparo del art. 849 de la LECrim por inaplicación indebida del art. 578 del CP ,
      en relación con el art. 74.1 del mismo texto punitivo.
      Quinto.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, por sendos escritos de fecha 13 de
      septiembre y 11 de octubre de 2016, interesó la estimación del recurso formulado. La representación legal de
      la parte recurrida Luis Miguel solicitó la impugnación y, subsidiariamente, la desestimación del único motivo
      del recurso del Ministerio Público.
      Sexto.- Por providencia de fecha 15 de diciembre de 2016 se declaró el recurso admitido, quedando conclusos
      los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Se señaló el día 11 de enero de 2017
      a las 10’45 horas para la celebración de la VISTA del art. 893 bis a) de la LECrim . La Letrada Dª Isabel Elbal
      Sánchez en defensa de Luis Miguel , se opuso al recurso, ratificándose en su escrito de oposición, y solicitando
      la confirmación de la sentencia. El Ministerio Fiscal compareció como parte recurrente remitiéndose a su
      informe y dándolo por reproducido.
      II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
      1.- La sentencia núm. 20/2016, dictada con fecha 18 de julio de 2016 por la Sección Primera de la Sala de lo
      Penal de la Audiencia Nacional , absolvió a Luis Miguel de la acusación formulada por el Ministerio Fiscal,
      que le consideraba autor de un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo y vejación a las víctimas,
      previsto en el art. 578 del CP .
      Contra ese pronunciamiento absolutorio interpone recurso de casación el Ministerio Fiscal. Formaliza un único
      motivo, al amparo del art. 849.1 de la LECrim . Denuncia la indebida inaplicación de los arts. 578 y 74.1 del CP .
      Argumenta el Fiscal del Tribunal Supremo que los hechos declarados probados enaltecen actos terroristas,
      al tiempo que humillan a las víctimas. No otro puede ser el sentido de las expresiones ” añorar a los GRAPO”,
      ” habría que secuestrar”, “deberían seguir el vuelo” o ” un roscón bomba”. En su discurso impugnatorio el
      Fiscal aduce que “… la gravedad de esas expresiones, su conexión directa con terribles crímenes efectivamente
      cometidos en los últimos años de nuestra historia, y la utilización de la red informática, excluyen de modo
      manifiesto la ingenuidad, frivolidad o falta de trascendencia que la Sala nacional -sic- atribuye a las mismas,
      trivializando así una actuación que pone en grave riesgo nuestra convivencia política y nuestra paz social, así
      como los bienes jurídicos más preciados de los ciudadanos, la vida y la libertad, afectados ambos de modo
      directo y brutal por la actuación del terrorismo. La alusión expressis verbis a dos de las más importantes y
      protagónicasorganizaciones terroristas de nuestro entorno político, elimina el últimoresquicio de duda sobre el
      significado e intención de las referidasmanifestaciones “.
      El recurso reprocha a la sentencia de instancia lo que interpreta como una confusión entre el móvil y el dolo,
      pues para la concurrencia del delito por el que se formuló acusación ( art. 578 CP ) no se exige un dolo
      redoblado como elemento subjetivo. Es suficiente la concurrencia de un dolo básico. Subraya el Fiscal que,
      como expresa el factum, el acusado abrió una cuenta de twitter, la conservó durante un tiempo, hasta alcanzar
      los ocho mil seguidores y publicó los comentarios que la Audiencia declara probados. No se trata -dice el
      Fiscal- “… de un hecho involuntario ni de un acontecer puntual, ni de una actuación excepcional o incontrolable,
      ni de una reacción momentánea, ni de una respuesta emocional a un suceso reciente, sino de una voluntaria
      y permanente actuación agresora y promotora de la violencia terrorista, que jurídicamente debe considerarse
      continuada en el tiempo”.
      El motivo tiene que ser estimado.
      2 .- La interpretación de un precepto como el art. 578 del CP no está exenta de dificultades. De una parte,
      porque no faltan autorizados juristas que estiman que el delito de enaltecimiento del terrorismo o de desprecio
      JURISPRUDENCIA
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      y humillación a las víctimas representa la negación de los principios que han de informar el sistema penal. De
      otra, porque la necesidad de ponderar en nuestro análisis los límites a la libertad de expresión y de hacerlo a
      partir de la equívoca locución – discurso del odio- con la que pretende justificarse la punición, no hacen sino
      añadir obstáculos a la labor interpretativa. Las dificultades se multiplican cuando de lo que se trata es de
      determinar, como en tantas otras ocasiones, el alcance de lo intolerable.
      De ahí la importancia de no convertir la libertad de expresión -y los límites que ésta tolera y ampara- en el
      único parámetro valorativo para discernir cuándo lo inaceptable se convierte en delictivo. No todo exceso
      verbal, ni todo mensaje que desborde la protección constitucional, pueden considerarse incluidos en la porción
      de injusto abarcada por el art. 578 del CP . Nuestro sistema jurídico ofrece otras formas de reparación de
      los excesos verbales que no pasa necesariamente por la incriminación penal. El significado de principios
      como el carácter fragmentario del derecho penal o su consideración como ultima ratio, avalan la necesidad
      de reservar la sanción penal para las acciones más graves. No todo mensaje inaceptable o que ocasiona el
      normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no
      hallar cobertura bajo la libertad de expresión. Entre el odio que incita a la comisión de delitos, el odio que
      siembra la semilla del enfrentamiento y que erosiona los valores esenciales de la convivencia y el odio que
      se identifica con la animadversión o el resentimiento, existen matices que no pueden ser orillados por el juez
      penal con el argumento de que todo lo que no es acogible en la libertad de expresión resulta intolerable y, por
      ello, necesariamente delictivo.
      Tampoco ayuda a la labor exegética la extendida invocación de los nocivos efectos del discurso del odio
      como razón justificadora de su punición. De nuevo hemos de apartarnos de la tentación de construir el juicio
      de tipicidad trazando una convencional y artificiosa línea entre el discurso del odio y la ética del discurso. El
      derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia. Por si fuera poco, el vocablo
      discurso, incluso en su simple acepción gramatical, evoca un acto racional de comunicación cuya punición
      no debería hacerse depender del sentimiento que anima quien lo pronuncia. Tampoco puede afirmarse un
      único significado a una locución – discurso del odio- cuyo contenido está directamente condicionado por la
      experiencia histórica de cada Estado. El discurso del odio puede analizarse en relación con problemas étnicos,
      religiosos, sexuales o ligados a la utilización del terrorismo como instrumento para la consecución de fines
      políticos. El legislador ha querido que el mensaje de odio que socava las bases de la convivencia y que humilla
      a las víctimas del terrorismo tenga un tratamiento específico en el art. 578, con una sistemática singularizada
      frente al tipo previsto en el art. 510 del mismo texto punitivo.
      Otro hecho complica, todavía más si cabe, nuestro análisis. Y es que la extensión actual de las nuevas
      tecnologías al servicio de la comunicación intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o
      mensajes que, en otro momento, podían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado
      grupo de destinatarios. Quien hoy incita a la violencia en una red social sabe que su mensaje se incorpora a las
      redes telemáticas con vocación de perpetuidad. Además, carece de control sobre su zigzagueante difusión,
      pues desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario éste puede multiplicar su impacto mediante
      sucesivos y renovados actos de transmisión. Los modelos comunicativos clásicos implicaban una limitación
      en los efectos nocivos de todo delito que hoy, sin embargo, está ausente. Este dato, ligado al inevitable
      recorrido transnacional de esos mensajes, ha de ser tenido en cuenta en el momento de ponderar el impacto
      de los enunciados y mensajes que han de ser sometidos a valoración jurídico-penal.
      3 .- Con carácter previo al examen de la cuestión de fondo, se impone una breve referencia al estado actual
      de la jurisprudencia relacionada con la viabilidad de la impugnación de sentencias absolutorias en el marco
      de la casación penal. En la STS 654/2014, 6 de octubre , nos hacíamos eco de la jurisprudencia constitucional
      que viene reiterando -cfr. SSTC 157/2013, 23 de septiembre ; 45/2011, de 11 de abril, FJ 3 ; 170/2002, 30
      de septiembre – que cuando a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, el núcleo
      de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica,
      para su resolución no resulta necesario oír al acusado en un juicio público, sino que el Tribunal puede decidir
      adecuadamente sobre la base de lo actuado. De tal manera que si el debate planteado en segunda instancia
      versa exclusivamente sobre cuestiones jurídicas, ya sea por la configuración legal del recurso -como en
      nuestro sistema jurídico ocurre, en tantas ocasiones, en la casación penal-, ya sea por los concretos motivos
      que fundamentan la solicitud de agravación de condena planteada por los acusadores, para su resolución no
      resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia
      podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, sino que el Tribunal ad quem puede decidir adecuadamente
      sobre la base de lo actuado. En tales supuestos, en cuanto el debate sea estrictamente jurídico, la posición de
      la parte podría entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, en quien se encarnaría
      la efectividad del derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte.
      JURISPRUDENCIA
      6
      En consecuencia, ningún obstáculo existiría, de prosperar la impugnación del Ministerio Fiscal, para sustituir el
      pronunciamiento absolutorio por uno de condena, siempre que fuera consecuencia de la incorrección jurídica
      detectada en la instancia y que ello no implicara una rectificación o adición en el relato de hechos probados
      proclamado en la instancia. De lo que se trata, por tanto, es de decidir acerca de si el juicio de atipicidad suscrito
      por los Jueces de instancia es o no coherente con la descripción del art. 578 del CP .
      La defensa del acusado, tanto en su escrito de formalización como en la brillante defensa que hizo de éste en
      el acto de la vista, puso el acento en la imposibilidad de convertir el juicio histórico de carácter absolutorio,
      proclamado en la instancia por la Audiencia Nacional, en una sentencia condenatoria a partir de la estimación
      del recurso del Ministerio Fiscal. Entendía que el párrafo conclusivo que cierra el factum, en el que se afirma
      que “… no se ha acreditado que Luis Miguel con estos mensajes buscase defender los postulados de una
      organización terrorista, ni tampoco despreciar o humillar a las víctimas”, impide sostener la tipicidad de los
      hechos, al ser ese pasaje expresión del tipo subjetivo exigido por el delito previsto en el art. 578 del CP .
      La Sala no coincide con esta línea de razonamiento.
      Que la intención que anima al autor de un hecho forma parte de éste, ha sido ya reiterado en numerosos
      precedentes de esta misma Sala. De ahí que la correcta ubicación del dolo, cuya naturaleza subjetiva no es
      incompatible con su dimensión fáctica, es la que ofrece el relato de hechos probados. En consecuencia, la
      afirmación en la instancia de que no han quedado acreditados los elementos fácticos que definen el tipo
      subjetivo, cerraría la puerta a toda posibilidad de revisión casacional de una sentencia absolutoria. Cuestión
      distinta es que el bloqueo de un pronunciamiento absolutorio pretenda obtenerse de la falta de acreditación
      de un elemento subjetivo -el móvil del acusado- que no coincide con el dolo y que, precisamente por ello, no
      enriquece el tipo subjetivo.
      El art. 578 del CP sólo exige el dolo, esto es, el conocimiento de los elementos que definen el tipo objetivo. En el
      presente caso, tener plena conciencia y voluntad de que se está difundiendo un mensaje en el que se contiene
      una evocación nostálgica de las acciones violentas de un grupo terrorista que se menciona con sus siglas de
      forma expresa y en el que se invita a otro grupo terrorista, fácilmente identificable por la identidad de algunas de
      sus víctimas, a repetir el secuestro más prolongado de nuestra reciente historia. Es así como queda colmada
      la tipicidad subjetiva del delito por el que el Fiscal formula acusación. La afirmación de que Luis Miguel no
      perseguía la defensa de los postulados de una organización terrorista y de que tampoco buscaba despreciar
      a las víctimas, es absolutamente irrelevante en términos de tipicidad. La estructura típica del delito previsto
      en el art. 578 del CP no precisa la acreditación de con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o
      humillación. Basta con asumir como propia la justificación de una forma violenta de resolver las diferencias
      políticas -siempre en el marco de referencia que ofrecen los arts. 572 a 577-; basta con la reiteración consciente
      de esos mensajes a través de una cuenta de twitter, para descartar cualquier duda acerca de si el autor captó
      con el dolo los elementos del tipo objetivo.
      En consecuencia, el último de los párrafos que se contiene en el juicio histórico, relativo a la ausencia de
      una intención ofensiva o enaltecedora, carece de toda virtualidad para limitar nuestra capacidad revisora en
      casación. Ninguna limitación fáctica se deriva de aquello que el tipo previsto en el art. 578 del CP no exige
      para su consumación.
      4 .- El desenlace absolutorio, que la sentencia recurrida explica mediante un análisis individualizado de cada
      uno de los twitts que fueron publicados en la cuenta del acusado, se conecta a la singular personalidad
      del acusado, cantante y letrista de grupos de rap-metal como Def Con Dos y Strawberry Hardcore, así como
      novelista y artista con “… incursiones en el mundo del cine y la televisión, como guionista, actor, director
      y productor”. El relato de hechos probados reconoce su condición de colaborador en distintos medios de
      comunicación, de prensa y televisión, puntualizando que “… las letras de sus canciones tienen un marcado tono
      provocador, irónico y sarcástico, empleando recursos propios de las historias de terror y acción para envolver
      el mensaje de fondo”. Añade que “… en sus manifestaciones artísticas mantiene un tono crítico con la realidad
      social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelve sus obras,
      respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural”.
      La Sala no puede identificarse con este discurso exoneratorio.
      Las expresiones anotadas por el acusado en su cuenta de twiter , según consta en el factum, fueron las
      siguientes:
      ” 1º El 11 de noviembre de 2013, a las 21:06 horas: “el fascismo sin complejos de Victoria me hace añorar
      hasta los GRAPO”.
      2º El día 27 de enero de 2014, a las 20:21 horas: “a Florian habría que secuestrarle ahora”.
      JURISPRUDENCIA
      7
      3º El día 30 de enero de 2014, a las 0:23 horas: “Street Fighter, edición post ETA: Florian versus Mateo “.
      4º El día 29 de enero de 2014, a las 0:07 horas: ” Sixto , Jesus Miguel , Armando , Donato , Héctor … Si no
      les das lo que a Maximo , la longevidad se pone siempre de su lado”.
      5º El 20 de diciembre de 2013, a las 23:29 horas: “Cuántos deberían seguir el vuelo de Maximo “.
      6º El día 5 de enero de 2014, a las 23:39 horas: “Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Que emoción!. Otro usuario
      le dice: “ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar? A lo que contesta: “un roscón-bomba” .
      5 .- El tratamiento jurisprudencial dispensado por esta Sala al delito previsto en el art. 578 del CP , está reflejado
      en numerosos precedentes. Así, el bien jurídico protegido ha sido descrito en la STS 812/2011, 21 de julio ,
      como “… la interdicción de lo que las SSTEDH de 8 de julio de 1999 , Sürek vs Turquía, 4 de diciembre de 2003,
      Müslüm vs Turquía -y también nuestro Tribunal Constitucional STC 235/2007 de 7 de noviembre – califican como
      el discurso del odio, es decir la alabanza o justificación de acciones terroristas, que no cabe incluirlo dentro
      de la cobertura otorgada por el derecho a la libertad de exposición o ideológica en la medida que el terrorismo
      constituye la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella comunidad que lo sufre, porque el
      discurso del terrorismo se basa en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del
      pluralismo político y en definitiva en el aterrorizamiento (sic) colectivo como medio de conseguir esas finalidades
      “. En el mismo sentido se había pronunciado la STS 299/2011, 25 de abril .
      El casuismo referido a los supuestos en los que el vehículo para el enaltecimiento o la ofensa a las víctimas
      lo proporcionan las redes sociales es también muy rico. Son numerosos los precedentes ya dictados por esta
      Sala. Sin agotar la cita, por su proximidad en el tiempo y su semejanza con el supuesto de hecho que ahora es
      objeto de enjuiciamiento, traemos a colación algunas de esas resoluciones.
      Así, se han reputado delictivas ( STS 623/2016, 13 de julio ) afirmaciones del siguiente tenor publicadas en
      twitter : “… voló, voló Maximo voló y hasta las nubes llego. Ay Maximo el primer astronauta español. Arriba
      España con goma
      2 (…) Maximo ministro naval tenía un sueño: volar y volar, hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran
      realidad. (…) Quiero que me hagas volar, como a Maximo .(…) ¿Cómo monta Clara a caballo? Con velcro. (…)
      ¿De qué tiene la frente morada Clara ? De llamar a las puertas. (…) “kale borroka, herri borroka da/ la lucha
      callejera, la lucha del pueblo”. (…) El humor negro mola, pero el summum son los de Clara . Son la bomba” (…)
      “borroka da bidé bakarra/la lucha es el único camino” . ¿Qué le regalarán al sobrino de Florentino por navidades?
      Un “tiovivo”. (…). (…) Si quieres hacerme reír cuéntame chistes de Clara . #SoySimple Modesto DIRECCION000
      ¿cuál sería la relación más absurda sin pies ni cabeza? Florentino e Clara . (…) Si quieres hacerme reír cuéntame
      un chiste de Clara (…) ¿En qué se parece Florentino a un delfín? En el agujero de la nuca” .
      En la misma red social Twitter fueron publicados los siguientes comentarios, que la STS 820/2016, 2 de
      noviembre , reputó delictivos: “… aupa esa chavalería que ha arrasado con las sucursales capitalistas de medida
      (sic) ciudad de Bilbao. Joder, con noticias así da gusto empezar la semana” (…) Si al final Aznar regresa de pleno
      a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza. (…) Lástima que el terrorismo
      de estado lesesgara la vida tan pronto, más luchadores como Argala hacen falta, para lacausa vasca y para el
      marxismo 2013. (…) Tengo la botella de champánpreparada para el día que se retome la lucha armada, la idea de
      la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa. (…) En un país como el Estado
      español, donde ha existido y sigue existiendo de forma un poco reformada, un régimen de carácter fascista, la
      resistencia en todas sus formas no solo armada, un régimen de carácter fascista, la resistencia en todas sus
      formas no sólo la armada, es legítima. No es que nosotros la legitimemos, sino que se legitima a sí misma.
      (…) Afilando el hacha a falta de la serpiente. (…) ETA despellejaba a lo sumo a un par de concejales al año y el
      estado decía de ellos que eran unos malvados terroristas y los perseguía, torturaba, mataba y encerraba. Y sin
      embargo, los bancos asesinan a diario y aquí no pasa nada, el estado los ampara, protege y defiende. (…) Dos
      noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Jaén) le han quemado el coche a un concejal pepero.
      La mala, el pepero no estaba dentro. (…) Por cada agresión a la clase obrera un coche- bomba. (…) Dice mi
      abuela que si apareciese un culpable ejecutado, un político del PP por ejemplo, se alegraría bastante, comparto
      su pensamiento (…) ¿ Maximo víctima? DAIS ASCO. (…) A mí no me da pena alguna Florentino me da pena la
      familia desahuciada por el banco. (…) tanta tontería vinculando la FAH2 a ETA. OJALÁ así fuera y os metieran
      un bombazo, panda de genocidas”.
      También fue considerada constitutiva del delito previsto en el art. 578 del CP , la publicación en la red social
      Facebook de “…una fotografía de Florentino con las siguientes frases “Gora ETA libertad presos políticos,
      Florentino mejor muerto”. (…) una fotografía con la leyenda “ETA Euskadi ta Askatasuna ” añadiendo que el
      zulo de Florian tenía más metros cuadrados que donde viven muchísimos españoles. (…) una imagen de
      JURISPRUDENCIA
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      María Virtudes con la siguiente reseña : “exterminada en prisión PresaComunista del PCE (r)” ( STS 846/2015,
      30 de diciembre ).
      La STS 984/2016, 15 de diciembre , reputó que colmaba el juicio de tipicidad la publicación en la red social
      Facebook de las siguientes imágenes y comentarios: ” imagen de policías envueltos en llamas con comentarios
      “ke bien arde…. la madera jejejeje..”. (…) Imagen de varios individuos sujetando una bandera de España que arde
      con el comentario “ke ben arde… a filla de puta… que bien arde la hija de puta”. (…) Imagen del anagrama de
      la organización terrorista “Resistencia Galega (…) Imagen extraída de una película sobre el atentado terrorista
      contra el Almirante Maximo con el comentario “volandoooo voyyyy…volando vengoooo”. (…) Comentario
      “Gora euskadi ta askatuta… gora euskal Herria sozialista, viva Euskadi ta askatasuna (ETA).. viva euskal herria
      socialista”. (…) Imagen de 5 miembros de la organización terrorista Terra Wure con la leyenda (traducida: en
      memoria de los patriotas muertos en combate). (…) Comentario: “matar fachas y Txakurras no es delito…es mi
      deporte favorito”. (…) Imagen del manual de la organización terrorista ETA Ikusi eta Ikasi (Mira y aprende. Manual
      básico de armas y explosivos de ETA)”
      En el mismo sentido, se estimó subsumible en el tipo previsto en el art. 578 del CP , el acceso del acusado a la
      página web de la Sra. Roque y la redacción del formulario de contacto con el nombre de usuario “kaka kulo”
      y la dirección de e-mail DIRECCION001 , con el siguiente texto; “a ver si con un poco de suerte te pegan un tiro
      antes de la tregua definitiva y así te reúnes con “los tuyos”, so zorra … un besito”. El acusado había accedido
      a la sección de la misma página dedicada al hermano de Doña. Roque , D. Roque , que fuera asesinado
      en Sevilla el 30 de enero de 1998, junto a su esposa Dña. Sonia por miembros del comando Andalucía de la
      organización terrorista ETA, enviando idéntico mensaje . Y con ocasión de la publicación de un artículo sobre
      la inseminación de Camila publicado en la web http://webprisionesopositor.com titulado ” la inseminación de
      las etarras podría realizarse el próximo mes de julio”, escribió el siguiente comentario:
      “perros …. seguro que va a salir precioso, como sus aitas …. no como losvuestros, llorones, llorones, kagones y
      llenos de granos …. ke asko …” ( STS 752/2012, 3 de octubre ).
      Es constante la doctrina de esta Sala en la exclusión de las motivaciones de ordinario invocadas para justificar
      el enaltecimiento o humillación de las víctimas. En la STS 623/2016, 13 de julio , recordábamos que la
      libertad ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran
      un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación. No se trata de
      penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, que no
      está recreada en nuestro caso con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto
      y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos. En el caso de la humillación y
      menosprecio a las víctimas del terrorismo, el desvalor de la acción que sanciona el art. 578 CP tampoco
      quedaría totalmente protegido mediante la sola figura de las injurias, siendo así que su contexto -que además
      justifica un mayor reproche penal- lleva a ubicar esta intromisión, entre los delitos de terrorismo. En el caso,
      de lo que se trata es comprobar si las expresiones que se difunden por la acusada pueden ser constitutivas de
      una ofensa, o una burla, en suma, de una humillación, a quien ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Llevada a
      cabo esa comprobación en sentido afirmativo nos corresponde aplicar la respuesta penal que ofrece el Código
      Penal en represión de una acción típicamente antijurídica y culpable, esto es, de un delito.
      Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma bien reciente, la STC 112/2016, 20 de junio -siguiendo
      la línea ya descrita en las SSTC 177/2015, 22 de julio y 136/1999, de 20 de julio – denegó el amparo y recordó
      que “… no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que
      incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con ellos
      ni se respeta lalibertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión públicaque merezca el
      calificativo de libre’ (FJ 15). Del mismo modo, la utilización desímbolos, mensajes o elementos que representen
      o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica
      para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura
      en la libertad de expresión, cuya finalidad es contribuir a la formación de una opinión pública libre” (FJ 4). Y,
      además, que “[e]s obvio que las manifestaciones más toscas del denominado’discurso del odio’ son las que se
      proyectan sobre las condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que
      el discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que persigue fomentar
      el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de
      los intolerantes” (FJ 4)”.
      6 .- Es, por tanto, en ese marco jurídico, definido por el art. 578 del CP e interpretado por la jurisprudencia
      constitucional y de esta Sala, en el que hemos de encontrar respuesta al recurso de casación promovido por
      el Ministerio Fiscal. Y desde esta perspectiva, es evidente que afirmaciones evocadoras de una mal entendida
      nostalgia por la actividad terrorista de los GRAPO, cuyas acciones armadas se echan en falta para acabar
      con “…el fascismo sin complejos de Victoria “; el deseo de un nuevo secuestro de Florian -víctima de
      JURISPRUDENCIA
      9
      la privación de libertad más duradera en la historia del terrorismo de ETA-; la justificación del asesinato de
      Maximo aplicado a otros personajes históricos, sin cuya asimilación “… la longevidad se pone siempre a su
      lado”; o, en fin, la descripción de un ” roscón-bomba” como un regalo idóneo para el día del cumpleaños del
      Rey, son expresiones que colman la tipicidad descrita por el art. 578 del CP .
      El argumento exoneratorio de la Audiencia Nacional -expresado con elocuente lucidez- toma como punto
      de partida la carencia probatoria acerca de la intención del acusado Luis Miguel . El factum proclama
      expresamente que no ha quedado acreditado que “… con estos mensajes buscase defender lospostulados de
      una organización terrorista, ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas”. Sin embargo, esta Sala -como
      ya hemos tenido ocasión de razonar en el FJ 3 de esta misma resolución- entiende que no es necesaria la
      prueba de aquello que no exige el tipo subjetivo. El hecho de que el acusado sea descrito como un “… cantante
      y letrista de los grupos de rap-metal Def Con Dos y Strawberry Hardcore”, como un colaborador artístico de
      distintos medios de comunicación o que las letras de sus canciones tengan “… un marcado tono provocador,
      irónico y sarcástico, empleando recursos propios de las historias de terror y acción para envolver el mensaje de
      fondo”, no dibuja, ni mucho menos, una causa de exclusión de la tipicidad. Tampoco la ironía, la provocación
      o el sarcasmo -en palabras del acusado, el nihilismo surrealista- que anima sus mensajes de humillación de
      las víctimas, hacen viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad. No deja de ser significativo
      que para desentrañar la naturaleza de esas afirmaciones y para indagar el perfil artístico de Luis Miguel , los
      Magistrados de instancia hayan tenido que recurrir a una prueba pericial postulada por la defensa, al examen
      de varios testigos que corroboraron la actitud no violenta del acusado, a la lectura de un artículo publicado
      hace más de 15 años en Diario 16, en el que se volcaban expresiones críticas contra el nacionalismo o a la
      exhibición de un gran lazo azul que el grupo para el que el acusado escribe sus letras instaló en el escenario
      en un concierto celebrado hace 19 años en la localidad de Escalarre, Lérida, gesto con el que se pretendía
      expresar la repulsa por el asesinato de Florentino .
      Es evidente, sin embargo, que el objeto del presente proceso no era la actitud del acusado hace varias decenas
      de años frente al fenómeno terrorista, sino los mensajes de humillación que difundió valiéndose de su cuenta
      de Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014. Esta Sala no puede identificarse con una interpretación del
      art. 578 del CP que para su aplicación exija la valoración de un dictamen pericial sobre la etiqueta que el autor
      reivindica para su propia obra artística. Entre otras razones, porque esos complementos explicativos no se
      incluyen en el mensaje de burla. Éste llega a la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera
      intención del autor que los suscribe. La memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el
      dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida . Afirmaciones
      como las difundidas en la red por Luis Miguel alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como
      fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de
      la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano.
      Los hechos, por tanto, han de ser calificados como constitutivos del delito de enaltecimiento del terrorismo o
      humillación de las víctimas previsto y penado en el art. 578 del CP . La Sala no aprecia la continuidad delictiva,
      reclamada por el Fiscal. Ni cada una de aquellas expresiones integra un delito autónomo ni su conjunto puede
      recibir el tratamiento que el art. 74 del CP dispensa al delito continuado. El propósito es el mismo y las distintas
      frases no son sino secuencias naturales -cronológicamente no coincidentes- de idéntico discurso.
      7 .- Conforme al art. 901 de la LECrim , procede la declaración de oficio de las costas procesales.
      III. FALLO
      Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución, esta
      Sala ha decidido:
      Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación promovido por el MINISTERIO
      FISCAL contra la sentencia de fecha 18 de julio de 2016, dictada por la Sección Primera de la Sala Penal de la
      Audiencia Nacional , en la causa seguida contra Luis Miguel por el delito de enaltecimiento del terrorismo y
      humillación de las víctimas, casando y anulando dicha resolución y procediendo a dictar segunda sentencia,
      con declaración de oficio de las costas procesales.
      Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal sentenciador a los efectos legales
      procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.
      Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y
      firmamos
      D. Manuel Marchena Gómez D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Juan Ramón Berdugo Gómez de
      la Torre
      JURISPRUDENCIA
      10
      D. Pablo Llarena Conde D. Perfecto Andrés Ibáñez
      1619/2016
      Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gómez
      Vista: 11/01/2017
      Recurso Nº: 1619/2016
      Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
      TRIBUNAL SUPREMO
      Sala de lo Penal
      SEGUNDA SENTENCIA Nº: 4/2017
      Excmos. Sres.:
      D. Manuel Marchena Gómez
      D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
      D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
      D. Pablo Llarena Conde
      D. Perfecto Andrés Ibáñez
      En nombre del Rey
      La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. mencionados al margen,
      en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la
      siguiente
      SENTENCIA
      En la Villa de Madrid, a dieciocho de Enero de dos mil diecisiete.
      Por la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en el procedimiento abreviado núm. 57/2015,
      tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, se dictó sentencia de fecha 18 de julio de 2016 , que
      ha sido casada y anulada por sentencia pronunciada el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo
      integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Manuel Marchena
      Gómez , se hace constar lo siguiente:
      I. ANTECEDENTES
      ÚNICO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia
      recurrida.
      II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
      ÚNICO .- Por las razones expuestas en los FFJJ 2º a 6º de nuestra sentencia precedente, resulta obligada la
      estimación del motivo único entablado por el Ministerio Fiscal, declarando que los hechos son constitutivos
      de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas del art. 578 del CP .
      Procede la imposición de la pena mínima prevista en el precepto, sin que resulte de aplicación el art. 579 bis.4
      del CP . El hecho de que se trate de unos mensajes difundidos a partir de una cuenta de Twitter con más de
      8.000 seguidores, cada uno de ellos potenciales redireccionantes de tales mensajes, descarta la calificación
      de los hechos como de menor gravedad.
      Resulta obligada la imposición de la pena de inhabilitación absoluta en los términos previstos en el art. 579.2
      del CP . No procede la imposición de la pena de libertad vigilada, al no concurrir los presupuestos que la
      justifican, conforme al art. 579.3 del CP . Se trata de una pena privativa de libertad menos grave, sin que
      concurran circunstancias que acrediten la peligrosidad del autor.
      III. FALLO
      JURISPRUDENCIA
      11
      Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a Luis Miguel como autor de un delito de enaltecimiento del
      terrorismo o humillación a las víctimas, a la pena de 1 año de prisión, con 6 años y 6 meses de inhabilitación
      absoluta.
      Se declaran de oficio las costas causadas en el recurso de casación.
      Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y
      firmamos
      D. Manuel Marchena Gómez D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca D. Juan Ramón Berdugo Gómez de
      la Torre
      D. Pablo Llarena Conde D. Perfecto Andrés Ibáñez
      Recurso Nº: 1619/2016
      T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal
      VOTO PARTICULAR
      FECHA:18/01/2017
      Voto particular que formula el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez a la sentencia que resuelve el recurso n.º
      1619/2016, promovido por el Ministerio Fiscal contra la sentencia n.º 20/2016 de la Sección Primera de la
      Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
      Debo comenzar afirmando que, en este como en otros casos del género, de los que he tenido noticia por los
      medios de comunicación, mi esfuerzo por hallar algún atisbo de humor, de gracia o de imaginación creativa
      en exabruptos del grado de torpeza y grosería intelectual e incluso moral, de los que se recogen en los hechos
      probados -solo por tratar de ponerme intelectualmente en el lugar de un hipotético otro que, de una forma
      argumentable, lo viera de un modo diferente- ha sido vano. Por tanto, es claro que en lo que sigue podrá verse
      cualquier cosa menos alguna suerte de adhesión a las actitudes, a las tomas de posición, incluso al imaginario
      latente en semejante género de expresiones, y sus valores de sustento.
      Lo que mueve este voto particular es, sencillamente, la convicción de que ningún derecho penal de
      inspiración constitucional y democrática puede ser potestativamente expansivo. Y que cuando ya las propias
      disposiciones legales acusan este grave defecto -presente de forma paradigmática en legislaciones como la
      antiterrorista, denunciada, no sin fundamento, como una suerte de derecho penal de excepción- es función
      del intérprete-aplicador, el judicial sobre todo, contener tal recusable desbordamiento de la que, por su virtud
      , deja de ser la última o extrema ratio.
      Las seis frases publicadas por Luis Miguel recogidas en los hechos probados son, ciertamente, de su
      personal responsabilidad, pero, como fenómeno, no constituyen un dato aislado. Por el contrario, resultan ser
      fielmente expresivas de la subcultura de algunos grupos sociales, integrados preferentemente por sujetos
      jóvenes, duramente maltratados, en sus expectativas de trabajo y vitales en general, por las crueles políticas
      económicas en curso desde hace ya un buen número de años. Forman, pues, parte de una manera difusa de
      reaccionar, de contestar , aquí exclusivamente en el plano del lenguaje, la cultura de un establishment del que,
      no sin razón, se consideran excluidos . Es, por decirlo con el vocablo a mi juicio más adecuado, un modo de
      épater. Esto es, de provocar o de escandalizar (como explica un diccionario sumamente autorizado). No van,
      ni debe llevárselas, más allá.
      El precepto cuya aplicación reclama el recurrente se sirve como verbos rectores del tipo penal, primero, de los
      de enaltecer o justificar . Según el Diccionario de la RAE, aquél equivale a “ensalzar”, que es como “engrandecer”
      o “alabar”. El segundo a “probar algo con razones convincentes, testigos o documentos”. Y, además, siempre y
      todo referido -es obvio que concreta y claramente – a las conductas descritas por el legislador en los arts. 571 a
      577 como delitos de terrorismo; término este que describe las prácticas de quien recurre a la violencia contra
      las personas o las cosas, para provocar alarma o pánico, haciéndolo generalmente de forma organizada e
      invocando fines políticos.
      Según lo que acaba de exponerse, “justificar” es un tipo de actividad que reclama como vehículo un cierto
      discurso mínimamente articulado. Y comoquiera que este verbo figura unido al de “enaltecer” por la conjunción
      disyuntiva “o” (expresiva de una idea de equivalencia), es obvio que la acción susceptible de ser de este
      segundo modo denotada con fines incriminatorios, habrá de ser equiparable a la primera, en lo relativo a la
      aptitud para producir efectos y a la calidad de estos. .
      JURISPRUDENCIA
      12
      En su segunda parte, el artículo citado contempla los actos que entrañen “descrédito”, “menosprecio” o
      “humillación” de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares. Donde desacreditar es “disminuir o
      quitar la reputación”, menospreciar es “tener a alguien por menos de lo que se merece” y humillar es “herir la
      dignidad”. Claramente de un modo que pueda resultar, tanto en su dinámica como en su eficacia, equiparable a
      los demandados por los verbos inicialmente considerados, dada la identidad de la pena. O lo que es lo mismo,
      dotado de un mínimo de textura argumental, de elaboración discursiva y de alguna capacidad de convencer,
      por tanto.
      Además, puesto que lo que convierte en criminales las conductas de referencia es su aptitud para estimular
      la práctica de las acciones descritas en los arts. 571 a 577 Cpenal , legitimándolas de algún modo, se hace
      preciso que aquellas guarden una mínima relación contextual y de efectiva funcionalidad con estas, de manera
      que quienes ejecutan actos de terrorismo puedan beneficiarse de ellas o rentabilizarlas en términos de apoyo,
      generación de consenso o de prestigio social. Y en el caso de las relativas a las víctimas, debería tratarse de
      formulaciones capaces de hacer que una víctima hipotética pudiera considerarse directamente concernida y
      sentirse vilipendiada por ellas.
      Pues bien, no hace falta ningún esfuerzo argumental para concluir que las frases recogidas en los hechos
      probados no tienen la mínima consistencia discusiva y, según se ha dicho, no pasan de ser meros exabruptos
      sin mayor recorrido, que se agotan en sí mismos; desde luego, francamente inaceptables, pero esto solo. Pues
      carecen, por su propia morfología y por razón del contexto y del fin, de la menor posibilidad de conexión práctica
      con algún tipo de actores y de acciones técnico-jurídicamente susceptibles de ser consideradas terroristas.
      En cualquier caso, pero más en el momento de nuestro país en que fueron escritas y difundidas.
      Y, ya en fin, por lo que hace a la posible incidencia en las víctimas de actos de terrorismo, es patente que
      esta no se daría en ninguno de los casos en que los aludidos son personajes históricos o sujetos políticos. Y,
      en el de Florian , resulta diáfano que cuando se habla de que “habría que secuestrarle ahora” ni se propone
      o incita a la realización de una acción de este carácter contra él, ni se avala la legitimidad de la, realmente
      espantosa, que sufrió en su momento, ni tampoco se le escarnece por el hecho de haberla padecido. Lo único
      que abiertamente sugiere la expresión trascrita -como muy bien se explica en la sentencia impugnada- es que
      el que la emite se refiere al Florian de enero de 2014, ya convertido en significativo exponente de un partido
      político, objeto mediato de la invectiva.
      Por todo lo expuesto, y porque la sentencia impugnada hace un convincente y prudente esfuerzo de análisis y
      de contextualización, bien argumentado, que comparto, creo que tendría que haberse desestimado el recurso
      del Ministerio Fiscal.
      Fdo.: Perfecto Andrés Ibáñez
      PUBLICACIÓN .- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.
      D. Manuel Marchena Gómez, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda
      del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a

    • RECURSO CASACION núm.: 4217/2014
      Ponente: Excma. Sra. D.ª María Isabel Perelló Doménech
      Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente
      Lamarca
      TRIBUNAL SUPREMO
      Sala de lo Contencioso-Administrativo
      Sección Tercera
      Sentencia núm. 1033/2017
      Excmos. Sres. y Excma. Sra.
      D. Pedro José Yagüe Gil, presidente
      D. Eduardo Espín Templado
      D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
      Dª. María Isabel Perelló Domenech
      D. José María del Riego Valledor
      D. Ángel Ramón Arozamena Laso
      En Madrid, a 13 de junio de 2017.
      Esta Sala ha visto constituida la sección tercera por los magistrados al
      margen relacionados, el recurso de casación número 4217/2014, interpuesto
      por la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE COSECHEROS EXPORTADORES DE
      TOMATES DE TENERIFE (ACETO), representada por la Procuradora Dª
      Maria del Carmen Benítez López, contra la sentencia de fecha 14 de marzo de
      2014 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
      Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Las Palmas de
      Gran Canaria-, en el recurso número 41/2011, sobre Subvención. Ha sido
      parte como recurrida el Abogado del Estado en la representación que ostenta
      de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
      Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María Isabel Perelló Doménech.
      RECURSO CASACION/4217/2014
      2
      ANTECEDENTES DE HECHO
      PRIMERO.- En el procedimiento contencioso-administrativo número
      41/11, seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
      Superior de Justicia de Canarias, la Asociación Provincial de Cosecheros
      Exportadores de Tomates de Tenerife (ACETO) recurría la Resolución del
      Delegado de Gobierno de Canarias de 17 de enero de 2011, en el expediente
      de reintegro de subvención «ACETO 2002-2003», por importe de 6.184.804,82
      euros (4.352.410,28 euros en concepto de principal y 1.832.394,54 euros de
      intereses) otorgada por resolución del Delegado del Gobierno en Canarias de
      15 de mayo de 2003 para la compensación al transporte marítimo y aéreo de
      mercancías con origen o destino en las Islas Canarias, reguladas por Real
      Decreto 199/2000, de 11 de febrero, correspondientes al ejercicio 2002.
      SEGUNDO.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
      Superior de Justicia de Canarias, dictó sentencia de fecha 14 de marzo de
      2014, en el procedimiento contencioso-administrativo número 41/11, cuya
      parte dispositiva dice textualmente:
      «FALLAMOS.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
      Procuradora de los Tribunales Dª Maria del Carmen Benítez López, en nombre y
      representación de ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE COSECHEROS EXPORTADORES
      DE TOMATES DE TENERIFE (ACETO) contra el acto administrativo contra la
      Resolución a que hace referencia el Fundamento de Derecho Primero de esta
      resolución.»
      Contra la referida sentencia, la representación procesal de ACETO,
      preparo recurso de casación que la Sala de lo Contencioso Administrativo del
      Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tuvo por preparado al tiempo que,
      ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de
      los litigantes.
      RECURSO CASACION/4217/2014
      3
      TERCERO.- Emplazadas las partes, compareció en tiempo y forma
      ante el Tribunal Supremo la recurrente, que mediante escrito de interposición
      del recurso de casación de 22 de diciembre de 2014, expuso los diez motivos
      de casación siguientes :
      Primero: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por incumplimiento
      de los plazos máximos para formular discrepancia. La sentencia
      infringe los artículos 53 y 54 de la LRJPAC, la jurisprudencia que los
      interpreta y el artículo 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
      General de Subvenciones, y por su relación, el artículo 155 de la Ley
      47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lo que
      determina el sentido desestimatorio del fallo respecto del primer
      motivo alegado y el rechazo de la prescripción.
      Segundo: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por error en la
      valoración de la prueba al determinar la finalidad del primer escrito de
      discrepancia de la delegación del gobierno. Infracción de los artículos
      316.2, 348 y 376 de la LEC, y lo previsto para la valoración de los
      documentos públicos (art. 319 LEC) y valoración de los interrogatorios
      de testigos (artículo 376 LEC). Lo que conlleva la violación del
      derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 y 9.3
      CE, por un ejercicio arbitrario del poder jurisdiccional.
      Tercero: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por incumplimiento de
      las reglas del procedimiento administrativo, con infracción de los
      artículos 3, 42, 44 y 47 LRJPAC, junto con la jurisprudencia que los
      interpreta, los cuales establecen el carácter imperativo de los trámites
      y plazos procedimentales esenciales y las consecuencias de su
      incumplimiento, determinante de nulidad (cuando afectan a derechos
      fundamentales) o de anulabilidad. Asimismo se infringen los artículos
      5.1 y 42 de la LGS (que establecen la aplicabilidad de la LRJPAC en
      materia de subvenciones) y el artículo 96.4 del Reglamento de
      desarrollo del citado texto legal Y el incumplimiento de los artículos
      9.3 y 103.1 CE, al negar la obligación de las Administraciones
      Públicas de sujetarse a la Ley y quebrantarse el principio de
      seguridad jurídica.
      Cuarto: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por omisión del trámite
      de audiencia en el expediente de reintegro. La sentencia vulnera las
      normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para
      resolver las cuestiones debatidas. La decisión del Tribunal Superior
      de Justicia es contraria a los principios generales y normativa
      reguladora del procedimiento administrativo porque, si bien acepta
      que se omitió el trámite de audiencia a ACETO en el expediente,
      estima que es intrascendente. Se considera vulnerados los artículos
      62, 80.2 y 84.4 LRJPAC, el artículo 24 CE, y la jurisprudencia que los
      aplica e interpreta, además del articulo 42.1 LGS que establece que el
      procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones generales
      sobre procedimientos administrativos de la LRJPAC, e artículo 42.3
      RECURSO CASACION/4217/2014
      4
      LGS que garantiza el derecho de audiencia en el procedimiento de
      reintegro.
      Quinto: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por infracción de las
      reglas de la revisión de actos administrativos. con vulneración de los
      artículos 3.1, 102, y 103 LRJPAC, del artículo 103 CE, porque la sala
      de instancia admite que, en el seno de un procedimiento de control
      financiero y de reintegro, cabe la revisión de actos administrativos,
      distintos al acto de otorgamiento de la ayuda, sin necesidad de ningún
      tipo de tramitación específica.
      Sexto: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por errónea valoración
      jurídica de la prueba practicada en el proceso y apreciación de una
      causa de reintegro inexistente, en relación con 1) el informe de EDEI
      emitido a petición del Ministerio para determinar el coste promedio del
      transporte Canarias-Cádiz. 2) el informe de la Dirección General de
      Programación Económica y Presupuestos. 3)el informe de la
      Intervención. 4) el Dictamen de D. Gerardo Polo y D. Pedro Suárez. El
      fallo no responde a los parámetros admisibles de enjuiciamiento,
      debiendo entenderse infringidas las reglas generales de valoración, y
      con ello la LGS por estimar la concurrencia de una causa de reintegro
      no demostrada.
      Séptimo: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por inaplicación del
      principio de proporcionalidad. En caso de estimarse que concurre una
      causa de reintegro es necesaria que se aprecie la proporcionalidad,
      dada la ejecución de la actividad subvencionable (íntegramente) y las
      circunstancias del caso. Denuncia la infracción del artículo 17.3 n) de
      la LGS, el artículo 37.2 LGS e igualmente del artículo 93.2 del
      Reglamento de desarrollo (RGS).
      Octavo: Al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA, por indebida
      liquidación de intereses de demora. La sentencia de instancia rechaza
      la pretensión de no poder devengarse intereses de demora durante
      los períodos en que la administración sobrepasó los plazos máximos
      de resolución (en concreto, durante el plazo de dieciséis meses, en
      lugar de los dos previstos en la LGS, que el Ministerio de Fomento
      empleó en resolver la discrepancia). La Sala infringe los artículos
      24.1, 103.1 y 106.1 CE, junto con la jurisprudencia que los interpreta.
      Igualmente, se alega la quiebra del artículo 38 LGS y del artículo 26.4
      de la LG Tributaria, que recogen análogos principios al respecto.
      Noveno: Al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA, por incongruencia
      omisiva en relación con S.A.T. Bonny SA, La sentencia de instancia
      desestimó las pretensiones, y se ha utilizado la sentencia recaída en
      otro procedimiento judicial sustancialmente similar, sin detenerse a
      dar respuesta a las particulares circunstancias aducidas por ACETO
      en su recurso -en concreto en relación con la particular dinámica de
      transporte de uno de sus asociados-. Esto supone un
      quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de
      las normas reguladoras de la sentencia, vulnera los artículos 33 y 67.1
      LJCA, al constituir una decisión manifiestamente incongruente y
      carente de una motivación que permita conocer las verdaderas
      RECURSO CASACION/4217/2014
      5
      razones que sirvieron de fundamento al Tribunal para desestimar los
      argumentos de la recurrente. Vulneración del articulo 218 LEC, el cual
      obliga a que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con
      las demandas de las partes.
      Décimo: Al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA, por denegación de
      medios de prueba esenciales e indefensión de S.A.T. BONNY SA, por
      quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, pues la sentencia
      limita de forma injustificada los medios de defensa de la recurrente y
      vulnera el artículo 24.2 CE. La Administración demandada para
      acordar el reintegro de la subvención concedida al asociado S.A.T.
      BONNY SA manifestó en su resolución que “el asociado BONNY SA
      es el único que aporta movimientos de cuenta corriente como
      justificación del pago, sin embargo en el concepto de los cargos figura
      un código de cifras que no permite acreditar quién es el perceptor”.

      Terminando por suplicar dicte sentencia por la que declare haber lugar
      al recurso, case y anule la sentencia de instancia, dictando otra por la que
      acuerde la no conformidad a derecho de la Resolución de la Delegación del
      Gobierno en Canarias, de fecha 17 de enero de 2011, dictada en el expediente
      de reintegro «ACETO 2002-2003», por la que se declara la obligación de
      ACETO de reintegrar a la Administración Pública la cantidad total de
      6.184.804,82 euros (4.352.410,28 euros de principal, y 1.832.394,54 euros de
      intereses) acordando dejarla sin efecto.
      CUARTO.- Admitido el recurso de casación, el Abogado del Estado
      presentó escrito de oposición al recurso en fecha 20 de mayo de 2015, en el
      que suplica dicte sentencia por la que se rechacen los motivos, y en su caso
      se inadmitan, y el recurso, confirmando la sentencia recurrida, con costas.
      QUINTO.- Se señaló para votación y fallo el día 6 de junio de 2017,
      fecha en que ha tenido lugar, con observancia de las disposiciones legales.
      FUNDAMENTOS DE DERECHO
      PRIMERO.- La Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de
      Tomates de Tenerife (ACETO) formula el presente recurso de casación contra
      RECURSO CASACION/4217/2014
      6
      la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
      de Justicia de Canarias (Sección Segunda) de 14 de marzo de 2014, por la
      que se desestimó el recurso interpuesto por dicha Asociación contra la
      resolución dictada por el Delegado del Gobierno de Canarias de 17 de enero
      de 2011, sobre reintegro de subvenciones por un importe de 6.184.804,82€ –
      correspondientes a 4.352,28 € de principal y 1.832.394,54 € de intereses-.

      Dicha subvención había sido otorgada a ACETO por resolución del
      Delegado de Gobierno de Canarias de 15 de mayo de 2003 por la
      compensación para el transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o
      destino en las Islas Canarias, reguladas por Real Decreto 199/2000, de 11 de
      febrero, correspondiente al ejercicio 2002.
      SEGUNDO.- El adecuado análisis de este recurso exige alterar el orden
      planteado, comenzando por el examen de los motivos de casación tercero y
      cuarto en los que se suscita la nulidad del procedimiento administrativo o de
      trámites esenciales del mismo, que conllevaría la nulidad de la resolución
      administrativa adoptada. Ambos motivos van a ser tratados conjuntamente,
      pues en ellos se denuncia la inobservancia de diversos trámites o plazos del
      procedimiento (motivo tercero), y muy destacadamente la denegación de un
      nuevo trámite de audiencia, tras la práctica de nuevas actuaciones que fueron
      relevantes para la resolución finalmente adoptada (motivo cuarto). Y -continúa
      la Asociación recurrente- ello determina la ausencia total del procedimiento o
      de trámites esenciales del mismo que conlleva la nulidad de pleno derecho ex
      art. 62 de la Ley 30/1992 o su anulabilidad con arreglo al art. 63.3 de dicha
      norma.
      Pues bien, el planteamiento de los motivos tercero y cuarto del
      presente recurso de casación es del todo similar a los del recurso de casación
      promovido por la Federación de Productores y Exportadores de Productos
      Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (FEDEX) tramitado bajo el
      número 7/2017 en el que dictamos Sentencia el 1 de marzo de 2016, que
      resuelve las cuestiones que ahora se suscitan, a cuya fundamentación jurídica
      nos hemos de remitir. Dijimos entonces:
      RECURSO CASACION/4217/2014
      7
      <>
      Pues bien, las anteriores consideraciones jurídicas son plenamente
      aplicables al supuesto aquí examinado, en el que la fundamentación jurídica
      de la sentencia impugnada es del todo coincidente con la del Tribunal Superior
      de Canarias (sentencia de fecha 7 de noviembre de 2012, dictada en el
      recurso 42/2011, que se transcribe en la sentencia de esta Sala de 1 de marzo
      de 2016, (RCA 7/2013), salvo la referencia al informe de control financiero de
      fecha 14 de abril de 2008, emitido en relación a la aquí recurrente ACETO, en
      el que se rechazan las alegaciones esgrimidas por esta entidad y se insiste, al
      igual que en el caso de FEDEX, en la procedencia de continuar con el informe
      de reintegro de la subvención y del expediente de reintegro de las
      subvenciones abonadas en concepto de compensación al transporte marítimo
      de mercancías exigible a ACETO. Todo ello determina la desestimación de la
      alegación.
      Finalmente, aduce la Asociación recurrente que debió concederse un
      nuevo trámite de audiencia, argumentando que después del trámite inicial se
      practicaron numerosas actuaciones que deberían haber motivado la concesión
      de un nuevo trámite de alegaciones. Tales actuaciones las concreta en los
      informes emitidos por la Abogacía del Estado sobre la concurrencia de la
      caducidad del expediente y sobre la necesidad de conceder nuevo trámite de
      audiencia, el informe de la Delegación del Gobierno en Canarias, en cuanto
      órgano gestor, valorando sus alegaciones y el posterior informe de la
      Intervención oponiéndose a las alegaciones y negándose a conceder un nuevo
      trámite de audiencia.
      A tal efecto, ha de destacarse que tras la iniciación del expediente de
      reintegro acordada por la Delegada del Gobierno en Canarias se concedió a
      ACETO un plazo de 15 días para que presentara alegaciones o los
      documentos que estimase pertinentes. ACETO presentó sus alegaciones el 23
      de marzo de 2010 (folios 261 a 345) en el que entre otras cuestiones,
      RECURSO CASACION/4217/2014
      12
      planteaba la caducidad del procedimiento y, en su caso, la prescripción del
      derecho al reintegro.
      A la vista de estas alegaciones la Delegada del Gobierno en Canarias
      solicitó del Ministerio de Fomento un informe sobre la caducidad y la
      prescripción. Se emitió un informe por la Abogacía del Estado de dicho
      Ministerio, de fecha 31 de mayo de 2010 (folios 385 a 394), considerando que
      no se había producido la caducidad ni la prescripción del derecho a exigir el
      reintegro.
      La Subdelegación del Gobierno en las Palmas solicitó informe de la
      Abogacía del Estado sobre la necesidad de conceder un nuevo trámite de
      audiencia a la vista del informe emitido por la Abogacía del Estado del
      Ministerio de Fomento sobre la caducidad.
      El 21 de octubre de 2010 la Abogacía del Estado en las Palmas emitió
      el informe solicitado (folios 396 a 399) en el que concluía que “De acuerdo con
      las consideraciones efectuadas en el informe de la Abogacía General del
      Estado 5/2008, y a la vista de que con posterioridad al trámite de alegaciones
      se ha incorporado al expediente hechos, alegaciones o pruebas diferentes a
      los aducidos por el interesado se considera que procede, a instancia de la
      IGAE, y con carácter previo a la emisión del informe de reintegro, conceder
      trámite de audiencia”.
      La Delegación del Gobierno en Canarias realizó, al amparo del art. 51.3
      de la LGS, el informe de 22 de octubre de 2010 de valoración de las
      alegaciones (folios 426 a 445), entre las que incluía las consideraciones
      jurídicas y conclusiones del informe de la Abogacía del Estado del Ministerio
      de Fomento de 31 mayo de 2010, concluyendo su conformidad con el inicio del
      expediente de reintegro por la cifra de 4.352.410,28 €.
      La Intervención Regional, el 18 de noviembre de 2010 (folio 451),
      consideró que no era necesario someter el procedimiento a un nuevo trámite
      de audiencia por lo que procedía la continuación del expediente de reintegro
      RECURSO CASACION/4217/2014
      13
      por el importe ya indicado. Ante la discrepancia manifestada por la
      Intervención Regional de Canarias se solicitó a la Abogacía General del
      Estado un informe que aclarase las discrepancias. Informe que se emitió de 14
      de enero de 2011 (folios 455 a 468 del expediente) en el que consideró que
      podía prescindirse del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución
      por entender que el informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de
      Fomento no constituye un hecho nuevo, alegación o prueba nuevas en los
      términos previsto en el art. 84.4 de la Ley 30/1992 que haga necesario
      conceder a las entidades beneficiarias un nuevo trámite de audiencia, al
      limitarse a responder a las cuestiones planteadas en su escrito de alegaciones
      Pues bien, la solicitud de un informe a los servicios jurídicos del órgano
      gestor para que se pronunciase sobre una alegación jurídica planteada por la
      beneficiaria de la ayuda en su inicial de escrito de alegaciones (la caducidad
      del procedimiento y eventualmente la prescripción del derecho a reclamar) no
      constituye un hecho, alegación o prueba nueva en los términos previsto en el
      art. 84.4 de la Ley 30/1992 que haga necesario conceder a las entidades
      beneficiarias un nuevo trámite de audiencia, al limitarse a responder a las
      cuestiones planteadas por el afectado en su escrito de alegaciones. Tampoco
      puede tomarse como tal los informes emitidos, en previsión de lo dispuesto en
      las normas de procedimiento, por el órgano gestor y la intervención valorando
      las alegaciones presentadas por ACETO ya que en dichos informes no se
      introducen nuevos hechos o alegaciones al debate, limitándose a cumplir con
      los trámites exigidos en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento, en
      los que no se prevé un trámite de “replica” a los informes de dichos
      organismos antes de dictarse la propuesta de resolución.
      Por todo ello, no puede entenderse que el incumplimiento de los plazos
      o las irregularidades denunciadas, determinen la inexistencia de un
      procedimiento o de sus trámites esenciales determinantes de la nulidad. Sin
      que tampoco se aprecie, conforme a lo ya razonado, el incumplimiento de
      trámites del procedimiento determinantes de su anulabilidad en los términos
      que acabamos de razonar. Por lo expuesto, se desestiman los motivos tercero
      y cuarto.
      RECURSO CASACION/4217/2014
      14
      TERCERO. Los motivos primero y segundo del recurso denuncian el
      incumplimiento de los plazos máximos para formular la discrepancia motivada,
      prevista en los artículos 51 de la LGS y en el artículo 155 de la LGP y la
      valoración arbitraria de dicho documento por el Tribunal de instancia, en
      términos totalmente similares a los suscitados en los correlativos motivos 1 y 2
      del recurso de casación formulado por FEDEX número 7/2013, en el que
      dictamos la sentencia de 1 de marzo de 2016, a la que nuevamente hemos de
      remitirnos.
      El artículo 51.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
      Subvenciones, establece que “el órgano gestor deberá comunicar a la
      Intervención General de la Administración del Estado en el plazo de un mes a
      partir de la recepción del informe de control financiero la incoación del
      expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación, que deberá ser
      motivada. En este último caso, la Intervención General de la Administración del
      Estado podrá emitir informe de actuación dirigido al titular del departamento
      del que dependa o esté adscrito el órgano gestor de la subvención, del que
      dará traslado asimismo al órgano gestor”.
      El transcurso del plazo de un mes sin que se hubiera iniciado el
      procedimiento de reintegro, o, en su caso, se hubiera planteado la oportuna
      discrepancia, produce los efectos que prevé expresamente el artículo 96.4 del
      Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
      de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellos
      que “no se considerará interrumpida la prescripción por las actuaciones de
      control financiero de las que la propuesta de inicio del procedimiento trajera
      causa”, añadiéndose que “el órgano gestor no quedará liberado de su
      obligación de iniciar el procedimiento de reintegro, sin perjuicio de las
      responsabilidades que se deriven de la prescripción del derecho a iniciar el
      referido procedimiento como consecuencia del incumplimiento de la obligación
      en plazo.”
      RECURSO CASACION/4217/2014
      15
      La asociación recurrente considera que la única comunicación remitida
      por la Delegación del Gobierno dentro del plazo de un mes desde la recepción
      del informe del control financiero de la Intervención es un mero anuncio de que
      formulará la discrepancia en un plazo de quince días sobre algunos extremos,
      pero no expone los hechos ni los fundamentos o razones en los que funda su
      discrepancia, careciendo de la necesaria motivación y resultando inútil para
      servir a la finalidad para la que está prevista: que la Intervención, a la vista de
      lo alegado por el órgano gestor, pueda reconsiderar su postura inicial. A su
      juicio, no basta una mera comunicación sino que la Ley exige el planteamiento
      de una auténtica discrepancia en la que el órgano gestor (en nuestro caso la
      Delegación del Gobierno) fije la posición contraria a la incoación del
      expediente de reintegro, frente a la cual la intervención debe acudir al titular
      del departamento.
      La comunicación remitida por la Delegación del Gobierno el 16 de
      mayo de 2008 (dentro del plazo de un mes fijado por la ley, folio 158) afirmaba
      que “Habiéndose recibido en la Delegación del Gobierno de España en
      Canarias el informe de Control financiero de Subvenciones efectuado a la
      Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife
      (ACETO) correspondiente al ejercicio 2003, le comunico que, de conformidad
      con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
      General de Subvenciones (B.O.E.nº 276, de 18 de noviembre), esta institución
      está finalizando la elaboración del documento de discrepancia, que le será
      remitido en el plazo máximo de 15 días”. Los motivos que sucintamente
      fundamentarán las alegaciones de la discrepancia serán, entre otros, los
      siguientes:
      « – La no condición de beneficiario de la subvención que ostenta la
      Asociación sometida a control financiero.
      – Cálculo del coste de los fletes pagados.
      – Fijación del concepto de flujos monetarios.
      – Aplicación del concepto de transporte de mercancías en régimen de
      contratación CIF o FOB.»
      RECURSO CASACION/4217/2014
      16
      Posteriormente, el 28 de mayo de 2008 (folio 160) realizó un nuevo
      informe discrepante, que se emitió fuera del plazo de un mes. Dicho informe
      que se consideró una “ampliación a las discrepancias formuladas el 16 de
      mayo de 2008” profundizaba en los reparos respecto a la confusión en la figura
      del beneficiario de la subvención obligado al reintegro, la existencia de una
      cierta contradicción en el régimen regulado de los beneficiarios de las
      compensaciones (la imposibilidad de que el exportador en algunos casos,
      como es el régimen FOB, pueda acreditar haber pagado los fletes) y en el
      cálculo del coste de los fletes pagados. En definitiva, de forma mucho más
      detallada, abordaba los mismos problemas que ya anunció en el primer escrito
      manifestando su discrepancia, con la única salvedad de la referencia a la
      “fijación del concepto de flujos monetarios”.
      La sentencia de instancia centra adecuadamente el problema cuando
      argumenta en el segundo de los fundamentos jurídicos que la declaración de
      voluntad en el escrito inicial resulta inequívoca y que el punto esencial es la
      motivación, afirmando “si es inexistente o superflua habría que inducir que el
      único fin de esta actuación era la de evitar la prescripción. Si, por el contrario,
      resulta suficiente, por ser adecuada a la finalidad perseguida, se habría
      cumplido el texto de la ley”.
      Así mismo coincidimos con lo señalado en la sentencia de instancia
      cuando a continuación afirma que “La naturaleza y finalidad del trámite de
      discrepancia (artículo 51 de la LGS) delimita los contornos de esta exigencia
      de motivación. Lo necesario es que el órgano gestor exprese las “razones” por
      las que, a su entender, no resulta procedente la apertura del procedimiento de
      reintegro, con el fin de que la propia Intervención, en primer lugar, el titular del
      departamento en segundo lugar y el órgano finalmente llamado a decidir,
      pueda reconsiderar su postura inicial. De acuerdo con esta finalidad, es
      bastante expresar sucintamente las causas de la discrepancia, siguiera se
      enuncien en términos genéricos y por más que las mismas resulten a la postre
      -valoradas por el informe de actuación de la IGAE, por el titular del
      departamento o por el órgano llamado finalmente a decidir- inconsistentes o
      infundadas”.
      RECURSO CASACION/4217/2014
      17
      La discrepancia ya anunciada en ese primer escrito cumple con la
      anterior exigencia y así resulta del propio informe de actuación al rebatirlas,
      pues a la postre fue el “cálculo del coste de los fletes pagados” lo que motivó
      el reintegro solicitado.
      En el motivo segundo se denuncia la infracción de diversos preceptos
      referidos a las reglas generales de valoración de la prueba, la valoración del
      interrogatorio de los testigos (art. 376 de la LEC), de los documentos públicos
      (319 de la LEC).El desarrollo de este motivo centra su discrepancia en la
      valoración del documento público antes referido, en el que la Delegación del
      Gobierno anunciaba su discrepancia sobre determinados extremos del informe
      de la intervención, por lo que ninguna incidencia tiene en este punto la
      invocada infracción de los preceptos de la LEC referidos a la valoración
      interrogatorio de las partes de los dictámenes periciales o de la prueba
      testifical.
      Su discrepancia se centra en la valoración que realiza el Tribunal
      Superior de Justicia al considerar que la comunicación remitida por la
      Delegación del Gobierno anunciando su discrepancia estaba suficientemente
      motivada y cumplía con la normativa, apartándose de lo afirmado literalmente
      en dicho documento (ésta institución está finalizando la elaboración del
      documento”) mediante un razonamiento ilógico o arbitrario que carece de
      respaldo. Este motivo, tal y como hemos razonado anteriormente, está
      íntimamente vinculado con la valoración de dicho documento y el alcance que
      tiene, por lo que debemos remitirlos a lo afirmado anteriormente. Se
      desestiman los motivos primero y segundo.
      CUARTO.- El Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, tiene por
      objeto subvencionar los costes del transporte de determinadas mercancías,
      entre las que se encuentran los productos agrícolas originarios de Canarias
      transportados a la península o exportadas a países integrantes de la Unión
      Europea”. La Exposición de Motivos afirma a tal efecto, que “Este Real
      Decreto, que cuenta con el acuerdo del Gobierno de Canarias, viene a dar
      RECURSO CASACION/4217/2014
      18
      cumplimiento a dicho mandato legal con el objetivo de abaratar el coste
      efectivo del transporte y establecer un sistema que garantice su incidencia
      directa en dicho coste, teniendo en cuenta el principio de continuidad territorial
      con la península”,y se confirma a lo largo del articulado. Así, el artículo 1º
      afirma que “Se establece un sistema de compensaciones que permita abaratar
      el coste efectivo del transporte de mercancías entre las islas Canarias, entre
      éstas y la península y el efectuado entre aquéllas y los países integrantes de la
      Unión Europea” y se confirma en el artículo 13 al afirmar que serán
      beneficiarios de las compensaciones, en el caso de mercancías originarias de
      Canarias transportadas a la península o exportadas a países integrantes de la
      Unión Europea, “el remitente o expedidor de las mercancías con
      independencia de que éstas hayan sido vendidas en régimen de contratación
      CIF («costo seguro y flete») o FOB («franco a bordo»)” siempre que éste haya
      soportado los costes del transporte (art. 13 en su último párrafo). De modo que
      son los costes del transporte de dichas mercancías los que constituyen el
      objeto subvencionable.
      No se plantean dudas de la realidad de las exportaciones y kilos de
      productos transportados, pero sí en torno al coste de los fletes fijados por
      dicha compañía naviera, por considerarse que los costes del transporte
      incorporados a la solicitud de ayuda son muy superiores a los costes de
      transporte de las navieras independientes (el coste de transporte de tomates
      cuesta más del doble y los pepinos dos veces y media más que el coste de
      otras las navieras independientes) en lo que se refiere a la estructura para
      exportar a través la “Naviera FEDEX-ACETO Servicios”, y también respecto a
      la asociada BONNYSA, que contrataba directamente el transporte con la
      empresa “Atlantic Transport SL” siendo así que el coste de los barcos para
      transportar sus productos es, según la resolución administrativa impugnada “el
      doble o el triple del coste de transporte operado por otras navieras”.
      El motivo planteado denuncia la infracción de las reglas de la revisión
      de actos administrativos y consiguientemente de los artículos 3.1, 102 y 103
      de la Ley 30/1992 en la medida que la sentencia de instancia admite que en el
      seno de un procedimiento de control financiero cabe la revisión de actos
      RECURSO CASACION/4217/2014

    • al “flete promedio” hay que ponerla en relación con la
      previsión establecida en el artículo 15.2 de dicha norma en la que se establece
      que “El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias
      determinará los promedios de los costes de los fletes más representativos para
      cada uno de los sectores y trayectos a que se refieren los arts. 3 a 7 de este
      Real Decreto, a efectos de la aplicación a las solicitudes presentadas”. La
      fijación de ese “flete promedio” se produjo por resolución del Delegado del
      Gobierno en Canarias de 14 de mayo de 2003, en cumplimiento de lo
      dispuesto en el art. 15.2 del Real Decreto 199/2000, aprobando los promedios
      generales de los fletes (trayecto Canarias- Cádiz) para todos los productos y
      transportes susceptibles de ser subvencionados. Y posteriormente, mediante
      una resolución independiente de aquella, el Delegado del Gobierno dictó
      nueva resolución, de fecha 15 de mayo de 2003, concediendo a FEDEX una
      subvención por importe de 8.305.896,66 € para compensar el coste del
      transporte marítimo de las Islas Canarias a la Península y al resto de los
      países de la Unión Europea de productos hortofrutícolas durante el ejercicio
      2002.
      Pues bien, la resolución administrativa que ordena el reintegro razona
      que no es posible determinar el coste real del flete pagado por la compañía al
      no disponer de la documentación que acredite dicho pago, ni las facturas de
      flete ni las tarifas portuarias correspondientes a la mercancía transportada. Al
      mismo tiempo, también descarta el coste de “flete promedio” fijado por la
      Delegación, por considerarlo incorrecto. Así se desprende claramente del
      informe del control financiero realizado por la Intervención Territorial de las
      Palmas de 16 de abril de 2008 señala que “el cálculo del coste de los fletes
      promedios fijados por la Denegación del Gobierno […] está absolutamente
      condicionado por los importes solicitados por FEDEX y ACETO, ya que
      prácticamente son los únicos beneficiarios que realizan este transporte. Por
      tanto, si los importes solicitados están por encima de la suma de los conceptos
      que son objeto de subvención y además sus solicitudes contienen errores que
      RECURSO CASACION/4217/2014
      22
      elevan estos importes, se produce una valor de flete promedio superior al
      debido y por tanto incapaz de limitar las solicitudes de subvención por encima
      de un valor de referencia concreto”. Así se asume también por la resolución
      administrativa impugnada que ordena el reintegro, en la que se afirma “[…] es
      evidente que el cálculo de un promedio se basa en los datos aportados por los
      solicitantes y si, para un sector concreto “tomates” y “pepinos” y un trayecto
      determinado “Unión Europea” y “Cádiz” los únicos datos los aporta un
      solicitante y estos están desvirtuados, el resultado será un coste promedio
      desvirtuado” añadiendo más adelante “el coste promedio resuelto por la
      Delegación del Gobierno en Canarias por el transporte de tomates de las Islas
      a Cádiz, estaba calculado, en exclusiva, por los datos suministrados por los
      solicitantes y, dado que estos estaban alzados sistemáticamente por costes no
      subvencionables, el resultado también esta incrementado al alza”.
      Descartados ambos mecanismos de cálculo, los previstos
      precisamente en la normativa vigente, la resolución administrativa llega a la
      conclusión de que el flete realmente pagado por dicha compañía debe ser
      inferior al declarado y al flete promedio previamente fijado por la Delegación
      del Gobierno, y para ello realiza una estimación en relación con otras
      compañías que operan en este tipo de transporte asumiendo que su coste real
      ha de ser como mínimo igual al de estas y, por lo tanto, inferior al declarado.
      Razonamiento que, en definitiva, al no poder establecer el “flete efectivamente
      satisfecho” por dicha compañía, implica calcular un nuevo “flete promedio” por
      relación al coste de otras compañías independientes.
      Tiene razón la parte recurrente cuando cuestiona esta forma de actuar,
      pues implica un nuevo cálculo del coste promedio sin acudir al procedimiento
      de revisión de oficio. Tal y como hemos señalado anteriormente, la
      determinación por la Delegación del Gobierno en Canarias del “flete promedio”
      a partir de los costes de los fletes más representativos para cada uno de los
      sectores y trayectos se aprueba mediante resolución, con carácter previo al
      otorgamiento de las ayudas a cada uno de los beneficiarios. Su determinación
      se hace por un acto administrativo distinto y previo a la concesión de la
      subvención, que opera como uno de los límites posibles a considerar en el
      RECURSO CASACION/4217/2014
      23
      otorgamiento de las ayudas, y que tiene un alcance general en cuanto dirigido
      a pluralidad de destinatarios, pues se aplica a todos los beneficiarios.
      La Administración podría haber demostrado que el flete efectivamente
      satisfecho por la compañía es inferior al percibido como subvención y no
      existiría ningún reproche a la resolución administrativa que demostrase ese
      desfase. Pero en este caso, la Administración admite que no puede demostrar
      que la empresa hubiese efectivamente satisfecho un flete inferior al declarado,
      basando su decisión en una doble suposición: que el flete efectivamente
      pagado por dicha compañía es inferior al declarado, acudiendo para ello al
      coste medio de otras compañías independientes, por lo que entiende que su
      coste real debe al menos ser igual a los costes por flete de las compañías
      analizadas; y que el “flete promedio” en su día fijado por la resolución del
      Delegado del Gobierno en Canarias se basa en cálculos erróneos y no puede
      ser aceptado.
      Ello implica prescindir de las previsiones contenidas en el Real Decreto
      respecto de los límites del flete subvencionable, pues ni demuestra que el flete
      efectivamente satisfecho, es decir, la cantidad realmente pagada por la
      compañía, fuera inferior a la declarada, ni es posible cuestionar el flete
      promedio, por incorrecto, al tiempo de proceder a la reintegro de una
      subvención concreta.
      En el primer caso se parte de una premisa que, aun siendo lógica, no
      necesariamente es cierta, pues es posible que dicha compañía operase con
      unos costes reales de transportes superiores a aquellas otras que toma como
      referencia. Y ello puede deberse a que los costes tomados en consideración
      respondan a costes no asimilables (fletes de oportunidad o en diferentes
      condiciones de conservación de los productos) o simplemente por haber
      incurrido en una mala gestión económica, pero en ambos casos es preciso
      demostrar que la cantidad subvencionada era superior a los costes reales de
      transporte en que efectivamente incurrió dicha compañía, cualesquiera que
      estos sean.
      RECURSO CASACION/4217/2014
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      Tampoco es posible descalificar y prescindir del “flete promedio” fijado
      por la Delegación del Gobierno, pues su revisión exigiría acudir al
      procedimiento de revisión de oficio. Es posible como sostiene el Abogado del
      Estado en la instancia, y asume la sentencia, que el cálculo del coste promedio
      del flete no fuese correcto, al estar tomando como referencia unos datos no
      fiables, pero la conformidad a derecho de esta decisión no es objeto de este
      pleito ni puede ser abordada con motivo de un reintegro de una subvención
      concreta. Una vez fijado el coste promedio por el Delegado del Gobierno, si se
      considera que esta resolución no es acertada la Administración debió acudir a
      la revisión de oficio, sin que pueda cuestionarla por vía de un expediente de
      reintegro de una subvención concreta a una compañía, pues al margen de que
      estaría incidiendo sobre una resolución distinta a la que puede ser objeto de
      reintegro y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello,
      también sería contrario al principio de igualdad pues solo cuestionaría dicha
      resolución respecto del coste aplicable a una sola compañía dejando que las
      restantes pudieran beneficiarse de la aplicación de ese coste promedio como
      mínimo intangible.
      En definitiva, la resolución administrativa pretende “recalcular” el flete
      promedio acudiendo a los costes de otras compañías independientes para
      aplicar este nuevo cálculo como límite máximo aplicable, y ello no es conforme
      a derecho.>>
      Las consideraciones jurídicas expuestas en relación a la entidad
      FEDEX son plenamente trasladables a la asociación aquí recurrente ACETO,
      pues la resolución administrativa que entonces se impugnó razona en la
      misma clave que la que da origen al presente recurso de casación, siendo
      similares las circunstancias concurrentes y el núcleo del litigio, que gira en
      torno a los costes del transporte naviero de los productos hortofrutícolas, su
      determinación y la posibilidad de la ulterior revisión del flete promedio fijado
      con anterioridad por el Delegado de Gobierno de Canarias. Con arreglo a los
      razonamientos expuestos, en los que concluimos que la resolución
      administrativa que pretende el recálculo de los costes promedios «acudiendo a
      los costes de otras compañías independientes para aplicar este nuevo cálculo
      RECURSO CASACION/4217/2014
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      como límite máximo aplicable» no es conforme a derecho, procede la
      estimación de este motivo de casación, lo cual hace innecesario abordar el
      resto de los planteados.
      La estimación del motivo supone casar la sentencia de instancia y
      estimar el recurso interpuesto por la Asociación Provincial de Cosecheros
      Exportadores de Tomates de Tenerife (ACETO) contra la resolución dictada
      por el Delegado del Gobierno de Canarias de 17 de enero de 2011 sobre
      reintegro de subvenciones por importe 4.352.410,28 € de principal y
      1.832.394,54 € de intereses, anulando dicha resolución.
      QUINTO.- Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso de
      casación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena en
      costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ.
      F A L L O
      Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le
      confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
      PRIMERO.- HA LUGAR al recurso de casación número 4217/2014,
      interpuesto por la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE COSECHEROS
      EXPORTADORES DE TOMATES DE TENERIFE (ACETO), contra la
      sentencia de fecha 14 de marzo de 2014 dictada por la Sección Segunda de la
      Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
      Canarias -Las Palmas de Gran Canaria-, en el recurso número 41/2011, que
      se casa y anula.
      RECURSO CASACION/4217/2014
      26
      SEGUNDO.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número
      41/2011 interpuesto por la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE COSECHEROS
      EXPORTADORES DE TOMATES DE TENERIFE (ACETO), contra la
      resolución dictada por el Delegado del Gobierno de Canarias de 17 de enero
      de 2011 por la que se ordenó el reintegro de la subvención por importe total de
      6.184.804,82 Euros (4.352.410,28 € de principal y 1.832.394,53 € de
      intereses) resolución que se anula por no ser conforme a derecho.
      TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este
      recurso de casación. Tampoco se considera procedente la imposición de
      costas en primera instancia al existir dudas fundadas sobre la conformidad a
      derecho de la resolución administrativa impugnada.
      Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección
      legislativa.
      Así se acuerda y firma.

      RECURSO CASACION/4217/2014
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      PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada
      Ponente, Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perelló Doménech, estando constituida
      la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

    • La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

      «FALLAMOS:

      Debemos absolver y absolvemos a los procesados Francisco, Carlos Joséy Eloy, de los delitos de los que venían siendo acusados en esta causa.

      Declaramos de oficio las costas procesales.

      Déjense sin efecto las fianzas exigidas a los procesados para garantizar su presencia al juicio, que deberán ser devueltas en el término de una audiencia, desde la notificación de esta sentencia.

      Cancélense las piezas de responsabilidad civil, tan pronto sea firme esta resolución.

      Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes, haciéndoles saber que contra ella cabe interponer recurso de casación, anunciándolo ante la Secretaría de esta Sala, en el plazo de 5 días contados desde la última notificación.>>

      Contra la mencionada sentencia se emitió VOTO PARTICULAR por el ILMO. SR. PRESIDENTE DON JUAN LUIS DE LA RÚA MORENO, del tenor literal siguiente: «HECHOS PROBADOS:

      -Matización al punto cuarto.

      En la descripción de las características del aliviadero de superficie del proyecto confeccionado por la Agrupación Temporal de Empresas debería haberse especificado:

      Que en el aludido Proyecto la maniobra manual de apertura de compuertas se contemplaba con posibilidad de elevación total, requiriéndose la fuerza de dos hombres y un mínimo de 33 horas para cada compuerta.

      Precisamente, por tal razón, solo se venía utilizando, con ligeras elevaciones, a los fines que se indican en el último apartado del expresado punto cuarto.

      Que la determinación de la elevación de las compuertas “aún en casos de pequeños vertidos de aguas sobre ellas”, que se especificaba en el Proyecto, alcanzaba, en la realidad, hasta una lámina de tres metros de altura -que se contrae en la curva del canto del vertedero a dos metros

      de altura -bien que conforme se obtuviese ese límite era viable se produjese disparos de los relés térmicos de protección de los motores, exigiéndose entonces sucesivas puestas en marcha de los mismos.

      Matización al punto decimocuarto.

      Se debería haber concretado:

      Que los dos grupos electrógenos, que el 18 de Octubre de 1982 se encontraban siendo reparados por la empresa contratista Agromán S.A, pertenecían al Ministerio de Obras Publicas que los tenia desplazados en la Presa con carácter permanente, ostentando, cada uno de ellos, una potencia de 40 cabeas que era suficiente para abrir las compuertas.

      No consta en que fecha se estropearon.

      Durante la ejecución de las obras se habían utilizado esos dos grupos al igual que otros muchos pertenecientes a Agromán S.A, la que poseía medios técnicos para su reparación, de aquí que se encomendase a ella esta labor.

      En la fecha indicada, Agromán S.A, ya no tenía en la presa grupo electrógeno alguno, por ello facilitó, a requerimiento del Señor Eloy, el de 80 cabeas, para que pudieran operar los trabajadores de DIRECCION005., por mediación de la empresa arrendadora de maquinaria industrial Balser, que fue la que transportó hasta la presa dicho grupo.

      Que la operación del llenado de aceite del servomotor que accionaba los mecanismos del desagüe de fondo requería un tiempo máximo entre dos a tres horas.

      Que desde el día 18 de Octubre, en que se ubicó el grupo electrógeno de 80 cabeas en la pasarela de entrada a la torre de embocadura del mentado desagüe de fondo, sita en la cota 88, hasta la conclusión de la jornada de los trabajadores de DIRECCION005, sobre las 20 o 21 horas del día siguiente, 19 de Octubre, el señor Eloy, pese a ser consciente de que era el único grupo electrógeno móvil que, en esos días, había en la presa, ninguna observación efectuó a aquéllos en orden a una posible retirada del grupo de la pasarela en horas de la noche en que no había nadie presente.

      Que el guarda de Agromán S.A y el empleado de la Confederación Hidrográfica del Júcar, señor Ernesto, no tenían obligación ni deber de vigilancia de la presa.

      Matización al punto decimosexto.

      Se debería señalar como se refleja ya en el punto decimotercero:

      Que “el guarda de las obras y más tarde el de la Confederación Hidrográfica del Júcar” eran el guarda de Agromán S.A que cumplía su función de custodia de los materiales que restaban de la indicada empresa, en una caseta aguas abajo de la Presa, y el compuertero que escasos días antes había sido designado por la Confederación Hidrográfica del Júcar para atender a regular las compuertas del Canal Júcar-Turia que pernoctaba en el antiguo poblado.

      – Observación al punto decimoséptimo.

      Debería destacarse, en función de las circunstancias expresadas en el propio relato fáctico, que:

      La tormenta, de gran amplitud, se fue desplazando en la dirección Este a Oeste, de manera que, sin perjuicio de la acusada extensión territorial en que llovía, la mayor intensidad se centró, entre las 4 y las 8 horas del día 20 de Octubre, en la cuenca del río Escalona; entre las 8 y 17 horas del mismo día, en la zona de Cofrentes, donde se hallaba la presa de Embarcaderos, siendo en este sector donde, hasta las 18 horas en que ya dejó de llover, se obtuvieron los mayores índices

      pluviométricos; y entre las 17 y las 21 horas esa intensidad se producía en la provincia de Albacete, con centro en las cercanías de Alcalá del Júcar.

      Matización al punto decimoctavo.

      Ha debido puntualizarse:

      Que la onda de avenida derivada del desmoronamiento de la Presa, acaecído a las 19.15 horas, inicialmente alcanzó un volumen de 15.000 a 17.000 metros cúbicos por segundo y, con valores regresivos, se prolongó durante unas horas hasta llegar a desaguar 132 millones de metros cúbicos.

      Que la máxima avenida por la central Juan de Urrutia se produjo, alcanzándose la cota 103,65, sobre las 23.30 horas del día 20 de Octubre en que pasaban a 5.500 metros cúbicos por segundo.

      Matización al punto decimonoveno.

      Debería especificarse lo siguiente:

      Aunque algunas poblaciones antes del desmoronamiento de la Presa ya habían sufrido inundaciones considerables por la acción de los ríos Sellent y Albaida, que discurren aguas abajo de la presa, y del propio rio Júcar, fue la súbita salida de las aguas embalsadas en el pantano de DIRECCION004, con el caudal antes reseñado, lo que provocó de modo más eficiente la situación que se describe, cuyo reflejo concreto, en las distintas localidades, aparece relatado en el punto vigésimo.

      – Matización al punto vigésimo.

      Procedería concretar:

      Los datos personales de los fallecidos en Carcaixent, son los siguientes:

      Carlos Alberto, casado, nacido el 15 de Mayo de 1906 que falleció en la planta baja de su domicilio de la CALLE001de Montortal numero NUM001.

      Carolina, casada, nacida el 1 de Mayo de 1953 y fallecida en el domicilio de su hermana en la CALLE002numero NUM002.

      Edurne, nacida en 26 de Noviembre de 1906 y fallecida en la planta baja de la CALLE003número NUM003.

      Pedro Enrique, viudo, nacido el 10 de Octubre de 1910 y fallecido en su domicilio sito en la CALLE004numero NUM004.

      Imanoly Luis Antonio, hermanos, ambos solteros, nacidos el 4 de Agosto de 1898 y el 26 de Mayo de 1902, respectivamente, y fallecidos en su domicilio de la CALLE005numero NUM005.

      y Jose Luis, casado, nacido el 23 de Noviembre de 1907 y fallecido en la CALLE006.

      El fallecido en Alcira era:

      Luis Manuel, en una planta NUM007de la casa numero NUM006de la CALLE007.

      En Algemesí el crecimiento que tuvo lugar sobre las dos horas del día 21 de Octubre vino determinado por el retorno de las aguas procedentes del dique formado por la autopista A-7.

      – Debería complementarse la declaración fáctica de la sentencia con los siguientes puntos:

      VIGESIMOSEGUNDO
      EL río Júcar ha ocasionado, desde que se tienen datos históricos, numerosas inundaciones, siendo las más significativas las acaecídas en los años 1864 y 1923. De tal circunstancia se tenía conocimiento, por el personal cualificado, al construir la Presa de DIRECCION004.

      VIGÉSIMO TERCERO
      Se tienen por reproducidos los daños materiales sufridos por los perjudicados que figuran en los antecedentes de hecho de esta resolución, en cuyos listados no constan los que han renunciado a la indemnización civil.>>

      FUNDAMENTOS DE DERECHO
      PRIMERO
      Las precisiones que anteceden en orden a la declaración de hechos probados de la sentencia no hacen sino responder a una convicción emanada de la copiosa prueba pericial, documental y testifical practicada en el acto del juicio. En este sentido procede destacar:

      Que las especificaciones que se efectúan al punto cuarto dimanan, de un lado, del estudio del propio proyecto de los elementos mecánicos que fue redactado por la Agrupación Temporal de Empresas, a quien se le adjudicó su ejecución, y, de otra parte, de la amplia coincidencia que han manifestado los variados dictamenes periciales, en esta cuestión escásamente divergentes, admitiendo la posibilidad de apertura de las compuertas cuando por encima de ellas discurriese una lámina de agua de hasta tres metros de altura, siendo a partir de este límite cuando ya se ofrecía serios y consistentes reparos para que se produjese esa operación, conclusión que, por demás, deviene concordante con la misma descripción de las características técnicas de las referidas compuertas.

      Las distintas delimitaciones atinentes al punto decimocuarto no son mas que fiel reflejo de la testifical prestada por el personal del Ministerio de Obras Publicas, en justa correspondencia con la también prestada por los trabajadores de Agromán S.A, de DIRECCION005, de Balser, y del empleado Sr. Ernestode la Confederación Hidrográfica del Júcar, alcanzando singular significación los de la segunda de esas empresas que verificaban las labores del cambio de aceite en el desagüe de fondo, que han venido a exponer todas las incidencias habidas en relación con tal operación y ello con ajuste a los partes de trabajo que se elaboraban.

      Las precisiones que se hacen a los puntos decimosexto y decimoséptimo propiamente no suponen mas que unos matices explicativos de unas circunstancias enteramente reconocidas en la misma declaración fáctica.

      El primer aspecto o apartado a) de la matización efectuada al punto decimoctavo no trata sino de concretar unas cantidades, cuya consideración aparece importante para conformar las consecuencias que directamente se derivaron del desmoronamiento de la Presa, esto es, onda de avenida y volumen de agua desaguado, respecto de las que ha existido también un criterio pericial prácticamente unánime.

      Sin embargo, es acerca de la cuestión atinente a la determinación de la punta máxima de avenida y su reflejo horario, con la consiguiente incidencia en orden a fijar el caudal máximo de entrada de agua en el Pantano, tanto procedente del rio Escalona como del Júcar, donde se ha diversificado en dos claras tendencias los amplísimos y ciertamente brillantes dictamenes periciales emitidos, dada la singular calidad técnica de los peritos que los han elaborado, pues mientras los facilitados por los propuestos por las acusaciones, siguiendo la trayectoria de todos los que se habían confeccionado desde las primeras actuaciones judiciales, centran sus cálculos en una punta máxima de avenida entre 5.000 a 5.500 metros cúbicos por segundo en la central “Juan de Urrutia”, que viene a ser la cola del embalse, y, en concreto, cifran que el caudal máximo de entrada no superó los 7.800 metros cúbicos por segundo, computada la procedente del rio Escalona, cantidad que hubiera podido ser absorbida de haber estado abiertas las compuertas de todas las salidas del pantano, con lo que se hubiera evitado el derrumbe del cuerpo central de la Presa, los realizados por los peritos de las defensas, basándose en un inicial trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia, y rectificando anteriores criterios -que en esencia resultaban coincidentes con los datos precedentes- según estudios efectuados a raíz de su intervención en el juicio que fue declarado nulo, llegan a la conclusión de que por la indicada central “Juan de Urrutia” la punta máxima de avenida debió de alcanzar sobre los 8.000 metros cúbicos por segundo, por lo que el caudal total entrado, con el del rio Escalona, debe situarse entre los 10.000 y 11.000 metros cúbicos por segundo, lo que aboca a entender como ineludible el desmoronamiento de la presa, unas horas más tarde de cuando ocurrió, aún con la adopción de todo tipo de previsiones.

      Desde el reconocimiento de la dificultad que comporta inclinarse por una de las dos tesis, se ha aceptado la primera de las expuestas porque de la testifical practicada se han manifestado una serie de circunstancias que abonan una mayor credibilidad en favor del indicado criterio. A tal efecto, se ha de destacar los relatos facilitados por los senores Plácidoy Jesús Luis, los que se encontraban trabajando en la Central de Cofrentes en el día del acaecimiento fáctico. El primero, vecino de Jalance, y encargado por el servicio meteorológico de controlar un pluviómetro que poseía en su casa, además de facilitar el dato de litros por metros cuadrado más alto de todos los que se llegaron a registrar -sobre unos 160 litros desde las 4 a las 11 horas del día 20, y 556, 50 litros desde las 11 hasta las 18 horas del mismo día- declara expresamente, reiterando su afirmación, que a las 18 horas del día 20 dejó ya de llover en ese sector territorial, abundando en que en el puente existente en el rio Júcar en las proximidades de la central, que pudo atravesar con anterioridad a las 13 horas, la máxima altura de agua que discurrió sobre él se produciría entre las 14 y las 17 horas, consideración que hace derivar del incidente habido para rescatar a un operario de vigilancia que para evitar se lo llevara la avenida se había sujetado con su cinturón a una de las farolas del pretil del puente. El segundo de ellos, cifra esa máxima altura sobre las 17 a 19 horas del día 20, afirmando que él sobre las 22 horas pudo pasar por encima del puente. En función de estas referencias que devienen muy significativas si se relaciona, de un lado, la zona territorial donde con mucho, respecto de otros sectores, llovió con más intensidad, con estricta precisión del momento en que dejó de hacerlo; de otra parte, el enclave del puente, que se halla ubicado en un lugar en donde el Júcar ya ha recibido el agua de todos sus principales afluentes aguas arriba de la Presa, con excepción del rio Escalona; y, por ultimo, la distancia entre ese lugar y el Pantano, reflejada por los múltiples planos obrantes en la causa, y la presumible velocidad del agua, se ha de llegar a la conclusión de que se ofrece una mayor y más exacta correspondencia con los presupuestos de los dictamenes que han conformado la primera de las mentadas tesis, separándose de los tenidos en consideración por la segunda de ellas. De aquí que se haya apreciado acreditado el debate en los términos expuestos en el apartado b) de la acotación efectuada al punto decimoctavo.

      La consideración que se hace al punto decimonoveno recoge directamente el reflejo de lo que se describe de forma minuciosa en el punto vigésimo. Se trata, por lo tanto, de un matiz que propugna una aproximación más exacta y adecuada a la realidad de la situación que genéricamente se contempla en el aludido punto.

      Las referencias que se contienen en la matización al punto vigésimo intentan completar la propia declaración fáctica de la sentencia con una serie de datos que, en su caso, hubieran resultado necesarios para adentrarse en el ámbito de la cuantificación de la responsabilidad civil, razón que también justifica la inclusión en la versión histórica de los danos sufridos por los perjudicados, cual se propugna como nuevo punto a anadir, que se ha senalado con el numero vigésimo tercero.

      Por último, se estima que también debería completarse el relato de hechos probados con la declaración que se contiene en el que se ha indicado como el punto vigésimo segundo, no ya por ser un hecho notorio sino porque así se constata de la documental obrantes en autos.

      SEGUNDO
      El haber asumido la tesis pericial en los términos que se ha comentado en el precedente apartado d) del anterior fundamento, conlleva a rechazar la postura sustentada por alguna de las defensas, y esencialmente por la Abogacía del Estado, en tanto se ha propugnado la absolución de los acusados aludiendo a la teoría de la inevitabilidad del resultado, ciertamente recogida por la doctrina jurisprudencial cuando afirma la ruptura del nexo de causalidad, con independencia de la precaución, cuidado o diligencia que se hubiese adoptado por los agentes participantes, si el resultado danoso se hubiere llegado a producir siempre, pues ciertamente en el caso examinado no se evidencia tal condicionante, hasta el punto de que los propios peritos de la defensa -que como se ha indicado sostienen la segunda de las tesis- reconocen que de admitirse la hipótesis de que el caudal máximo de agua alcanzase a los 7.800 metros cúbicos por segundo, no se hubiese desmoronado la Presa, razón por la que, en coincidencia con los propios peritos de las acusaciones, se llega incluso a indicar que el evento danoso no encuentra su enlace con posibles defectos en la concepción estructural de la Presa, pues, aún de haberlos, devendrían extranos a la relación de causalidad, lo que hay que aceptar como concluyente, ya que abiertas las compuertas se hubiese permitido el desagüe sin llegar a derrumbarse la Presa.

      TERCERO
      Si, pues, no cabe entender admisible la concurrencia de una fuerza mayor y hay que partir del hecho objetivo de que la Presa, estando bien concebida y ejecutada, se desmoronó, la causa de tal efecto habrá de encontrarse sencillamente en que no se abrieron las compuertas cuando debían de haberse abierto.

      Esta circunstancia es la que conecta ya con el elemento normativo o factor externo de la imprudencia o infracción culposa, en cuanto se impone en toda actuación humana un deber objetivo de cuidado, para evitar el dano o perjuicio a terceros, que, como es natural, se acrecienta notoriamente cuando el riesgo dimanante de la actividad es susceptible de provocar situaciones catastróficas.

      Esa misma razón justifica que en torno a la construcción y explotación de grandes presas, como era la de DIRECCION004, se haya llegado a regular reglamentariamente una “Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas”, aprobada por orden Ministerial de 21 de Agosto de 1967, que canaliza las adecuadas normas de gobierno para prevenir el peligro que siempre comporta una obra de tal signo. Y en esa línea, al conformar las normas particulares para el proyecto de presas de materiales sueltos destaca como “fundamental” -expresión que refuerza el signo de la previsión- “evitar cualquier riesgo de vertido sobre la coronación” (artículo 55.1), sin duda porque de no ser así estaría abocada la presa a su destrucción, y al articular las normas de explotación, conservación y vigilancia, aludiendo a la necesidad de garantizar la seguridad de las presas, delimita en el articulo 94.2 que, respecto de los aliviaderos, “deberán exigir que se maniobren las compuertas de manera que el nivel del embalse no se eleve sobre su máximo normal antes de que las compuertas queden completamente abiertas”.

      No cabe duda que estos deberes, que no hacen sino prevenir el desmoronamiento de una presa de las características senaladas, fueron infringidos en el caso de autos, constatándose la concurrencia del elemento normativo o antijurídico.

      CUARTO
      Desde esta consideración, en el proceso discursivo, deviene pertinente el examen de su posible reprochabilidad a las conductas de los acusados, en cuanto que resulta preciso, para la integración del tipo, el factor subjetivo de la falta de previsión relevante que como detonador del riesgo se convierta, en precisa relación causal, en el determinante del evento con el consiguiente dano producido. Es aquí donde surge la disidencia. Se comparte con los demás miembros del Tribunal la decisión absolutoria de los Sres. Carlos Joséy FranciscoMercadal pero no así la atinente al Sr. Eloy. Para llegar a esta conclusión resulta necesario delimitar los siguientes aspectos:

      Que es un hecho incuestionable que a raíz de haberse llenado el embalse de DIRECCION004se inició su explotación, bien que se haya tildado de anticipada, o, por sus características, de ser una explotación “sui generis”.

      Si se atiende a lo previsto en el articulo 94 de la Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas, regulador de las “normas de explotación, conservación y vigilancia de las presas”, se ha de entender por tal la realización de las siguientes operación: Registro de

      datos meteorológicos, de precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas; registro y vigilancia de los niveles de embalses; estimación diaria de las aportaciones afluentes al embalse y de los volúmenes desaguados; actuaciones ante la presencia de una crecida; inspección y conservación de las compuertas y mecanismos de los aliviaderos y de los desagües; inspección y vigilancia de las galerías y filtraciones; recogida de datos de los dispositivos de auscultación y control; y conservación de las fabricas, de los sistemas de comunicación y de las demás instalaciones.

      Al socaire de esta conceptuación descriptiva no cabe duda, atendido el punto décimo del relato fáctico probado, que la explotación, conservación y vigilancia de la presa de DIRECCION004estaba encomendada al equipo que se dejó en la Presa a partir de mayo o junio de 1981 al corresponderse sus funciones con las expresadas, cuyo máximo responsable a píe de obra era el Sr. Eloy.

      Que, como consecuencia de ello, deviene rechazable la pretendida tesis de las defensas de atribuir la explotación a organismo distinto, y, en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

      Que en función de la conclusión expuesta, y aunque pudiera suscitarse una cuestión interpretativa acerca de quien debía asumir la dirección de la explotación en tanto el artículo 92.1 de la indicada Instrucción no matiza suficientemente al aludir, en las presas explotadas directamente por el Estado, al “Ingeniero Encargado”, sin precisar, como se puntualiza en el artículo 59 en relación con la construcción, que se trate de un Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, por lo que no se excluye que el ” Encargado ” pudiera ser un ingeniero Técnico de Obras Públicas, condición que ostentaba el senor Eloy, es lo cierto que aún admitiendo que esa función directiva recayese en los sucesivos Ingenieros Directores de la obra – el Sr. Carlos Joséhasta el 10 de Agosto de 1981; el Sr. Millán, desde esa fecha, hasta que, en Julio de 1982, lo dejara, de hecho, por su enfermedad; y Sr. Iván, quien la asumiera desde esa última fecha hasta compartirla con el anterior, por su concomitante incorporación, en los días en que se produjo el fatal desmoronamiento de la presa- y que, por consiguiente, a ellos les correspondía concretar las normas de explotación, conservación y vigilancia de la Presa, y, por ende, asumir su responsabilidad, no es admisible reducir la intervención del mentado acusado Sr. Eloya una actuación de obediencia ciega sin la más mínima capacidad de decisión, cuando por su condición de personal técnico cualificado y por la misma estructuración orgánica administrativa -los Directores no estaban a píe de obra y compaginaban su función, respecto de la Presa de DIRECCION004, con otras muchas tareas referidas a las Jefaturas de las Secciones de Presas o incluso, el último de ellos, del propio Servicio de Regadíos y Defensas, por lo que residían en Madrid- era quien, al menos, ejecutaba las directrices rectoras que emitieran los indicados directores de obra, y en el desempeno de tal labor se infiere ínsitamente la capacidad de mando necesaria para conseguir el adecuado cumplimiento de lo que debía ejecutarse, por lo que ha de rechazarse, como así testificó el senor Iván, que la determinación de colocar y mantener, durante los días 18 y 19 de octubre, el grupo electrógeno móvil en la pasarela de entrada a la torre de embocadura del desagüe de fondo, le viniere impuesta desde Madrid, sino que ha de entenderse, en todo caso, una decisión adoptada por aquél al cumplir la encomienda de facilitar a los trabajadores de DIRECCION005lo necesario para que efectuaran sus trabajos de revisión.

      Y D) Que por ese mismo diseno ha de entenderse que también le competía la observancia de las obligaciones previstas en el articulo 97 de la aludida Instrucción relativas a la dación de cuenta a sus superiores de las “eventualidades que se presenten y sean capaces de afectar a la seguridad de la obra…”, y a la adopción de medidas inaplazables que se requiriesen en caso de urgencia, lo que se corrobora por ser esta la forma en que actuó cuando llego a la Presa en la manana del día 20 de Octubre, en tanto asumió la dirección personal, como máximo responsable en la obra, de todo el aparato dispositivo tendente a evitar que se llegase a producir lo que al final aconteció.

      QUINTO
      Hechas las precisiones que anteceden, necesarias para la adecuada valoración de la conducta de los acusados, procede en este momento adentrarse en resaltar los condicionantes que provocaron la no apertura de los mecanismos del sistema de desagüe de la Presa y fundamentalmente de las compuertas del aliviadero de superficie, que, como se dijo, se ha constituido en la causa origen del desmoronamiento del eje central del pantano con su consiguiente efecto catastrófico.

      De la versión histórica acreditada se induce claramente la concurrencia de dos esenciales factores:

      1s. La acusada carencia de vigilancia en la presa. Basta tener en consideración que todo el personal que atendía a su explotación, sólo permanecían desde las 8 a las 18 horas los días laborables, acudiendo los sábados y festivos únicamente un trabajador durante un escasísimo espacio temporal, lo que permite afirmar que durante catorce horas diarias y prácticamente íntegros los sábados y festivos, había una ausencia total de vigilancia y control de la Presa. Y este sistema se mantenía en cualquier época del ano, incluso en los meses del otono, cuando era notorio y enteramente conocido por el personal cualificado -se conectaba el automatismo de la compuerta central como única medida de prevención- que, en esa fase del ano, históricamente se habían producido múltiples y súbitas avenidas del rio a consecuencia de copiosas precipitaciones, por tener lugar con cierta frecuencia el fenómeno meteorológico que ha venido en denominarse “gota fría”, lo que, en un orden de exigencia normal de cuidado en función del riesgo que comportaba la naturaleza de materiales sueltos de la presa, presuponía como necesario, al menos en esa etapa otonal, un sistema continuo de vigilancia y control debidamente organizado, con el personal adecuado, que permitiera atender al normativo deber objetivo de cuidado en los términos anteriormente expuestos.

      2s. La inexistencia, desde un plano efectivo, que no teórico, de las dos distintas fuentes de energía eléctrica que se precisaban para accionar, con carácter alternativo, los mecanismos de apertura de todas las compuertas, conforme viene impuesto, con una manifiesta finalidad de prevención aseguradora, en los artículos 19.3 y 20 de la ya senalada Instrucción, por cuanto que no puede entenderse que ese propósito, que dimana de la norma reglamentaria, tenga adecuado y correcto cumplimiento cuando para abrir hasta los once mecanismos de los distintos elementos del sistema de desagüe sólo existía en la Presa, como alternativa a la única linea de energía eléctrica, un grupo electrógeno móvil, que, por demás, al ser llevado ni siquiera funcionaba, precisando una reparación que dio lugar al retraso en la operación del cambio de aceite, que verificaban los trabajadores de DIRECCION005. y, cuando, de otra parte, se situaba dicho grupo, dejándolo sin control inmediato, en un lugar en que notoria y palmariamente podía resultar inservible, como de hecho así ocurrió.

      SEXTO
      Al relacionar los indicados factores o causas de la falta de funcionamiento de los mecanismos del sistema de desagüe con las diversas actuaciones, que resultan acreditadas, de los tres acusados, se ha de compartir la decisión absolutoria de la sentencia respecto de los Sres Carlos Joséy Francisco, porque ciertamente no se infieren las condiciones para establecer objetivamente la imputación culpabilística ya que, respecto del primero, aún cuando pudiera apreciarse que al haber sido director de la obra hasta agosto de 1981, es decir, en una época en que la Presa ya estaba en explotación, sentara las bases iniciales de la presencia de los factores desencadenantes del evento, es tan considerable el tiempo transcurrido desde que dejara de actuar, más de un ano, y fundamentalmente adquiere tan singular relevancia la intervención posterior no sólo de otro ingeniero a él equiparable, sino del propio Jefe del Servicio, con una capacidad incluso más amplia para la adopción de las pertinentes medidas de corrección, que mal puede constatarse la necesaria y precisa relación causal, lo que obstaculiza la integración del tipo delictivo; al igual que sucede con el segundo de los mentados acusados, pues las previsiones que tomó se corresponden objetivamente con la exigibilidad ordinaria que era de esperar atendida la forma y las condiciones en que recibiera el aviso de la posibilidad de lluvias intensas, por lo que se desvirtúa el reproche culpabilístico. Sin embargo, no se puede predicar lo mismo con el tercero de los acusados Sr. Eloy, pues aunque deba referirse la obligación de previsión del pertinente y adecuado sistema de vigilancia y control al Ingeniero Director de la obra, o la Jefatura del Servicio, o, en último caso, a la propia Dirección General de Obras Hidráulicas, no cabe excluir una cierta participación en la misma actuación omisiva, en tanto que como uno de los máximos conocedores de las características de la presa y del rio, en que estaba ubicada, y sujeto, por razón de su cargo, a la observancia de dar cuenta a sus superiores de aquellas eventualidades capaces de afectar a su seguridad, -la más acusada y factible de evidenciar, sin duda alguna, era esa carencia de vigilancia-ninguna prevención adoptó en tal sentido, y, aún cuando, en el orden de las concausas, su actuación, en este aspecto, venga degradada por una clara y manifiesta responsabilidad mayor de la de la Jefatura del Servicio, que podría incluso hasta desvirtuar, o conducir al ámbito civil, su reproche culpabilístico, no procede valorar, en el mismo sentido, la vinculación con el segundo de los factores determinantes del suceso acaecído, habida cuenta de que, con entera objetividad, a él le resulta imputable en su mayor medida, por cuanto que permitió que la presa llegara a quedarse con un sólo grupo electrógeno, cuando, al menos contaba con dos del Ministerio de Obras Públicas, que tenia asignados de manera permanente, y un mínimo de precaución le exigía prevenir su respectiva sustitución, en el momento en que se los llevaran para ser arreglados, cuando se estropearon, y con mayor motivo si esto se produjo al mismo tiempo, y ya partiendo de la presencia de ese único grupo electrógeno, también, en un principio, sin las condiciones precisas para funcionar, consintió que el mismo, en un amplio margen horario en que era consciente que no quedaba nadie en la presa, restase en un lugar, que, al no tener efecto laminador esa última, era de todo punto factible que con una avenida, provocada por una tormenta de mediana intensidad, quedare inundado y, por tanto, inservible, dando origen a que de esta manera sólo, desde un punto de vista teórico, pueda afirmarse que se cumplía con la previsión reglamentaria de la existencia de una doble fuente de energía. Es, por ello, que se constata la conducta constitutiva de la negligencia relevante en la producción del acontecimiento enjuiciado, pues al faltar esa energía alternativa y fallar la entrada de electricidad por la línea de tensión, a consecuencia de haberse fundido unos fusibles en el seccionador, – circunstancia, por demás, no imprevisible, sino mas bien normal con la situación de tormenta- no se pudo llegar a actuar en los mecanismos de accionamiento de las compuertas y válvulas de apertura de los desagües, permitiendo que el agua coronase la presa y por su acción erosiva que se destruyese, ocasionando un incremento manifiestamente sustancial de los danos que se derivaban de la crecida natural del rio, y esta conclusión, que viene a patentizar la presencia de la infracción delictiva culposa de que es imputado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, no cabe admitir quede desvirtuada por la circunstancia de que, en el momento real en que pudo personarse en la presa, era tal la lámina de agua que discurría por encima de las compuertas que estas inevitablemente no hubieran podido ser abiertas, pues tal afirmación no aparece acreditada concluyentemente, antes al contrario, la mayor parte de los peritos abundan en el criterio, -sólo uno de ellos estableció unos límites más probabilísticos- de patente posibilidad de apertura de las compuertas en el señalado momento.

      En definitiva, ha de concluirse estimando concurrentes los elementos conformadores de la imprudencia punible, bien que su calificación, por la presencia de las concausas a que se ha hecho mención, no merezca la cualidad de temeraria, sino mas bien de simple con infracción de reglamentos, lo que viene a determinar que, en el momento de la ejecución del hecho, tendría la consideración, por razón de los resultados habidos, de un delito previsto y penado en el articulo 565 del Código Penal, si bien, en la actualidad, por aplicación del efecto retroactivo contemplado en el articulo 24 del mismo Texto legal, por mor de la reforma de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de Junio, procedería la condena por el articulo 586 bis, al ser tipificada la infracción como constitutiva de una falta.

      Por lo tanto, el fallo de la sentencia ha debido ser condenatorio para el acusado Sr. Eloy, como autor de una falta de imprudencia simple con infracción de reglamentos del artículo 586 bis del Código Penal, con la consecuencia legal de declarar su responsabilidad civil directa y la subsidiaria del Estado, aunque, en orden a la cuantificación de los danos materiales y morales sufridos por los perjudicados debería de haberse tenido en cuenta la pertinente graduación para atender a los causados directamente por el efecto de la onda de avenida originada por el desmoronamiento de la Presa.

      SEPTIMO
      Cabría, por último, plantearse la dudosa cuestión, objeto de referencia en el informe oral emitido por el Abogado del Estado, acerca de la naturaleza de la responsabilidad del Estado después de la entrada en vigor de la Constitución, a fin de suscitar la problemática de si, aún siendo la sentencia absolutoria, era factible la condena del Estado a satisfacer a los perjudicados las indemnizaciones, en la cuantía que pudiera ser procedente, reclamadas en el proceso.

      El artículo 106.2 de la Constitución, desde el informador principio de ser Espana un Estado social de Derecho, al disponer que “los particulares… tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, y en su desarrollo el articulo 139 de la Ley 30 /1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, en su primer punto, no hace sino reproducir el texto anterior matizando únicamente la ultima expresión, al indicar “siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, ciertamente han venido a establecer, como se afirma por el Fiscal del Tribunal Supremo Senor Paz Rubio en su estudio “Responsabilidad Civil subsidiaria del Estado (Diez Anos de Jurisprudencia del Tribunal Supremo)”, publicado en Cuadernos de Derecho Judicial, “un sistema unitario de responsabilidad objetiva directa de la Administración Pública, por el funcionamiento de los servicios públicos”, lo que significa que, exista o no ilícito penal, surge una responsabilidad patrimonial directa, y no subsidiaria, de la Administración del Estado.

      Se trata, por lo tanto, de una obligación de resarcir que no nace del delito o falta penal, sino del mismo funcionamiento, normal o anormal con la única excepción de la fuerza mayor, de los servicios públicos. Desde esta consideración resulta plenamente admisible la afirmación del autor citado, al senalar que “dicho sistema ha de ser tenido en cuenta y aplicado por todos los ordenes jurisdiccionales que conozcan de las pretensiones de resarcimiento y en todas las vías de reclamación que el Ordenamiento disponga, para hacer efectiva la reclamación patrimonial”, y entre estas, claro está, se encuentra el proceso penal. Esta solución, desde la visión de la realidad social que, como elemento interpretativo de las normas, viene demandado por el artículo 3, 1 del Código Civil, aparece acorde con la adecuada protección de los perjudicados, pues remitir a éstos a actuar su pretensión indemnizatoria a la vía civil o contenciosa, seria atentar al principio de economía procesal, que, como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 1989, ” si con su aplicación no se contradicen las de justicia, tiene plena vigencia de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y ha de ser elemento coadyuvante en la tarea de entender el verdadero e histórico sentido de las leyes…”

    • El 19 de octubre empezaron las primeras lluvias de entidad a lo largo de la costa mediterránea, debido a la casi estrangulación de una fuerte vaguada en altura sobre la península, la interrupción del flujo de vientos del oeste y la formación de una zona depresionaria al norte de Argel. La noche del 19 al 20 de octubre se formó un impresionante complejo convectivo de mesoescala que permaneció prácticamente estático sobre el levante, provocando un auténtico diluvio que se prolongó a lo largo del día siguiente

      Las lluvias superaron los 100 mm en la mayor parte de la cuenca del Júcar y los 600 mm en un área de 700 km² aguas arriba del pantano. Según los datos oficiales de las distintas estaciones de la zona y las isoyetas trazadas de acuerdo a ellas, la lluvia precipitada aguas arriba de Tous habría llegado a los 2.000 hm³. Esto causó una gran afluencia de agua, y debido a la deficiencia de los muros (construcción de escollera) y ante la imposibilidad de abrir las compuertas, debido a una sucesión de acontecimientos inesperados: pérdida de corriente eléctrica debido a la intensa lluvia y fallo del grupo electrógeno de emergencia por inundación de la sala; la presa de Tous comenzó a desbordarse.

      La presa se vino abajo hacia las 19:15h del 20 de octubre, originando una crecida con una punta de 15.000 m³/s, una de las mayores registradas en España, arrasando las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja. Si bien la no apertura de las compuertas puede parecer que fuera la causa del derrumbamiento, quizás no se hubiera podido salvar la presa, porque el caudal de entrada posiblemente superó el caudal de diseño de 7.000 m³/s.

      En las poblaciones más inmediatas al pantano (Sumacárcel, Gabarda y Benegida) el agua llegó a los ocho metros de altura y la mayor parte de las casas acabaron con graves deficiencias estructurales provocadas por la violencia y la fuerza del agua. Debido a esta situación, y con la intención de proteger a los pueblos con más riesgo de futuras avenidas, se trasladaron los núcleos urbanos de Gabarda y Benegida a zonas más elevadas. En el caso de Benegida sólo se conserva la iglesia del pueblo (1​). En el caso de Gabarda la iglesia y algunas casas habitadas se han mantenido en su ubicación. En Sumacárcel no se ha hecho ningún traslado. En ciudades como Carcagente o Alcira se superaron los cuatro metros: el agua llegaba al primer piso de altura en algunos barrios y la población tuvo que refugiarse en las montañas próximas. Los muertos superaron los 30 y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

      En el caso de Sueca fue el papel de la Albufera el que salvó la ciudad de un más que probable desastre, el río se dividió en dos, una parte continuó su curso normal hacia Cullera, ubicada junto a la desembocadura del río, y el otro brazo de desvió hacia la Albufera, por lo que la ciudad quedó completamente aislada como una isla en medio del río. Algunos testigos que ocupaban cargos de responsabilidad, afirman que debido a la colaboración entre los alcaldes de Valencia y Sueca, esta ciudad, y en general toda la Ribera no sufrió mayores daños debido a que éste, cuando se dio cuenta de la magnitud del problema, solicitó al alcalde de Valencia, en aquella época, el socialista Ricard Pérez Casado, que ordenara la apertura de las diferentes Golas con que cuenta la Albufera (que son las que se utilizan para dejar salir el agua de esta al mar) y así favorecer una mayor capacidad de desagüe. Esta fue, sin ninguna duda, una de las pocas labores preventivas que se llevaron a cabo ante el aviso de la crecida del río.

      Hubo otros dos núcleos de precipitación intensa en la Comunidad Valenciana donde se superaron los 200 mm: la ciudad de Alicante, donde cayeron 217 mm en pocas horas causando 3 muertos, una crecida de 400 m³/s en la Rambla de las Ovejas e inundaciones en el centro y numerosos barrios; y Morella, en el noroeste de la provincia de Castellón, donde el río Bergantes, subafluente del Ebro, experimentó una fuerte crecida.

      Referencias[editar]
      Volver arriba ↑ La Torreta, iglesia de Benegida [1]
      [2] Hidrogramas de entrada a Tous. Datos para un juicio crítico. José Ramón Temez y Cristóbal Mateos. Dres. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

      [3] Entrevista a Jesús María González Marín técnico responsable del embalse en Levante EMV.

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    • D. Francisco Marin Castan D. José Antonio Seijas Quintana D. Francisco Javier Arroyo Fiestas D. Francisco Javier Orduña Moreno D. Xavier O’ Callaghan Muñoz SENTENCIA En la Villa de Madrid, a diez de Febrero de dos mil catorce. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Santander, como consecuencia de autos de juicio ordinario 747/2008, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la representación procesal de don Bruno , el procurador don José Sola Pellón. No habiendose personado la parte recurrida.
      ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO .- 1.- El procurador don Luis Velarde Gutierrez, en nombre y representación de don Bruno , interpuso demanda de juicio ordinario, contra La Comunidad de propietarios de la CALLE000 NUM000 de Torrelavega y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que estimando la demanda se deje sin efecto y se declare la nulidad del punto primero del acuerdo adoptado en Junta de 25 de septiembre de 2008, declarando que los locales propiedad del demandante están exentos de contribuir a los gastos de sustitución de los ascensores de la comunidad, e imponiendo a la demandada las costas del procedimiento. 2.- El procurador don Luis Ceballos Fernandez, en nombre y representación de don Indalecio , contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se tenga por contestada la demanda, y se impongan al demandante las cosas causadas. 3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de Torrelavega, dictó sentencia con fecha cuatro de diciembre de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por don Bruno , debo absolver y absuelvo a la demandada Comunidad de Propietarios de la CALLE000 nº NUM001 de Torrelavega de las peticiones formulada en su contra. Se condena en costas a la parte demandante. SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de don Bruno , la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Santander, dictó sentencia con fecha 7 de septiembre de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación
      JURISPRUDENCIA
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      interpuesto por don Bruno contra la ya citada sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega, la que confirmamos. Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante. TERCERO .- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación procesal de don Bruno con apoyo en los siguientes MOTIVOS:PRIMERO.- Al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 .LEC que articula en los apartados (que el recurrente denomina motivos) denuncia la infracción de los artículos 3 , 5 , 9.1. e ), 9.2 , 17 y 18 de la LPH y 396 del Código Civil , y alega la existencia de interes casacional por oposición a la doctrina jurisprudencia del Tribunal Supremo y por jurisprudencia contradictoria de las Audiencia Provinciales sobre la interpretación de la exoneración de contribución de gastos por ausencia de uso, aun cuando esta se prevea de manera genérica. Se citan las sentencias de 7 de junio de 2011 y 18 de noviembre de 2009 . Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 10 de abril de 2012 se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición en el plazo de veinte dias. 2 .- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 22 de enero del 2014, en que tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana ,
      FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El interés casacional que suscita el presente recurso tiene que ver con la valoración que la sentencia recurrida ha hecho de las cláusulas de las normas de comunidad y reservas de derechos de la Comunidad de Propietarios, sobre los gastos de sustitución del ascensor. Las cláusulas son del tenor literal siguiente: 4ª “queda reservado expresamente al señor Jose Antonio , el derecho para poder abrir puestas al portal y escaleras del inmueble de todos o de cualquiera de los locales que se vayan segregando tanto de la planta baja como del entresuelo comercial y aunque estos locales se les señale la cuota correspondiente, tomada de la planta de que proceden, no contribuirán a los gastos particulares del ascensor, escalera y portal, en tanto en cuanto no se abran dichas puertas de comunicación”. 6ª “los gastos de conservación y reparación de los ascensores y así como los de conservación, reparación y alumbrado del portal y escaleras serán sufragados por los propietarios de las viviendas e incluso las dependencias del entresuelo comercial con puerta de acceso a la escalera, no contribuyendo a los mismos por no usar de tales elementos, con excepción de los gastos del portal si abren puerta a él, los locales de la planta baja comercial”. Ambas sentencias, de 1ª y 2ª instancia, las han interpretado de la misma forma: lo que se les dispensa es de los gastos derivados de su uso, de su reparación y de su mantenimiento, pero no incluye los gastos de sustitución del ascensor, por lo que no establece una exoneración para el cambio de ascensor cuando sea necesarios. SEGUNDO.- El recurso del comunero se articula en siete apartados, que el recurrente denomina motivos. Denuncia la infracción de los artículos 3 , 5 , 9.1 e ), 9.2 , 17 y 18 de la Ley de Propiedad Horizontal y artículo 396 del Código Civil , y alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia de esta Sala y por jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre la interpretación de la exoneración de contribución de gastos por ausencia de uso, aunque esta se prevea de manera genérica. Señala el recurrente que la sentencia de la Audiencia Provincial, en cuanto considera que aunque esté contemplando estatutariamente que el propietario del local de negocio que no hace uso del ascensor está exonerado de los gastos derivados de su conservación y reparación, está, sin embargo, obligado a contribuir a los gastos de sus sustitución al no estar prevista expresamente dicha exoneración, se opone a la doctrina de esta Sala (SSTS 7 de julio 2011 y 18 de noviembre 2009 ), que establece que las exoneraciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios, para la conservación y funcionamiento, como los extraordinarios para reforma y sustitución. Esta Sala, dice la STS de 6 de mayo 2013 , “ha tenido ocasión de resolver la cuestión jurídica que ahora se examina, respecto al alcance de la cláusula contenida en los estatutos de una comunidad de propietarios, en relación a los gastos originados por el servicio de ascensor, a favor de aquellos copropietarios que, por la ubicación de sus inmuebles no pueden utilizarlo, poniendo fin a las diferentes soluciones aportadas por las Audiencias Provinciales. La sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2011 (RC 2117/2007 ), ha declarado «Reiteramos como doctrina jurisprudencial que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios.»”
      JURISPRUDENCIA
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      La aplicación de la jurisprudencia citada exige la estimación del recurso. El alcance de la exención relativa a obras de adaptación o sustitución de los ascensores no resulta comparable a aquellos supuestos en que la instalación del ascensor se realiza por primera vez. En estos últimos supuestos, se trata de garantizar la accesibilidad y la mejora general del inmueble, por lo que la conclusión que ahora se alcanza, no se opone a lo dispuesto en otras decisiones adoptadas por esta Sala (STS de 20 de octubre de 2010, RC núm. 2218/2006 , entre otras) en la que se establece que las cláusulas que eximen del deber de contribuir a «gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras» a los propietarios de locales que no tienen acceso por dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no les libera del deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en los que es necesaria para la adecuada habitabilidad del inmueble, puesto que en el caso que nos ocupa se trata de la sustitución o cambio de un ascensor ya existente y no de su instalación originaria. En definitiva, el acuerdo por el que se decidió que el demandante-recurrente pagara la parte correspondiente del ascensor en la realización de las obras de sustitución del ascensor, pese a la exención contenida en los estatutos de la comunidad en relación a estos gastos a favor del titular de los locales de su propiedad, es nulo. En el mismo sentido SSTS de 6 de mayo de 2013, rec. 2039 de 2009 y 5 de octubre de 2013 rec 842 de 2011 . TERCERO.- La estimación del motivo hace innecesario el análisis del segundo. Se debe declarar la nulidad del punto primero del acuerdo adoptado en junta de propietarios de la comunidad demandada de 25 de septiembre de 2008, declarando que los locales propiedad del demandante están exentos de contribuir a los gastos de sustitución de los ascensores de la comunidad; todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada y sin hacer especial declaración de las causadas en apelación y en este recurso, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
      FALLAMOS Estimar el recurso de casación formulado por la representación legal de don Bruno , contra la sentencia dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria -Sección 4ª- de 7 de septiembre de 2011 , la que casamos y dejamos sin efecto, así como la dictada el 4 de diciembre de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrelavega en autos de juicio ordinario núm. 747/2008 y, en su lugar, estimamos la demanda formulada por don Bruno declarando que los locales propiedad del demandante están exentos de contribuir a los gastos de sustitución de los ascensores de la comunidad; todo ello con expresa imposición de las costas causadas en la 1ª Instancia a la demandada y sin hacer especial declaración de las originadas en apelación y en este recurso. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan. José Antonio Seijas Quintana. Francisco Javier Arroyo Fiestas. Francisco Javier Orduña Moreno. Xavier O’ Callaghan Muñoz. Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Antonio Seijas Quintana , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico

    • establece que los ingresos por precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional han de ser fijados, en el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la Administración General del Estado, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
      El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, otorga en su artículo 6, apartado cinco, punto 2, una nueva redacción al artículo 81.3.b) de la citada Ley Orgánica, y dispone que dichos precios públicos se establecerán en relación con los costes de prestación del servicio, dentro de los límites que acuerde la Conferencia General de Política Universitaria.
      La Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 16 de julio de 2013), hace público el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, en el que no se establecen límites adicionales a los establecidos en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001 para la fijación de los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster.
      En las enseñanzas de Grado, los precios públicos cubren entre el 15% y el 25% de los costes en primera matrícula, entre el 30% y el 40% de los costes en segunda matrícula, entre el 65% y el 75% de los costes en la tercera matrícula, y entre el 90% y el 100% de los costes a partir de la cuarta matrícula.
      En las enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 % y el 25 % de los costes en primera matrícula, entre el 30 % y el 40 % de los costes en segunda matrícula, entre el 65 % y el 75 % de los costes en la tercera matrícula, y entre el 90 % y el 100 % de los costes a partir de la cuarta matrícula.
      En las enseñanzas de Máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 40 % y el 50 % de los costes en primera matrícula, y entre el 65 % y el 75 % de los costes a partir de la segunda matrícula.
      Para el establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio público de la educación superior en la UNED se ordenan las enseñanzas en cinco grupos:
      1. Enseñanzas de Grado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
      2. Enseñanzas de Máster universitario, reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
      3. Enseñanzas de Doctorado, reguladas por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de posgrado; el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
      4. Cursos y pruebas de acceso a la Universidad.
      En consonancia con la clasificación anterior, se toma en consideración como unidad básica de referencia, a los efectos de la fijación de precios públicos por servicios académicos, el crédito europeo (ECTS) para las enseñanzas de Grado y Máster a que se refiere el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
      Para la determinación de los precios públicos de los grupos de enseñanzas referenciados para el curso académico 2016-2017 y en aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, se ha procedido a establecer el coste de la prestación del servicio, que varía en función del grado de experimentalidad o grupo de clasificación de la enseñanza de que se trate y en función de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera o cuarta y sucesivas matrículas.
      Teniendo en cuenta lo anterior y la memoria económico-financiera a que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, elaborada previo informe de la UNED, se fijan, por medio de la presente Orden, los precios por servicios académicos para el curso 2016-2017 en la mencionada Universidad.
      En su virtud, al amparo de la habilitación conferida por el artículo 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, dispongo:
      Artículo 1. Objeto.
      1. La presente orden tiene por objeto establecer los precios públicos por servicios académicos de la educación superior en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el curso 2016-2017, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales. Estos precios serán abonados de acuerdo con las normas que se establecen en la presente Orden. El importe de los precios por estudios conducentes a títulos o diplomas que no tengan carácter oficial será fijado por el Consejo Social de la UNED.
      2. Asimismo, se fijan los precios públicos por otros servicios administrativos y de verificación prestados por la Universidad.
      Artículo 2. Precios públicos por servicios académicos.
      1. Para las enseñanzas de Grado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el importe se calculará de conformidad con el número de créditos ECTS asignados a cada materia, asignatura o disciplina. El importe del crédito ECTS varía en función del grado de experimentalidad de la enseñanza y de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera, o cuarta y sucesivas matrículas.
      El importe del crédito ECTS, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo I de la presente Orden.
      2. En las enseñanzas de Máster universitario, el importe se calculará de conformidad con el número de créditos ECTS asignados a cada materia, asignatura o disciplina. El importe del crédito ECTS varía teniendo en cuenta que habiliten o no para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España y de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera, o cuarta y sucesivas matrículas.
      El importe del crédito ECTS, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo II de la presente orden.
      3. Los precios correspondientes a la tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral de las enseñanzas de Doctorado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, se establecen en el anexo III.
      4. Los precios públicos correspondientes a las pruebas y cursos para el acceso a la Universidad se establecen el anexo IV.
      5. Los estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad, abonarán los precios públicos por servicios académicos correspondientes a las enseñanzas de Grado y de Máster del 70 % del coste de la plaza en primera matrícula, 80 % en segunda, 90 %, en tercera y 100 % en cuarta o siguientes matrículas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El importe del crédito ECTS, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo VI de la presente orden.
      Artículo 3. Limitación del derecho a examen y evaluación.
      En todo caso, el derecho a examen y evaluación correspondiente de las materias, asignaturas o créditos matriculados quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de estudio. A estos solos efectos, la UNED, mediante el procedimiento que determine su Consejo de Gobierno, podrá fijar un régimen de incompatibilidad académica para aquellos planes de estudio en los que no estuviera previamente establecido.
      El ejercicio del derecho de matrícula establecido en el párrafo anterior no obligará a la modificación del régimen general determinado en cada Centro, de acuerdo con las necesidades de sus planes de estudio.
      Artículo 4. Prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior.
      1. En aquellas titulaciones en que la UNED oferte la preparación y evaluación de una prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, el estudiante abonará en la matrícula el importe de los créditos de la asignatura o asignaturas que se correspondan con las materias que deba superar de conformidad con la credencial de homologación, además de los precios de secretaría.
      Los precios públicos por servicios académicos figuran en el anexo I, dependiendo de la pertenencia de las asignaturas cursadas a un grupo u otro de enseñanzas oficiales, de su grado experimentalidad y de la vez en que se matricula de la misma asignatura.
      2. En los estudios de la Licenciatura en Derecho, en los que la UNED oferta únicamente la evaluación de una prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, el estudiante abonará en la matrícula el importe que figura en el anexo V de la presente orden.
      Artículo 5. Exenciones de precios públicos por servicios académicos.
      1. Todas las exenciones se vinculan a los precios públicos por servicios académicos. No se aplicarán a los precios públicos por otros servicios, salvo que se disponga expresamente lo contrario en esta Orden. Se contemplarán como causas para obtener una bonificación en el pago de los precios públicos por servicios académicos:
      a) Ser miembro de Familia Numerosa Especial. Estos estudiantes gozan de exención total de pago por servicios académicos los miembros de familias numerosas de categoría especial. Esta exención se aplicará también a las tasas de secretaría y a los precios por otros servicios. Procederá la exención cuando se ostente la condición de beneficiario de familia numerosa a día 1 de octubre de 2016. Si en tal fecha estuviera el título en tramitación, el estudiante tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para aportarlo.
      b) Ser miembro de Familia Numerosa General. Los estudiantes de familias numerosas de categoría general tienen una exención del 50 %, aplicable a todos los conceptos de la matrícula y a los precios por otros servicios, exceptuando el seguro escolar. Procederá la exención cuando se ostente la condición de beneficiario de familia numerosa a día 1 de octubre de 2016. Si en tal fecha estuviera el título en tramitación, el estudiante tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para aportarlo.
      c) Acreditar un grado de discapacidad del 33 %. Se aplica exención total del pago por servicios académicos, sin ninguna excepción por vez de matrícula. Procederá la exención, si se tiene reconocida esta condición durante el período de matrícula y sólo para esa convocatoria específica.
      d) Ser víctima del terrorismo. En aplicación del artículo 7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, tendrán exención de pago de precios públicos por servicios académicos las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos legalmente a su cargo no emancipados, en los estudios de carácter oficial impartidos en esta Universidad. Procederá la exención, si se tiene reconocida esta condición durante el período de matrícula y sólo para esa convocatoria específica.
      e) Ser huérfanos de funcionarios fallecidos en acto de servicio. Disfrutarán de exención de pago por servicios académicos los huérfanos de funcionarios fallecidos en acto de servicio. Este beneficio, solo alcanzará a las asignaturas en que se matriculen por primera vez y hasta el año natural en el que el huérfano alcance los 25 años de edad. Procederá la exención, si se tiene reconocida esta condición durante el período de matrícula y sólo para esa convocatoria específica.
      f) Pertenecer a un colectivo sujeto a exención en la forma y por los importes que se aprueben por el Consejo de Gobierno o por el Consejo Social de la Universidad. Procederá la exención, si se tiene reconocida esta condición durante el período de matrícula y sólo para esa convocatoria específica.
      2. Para los casos de obtención de matrícula de honor se seguirán las siguientes normas:
      a) Curso y estudio. Las bonificaciones por matrícula de honor serán aplicables exclusivamente en el curso académico inmediatamente posterior al que se obtuvo esta calificación en estudios universitarios oficiales con independencia de que pertenezcan al mismo título o grado de experimentalidad. No obstante, en el caso de las matrículas de honor pertenecieran al mismo curso en el que el estudiante hubiera finalizado la titulación, sólo podrán beneficiarse de esta exención los titulados por la UNED.
      b) Matrícula. Solo se aplicará a asignaturas en primera matrícula. De no existir ninguna, se realizará un descuento equivalente a su importe.
      c) Contenido:
      1.º Los estudiantes con matrícula de honor en segundo de Bachillerato LOE, así como con Premio Nacional en Formación Profesional, gozarán de hasta un máximo de 60 créditos gratuitos en su primera matrícula en estudios universitarios oficiales. Esta exención sólo se podrá aplicar en un único estudio.
      2.º En el caso de que la asignatura o asignaturas con matrícula de honor pertenezcan a planes no renovados, y tengan carácter cuatrimestral o anual, el estudiante tendrá derecho a la exención de 6 o 12 créditos respectivamente.
      3.º En el caso de que la asignatura o asignaturas con matrícula de honor pertenezcan a planes renovados, Grados o Máster, el estudiante tendrá derecho a la exención en el mismo número de créditos sobre los que recayó la matrícula de honor. Los Proyectos de Fin de Carrera no generan descuento, pero sí pueden ser objeto de descuento, equivaliendo a una asignatura de 6 créditos.
      4.º Para los estudiantes que se matriculen en la Tutela Académica de Tesis Doctoral, el cálculo de esta exención se efectuará multiplicando el número total de créditos en los que obtuvieron matrícula de honor, por el importe que se establezca anualmente en la Orden de Precios Públicos. La cantidad resultante será la que se descuente del importe de la matrícula. Para este curso se establece el 1,80 como importe oficial para su cálculo.
      d) Aplicación:
      1.º En el caso de matrículas de honor obtenidas en Universidad distinta de la UNED, le será exigido al estudiante, le será exigido al estudiante una certificación académica oficial por haber trasladado su expediente donde conste la calificación de matrícula de honor para hacer efectiva la bonificación. En el caso de simultaneidad de estudios, la aplicación de la exención se realizará siempre en la Universidad en la que el estudiante obtuvo la matrícula de honor.
      2.º Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de matrículas de honor se llevarán a cabo una vez calculado el importe de la matrícula. En el caso de estar matriculado en más de un estudio en la UNED, se requerirá solicitud del estudiante para aplicar el descuento en un estudio distinto al que se obtuvo la matrícula de honor.
      3.º En su solicitud o matrícula, el estudiante no podrá cambiar la opción escogida para la aplicación de la matrícula de honor, será definitiva desde que confirme el borrador de matrícula.
      4.º Si teniendo el estudiante derecho a esta exención, abona los precios públicos completos, el importe será reintegrado previa solicitud de devolución de precios públicos.
      Artículo 6. Becarios.
      Los estudiantes que soliciten beca con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o del Gobierno Vasco abonarán los precios públicos por servicios académicos que se determine en su normativa reguladora.
      Los estudiantes que, al formalizar la matrícula, se acojan a la exención de precios por haber solicitado la concesión de una beca y, posteriormente, no obtuviesen la condición de becario o les fuera revocada la beca concedida o el importe concedido sea inferior al de las asignaturas matriculadas, vendrán obligados al abono del precio correspondiente a la matrícula que efectuaron; su impago conllevará la anulación de dicha matrícula en todas las materias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legislación vigente.
      La beca solo alcanzará a los precios públicos de asignaturas matriculadas y cursadas, no a las reconocidas ni a otros conceptos.
      Artículo 7. Reconocimiento y transferencia de créditos.
      Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos en los Grados o en los Másteres Universitarios por estudios u otras actividades realizados fuera de la UNED, abonarán el 30 % de los precios establecidos para cada caso en los anexos I, II y VI.
      Los estudiantes que obtengan reconocimiento de créditos de libre configuración en los planes renovados por asignaturas o actividades académicas cursadas fuera de la UNED abonarán un importe fijo de 10,00 euros por crédito reconocido, a excepción de aquellas actividades realizadas en Universidades que tengan suscrito convenio con la UNED.
      El reconocimiento de créditos que lleva consigo las vías de acceso especiales a determinados Grados cuando el estudiante es Diplomado o Ingeniero Técnico por otra Universidad (cursos de adaptación o cursos puente), se abonará al precio único de 180,00 euros. La anulación de la matrícula no dará derecho a su devolución.
      Los estudiantes que soliciten transferencia de créditos deberán abonar un importe de 150,00 euros, en los términos que se fijen en la normativa de esta Universidad.
      Los precios a los que se refiere este artículo gozarán de las mismas exenciones que figuran en el artículo 5, dedicado a las exenciones de precios públicos por servicios académicos.
      Artículo 8. Tutela académica.
      Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que regula el tercer ciclo de los estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de Posgrados, los estudiantes que no hayan abonado los servicios por tutela académica en los cursos anteriores, deberán hacerlo antes de la lectura de la tesis, aplicando el importe establecido en el anexo III, por cada uno de los cursos pendientes de abono, con el límite de 4 cursos anteriores.
      Asimismo, los estudiantes de Máster deberán abonar con carácter previo a su matrícula en el Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM), una tutela que podrá tener la consideración de pago a cuenta de la matrícula, siempre que la matrícula del TFM se realice en el mismo curso que la tutela. Si la matrícula del TFM no se efectúa en ese curso, será necesario abonar una nueva tutela en el curso académico siguiente, sin derecho a la compensación o la devolución de la anterior.
      Artículo 9. Forma de pago.
      Los estudiantes de la UNED tendrán derecho a elegir la forma de efectuar el pago de los precios establecidos, bien haciéndolo efectivo de una sola vez o fraccionándolo en cuatro plazos, que serán abonados, el primero en un plazo máximo de diez días desde la formalización de la matrícula y los restantes en las fechas que establezca la universidad. El pago fraccionado sólo se podrá realizar mediante domiciliación bancaria.
      No podrán acogerse a la modalidad de pago fraccionado los estudiantes que se presenten a la convocatoria extraordinaria de fin de carrera, ni los estudiantes cuyo importe total de matrícula sea inferior a 180,00 euros.
      Artículo 10. Falta de pago.
      Con independencia de que el estudiante se acoja a la modalidad de pago fraccionado o no, el impago total o parcial del importe completo de matrícula, será motivo, tras el requerimiento del justificante de haber efectuado el abono dentro del plazo establecido, de la anulación de la matrícula en los términos previstos en la legislación vigente, con pérdida, en su caso, de las cantidades ya abonadas, y cuantas medidas legales y administrativas se consideren oportunas, cuando se aprecie mala fe en el comportamiento del estudiante. La ausencia del pago inicial dará lugar a la inadmisión de la solicitud de matrícula.
      Disposición final única. Entrada en vigor.
      La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», desde cuya fecha las tarifas anexas podrán percibirse cuando estén relacionadas con servicios académicos a prestar durante el curso 2016-2017.
      Madrid, 5 de julio de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.
      ANEXO I
      Grados (por créditos ECTS)

      Euros/crédito ECTS
      Grado
      Primera matrícula
      Segunda matrícula
      Tercera matrícula
      Cuarta y sucesivas
      matrículas
      Grupo 1:

      Grado en Antropología Social y Cultural
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Ciencia Política y de la Administración
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Derecho
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Estudios Ingleses: Lengua y Literatura
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Filosofía
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Geografía e Historia
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Historia del Arte
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Lengua y Literatura Española
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Matemáticas
      13,39
      18,60
      40,92
      56,42
      Grado en Sociología
      13,00
      18,60
      40,92
      56,42

    • Itecsa bierzo .. lucia tejero muiña y miguel angel simon cabello son una empresa que se dedica solamente a estafar estas piezas ya tuvieron que escapar pa pero .. y luego casi los matan en peru …. por estafar como siempre onde 2002 es de eyos y urbansa mucho cuidado preguntar por por la robla en la provincia de leon

    • Lucia tejero muiña da igual que intentes que no vean los comentario los van a ver mucho mas estoy en 3 grupos de radares Y los e puesto en todos y vamos estais muy solicitados estafadores

    • Ami me estafaron no me pagaron la pension ni la comida 3400 euros que me deben ay que habisar que esta gente solo engaña itecsa bierzo sl. Estafadores

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    • 9000: IX
      9001: IXI
      9002: IXII
      9003: IXIII
      9004: IXIV
      9005: IXV
      9006: IXVI
      9007: IXVII
      9008: IXVIII
      9009: IXIX
      9010: IXX
      9011: IXXI
      9012: IXXII
      9013: IXXIII
      9014: IXXIV
      9015: IXXV
      9016: IXXVI
      9017: IXXVII
      9018: IXXVIII
      9019: IXXIX
      9020: IXXX
      9021: IXXXI
      9022: IXXXII
      9023: IXXXIII
      9024: IXXXIV
      9025: IXXXV
      9026: IXXXVI
      9027: IXXXVII
      9028: IXXXVIII
      9029: IXXXIX
      9030: IXXXX
      9031: IXXXXI
      9032: IXXXXII
      9033: IXXXXIII
      9034: IXXXXIV
      9035: IXXXXV
      9036: IXXXXVI
      9037: IXXXXVII
      9038: IXXXXVIII
      9039: IXXXXIX
      9040: IXXL
      9041: IXXLI
      9042: IXXLII
      9043: IXXLIII
      9044: IXXLIV
      9045: IXXLV
      9046: IXXLVI
      9047: IXXLVII
      9048: IXXLVIII
      9049: IXXLIX
      9050: IXL
      9051: IXLI
      9052: IXLII
      9053: IXLIII
      9054: IXLIV
      9055: IXLV
      9056: IXLVI
      9057: IXLVII
      9058: IXLVIII
      9059: IXLIX
      9060: IXLX
      9061: IXLXI
      9062: IXLXII
      9063: IXLXIII
      9064: IXLXIV
      9065: IXLXV
      9066: IXLXVI
      9067: IXLXVII
      9068: IXLXVIII
      9069: IXLXIX
      9070: IXLXX
      9071: IXLXXI
      9072: IXLXXII
      9073: IXLXXIII
      9074: IXLXXIV
      9075: IXLXXV
      9076: IXLXXVI
      9077: IXLXXVII
      9078: IXLXXVIII
      9079: IXLXXIX
      9080: IXLXXX
      9081: IXLXXXI
      9082: IXLXXXII
      9083: IXLXXXIII
      9084: IXLXXXIV
      9085: IXLXXXV
      9086: IXLXXXVI
      9087: IXLXXXVII
      9088: IXLXXXVIII
      9089: IXLXXXIX
      9090: IXXC
      9091: IXXCI
      9092: IXXCII
      9093: IXXCIII
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      8689: VIIIDCLXXXIX
      8690: VIIIDCXC
      8691: VIIIDCXCI
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      8699: VIIIDCXCIX
      8700: VIIIDCC
      8701: VIIIDCCI
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      8728: VIIIDCCXXVIII
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      8736: VIIIDCCXXXVI
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      8740: VIIIDCCXL
      8741: VIIIDCCXLI
      8742: VIIIDCCXLII
      8743: VIIIDCCXLIII
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      8746: VIIIDCCXLVI
      8747: VIIIDCCXLVII
      8748: VIIIDCCXLVIII
      8749: VIIIDCCXLIX
      8750: VIIIDCCL
      8751: VIIIDCCLI
      8752: VIIIDCCLII
      8753: VIIIDCCLIII
      8754: VIIIDCCLIV
      8755: VIIIDCCLV
      8756: VIIIDCCLVI
      8757: VIIIDCCLVII
      8758: VIIIDCCLVIII
      8759: VIIIDCCLIX
      8760: VIIIDCCLX
      8761: VIIIDCCLXI
      8762: VIIIDCCLXII
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      8768: VIIIDCCLXVIII
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      8770: VIIIDCCLXX
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      8780: VIIIDCCLXXX
      8781: VIIIDCCLXXXI
      8782: VIIIDCCLXXXII
      8783: VIIIDCCLXXXIII
      8784: VIIIDCCLXXXIV
      8785: VIIIDCCLXXXV
      8786: VIIIDCCLXXXVI
      8787: VIIIDCCLXXXVII
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      8789: VIIIDCCLXXXIX
      8790: VIIIDCCXC
      8791: VIIIDCCXCI
      8792: VIIIDCCXCII
      8793: VIIIDCCXCIII
      8794: VIIIDCCXCIV
      8795: VIIIDCCXCV
      8796: VIIIDCCXCVI
      8797: VIIIDCCXCVII
      8798: VIIIDCCXCVIII
      8799: VIIIDCCXCIX
      8800: VIIIDCCC
      8801: VIIIDCCCI
      8802: VIIIDCCCII
      8803: VIIIDCCCIII
      8804: VIIIDCCCIV
      8805: VIIIDCCCV
      8806: VIIIDCCCVI
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      8809: VIIIDCCCIX
      8810: VIIIDCCCX
      8811: VIIIDCCCXI
      8812: VIIIDCCCXII
      8813: VIIIDCCCXIII
      8814: VIIIDCCCXIV
      8815: VIIIDCCCXV
      8816: VIIIDCCCXVI
      8817: VIIIDCCCXVII
      8818: VIIIDCCCXVIII
      8819: VIIIDCCCXIX
      8820: VIIIDCCCXX
      8821: VIIIDCCCXXI
      8822: VIIIDCCCXXII
      8823: VIIIDCCCXXIII
      8824: VIIIDCCCXXIV
      8825: VIIIDCCCXXV
      8826: VIIIDCCCXXVI
      8827: VIIIDCCCXXVII
      8828: VIIIDCCCXXVIII
      8829: VIIIDCCCXXIX
      8830: VIIIDCCCXXX
      8831: VIIIDCCCXXXI
      8832: VIIIDCCCXXXII
      8833: VIIIDCCCXXXIII
      8834: VIIIDCCCXXXIV
      8835: VIIIDCCCXXXV
      8836: VIIIDCCCXXXVI
      8837: VIIIDCCCXXXVII
      8838: VIIIDCCCXXXVIII
      8839: VIIIDCCCXXXIX
      8840: VIIIDCCCXL
      8841: VIIIDCCCXLI
      8842: VIIIDCCCXLII
      8843: VIIIDCCCXLIII
      8844: VIIIDCCCXLIV
      8845: VIIIDCCCXLV
      8846: VIIIDCCCXLVI
      8847: VIIIDCCCXLVII
      8848: VIIIDCCCXLVIII
      8849: VIIIDCCCXLIX
      8850: VIIIDCCCL
      8851: VIIIDCCCLI
      8852: VIIIDCCCLII
      8853: VIIIDCCCLIII
      8854: VIIIDCCCLIV
      8855: VIIIDCCCLV
      8856: VIIIDCCCLVI
      8857: VIIIDCCCLVII
      8858: VIIIDCCCLVIII
      8859: VIIIDCCCLIX
      8860: VIIIDCCCLX
      8861: VIIIDCCCLXI
      8862: VIIIDCCCLXII
      8863: VIIIDCCCLXIII
      8864: VIIIDCCCLXIV
      8865: VIIIDCCCLXV
      8866: VIIIDCCCLXVI
      8867: VIIIDCCCLXVII
      8868: VIIIDCCCLXVIII
      8869: VIIIDCCCLXIX
      8870: VIIIDCCCLXX
      8871: VIIIDCCCLXXI
      8872: VIIIDCCCLXXII
      8873: VIIIDCCCLXXIII
      8874: VIIIDCCCLXXIV
      8875: VIIIDCCCLXXV
      8876: VIIIDCCCLXXVI
      8877: VIIIDCCCLXXVII
      8878: VIIIDCCCLXXVIII
      8879: VIIIDCCCLXXIX
      8880: VIIIDCCCLXXX
      8881: VIIIDCCCLXXXI
      8882: VIIIDCCCLXXXII
      8883: VIIIDCCCLXXXIII
      8884: VIIIDCCCLXXXIV
      8885: VIIIDCCCLXXXV
      8886: VIIIDCCCLXXXVI
      8887: VIIIDCCCLXXXVII
      8888: VIIIDCCCLXXXVIII
      8889: VIIIDCCCLXXXIX
      8890: VIIIDCCCXC
      8891: VIIIDCCCXCI
      8892: VIIIDCCCXCII
      8893: VIIIDCCCXCIII
      8894: VIIIDCCCXCIV
      8895: VIIIDCCCXCV
      8896: VIIIDCCCXCVI
      8897: VIIIDCCCXCVII
      8898: VIIIDCCCXCVIII
      8899: VIIIDCCCXCIX
      8900: VIIICM
      8901: VIIICMI
      8902: VIIICMII
      8903: VIIICMIII
      8904: VIIICMIV
      8905: VIIICMV
      8906: VIIICMVI
      8907: VIIICMVII
      8908: VIIICMVIII
      8909: VIIICMIX
      8910: VIIICMX
      8911: VIIICMXI
      8912: VIIICMXII
      8913: VIIICMXIII
      8914: VIIICMXIV
      8915: VIIICMXV
      8916: VIIICMXVI
      8917: VIIICMXVII
      8918: VIIICMXVIII
      8919: VIIICMXIX
      8920: VIIICMXX
      8921: VIIICMXXI
      8922: VIIICMXXII
      8923: VIIICMXXIII
      8924: VIIICMXXIV
      8925: VIIICMXXV
      8926: VIIICMXXVI
      8927: VIIICMXXVII
      8928: VIIICMXXVIII
      8929: VIIICMXXIX
      8930: VIIICMXXX
      8931: VIIICMXXXI
      8932: VIIICMXXXII
      8933: VIIICMXXXIII
      8934: VIIICMXXXIV
      8935: VIIICMXXXV
      8936: VIIICMXXXVI
      8937: VIIICMXXXVII
      8938: VIIICMXXXVIII
      8939: VIIICMXXXIX
      8940: VIIICMXL
      8941: VIIICMXLI
      8942: VIIICMXLII
      8943: VIIICMXLIII
      8944: VIIICMXLIV
      8945: VIIICMXLV
      8946: VIIICMXLVI
      8947: VIIICMXLVII
      8948: VIIICMXLVIII
      8949: VIIICMXLIX
      8950: VIIICML
      8951: VIIICMLI
      8952: VIIICMLII
      8953: VIIICMLIII
      8954: VIIICMLIV
      8955: VIIICMLV
      8956: VIIICMLVI
      8957: VIIICMLVII
      8958: VIIICMLVIII
      8959: VIIICMLIX
      8960: VIIICMLX
      8961: VIIICMLXI
      8962: VIIICMLXII
      8963: VIIICMLXIII
      8964: VIIICMLXIV
      8965: VIIICMLXV
      8966: VIIICMLXVI
      8967: VIIICMLXVII
      8968: VIIICMLXVIII
      8969: VIIICMLXIX
      8970: VIIICMLXX
      8971: VIIICMLXXI
      8972: VIIICMLXXII
      8973: VIIICMLXXIII
      8974: VIIICMLXXIV
      8975: VIIICMLXXV
      8976: VIIICMLXXVI
      8977: VIIICMLXXVII
      8978: VIIICMLXXVIII
      8979: VIIICMLXXIX
      8980: VIIICMLXXX
      8981: VIIICMLXXXI
      8982: VIIICMLXXXII
      8983: VIIICMLXXXIII
      8984: VIIICMLXXXIV
      8985: VIIICMLXXXV
      8986: VIIICMLXXXVI
      8987: VIIICMLXXXVII
      8988: VIIICMLXXXVIII
      8989: VIIICMLXXXIX
      8990: VIIICMXC
      8991: VIIICMXCI
      8992: VIIICMXCII
      8993: VIIICMXCIII
      8994: VIIICMXCIV
      8995: VIIICMXCV
      8996: VIIICMXCVI
      8997: VIIICMXCVII
      8998: VIIICMXCVIII
      8999: VIIICMXCIX

      • petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de los artículos 25, apartado 6, y 28 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003 (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 95/46»), así como, en sustancia, la validez de la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, con arreglo a la Directiva 95/46, sobre la adecuación de la protección conferida por los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada y las correspondientes preguntas más frecuentes, publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América (DO L 215, p. 7).
        2 Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Schrems y el Data Protection Commissioner (comisario para la protección de datos; en lo sucesivo, «comisario»), acerca de la negativa de éste a instruir una reclamación presentada por el Sr. Schrems, basada en que Facebook Ireland Ltd (en lo sucesivo, «Facebook Ireland») transfiere a Estados Unidos los datos personales de sus usuarios y los conserva en sus servidores situados en ese país.
        Marco jurídico
        Directiva 95/46
        3 Los considerandos 2, 10, 56, 57, 60, 62 y 63 de la Directiva 95/46 están así redactados:
        «(2) […] los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; […] deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la [vida privada], y contribuir […] al bienestar de los individuos;
        […]
        (10) […] las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], así como en los principios generales del Derecho comunitario; […] por lo tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad;
        […]
        (56) […] los flujos transfronterizos de datos personales son necesarios para [el] desarrollo del comercio internacional; […] la protección de las personas
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        garantizada en la Comunidad por la presente Directiva no se opone a la transferencia de datos personales a terceros países que garanticen un nivel de protección adecuado; […] el carácter adecuado del nivel de protección ofrecido por un país tercero debe apreciarse teniendo en cuenta todas las circunstancias relacionadas con la transferencia o la categoría de transferencias;
        (57) […] por otra parte, […] cuando un país tercero no ofrezca un nivel de protección adecuado debe prohibirse la transferencia al mismo de datos personales;
        […]
        (60) […] en cualquier caso, las transferencias hacia países terceros sólo podrán efectuarse si se respetan plenamente las disposiciones adoptadas por los Estados miembros en aplicación de la presente Directiva, y, en particular, de su artículo 8;
        […]
        (62) […] la creación de una autoridad de control que ejerza sus funciones con plena independencia en cada uno de los Estados miembros constituye un elemento esencial de la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales;
        (63) […] dicha autoridad debe disponer de los medios necesarios para cumplir su función, ya se trate de poderes de investigación o de intervención, en particular en casos de reclamaciones presentadas a la autoridad o de poder comparecer en juicio; […]»
        4 Los artículos 1, 2, 25, 26, 28 y 31 de la Directiva 95/46 disponen:
        «Artículo 1
        Objeto de la Directiva
        1. Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la [vida privada], en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.
        […]
        Artículo 2
        Definiciones
        A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
        a) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
        b) “tratamiento de datos personales” (“tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
        […]
        d) “responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario;
        […]
        Artículo 25
        Principios
        1. Los Estados miembros dispondrán que la transferencia a un país tercero de datos personales que sean objeto de tratamiento o destinados a ser objeto de tratamiento con posterioridad a su transferencia, únicamente pueda efectuarse cuando, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas con arreglo a las demás disposiciones de la presente Directiva, el país tercero de que se trate garantice un nivel de protección adecuado.
        2. El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país tercero se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.
        3. Los Estados miembros y la Comisión se informarán recíprocamente de los casos en que consideren que un tercer país no garantiza un nivel de protección adecuado con arreglo al apartado 2.
        4. Cuando la Comisión compruebe, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31, que un tercer país no garantiza un nivel de protección adecuado con arreglo al apartado 2 del presente artículo, los Estados
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier transferencia de datos personales al tercer país de que se trate.
        5. La Comisión iniciará en el momento oportuno las negociaciones destinadas a remediar la situación que se produzca cuando se compruebe este hecho en aplicación del apartado 4.
        6. La Comisión podrá hacer constar, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 31, que un país tercero garantiza un nivel de protección adecuado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, a la vista de su legislación interna o de sus compromisos internacionales, suscritos especialmente al término de las negociaciones mencionadas en el apartado 5, a efectos de protección de la vida privada o de las libertades o de los derechos fundamentales de las personas.
        Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la Comisión.
        Artículo 26
        Excepciones
        1. No obstante lo dispuesto en el artículo 25 y salvo disposición contraria del Derecho nacional que regule los casos particulares, los Estados miembros dispondrán que pueda efectuarse una transferencia de datos personales a un país tercero que no garantice un nivel de protección adecuado con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 25, siempre y cuando:
        a) el interesado haya dado su consentimiento inequívocamente a la transferencia prevista, o
        b) la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales tomadas a petición del interesado, o
        c) la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y un tercero, o
        d) la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguardia de un interés público importante, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial, o
        e) la transferencia sea necesaria para la salvaguardia del interés vital del interesado, o
        f) la transferencia tenga lugar desde un registro público que, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta por el público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece la ley para la consulta.
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar una transferencia o una serie de transferencias de datos personales a un tercer país que no garantice un nivel de protección adecuado con arreglo al apartado 2 del artículo 25, cuando el responsable del tratamiento ofrezca garantías suficientes respecto de la protección de la vida privada, de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como respecto al ejercicio de los respectivos derechos; dichas garantías podrán derivarse, en particular, de cláusulas contractuales apropiadas.
        3. Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros acerca de las autorizaciones que concedan con arreglo al apartado 2.
        En el supuesto de que otro Estado miembro o la Comisión expresaren su oposición y la justificaren debidamente por motivos derivados de la protección de la vida privada y de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la Comisión adoptará las medidas adecuadas con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 31.
        Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la Comisión.
        […]
        Artículo 28
        Autoridad de control
        1. Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva.
        Estas autoridades ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia.
        2. Los Estados miembros dispondrán que se consulte a las autoridades de control en el momento de la elaboración de las medidas reglamentarias o administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal.
        3. La autoridad de control dispondrá, en particular, de:
        – poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control,
        – poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de formular dictámenes antes de realizar los tratamientos, con arreglo al artículo 20, y garantizar una publicación adecuada de dichos dictámenes, o el de ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisional o definitivamente un tratamiento, o el de dirigir una advertencia o amonestación al responsable del tratamiento o el de someter la cuestión a los parlamentos u otras instituciones políticas nacionales,
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        – capacidad procesal en caso de infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva o [capacidad para] poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad judicial.
        Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso jurisdiccional.
        4. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier asociación que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.
        Toda autoridad de control entenderá, en particular, de las solicitudes de verificación de la licitud de un tratamiento que le presente cualquier persona cuando sean de aplicación las disposiciones nacionales tomadas en virtud del artículo 13 de la presente Directiva. Dicha persona será informada en todos los casos de que ha tenido lugar una verificación.
        […]
        6. Toda autoridad de control será competente, sean cuales sean las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para ejercer en el territorio de su propio Estado miembro los poderes que se le atribuyen en virtud del apartado 3 del presente artículo. Dicha autoridad podrá ser instada a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.
        […]
        Artículo 31
        […]
        2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE [del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23)], observando lo dispuesto en su artículo 8.
        […]»
        Decisión 2000/520
        5 La Decisión 2000/520 fue adoptada por la Comisión con fundamento en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46.
        6 Los considerandos 2, 5 y 8 de esa Decisión están así redactados:
        «(2) La Comisión puede determinar que un tercer país garantiza un nivel de protección adecuado. En tal caso, pueden transferirse datos personales desde los Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicional.
        […]
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        (5) El nivel adecuado de protección de la transferencia de datos desde la Comunidad a Estados Unidos de América, reconocido por la presente Decisión, debe alcanzarse si las entidades cumplen los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada, con objeto de proteger los datos personales transferidos de un Estado miembro a Estados Unidos de América (en lo sucesivo denominados “los principios”), así [como] las preguntas más frecuentes (en lo sucesivo denominadas “FAQ”), en las que se proporciona orientación para aplicar los principios, publicadas por el Gobierno de Estados Unidos de América con fecha 21 de julio de 2000. Además, las entidades deben dar a conocer públicamente sus políticas de protección de la vida privada y someterse a la jurisdicción de la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio, FTC) a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Federal Trade Commission Act, en la que se prohíben actos o prácticas desleales o fraudulentas en el comercio o en relación con él, o a la jurisdicción de otros organismos públicos que garanticen el cumplimiento efectivo de los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ.
        […]
        (8) Aunque se compruebe el nivel adecuado de la protección, por motivos de transparencia y para proteger la capacidad de las autoridades correspondientes de los Estados miembros de garantizar la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, resulta necesario especificar en la presente Decisión las circunstancias excepcionales que pudieran justificar la suspensión de flujos específicos de información.»
        7 A tenor de los artículos 1 a 4 de la Decisión 2000/520:
        «Artículo 1
        1. A los efectos del apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, para todas las actividades cubiertas por la misma, se considerará que los principios de puerto seguro (en lo sucesivo denominados “los principios”), que figuran en el anexo I de la presente Decisión, aplicados de conformidad con la orientación que proporcionan las preguntas más frecuentes (en lo sucesivo denominadas “FAQ”) publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América con fecha 21 de julio de 2000, que figuran en el anexo II de la presente Decisión, garantizan un nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos desde la Comunidad a entidades establecidas en Estados Unidos de América, habida cuenta de los siguientes documentos publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América:
        a) Estudio de aplicación, que figura en el anexo III;
        b) Memorando sobre daños y perjuicios por violación de la vida privada y autorizaciones explícitas en la legislación estadounidense, que figura en el anexo IV;
        c) Carta de la Comisión Federal de Comercio, que figura en el anexo V;
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        d) Carta del Departamento estadounidense de Transporte, que figura en el anexo VI.
        2. En relación con cada transferencia de datos deberán cumplirse las condiciones siguientes:
        a) la entidad receptora de los datos deberá haber manifestado de forma inequívoca y pública su compromiso de cumplir los principios aplicados de conformidad con las FAQ;
        b) la entidad estará sujeta a la jurisdicción de uno de los organismos públicos estadounidenses que figuran en el anexo VII de la presente Decisión, que estará facultado para investigar las quejas que se presenten y solicitar medidas provisionales contra las prácticas desleales o fraudulentas, así como reparaciones para los particulares, independientemente de su país de residencia o de su nacionalidad, en caso de incumplimiento de los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ.
        3. Se considerará que la entidad que autocertifica su adhesión a los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ cumple las condiciones mencionadas en el apartado 2 a partir de la fecha en que notifique al Departamento de Comercio de Estados Unidos de América o a su representante el compromiso a que se refiere la letra a) del apartado 2, así como la identidad del organismo público a que se refiere la letra b) del apartado 2.
        Artículo 2
        La presente Decisión se refiere únicamente a la adecuación de la protección proporcionada en Estados Unidos de América con arreglo a los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ a fin de ajustarse a los requisitos del apartado 1 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, y no afecta a la aplicación de las demás disposiciones de dicha Directiva [correspondientes] al tratamiento de datos personales en los Estados miembros, y en particular a su artículo 4.
        Artículo 3
        1. Sin perjuicio de sus facultades para emprender acciones que garanticen el cumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con disposiciones diferentes del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán ejercer su facultad de suspender los flujos de datos hacia una entidad que haya autocertificado su adhesión a los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ, a fin de proteger a los particulares contra el tratamiento de sus datos personales, en los casos siguientes:
        a) el organismo público de Estados Unidos de América contemplado en el anexo VII de la presente Decisión, o un [órgano] independiente de recurso, a efectos de la letra a) del principio de aplicación, que figura en el anexo I de la presente Decisión, ha resuelto que la entidad ha vulnerado los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ; o
        b) existen grandes probabilidades de que se estén vulnerando los principios; existen razones para creer que el [órgano] de aplicación correspondiente no
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        ha tomado o no tomará las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión; la continuación de la transferencia podría crear un riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados; y las autoridades competentes del Estado miembro han hecho esfuerzos razonables en estas circunstancias para notificárselo a la entidad y proporcionarle la oportunidad de alegar.
        La suspensión cesará en cuanto esté garantizado el cumplimiento de los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ y las autoridades correspondientes de la Unión Europea hayan sido notificadas de ello.
        2. Los Estados miembros informarán a la Comisión a la mayor brevedad de la adopción de medidas con arreglo al apartado 1.
        3. Asimismo, los Estados miembros y la Comisión se informarán recíprocamente de aquellos casos en que la actuación de los organismos responsables del cumplimiento de los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ en Estados Unidos de América no garantice dicho cumplimiento.
        4. Si la información recogida con arreglo a los apartados 1 a 3 demuestra que un organismo responsable del cumplimiento de los principios y su aplicación de conformidad con las FAQ en Estados Unidos de América no está ejerciendo su función, la Comisión lo notificará al Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y, si procede, presentará un proyecto de medidas con arreglo al procedimiento que establece el artículo 31 de la Directiva, a fin de anular o suspender la presente Decisión o limitar su ámbito de aplicación.
        Artículo 4
        1. La presente Decisión podrá adaptarse en cualquier momento de conformidad con la experiencia resultante de su aplicación o si el nivel de protección establecido por los principios y las FAQ es superado por los requisitos de la legislación estadounidense.
        La Comisión analizará en todo caso, basándose en la información disponible, la aplicación de la presente Decisión tres años después de su notificación a los Estados miembros e informará de cualquier resultado pertinente al Comité previsto en el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE, en particular de toda prueba que pueda afectar a la evaluación de que las disposiciones del artículo 1 de la presente Decisión proporcionan protección adecuada a efectos del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE y de toda prueba de que la presente Decisión se está aplicando de forma discriminatoria.
        2. La Comisión presentará, si procede, proyectos de medidas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 de la Directiva 95/46/CE.»
        8 El anexo I de la Decisión 2000/520 tiene la siguiente redacción:
        «Principios de puerto seguro (protección de la vida privada)
        Publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América el 21 de julio de 2000
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        […]
        […] el Departamento Federal de Comercio publica el presente documento más las preguntas más frecuentes (“los principios”), o FAQ, en su calidad de autoridad competente para estimular, fomentar y desarrollar el comercio internacional. Dichos principios se formularon en consulta con la industria y la opinión pública para facilitar el comercio y las transacciones entre Estados Unidos de América y la Unión Europea. Son de utilización exclusiva de las entidades estadounidenses que reciben datos personales de la Unión Europea, al efecto de reunir los requisitos de “puerto seguro” y obtener la correspondiente presunción de “adecuación”. Puesto que los principios se concibieron exclusivamente para lograr este objetivo concreto, resultaría impropia su utilización con otros fines. […]
        La decisión de adherirse a los requisitos de “puerto seguro” es totalmente voluntaria, pero éstos pueden cumplirse de distintas maneras […]
        La adhesión a estos principios puede limitarse: a) [en] cuanto sea necesario para cumplir las exigencias de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley [de Estados Unidos]; b) por disposición legal o reglamentaria, o jurisprudencia, que originen conflictos de obligaciones o autorizaciones [explícitas], siempre que las entidades que recurran a tales autorizaciones puedan demostrar que el incumplimiento de los principios se limita a las medidas necesarias para garantizar los intereses legítimos esenciales contemplados por las mencionadas autorizaciones; c) por excepción o dispensa prevista en la Directiva o las normas de Derecho interno de los Estados miembros siempre que tal excepción o dispensa se aplique en contextos comparables. A fin de ser coherentes con el objetivo de mejorar la protección de la vida privada, las entidades deberán esforzarse en aplicar estos principios de manera completa y transparente, lo que incluye indicar en sus políticas de protección de la vida privada cuándo se aplicarán de manera regular las limitaciones a los principios permitidas por la anterior letra b). Por esta misma razón, cuando se permita la opción a tenor de los principios y/o de la legislación de Estados Unidos de América, se espera que las entidades opten por el mayor nivel de protección posible.
        […]»
        9 El anexo II de la Decisión 2000/520 está redactado como sigue:
        «Preguntas más frecuentes (FAQ)
        […]
        FAQ nº 6 — Autocertificación
        P: ¿De qué modo una entidad autocertifica su adhesión a los principios de puerto seguro?
        R: Los beneficios del puerto seguro se garantizan desde la fecha en que una entidad autocertifica ante el Departamento de Comercio, o su representante,
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        su adhesión a los principios de conformidad con las directrices que se indican a continuación.
        Para proceder a la autocertificación, las entidades pueden proporcionar al Departamento de Comercio (o a su representante) una carta firmada por uno de los responsables de la empresa en nombre de la entidad que se adhiere al puerto seguro, que contendrá cuando menos la información siguiente:
        1) nombre de la entidad, señas postales y de correo electrónico, teléfono y fax;
        2) descripción de las actividades de la entidad en lo relativo a la información personal recibida de la Unión Europea; y
        3) descripción de su política de protección de la vida privada respecto de dicha información personal, con indicación de: a) el lugar donde puede consultarla el público; b) la fecha de entrada en vigor de dicha política; c) una oficina de contacto para la tramitación de las quejas, las solicitudes de acceso y cualquier otra cuestión relacionada con los principios de puerto seguro; d) el organismo oficial concreto con jurisdicción para entender de cualquier queja contra la entidad por posibles prácticas desleales o fraudulentas y vulneraciones de las leyes o normas sobre la vida privada (y citado en el anexo de los principios); e) el nombre de los programas de protección de la vida privada a los que esté adscrita la entidad; f) el método de verificación (por ejemplo, interna, por terceros) […]; y g) la instancia independiente de recurso que se ocupará de investigar las quejas no resueltas.
        Si la entidad desea que los beneficios del puerto seguro se apliquen a la información sobre recursos humanos transferida desde la Unión Europea para usarla en el contexto de la relación laboral, puede hacerlo siempre que exista un organismo oficial con jurisdicción para entender de cualquier queja contra la entidad provocada por información sobre recursos humanos citado en el anexo de los principios. […]
        El Departamento (o su representante) llevará una lista de las entidades que presenten dichas cartas, dispensándoles por consiguiente los beneficios del puerto seguro. Asimismo, actualizará la lista con las cartas anuales y las notificaciones recibidas de conformidad con la FAQ nº 11. […]
        […]
        FAQ nº 11 — Resolución de litigios y ejecución
        P: ¿Cómo deberán cumplirse los requisitos de resolución de litigios impuestos por el principio de aplicación y cómo se deberá actuar ante el caso de que una entidad incumpla sistemáticamente los principios?
        R: El principio de aplicación establece los requisitos en virtud de los cuales se regulan los mecanismos de aplicación del puerto seguro. La FAQ sobre verificación (FAQ nº 7) establece la forma de reunir los requisitos de la
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        letra b) del principio. En la presente FAQ nº 11 se abordan las letras a) y c), que requieren instancias independientes de recurso. Dichas instancias pueden adoptar formas diversas, pero siempre deben reunir los requisitos exigidos por el principio de aplicación. Las entidades podrán cumplirlos de la manera siguiente: 1) conformidad con programas de protección de la vida privada concebidos por el sector privado que incorporen los principios de puerto seguro en sus normas y cuenten con mecanismos de aplicación eficaces, similares a los descritos en el principio de aplicación; 2) conformidad con lo dispuesto por las autoridades de control establecidas legal o reglamentariamente [encargadas de] la tramitación de las quejas individuales y la resolución de litigios; o 3) compromiso de colaboración con las autoridades de protección de datos establecidas en la Comunidad Europea o sus representantes autorizados. Esta lista se ofrece a título ilustrativo y no es de ninguna manera taxativa. El sector privado puede crear otros mecanismos de aplicación, siempre que reúnan los requisitos contemplados en el principio de aplicación y en las FAQ. Obsérvese que los requisitos del principio de aplicación se añaden al requisito expuesto en el apartado 3 de la introducción a los principios, en el sentido de que las iniciativas autorreguladoras deberán ser vinculantes con arreglo al artículo 5 de la Federal Trade Commission Act (Ley de la Comisión Federal de Comercio) o legislación similar.
        Instancias de recurso
        Se alentará a los consumidores a presentar cualquier queja que tengan ante la entidad correspondiente antes de acudir a las instancias de recurso independientes. […]
        […]
        Recurso ante la FTC
        La FTC se ha comprometido a tramitar prioritariamente los casos presentados por los organismos de autorregulación privados, como BBBOnline y TRUSTe, y [por] los Estados miembros de la Unión Europea que aleguen el incumplimiento de los principios de puerto seguro, a fin de determinar si se ha vulnerado el artículo 5 de la Ley FTC, por la que se prohíben los actos o prácticas desleales o fraudulentos en el comercio. […]
        […]»
        10 A tenor del anexo IV de la Decisión 2000/520:
        «Memorando sobre [indemnización] por violación de las reglas sobre protección de la [vida privada], autorizaciones explícitas y fusiones y absorciones en el Derecho estadounidense
        Este documento viene a responder a las aclaraciones solicitadas por la Comisión Europea sobre la legislación estadounidense en materia de: a) demandas de indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho [al respeto de la vida privada], b) “autorizaciones explícitas” para la utilización de datos personales
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        sin atenerse a los principios […] de puerto seguro y c) efectos de las fusiones y absorciones sobre las obligaciones contraídas en virtud de dichos principios.
        […]
        B. Autorizaciones legales explícitas
        Los principios de puerto seguro recogen una excepción cuando las normas legales o reglamentarias o la jurisprudencia crean “obligaciones en contrario o autorizaciones explícitas, siempre que en el ejercicio de tal autorización la entidad acredite que el incumplimiento de dichos principios se limita a lo necesario para satisfacer los intereses legítimos que tal autorización considera deben prevalecer”. Es evidente que, si la legislación estadounidense establece una obligación en contrario, las entidades deben cumplirla, dentro o fuera del ámbito de los principios de puerto seguro. Con respecto a las autorizaciones explícitas, aunque estos principios tienen como finalidad salvar las diferencias entre los regímenes estadounidense y europeo de protección de la [vida privada], debemos respetar las facultades legislativas de nuestros legisladores. Esta limitada excepción del cumplimiento estricto de los principios de puerto seguro trata de encontrar un equilibrio entre los intereses legítimos de cada parte.
        La excepción se circunscribe a los casos en los que haya una autorización explícita. Por tanto, como cuestión de partida, la norma legal o reglamentaria o la resolución judicial en cuestión debe autorizar expresamente la conducta concreta de las entidades adheridas a los principios de puerto seguro. [Con otras palabras, la excepción no será aplicable si la ley guarda silencio]. [Además,] la excepción sólo será aplicable si la autorización explícita entra en conflicto con el cumplimiento de dichos principios. Aun en tal caso, la excepción “está limitada a lo necesario para satisfacer los intereses legítimos que tal autorización considera deben prevalecer”. A modo de ejemplo, si la Ley se limita a autorizar a una empresa a proporcionar datos personales a las autoridades públicas, la excepción no sería de aplicación. Por el contrario, si la Ley autoriza expresamente a la empresa a proporcionar información personal a organismos oficiales sin el consentimiento del interesado, esto constituiría una “autorización explícita” para actuar de modo contrario a lo establecido en los principios de puerto seguro. Por su parte, las excepciones concretas a los requisitos expresos de notificar y prestar consentimiento caerían en el ámbito de la excepción (dado que sería equivalente a una autorización explícita a revelar los datos sin notificación ni consentimiento). Por ejemplo, una ley que autorice a los médicos a proporcionar los historiales médicos de sus pacientes a las autoridades sanitarias sin el previo consentimiento de éstos puede permitir una excepción de los principios de notificación y opción. Esta autorización no permitiría al médico entregar estos mismos historiales a las organizaciones de protección de la salud o los laboratorios farmacéuticos comerciales, que quedarían fuera del ámbito de los fines autorizados por la ley y, por tanto, de la excepción.[…]. La autorización legal en cuestión puede ser una autorización “aislada” para hacer determinadas cosas con los datos personales, pero, como ilustran los ejemplos siguientes, será probablemente una excepción a una norma más amplia que prohíba obtener, utilizar o revelar datos personales.
        […]»
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        Comunicación COM(2013) 846
        11 El 27 de noviembre de 2013 la Comisión adoptó la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Restablecer la confianza en los flujos de datos entre la UE y EE.UU» [COM(2013) 846 final; en lo sucesivo, «Comunicación COM(2013) 846 final»]. Acompañaba a esa Comunicación un informe, también de fecha 27 de noviembre de 2013, que contiene las «conclusiones de los copresidentes de la Unión Europea del grupo de trabajo ad hoc Unión EuropeaEstados Unidos sobre protección de datos personales» («Report on the Findings by the EU Co-chairs of the ad hoc EU-US Working Group on Data Protection»). Como expone su punto 1, ese informe se había elaborado en cooperación con Estados Unidos a raíz de la revelación de la existencia en ese país de varios programas de vigilancia que comprendían la recogida y el tratamiento de información a gran escala de datos personales. Ese informe contenía, en particular, un análisis detallado del ordenamiento jurídico de Estados Unidos en lo que concierne especialmente a las bases legales que autorizan la existencia de programas de vigilancia y la recogida y el tratamiento de datos personales por autoridades estadounidenses.
        12 En el punto 1 de la Comunicación COM(2013) 846 final la Comisión precisó que «los intercambios comerciales son objeto de la Decisión [2000/520]», y añadió que «dicha Decisión establece una base jurídica para la transferencia de datos personales desde la UE a las empresas establecidas en Estados Unidos que se han adherido a los principios del régimen de puerto seguro.» Además, en ese mismo punto 1 la Comisión puso énfasis en la creciente importancia de los flujos de datos personales, ligada en especial al desarrollo de la economía digital, que «ha dado lugar a un crecimiento exponencial de la cantidad, calidad, diversidad y naturaleza de las actividades de tratamiento de datos».
        13 En el punto 2 de esa Comunicación la Comisión manifiesta que «ha aumentado la preocupación por el nivel de protección de los datos personales de los ciudadanos de la [Unión] transferidos a Estados Unidos en el marco del régimen de puerto seguro» y que «el carácter voluntario y declarativo del régimen ha centrado la atención en su transparencia y cumplimiento.»
        14 Además, la Comisión expuso en el referido punto 2 que «las autoridades estadounidenses pueden acceder y seguir tratando los datos personales de los ciudadanos de la [Unión] enviados a Estados Unidos en el marco del régimen de puerto seguro de forma incompatible con los motivos por los que se recogieron inicialmente dichos datos en la [Unión] y con los fines por los que se transfirieron a Estados Unidos» y que «la mayoría de las empresas estadounidenses de internet relacionadas más directamente con [los] programas [de vigilancia] están certificadas en el marco del régimen de puerto seguro.»
        15 En el punto 3.2 de la Comunicación COM(2013) 846 final la Comisión señaló la existencia de diversas deficiencias en la aplicación de la Decisión 2000/520. Puso de manifiesto que algunas empresas estadounidenses certificadas no respetaban los principios enunciados en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2000/520 (en lo sucesivo, «principios de puerto seguro»), y que, mediante mejoras de esa Decisión, «deben subsanarse las deficiencias estructurales relacionadas con la
        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        transparencia y la aplicación y deben reforzarse los principios sustantivos del régimen de puerto seguro y la aplicación de la excepción por motivos de seguridad nacional». Por otra parte, observó que «el régimen de puerto seguro sirve asimismo de interfaz para la transferencia de los datos personales de los ciudadanos [europeos] desde la [Unión Europea] a los Estados Unidos por parte de las empresas [a] las que se pide que suministren datos a los servicios de información de los Estados Unidos en el marco de los programas de recogida de información

    • 🖕 lucia tejero muiña y miguel angel simon cabello cuidado andan los estafodores otra vez actuando ya an estado en la carcel pero se dedican a estafar almacenes PAGAR LO QE DEBEIS

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    • tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Nejvyšší správní soud (República Checa), mediante resolución de 20 de marzo de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de abril de 2013, en el procedimiento entre
      František Ryneš
      y
      Úřad pro ochranu osobních údajů,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský y M. Safjan (Ponente) y las Sras. A. Prechal y K. Jürimäe, Jueces;
      Abogado General: Sr. N. Jääskinen;
      Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de marzo de 2014;
      consideradas las observaciones presentadas:
      — en nombre del Sr. Ryneš, por el Sr. M. Šalomoun, advokát;
      — en nombre de la Úřad pro ochranu osobních údajů, por el Sr. I. Němec, advokát, y el Sr. J. Prokeš;
      — en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
      — en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González, en calidad de agente;
      — en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      — en nombre del Gobierno austriaco, por los Sres. A. Posch y G. Kunnert, en calidad de agentes;
      — en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y las Sras. J. Fałdyga y M. Kamejsza, en calidad de agentes;
      — en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y la Sra. C. Vieira Guerra, en calidad de agentes;
      — en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. L. Christie, en calidad de agente, asistido por el Sr. J. Holmes, Barrister;
      — en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B. Martenczuk y las Sras. P. Němečková y Z. Malůšková, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2014;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31).
      2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Ryneš y la Úřad pro ochranu osobních údajů (Agencia checa de protección de datos de carácter personal; en lo sucesivo, «Agencia de protección de datos»), relativo a la resolución mediante la que esta última declaró que el Sr. Ryneš había cometido varias infracciones en lo que atañe a la protección de datos de carácter personal.
      Marco jurídico
      Derecho de la Unión
      3 Los considerandos 10, 12 y 14 a 16 de la Directiva 95/46 exponen lo siguiente:
      «(10) […] las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como en los principios generales del Derecho comunitario; […] por lo tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad;
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      […]
      (12) […] debe excluirse el tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, como la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones;
      […]
      (14) […] habida cuenta de la importancia que, en el marco de la sociedad de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a dichos datos;
      (15) […] los tratamientos que afectan a dichos datos sólo quedan amparados por la presente Directiva cuando están automatizados o cuando los datos a que se refieren se encuentran contenidos o se destinan a encontrarse contenidos en un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas, a fin de que se pueda acceder fácilmente a los datos de carácter personal de que se trata;
      (16) […] los tratamientos de datos constituidos por sonido e imagen, como los de la vigilancia por videocámara, no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva cuando se aplican con fines de seguridad pública, defensa, seguridad del Estado o para el ejercicio de las actividades del Estado relacionadas con ámbitos del Derecho penal o para el ejercicio de otras actividades que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario».
      4 A tenor del artículo 2 de la citada Directiva:
      «A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      a) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante […] uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física […];
      b) “tratamiento de datos personales” (“tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
      c) “fichero de datos personales” (“fichero”): todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      d) “responsable del tratamiento”: la persona física […] que sol[a] o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales […]».
      5 El artículo 3 de la misma Directiva establece:
      «1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
      2. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de datos personales:
      — efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades del Estado en materia penal;
      — efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.»
      6 El artículo 7 de la misma Directiva tiene la siguiente redacción:
      «Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si:
      a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o
      […]
      f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.»
      7 El artículo 11 de la Directiva 95/46 dispone lo siguiente:
      «1. Cuando los datos no hayan sido recabados del interesado, los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento […] deberá[…], desde el momento del registro de los datos […], comunicar al interesado por lo menos la información que se enumera a continuación, salvo si el interesado ya hubiera sido informado de ello:
      a) la identidad del responsable del tratamiento […];
      b) los fines del tratamiento de que van a ser objeto los datos;
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      c) cualquier información adicional como:
      — las categorías de los datos de que se trate,
      — los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos,
      — la existencia de derechos de acceso y rectificación de los datos que la conciernen,
      en la medida en que, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se hayan obtenido los datos, dicha información suplementaria resulte necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal respecto del interesado.
      2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán, en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley. En tales casos, los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas.»
      8 El artículo 13, apartado 1, de la citada Directiva establece:
      «Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de las obligaciones y los derechos previstos […] en el apartado 1 del artículo 11 […] cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguardia de:
      […]
      d) la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas;
      […]
      g) la protección […] de los derechos y libertades de otras personas.»
      9 A tenor del artículo 18, apartado 1, de la misma Directiva:
      «Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento […] efectúe una notificación a la autoridad de control […] con anterioridad a la realización de un tratamiento o de un conjunto de tratamientos, total o parcialmente automatizados, destinados a la consecución de un fin o de varios fines conexos.»
      Derecho checo
      10 El artículo 3, apartado 3, de la Ley nº 101/2000 Sb., relativa a la protección de datos personales y a la modificación de determinadas leyes (en lo sucesivo, «Ley nº 101/2000»), dispone lo siguiente:
      «La presente Ley no se aplicará al tratamiento de datos personales efectuado por una persona física para su uso exclusivamente personal».
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      11 El artículo 44, apartado 2, de la citada Ley regula la responsabilidad de las personas que se ocupan del tratamiento de datos personales, las cuales cometerán una infracción cuando traten los datos personales sin el consentimiento del interesado, cuando no faciliten a este último la información pertinente y cuando no cumplan con la obligación de informar a la autoridad competente.
      12 Con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la misma Ley, el tratamiento de datos personales sólo es posible, en principio, con el consentimiento del interesado. A falta de tal consentimiento, el tratamiento de datos personales podrá efectuarse cuando sea necesario para la protección de los derechos e intereses legítimos del responsable del tratamiento, del beneficiario o de otras personas afectadas. No obstante, el tratamiento de datos personales en ningún caso podrá vulnerar el derecho del interesado a la protección de su vida privada o intimidad.
      Litigio principal y cuestión prejudicial
      13 Durante el período comprendido entre el 5 de octubre de 2007 y el 11 de abril de 2008, el Sr. Ryneš instaló y utilizó un sistema de videocámara situado bajo los aleros del tejado de la vivienda familiar. La cámara estaba instalada en una posición fija, en la que no podía girar, y filmaba imágenes de la entrada de la propia vivienda, de la vía pública y de la entrada a la vivienda situada enfrente. El sistema permitía únicamente captar imágenes en vídeo, las cuales se almacenaban en un dispositivo de grabación continuada, a saber, el disco duro. Una vez que se agotaba la capacidad del disco, grababa imágenes sobre la antigua grabación. El dispositivo de grabación no disponía de monitor, de manera que no era posible ver las imágenes en tiempo real. Tan sólo el Sr. Ryneš tenía acceso directo al sistema y a los datos almacenados.
      14 El órgano jurisdiccional remitente observa que la única razón por la que el Sr. Ryneš había instalado la mencionada cámara era para proteger los bienes, la salud y la vida de él mismo y de su familia. En efecto, tanto el demandante como su familia habían sufrido reiteradas agresiones durante varios años por parte de un desconocido que nunca había sido identificado. Además, las ventanas de la vivienda familiar habían sido destrozadas varias veces entre 2005 y 2007.
      15 En la noche del 6 al 7 de octubre de 2007, se produjo otra agresión. Un proyectil lanzado con un tirachinas rompió una ventana de la vivienda. Gracias al sistema de videovigilancia de que se trata resultó posible identificar a dos sospechosos. Las grabaciones fueron entregadas a la policía y, posteriormente, se invocaron como medio de prueba en el marco del procedimiento penal incoado.
      16 Uno de los sospechosos reclamó que se examinase la legalidad del sistema de videovigilancia del Sr. Ryneš, por lo que la Agencia de protección de datos declaró, mediante resolución de 4 de agosto de 2008, que aquél había cometido varias infracciones de las tipificadas en la Ley nº 101/2000, basándose en los siguientes hechos:
      — que el Sr. Ryneš, actuando en calidad de responsable del tratamiento de datos personales, obtuvo, mediante un sistema de vigilancia por videocámara, datos personales de la gente que pasaba por la calle frente a la
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      casa y de quienes entraban en la vivienda situada al otro lado de la calle, sin su consentimiento;
      — que las personas afectadas no fueron informadas acerca del tratamiento de los mencionados datos personales, ni sobre la finalidad y amplitud del tratamiento de éstos, ni sobre la persona que efectuaba el tratamiento de los datos y la manera en que lo llevaba a cabo, ni tampoco sobre las personas que podrían tener acceso a los datos en cuestión;
      — y que, como responsable del tratamiento de los datos, el Sr. Ryneš no había cumplido la obligación de comunicarlo a la Agencia de protección de datos.
      17 El Městský soud v Praze (Tribunal municipal de Praga), que conoció del recurso interpuesto por el Sr. Ryneš contra la citada resolución, desestimó ese recurso mediante sentencia de 25 de abril de 2012. El Sr. Ryneš recurrió en casación dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente.
      18 En tales circunstancias, el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguientes cuestión prejudicial:
      «La utilización de un sistema de cámara de vídeo instalado en una vivienda familiar con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de los propietarios de la vivienda, ¿puede calificarse de tratamiento de datos personales “efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas” a efectos del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46 […], aunque tal sistema de videovigilancia cubra también el espacio público?»
      Sobre la cuestión prejudicial
      19 Mediante la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 3, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que la utilización de un sistema de cámara de vídeo, que da lugar a la obtención de imágenes de personas que luego se almacenan en un dispositivo de grabación continuada, como un disco duro, sistema de videovigilancia instalado por una persona física en su vivienda familiar con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de los propietarios de la vivienda y cuya vigilancia cubre asimismo el espacio público, constituye un tratamiento de datos efectuado en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas a efectos de la citada disposición.
      20 Cabe recordar que, a tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, las disposiciones de ésta se aplicarán «al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero».
      21 El concepto de «datos personales» que figura en el citado precepto engloba, en virtud de la definición recogida en el artículo 2, letra a), de la misma Directiva, «toda información sobre una persona física identificada o identificable». Se considerará identificable «toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      o indirectamente, en particular mediante […] uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física».
      22 Por consiguiente, la imagen de una persona grabada por una cámara constituye un dato personal en el sentido de la disposición contemplada en el apartado anterior, en la medida en que permite identificar a la persona afectada.
      23 En cuanto al concepto de «tratamiento de datos personales», procede señalar que en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 este concepto es definido como «cualquier operación o conjunto de operaciones […] aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, […] conservación».
      24 Según resulta en particular de los considerandos 15 y 16 de la Directiva 95/46, la vigilancia por videocámara está comprendida, en principio, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, en la medida en que constituye un tratamiento automatizado.
      25 Pues bien, una vigilancia efectuada mediante la grabación en vídeo de imágenes de personas que, como sucede en el litigio principal, se almacenan en un dispositivo de grabación continuada, a saber, el disco duro, constituye, conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, un tratamiento automatizado de datos personales.
      26 El órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide el extremo de si, en una situación como la controvertida en el litigio principal, tal tratamiento de datos queda no obstante fuera de la aplicación de la Directiva 95/46 en la medida en que se efectúa «en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas», en el sentido del artículo 3, apartado 2, segundo guión, de dicha Directiva.
      27 Tal y como se desprende del artículo 1 y del considerando 10 de la Directiva 95/46, ésta tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, de la vida privada o intimidad, en relación con el tratamiento de los datos personales (véase la sentencia Google Spain y Google, C-131/12, EU:C:2014:317, apartado 66).
      28 A este respecto, procede hacer constar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, la protección del derecho fundamental a la vida privada, que garantiza el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, exige que las excepciones a la protección de los datos personales y las restricciones a dicha protección se establezcan sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario (véanse las sentencias IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, apartado 39, así como Digital Rights Ireland y otros, C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238, apartado 52).
      29 Teniendo en cuenta que las disposiciones de la Directiva 95/46, en la medida en que regulan el tratamiento de datos personales que puede vulnerar las libertades fundamentales y, en particular, el derecho a la intimidad o la protección de la vida privada, deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales recogidos
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      en la citada Carta (véase la sentencia Google Spain y Google, EU:C:2014:317, apartado 68), la excepción prevista en el artículo 3, apartado 2, segundo guión, de dicha Directiva debe ser interpretada en sentido estricto.
      30 Tal interpretación estricta se fundamenta también en el propio texto de la disposición que acaba de citarse, según el cual la Directiva 95/46 no se limita a prever que sus disposiciones no se aplicarán al tratamiento de datos personales en el ejercicio de actividades personales o domésticas, sino que exige que se trate del ejercicio de actividades «exclusivamente» personales o domésticas.
      31 A la luz de las consideraciones precedentes, procede constatar que, tal como observa el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, la excepción contemplada en el artículo 3, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46 únicamente se aplica al tratamiento de datos personales cuando éste se efectúa en la esfera exclusivamente personal o doméstica de quien procede al tratamiento de datos.
      32 De este modo, en lo que atañe a las personas físicas, la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones constituyen, a la luz del considerando 12 de la Directiva 95/46, «actividades exclusivamente personales o domésticas», por más que incidentalmente afecten o puedan afectar a la vida privada o intimidad de otras personas.
      33 En la medida en que una vigilancia por videocámara como la controvertida en el litigio principal se extiende, aunque sea en parte, al espacio público, abarcando por ello una zona ajena a la esfera privada de la persona que procede al tratamiento de datos valiéndose de ese medio, tal vigilancia por videocámara no puede considerarse una actividad exclusivamente «personal o doméstica» a efectos del artículo 3, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46.
      34 Al mismo tiempo, la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva permite, en su caso, tener en cuenta, con arreglo en particular a los artículos 7, letra f), 11, apartado 2, y 13, apartado 1, letras d) y g), los intereses legítimos del responsable del tratamiento de los datos, intereses que consisten concretamente, como en el litigio principal, en proteger los bienes, la salud y la vida de dicho responsable y los de su familia.
      35 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 3, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que la utilización de un sistema de cámara de vídeo, que da lugar a la obtención de imágenes de personas que luego se almacenan en un dispositivo de grabación continuada, como un disco duro, sistema de videovigilancia instalado por una persona física en su vivienda familiar con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de los propietarios de la vivienda y cuya vigilancia cubre también el espacio público, no constituye un tratamiento de datos efectuado en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas a efectos de la citada disposición de la Directiva.
      Costas
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

      36 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      El artículo 3, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que la utilización de un sistema de cámara de vídeo, que da lugar a la obtención de imágenes de personas que luego se almacenan en un dispositivo de grabación continuada, como un disco duro, sistema de videovigilancia instalado por una persona física en su vivienda familiar con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de los propietarios de la vivienda y cuya vigilancia cubre también el espacio público, no constituye un tratamiento de datos efectuado en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas a efectos de la citada disposición de la Directiva.

      • Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 2, letra a), 12, letra a), y 13, apartado 1, letras d), f) y g), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), y de los artículos 8, apartado 2, y 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
        2 Dichas peticiones se presentaron en el marco de dos litigios entre, por una parte, YS, nacional de un tercer país que presentó una solicitud de permiso de residencia temporal en los Países Bajos, y el minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (Ministro de Inmigración, Integración y Asilo; en lo sucesivo, «ministro») y, por otra parte, el ministro y M y S, también nacionales de un tercer país que presentaron una solicitud conjunta, con ocasión de la negativa del citado ministro a comunicarles una copia de un documento administrativo redactado con carácter previo a la adopción de las resoluciones relativas a sus solicitudes de permiso de residencia.

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        Marco jurídico
        Derecho de la Unión
        3 La Directiva 95/46 que, según su artículo 1, tiene por objeto la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, y la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de dichos datos, establece en sus considerandos 25 y 41:
        «(25) Considerando que los principios de la protección tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas […] que efectúen tratamientos —obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento— y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias;
        […]
        (41) Considerando que cualquier persona debe disfrutar del derecho de acceso a los datos que le conciernan y sean objeto de tratamiento, para cerciorarse, en particular, de su exactitud y de la licitud de su tratamiento; […]»
        4 El concepto de «datos personales» se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46 como «toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”)».
        5 El artículo 12 de dicha Directiva, titulado «Derecho de acceso», dispone:
        «Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento:
        a) libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos:
        — la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así como información por lo menos de los fines de dichos tratamientos, las categorías de datos a que se refieran y los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos;
        — la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así como toda la información disponible sobre el origen de los datos;
        […]

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos;
        c) la notificación a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos de toda rectificación, supresión o bloqueo efectuado de conformidad con la letra b), si no resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado.»
        6 Según el artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva, que lleva por título «Excepciones y limitaciones»:
        «Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de las obligaciones y los derechos previstos en el […] artículo […] 12 […] cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguardia de:
        […]
        d) la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas;
        […]
        f) una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que hacen referencia las letras c), d) y e);
        g) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.»
        7 El artículo 14 de la misma Directiva establece que los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho, en determinadas condiciones, a oponerse a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento.
        8 A tenor de los artículos 22 y 23, apartado 1, de la Directiva 95/46, los Estados miembros establecerán que toda persona disponga de un recurso judicial en caso de violación de los derechos que le garanticen las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate y que toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de un tratamiento ilícito o de una acción incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de dicha Directiva, tenga derecho a obtener del responsable del tratamiento la reparación del perjuicio sufrido.
        Derecho neerlandés
        9 Los artículos 2, 12 y 13 de la Directiva 95/46 fueron transpuestos al Derecho interno por los artículos 1, 35 y 43, respectivamente, de la Wet bescherming persoonsgegevens (Ley de protección de datos de carácter personal; en lo sucesivo, «Wbp»).

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        10 El artículo 35 de la Wbp tiene el siguiente tenor:
        «El interesado tendrá derecho a solicitar al responsable, sin restricciones y con una periodicidad razonable, que se le indique si son objeto de tratamiento datos personales que le conciernan. El responsable informará por escrito al interesado, en un plazo de cuatro semanas, si son objeto de tratamiento datos personales que le conciernan.
        Cuando tales datos sean objeto de tratamiento, la comunicación incluirá una idea completa de los mismos, en forma inteligible, una descripción del fin o fines del tratamiento, una indicación de las categorías de datos tratados y una indicación de los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos, así como la información disponible sobre el origen de los datos.»
        11 En virtud del artículo 43, letra e), de la Wbp, el responsable podrá inaplicar el artículo 35 de la misma siempre que resulte necesario en aras de la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.
        12 De conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra a), de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de extranjería de 2000; en lo sucesivo, «Vw 2000»), podrá concederse un permiso de residencia temporal al extranjero que tenga el estatuto de refugiado. Según el artículo 29, apartado 1, letra b), de esta Ley, tal permiso podrá concederse también al extranjero que haya demostrado que existen razones válidas para suponer que corre, en caso de expulsión, un riesgo real de ser condenado a la pena de muerte o ejecutado, o sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes o a amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
        Litigios principales y cuestiones prejudiciales
        13 El agente del servicio de inmigración y naturalización encargado de tramitar las solicitudes de permiso de residencia redacta, cuando no está facultado para firmar, un proyecto de resolución que se somete a la apreciación de un revisor dentro de dicho servicio. Este agente acompaña dicho proyecto de un documento en el que expone al revisor los motivos que fundamentan su proyecto de resolución (en lo sucesivo, «minuta»). Cuando el propio agente está facultado para firmar, la minuta no se somete a un revisor, sino que se utiliza como exposición de motivos del proceso de toma de decisiones destinado a justificar internamente la resolución. La minuta forma parte del procedimiento preparatorio en el interno de dicho servicio, pero no de la resolución final, pese a que en la motivación de dicha resolución pueden reproducirse determinadas consideraciones que figuran en la minuta.
        14 Por lo general, la minuta incluye la siguiente información: el nombre, número de teléfono y de oficina del agente encargado de preparar la resolución; casillas destinadas a las rúbricas y a los nombres de los revisores; datos relativos al solicitante, como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, etnia, religión e idioma; datos relativos a los antecedentes del procedimiento; información

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        relativa a las declaraciones realizadas y a los documentos presentados por el solicitante; las disposiciones jurídicas aplicables y, por último, una valoración de la información, antes mencionada, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Esta apreciación se denomina «análisis jurídico».
        15 Según los casos, el alcance del análisis jurídico es más o menos pormenorizado, pudiendo ir de algunas frases a algunas páginas. En un análisis en profundidad, el agente encargado de la preparación de la resolución aborda, en particular, la credibilidad de las declaraciones efectuadas e indica las razones por las que considera que un solicitante puede aspirar o no a un documento de residencia. Un análisis somero puede limitarse a hacer referencia a la ejecución de una orientación política determinada.
        16 Hasta el 14 de junio de 2009, la práctica del ministro era comunicar las minutas cada vez que se solicitaba. Al estimar que el número considerable de esas solicitudes generaba una carga de trabajo demasiado grande, que los interesados a menudo malinterpretaban los análisis jurídicos incluidos en las minutas que se les comunicaban y que, como consecuencia de esa comunicación, dichas minutas recogían cada vez menos el intercambio de pareceres dentro del servicio de inmigración y naturalización, el ministro abandonó esta práctica.
        17 Desde entonces, se han desestimado sistemáticamente las solicitudes de comunicación de minutas. En lugar de obtener una copia de la minuta, el solicitante recibe en la actualidad un resumen de los datos personales que figuran en ese documento, incluida información relativa al origen de dichos datos, y, en su caso, los organismos a quienes se comunicaron.
        Asunto C-141/12
        18 El 13 de enero de 2009, YS presentó una solicitud de permiso de residencia temporal amparada en el derecho de asilo. Esta solicitud fue desestimada mediante resolución de 9 de junio de 2009. Esta resolución fue revocada mediante escrito de 9 de abril de 2010 y dicha solicitud fue desestimada de nuevo mediante resolución de 6 de julio de 2010.
        19 Mediante escrito de 10 de septiembre de 2010, YS solicitó la comunicación de la minuta relativa a la resolución de 6 de julio de 2010.
        20 Mediante resolución de 24 de septiembre de 2010, se denegó tal comunicación. No obstante, esa resolución da una idea de los datos que figuran en la minuta, del origen de los mismos y de las entidades a las que se transmitieron. YS presentó una reclamación contra la denegación de la comunicación, que fue desestimada mediante resolución de 22 de marzo de 2011.
        21 YS recurrió entonces esa resolución desestimatoria ante el Rechtbank Middelburg (tribunal de Middelburg) alegando que, con arreglo a Derecho, no podía denegársele el acceso a dicha minuta.

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        22 En estas circunstancias, el Rechtbank Middelburg decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
        «1) ¿Son los datos reproducidos en la minuta relativos al interesado datos personales en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva [95/46]?
        2) ¿Es el análisis jurídico que figura en la minuta un dato personal en el sentido de la disposición antes citada?
        3) En el supuesto de que el Tribunal de Justicia confirmase que los datos antes mencionados son datos personales, ¿está obligada la autoridad pública/de tratamiento a dar acceso a esos datos personales en virtud del artículo 12 de la Directiva [95/46] y del artículo 8, apartado 2, de la Carta?
        4) En este contexto, ¿puede el interesado invocar directamente el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta y, en caso de respuesta afirmativa, debe interpretarse la expresión “dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad del proceso de toma de decisiones” que figura en el mismo en el sentido de que puede denegarse el derecho de acceso a la minuta por ese motivo?
        5) Cuando el interesado solicita acceder a la minuta, ¿debe facilitar la autoridad pública/de tratamiento una copia de dicho documento para dar cumplimiento, de este modo, al derecho de acceso?»
        Asunto C-372/12
        Litigio relativo a M
        23 Mediante resolución de 28 de octubre de 2009, el ministro concedió a M un permiso de residencia temporal como solicitante de asilo, con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra b), de la Vw 2000. Esta resolución no estaba motivada, ya que no determinaba cómo había valorado el asunto el servicio de inmigración y naturalización.
        24 Mediante escrito de 30 de octubre de 2009, M solicitó, en virtud del artículo 35 de la Wbp, tener acceso a la minuta relativa a esa resolución.
        25 Mediante resolución de 4 de noviembre de 2009, el ministro denegó a M el acceso a dicha minuta. Basó esa denegación en el artículo 43, letra e), de la Wbp, al estimar que el acceso a un documento de este tipo podía atentar contra la libertad del agente encargado de redactarla de dejar constancia en la misma de determinadas alegaciones o consideraciones que pudieran ser pertinentes en el proceso de toma de decisiones.
        26 Dado que mediante resolución de 3 de diciembre de 2010 se desestimó la reclamación contra esta denegación, M recurrió dicha resolución ante el Rechtbank Middelburg. Mediante resolución de 16 de junio de 2011, ese órgano jurisdiccional consideró que el interés invocado por el ministro para denegar el

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        acceso a la minuta no constituía un interés protegido por el artículo 43, letra e), de la Wbp y anuló dicha resolución pues la misma se basaba en una motivación jurídica errónea. El Rechtbank Middelburg declaró además que no procedía mantener los efectos jurídicos de esa resolución puesto que el ministro, en infracción del artículo 35, apartado 2, de la Wbp, no había dado acceso al análisis jurídico que figura en la minuta, y que habría podido revelar las razones por las que M no podía aspirar al estatuto de refugiado, en el sentido del artículo 29, apartado 1, letra a), de la Vw 2000.
        Litigio relativo a S
        27 Mediante resolución no motivada de 10 de febrero de 2010, el ministro concedió a S un permiso de residencia temporal ordinario como consecuencia de «circunstancias dramáticas». Mediante escrito de 19 de febrero de 2010, S solicitó, en virtud del artículo 35 de la Wbp, que se le comunicara la minuta relativa a esta resolución.
        28 Esta solicitud fue desestimada mediante resolución de 31 de marzo de 2010, confirmada tras una reclamación, mediante resolución de 21 de octubre de 2010. En ésta, el ministro sostenía que la resolución de 31 de marzo de 2010 ya había indicado los datos personales que figuraban en la minuta y que esa resolución daba, por tanto, respuesta a la solicitud de acceso. Por otra parte, estimaba que la Wbp no confiere un derecho de acceso a la minuta.
        29 Mediante resolución de 4 de agosto de 2011, el Rechtbank Amsterdam (tribunal de Ámsterdam) declaró fundado el recurso interpuesto por S contra la resolución de 21 de octubre de 2010 y la anuló. Consideró, en particular, que la única información incluida en la minuta controvertida eran datos personales relativos a S, que este tenía derecho a acceder a la minuta en virtud de la Wbp y que la denegación de acceso del ministro carecía de fundamento válido.
        30 Tanto en el litigio relativo a M como en el relativo a S, el ministro decidió recurrir ante el Raad van State (Consejo de Estado).
        31 En estas circunstancias, el Raad van State decidió acumular los asuntos relativos a M y a S, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
        «1) ¿Debe interpretarse el artículo 12, letra a), segundo guión, de la Directiva [95/46] en el sentido de que existe un derecho a obtener una copia de los documentos en los que son objeto de tratamiento datos personales, o basta con comunicar, en forma inteligible, una idea completa de esos datos?
        2) ¿Debe interpretarse la expresión “derecho [de acceso]”, que figura en el artículo 8, apartado 2, de la [Carta], en el sentido de que existe un derecho a obtener una copia de los documentos en los que son objeto de tratamiento datos personales, o basta con comunicar, en forma inteligible, una idea completa de esos datos, en el sentido del artículo 12, letra a), segundo guión, de la Directiva [95/46]?

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        3) ¿El artículo 41, apartado 2, letra b), de la [Carta] se dirige también a los Estados miembros de la Unión Europea en la medida en que aplican el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta?
        4) ¿Constituye un interés legítimo de la confidencialidad, en el sentido del artículo 41, aparado 2, letra b), de la [Carta], el hecho de que inmediatamente después de que dar acceso a las minutas, dejen de figurar en las mismas las razones por las que se propone una decisión determinada, lo que no favorece el libre intercambio de pareceres dentro de la Administración ni el buen desarrollo del proceso de toma de decisiones?
        5) ¿Puede calificarse como “dato personal”, en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva [95/46], un análisis jurídico como el que figura en una minuta?
        6) ¿Está comprendido también en la protección de los derechos y libertades de otras personas, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra g), de la Directiva [95/46], el interés en el libre intercambio de pareceres dentro de la Administración afectada? En caso de respuesta negativa, ¿puede incluirse entonces ese interés en el artículo 13, apartado 1, letras d) o f), de dicha Directiva?»
        32 Mediante resolución de 30 de abril de 2013, se acumularon los asuntos C-141/12 y C-372/12 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
        Sobre las cuestiones prejudiciales
        Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-141/12 y quinta en el asunto C-372/12, relativas al concepto de «datos personales»
        33 Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-141/12 y quinta en el asunto C-372/12, que procede analizar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes desean que se dilucide, en esencia, si el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que los datos relativos al solicitante del documento de residencia y el análisis jurídico incluidos en la minuta son «datos personales» en el sentido de dicha disposición.
        34 Aunque todos los interesados que se han pronunciado al respecto consideran que los datos relativos al solicitante del documento de residencia, recogidos en la minuta, responden al concepto de «datos personales» y proponen, por tanto, una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial en el asunto C-141/12, las opiniones divergen en lo relativo al análisis jurídico que figura en ese documento administrativo, que es objeto de la segunda cuestión prejudicial en ese mismo asunto y de la quinta cuestión prejudicial en el asunto C-372/12.
        35 Tanto YS, M y S como los Gobiernos helénico, austriaco y portugués, como la Comisión Europea estiman que, dado que ese análisis jurídico se refiere a una persona física concreta y se basa en su situación y características individuales, está también comprendido en dicho concepto. El Gobierno helénico y la Comisión

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        precisan, no obstante, que esto sólo vale para los análisis jurídicos que incluyen información relativa a una persona física y no para los que incluyen únicamente una interpretación jurídica abstracta, mientras que M y S estiman que incluso tal interpretación abstracta entra en el ámbito de aplicación de dicha disposición si es determinante para apreciar la solicitud del documento de residencia y se aplica al caso concreto del solicitante.
        36 En cambio, según los Gobiernos neerlandés, checo y francés, el análisis jurídico incluido en una minuta no está comprendido en el concepto de «datos personales».
        37 Procede recordar a este respecto que el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46 define los datos personales como «toda información sobre una persona física identificada o identificable».
        38 Pues bien, no plantea dudas que los datos relativos al solicitante del documento de residencia que figuran en una minuta, como su nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, etnia, religión e idioma, son una información que se refiere a esa persona física, que es identificada en esa minuta, en particular, por su nombre, y que deben calificarse, en consecuencia, como «datos personales» (véase, en este sentido, en particular, la sentencia Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, apartados 31 y 43).
        39 En cambio, ha de observarse que aunque es cierto que el análisis jurídico que figura en una minuta puede incluir datos personales, no constituye en sí mismo un dato de este tipo en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46.
        40 En efecto, como han señalado en esencia la Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones y los Gobiernos neerlandés, checo y francés, tal análisis jurídico no es una información relativa al solicitante del documento de residencia, sino, todo lo más, siempre que no se limite a una interpretación meramente abstracta del Derecho, una información referida a la apreciación y a la aplicación, por la autoridad competente, de ese Derecho a la situación de ese solicitante, situación que se acredita, en particular, mediante los datos personales relativos a su persona con los que cuenta esa autoridad.
        41 Esta interpretación del concepto de «datos personales», en el sentido de la Directiva 95/46, no sólo resulta del tenor de su artículo 2, letra a), sino que viene también corroborada por el objetivo y la estructura de la misma.
        42 Según el artículo 1 de esa Directiva, la misma tiene por objeto proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, su intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y permitir de este modo la libre circulación de esos datos entre los Estados miembros.
        43 Según el vigesimoquinto considerando de la Directiva 95/46, los principios de la protección de las personas físicas establecidos por la misma tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas que efectúen tratamientos relativos a dichas personas y, por otra parte, en los derechos

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de acceder a los datos, de solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias.
        44 Por lo que respecta a estos derechos del interesado, a los que se refiere la Directiva 95/46, procede indicar que la protección del derecho fundamental a la intimidad conlleva, en particular, que esa persona pueda cerciorarse de que sus datos personales son exactos y que son tratados lícitamente. Como resulta del cuadragésimo primer considerando de esta Directiva, para poder efectuar las comprobaciones necesarias, cualquier persona disfruta, en virtud de su artículo 12, letra a), del derecho de acceso a los datos que le conciernan y sean objeto de tratamiento. El citado derecho de acceso es indispensable, en particular, para permitir al interesado obtener, en su caso, del responsable del tratamiento de los datos, la rectificación, la supresión o el bloqueo de esos datos y, en consecuencia, ejercer el derecho que se contempla en el artículo 12, letra b), de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, apartados 49 y 51).
        45 Pues bien, a diferencia de los datos relativos al solicitante del documento de residencia que figuran en la minuta y que pueden constituir la base fáctica del análisis jurídico incluido en dicha minuta, como han observado los Gobiernos neerlandés y francés, ese solicitante no puede verificar la exactitud del análisis en sí ni el mismo puede ser objeto de rectificación con arreglo al artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46.
        46 En estas circunstancias, extender el derecho de acceso del solicitante del documento de residencia a ese análisis jurídico no ayudaría, en realidad, al objetivo de dicha Directiva, consistente en garantizar la protección del derecho a la intimidad de ese solicitante en lo que respecta al tratamiento de sus datos, sino al objetivo de garantizarle un derecho de acceso a los documentos administrativos, que, sin embargo, la Directiva 95/46 no contempla.
        47 En un contexto análogo, por lo que respecta al tratamiento de los datos personales por las instituciones de la Unión, regido por el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), por una parte, y el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), por otra, el Tribunal de Justicia ya declaró, en el apartado 49 de la sentencia Comisión/Bavarian Lager (C-28/08 P, EU:C:2010:378), que dichos Reglamentos tienen objetivos distintos y que, a diferencia del Reglamento nº 1049/2001, el Reglamento nº 45/2001 no pretende garantizar la transparencia en el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas ni promover buenas prácticas administrativas facilitando el ejercicio del derecho de acceso a los documentos. Esta apreciación es también válida para la Directiva 95/46, cuyo objetivo coincide, en esencia, con el del Reglamento nº 45/2001.

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        48 De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-141/12 y a la quinta en el asunto C-372/12 que el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que los datos relativos al solicitante del documento de residencia que figuran en la minuta y, en su caso, los que figuran en el análisis jurídico incluido en la minuta, son «datos personales» en el sentido de dicha disposición, sin que dicho análisis pueda recibir, en cambio, como tal, la misma calificación.
        Sobre la sexta cuestión prejudicial en el asunto C-372/12, relativa a la posibilidad de limitar el derecho de acceso
        49 A la vista de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-141/12 y quinta en el asunto C-372/12, y al haber precisado el órgano jurisdiccional remitente que la sexta cuestión prejudicial planteada en el asunto C-372/12 únicamente precisa respuesta si el análisis jurídico incluido en la minuta debe calificarse como dato personal, no procede responder a esta sexta cuestión prejudicial.
        Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y quinta en el asunto C-141/12 y primera y segunda en el asunto C-372/12, relativas a la extensión del derecho de acceso
        50 Mediante las cuestiones prejudiciales tercera y quinta en el asunto C-141/12 y primera y segunda en el asunto C-372/12, que procede analizar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes desean saber, en esencia, si el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 y el artículo 8, apartado 2, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que el solicitante de un documento de residencia dispone de un derecho de acceso a los datos que le conciernen que figuran en la minuta y, en caso afirmativo, si este derecho de acceso implica que las autoridades competentes deban facilitarle una copia de dicha minuta o si basta con que le comuniquen una idea completa de dichos datos en forma inteligible.
        51 Todas las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia están de acuerdo en considerar que el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 confiere al solicitante de un documento de residencia un derecho de acceso a todos los datos personales incluidos en la minuta, aunque sus posiciones en lo relativo al ámbito concreto de ese derecho divergen en función de su interpretación del concepto «datos personales».
        52 En cuanto a la forma que debe adoptar este derecho de acceso, YS, M y S, así como el Gobierno helénico, estiman que el solicitante tiene derecho a obtener una copia de la minuta. En efecto, consideran que sólo tal copia le permitiría cerciorarse de que posee todos los datos personales que le conciernen que figuran en la minuta.
        53 En cambio, según los Gobiernos neerlandés, checo, francés y portugués, así como según la Comisión, ni el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46, ni el artículo 8, apartado 2, de la Carta obligan a los Estados miembros a facilitar una copia de la

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        minuta al solicitante de un documento de residencia. Estiman, por tanto, que existen otras posibilidades de comunicar, en forma inteligible, los datos personales incluidos en tal documento, en particular, facilitándole una idea completa y comprensible de dichos datos.
        54 Con carácter preliminar, procede recordar que las disposiciones de la Directiva 95/46, en la medida en que regulan el tratamiento de datos personales que pueden atentar contra las libertades fundamentales y, en particular, contra el derecho a la intimidad, deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto dicho Tribunal garantiza y que están actualmente recogidos en la Carta (véanse, en particular, las sentencias Connolly/Comisión, C-274/99 P, EU:C:2001:127, apartado 37; Österreichischer Rundfunk y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, EU:C:2003:294, apartado 68, y Google Spain y Google, C-131/12, EU:C:2014:317, apartado 68).
        55 El artículo 8 de la Carta, que garantiza el derecho a la protección de los datos personales, establece en su apartado 2, en particular, que toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan. Aplica este requisito el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 (véase, en este sentido, la sentencia Google Spain y Google, EU:C:2014:317, apartado 69).
        56 Esta disposición de la Directiva 95/46 establece que los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos, la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así como toda la información disponible sobre el origen de los datos.
        57 Aunque la Directiva 95/46 obliga, de este modo, a los Estados miembros a garantizar que los interesados puedan obtener del responsable del tratamiento de datos personales la comunicación de todos los datos de este tipo que trate que les conciernan, deja a dichos Estados la tarea de determinar la forma material concreta que debe adoptar esa comunicación, siempre que sea «inteligible», es decir, que permita a los interesados conocer esos datos y comprobar que son exactos y son tratados de conformidad con esa Directiva, para que dichas personas puedan ejercer, en su caso, los derechos que los artículos 12, letras b) y c), 14, 22 y 23 de la misma les confieren (véase, en este sentido, la sentencia Rijkeboer, EU:C:2009:293, apartados 51 y 52).
        58 Por tanto, en la medida en que puede cumplirse plenamente el objetivo perseguido por ese derecho de acceso mediante otra forma de comunicación, el interesado no puede obtener ni del artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 ni del artículo 8, apartado 2, de la Carta el derecho a recibir una copia del documento o del fichero original en el que figuran esos datos. Para no dar acceso al interesado a información distinta de los datos personales que le conciernan, éste puede recibir una copia del documento o del fichero original en el que se haya imposibilitado la lectura de esa otra información.

        Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

        59 En situaciones como las que dan lugar a los litigios principales, de la respuesta dada en el apartado 48 de la presente sentencia se desprende que sólo son «datos personales» en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46 los datos relativos al solicitante del documento de residencia que figuran en la minuta y, en su caso, los que figuran en el análisis jurídico incluido en dicha minuta. En consecuencia, el derecho de acceso que puede invocar ese solicitante en virtud del artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 y del artículo 8, apartado 2, de la Carta se refiere únicamente a esos datos. Para dar cumplimiento a este derecho de acceso, basta con facilitar al solicitante del documento de residencia una idea completa de todos esos datos en forma inteligible, es decir, permitiéndole conocer esos datos y comprobar que son exactos y son tratados de conformidad con esta Directiva para que pueda, en su caso, ejercer los derechos que los artículos 12, letras b) y c), 14, 22 y 23 de dicha Directiva le confieren.
        60 De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y quinta en el asunto C-141/12 y primera y segunda en el asunto C-372/12 que el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 y el artículo 8, apartado 2, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que el solicitante de un documento de residencia dispone de un derecho de acceso a todos los datos personales que le conciernan que sean objeto de tratamiento por las autoridades administrativas nacionales en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva. Para dar cumplimiento a este derecho, basta con facilitar a dicho solicitante una idea completa de esos datos en forma inteligible, es decir, permitiéndole conocer dichos datos y comprobar que son exactos y son tratados de conformidad con esta Directiva para que pueda, en su caso, ejercer los derechos que dicha Directiva le confiere.
        Sobre la cuarta cuestión prejudicial en el asunto C-141/12 y las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el asunto C-372/12, relativas al artículo 41 de la Carta
        61 Mediante la cuarta cuestión prejudicial en el asunto C-141/12 y las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el asunto C-372/12, que procede analizar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el solicitante de un documento de residencia puede invocar frente a las autoridades nacionales el derecho de acceso al expediente previsto por dicha disposición y, en caso afirmativo, cuál es el alcance de la expresión «dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad del proceso de toma de decisiones» en el sentido de esa disposición.
        62 La Comisión estima que estas cuestiones prejudiciales son inadmisibles por su formulación hipotética y oscura.
        63 Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse

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        sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia Márquez Samohano, C-190/13, EU:C:2014:146, apartado 35 y jurisprudencia citada).
        64 No obstante, no ocurre así en el caso de autos. En efecto, a la vista del marco fáctico expuesto por los órganos jurisdiccionales remitentes, no parece que la cuestión de si los solicitantes en los litigios principales pueden invocar, en virtud del artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta, un derecho de acceso al expediente relativo a sus solicitudes de documento de residencia revista un carácter meramente hipotético. La formulación de las cuestiones prejudiciales y la información relativa a las mismas incluida en las resoluciones de remisión son, además, suficientemente claras para determinar el alcance de estas cuestiones así como para permitir, por una parte, que el Tribunal de Justicia las responda, y por otra, que los interesados presenten, de conformidad con el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sus observaciones.
        65 En cuanto al fondo de las cuestiones prejudiciales, YS, M y S, así como el Gobierno helénico consideran que el solicitante de un documento de residencia puede fundamentar un derecho de acceso al expediente en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta, puesto que, en el procedimiento de concesión de tal documento, las autoridades nacionales aplican las directivas en materia de asilo. En cambio, los Gobiernos neerlandés, checo, francés, austriaco y portugués, así como la Comisión, estiman que el artículo 41 de la Carta se dirige exclusivamente a las instituciones de la Unión y, en consecuencia, no puede fundamentar un derecho de acceso al expediente en un procedimiento nacional.
        66 Ha de recordarse, de entrada, que el artículo 41 de la Carta, titulado «Derecho a una buena administración», establece en su apartado primero que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. En el apartado 2 del mismo artículo se precisa que este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.
        67 Así pues, del tenor del artículo 41 de la Carta resulta con claridad que va dirigido, no a los Estados miembros, sino únicamente a las instituciones, órganos y organismos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, apartado 28). Por tanto, el solicitante de un documento de residencia no puede obtener del artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta un derecho de acceso al expediente nacional relativo a su solicitud.
        68 Es cierto que el derecho a una buena administración, establecido en esa disposición, refleja un principio general del Derecho de la Unión (sentencia H. N., C-604/12, EU:C:2014:302, apartado 49). No obstante, mediante sus cuestiones

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        prejudiciales en los presentes litigios, los órganos jurisdiccionales remitentes no solicitan una interpretación de ese principio general, sino que tratan de saber si el artículo 41 de la Carta puede aplicarse, como tal, a los Estados miembros de la Unión.
        69 En consecuencia, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial en el asunto C-141/12 y a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el asunto C-372/12 que el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el solicitante de un documento de residencia no puede invocar esa disposición frente a las autoridades nacionales.
        Costas
        70 Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
        En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
        1) El artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que los datos relativos al solicitante de un documento de residencia que figuran en un documento administrativo, como la «minuta» controvertida en los litigios principales, que expone los motivos que el agente formula en apoyo del proyecto de resolución que está encargado de redactar en el procedimiento previo a la adopción de una resolución relativa a la solicitud de tal documento y, en su caso, los que figuran en el análisis jurídico incluido en ese documento son «datos personales» en el sentido de dicha disposición, sin que dicho análisis pueda recibir, en cambio, como tal, la misma calificación.
        2) El artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46 y el artículo 8, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que el solicitante de un documento de residencia dispone de un derecho de acceso a todos los datos personales que le conciernan que sean objeto de tratamiento por las autoridades administrativas nacionales en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva. Para dar cumplimiento a este derecho, basta con facilitar a dicho solicitante una idea completa de esos datos en forma inteligible, es decir, permitiéndole conocer dichos datos y comprobar que son exactos y son tratados de conformidad con esta Directiva para que pueda, en su caso, ejercer los derechos que dicha Directiva le confiere.

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        3) El artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que el solicitante de un documento de residencia no puede invocar esa disposición frente a las autoridades nacionales.

    • Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir […] al bienestar de los individuos;
      […]
      (10) Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[,firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], así como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad;
      […]
      (18) Considerando que, para evitar que una persona sea excluida de la protección garantizada por la presente Directiva, es necesario que todo tratamiento de datos personales efectuado en la Comunidad respete la legislación de uno de sus Estados miembros; que, a este respecto, resulta conveniente someter el tratamiento de datos efectuados por cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento establecido en un Estado miembro a la aplicación de la legislación de tal Estado;
      (19) Considerando que el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable; que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante al respecto; que cuando un mismo responsable esté establecido en el territorio de varios Estados miembros, en particular por medio de una empresa filial, debe garantizar, en particular para evitar que se eluda la normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos cumpla las obligaciones impuestas por el Derecho nacional aplicable a estas actividades;
      (20) Considerando que el hecho de que el responsable del tratamiento de datos esté establecido en un país tercero no debe obstaculizar la protección de las personas contemplada en la presente Directiva; que en estos casos el tratamiento de datos debe regirse por la legislación del Estado miembro en
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      el que se ubiquen los medios utilizados y deben adoptarse garantías para que se respeten en la práctica los derechos y obligaciones contempladas en la presente Directiva;
      […]
      (25) Considerando que los principios de la protección tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas […] que efectúen tratamientos- obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento- y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias».
      4 El artículo 2 de la Directiva 95/46 establece que «a efectos de [ésta], se entenderá por:
      a) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
      b) “tratamiento de datos personales” (“tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
      […]
      d) “responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario;
      […]»
      5 El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», precisa en su apartado 1:
      «Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no
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      automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.»
      6 El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Derecho nacional aplicable», dispone:
      «1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:
      a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable;
      b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público;
      c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.
      2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.»
      7 El artículo 6 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la calidad de los datos», incluido en el capítulo II, sección I, de dicha Directiva, tiene el siguiente tenor:
      «1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:
      a) tratados de manera leal y lícita;
      b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando los Estados miembros establezcan las garantías oportunas;
      c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente;
      d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con
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      respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados;
      e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos.
      2. Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1.»
      8 El artículo 7 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos», incluido en el capítulo I, sección II, de esta Directiva, establece:
      «Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si:
      […]
      f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.»
      9 El artículo 9 de la mencionada Directiva, titulado «Tratamiento de datos personales y libertad de expresión», dispone:
      «En lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria, los Estados miembros establecerán, respecto de las disposiciones del presente capítulo, del capítulo IV y del capítulo VI, exenciones y excepciones sólo en la medida en que resulten necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión.»
      10 El artículo 12 de la misma Directiva, titulado «Derecho de acceso», establece:
      «Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento:
      […]
      b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos;
      […]»
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
      11 El artículo 14 de la Directiva 95/46, titulado «Derecho de oposición del interesado», dispone:
      «Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a:
      a) oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos;
      […]»
      12 El artículo 28 de dicha Directiva, rubricado «Autoridad de control», tiene el siguiente tenor:
      «1. Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva.
      […]
      3. La autoridad de control dispondrá, en particular, de:
      — poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;
      — poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de […] ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisional o definitivamente un tratamiento […]
      — […]
      Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso jurisdiccional.
      4. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier asociación que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.
      […]
      6. Toda autoridad de control será competente, sean cuales sean las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para ejercer en el territorio de su propio Estado miembro los poderes que se le atribuyen en virtud del apartado 3 del presente artículo. Dicha autoridad podrá ser instada a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.
      Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
      Las autoridades de control cooperarán entre sí en la medida necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en particular mediante el intercambio de información que estimen útil.
      […]»
      Derecho español
      13 La Directiva 95/46 ha sido transpuesta en Derecho español por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999, p. 43088).
      Litigio principal y cuestiones prejudiciales

    • DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia participación en una red destinada a la importación de hachís desde Marruecos-, colma sobradamente las exigencias asociadas a los principios de necesidad y proporcionalidad. No ha existido vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Tampoco en las decisiones que acordaron la prórroga de las intervenciones o la adopción de nuevas medidas de interceptación. El examen de la causa pone de manifiesto la regular remisión a la autoridad judicial de resúmenes y extractos de conversaciones relevantes, manteniéndose por tanto las razones de necesidad que determinaron el primer acto habilitante. Ningún obstáculo aporta a la validez de las intervenciones el hecho de que en esas primeras conversaciones no aparezca el ahora recurrente. La fase de investigación, por su propia naturaleza, es de carácter dinámico, tiene por objeto la determinación de las personas que, por su participación en los hechos, pueden llegar a hacerse merecedoras de acusación. Se condena a los acusados. Se estima la casación.
       

      ÍNDICE
      ANTECEDENTES
      SEGUNDO
      TERCERO
      CUARTO
      QUINTO
      SEXTO
      FUNDAMENTOS DE DERECHO
      ANTECEDENTES
      FUNDAMENTOS DE DERECHO
      FALLO
      CONTENIDO
      Sentencia citada en: 17 sentencias
      SENTENCIA
      En la Villa de Madrid, a diecisiete de Diciembre de dos mil trece.
      Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional, interpuesto por las representaciones procesales de los acusados Gonzalo Teodulfo , Santos Adolfo , Jon Teodosio , Domingo Ruperto , Rodolfo Nazario y Nazario Rodrigo , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Cuarta) de fecha 26 de noviembre de 2012 en causa seguida contra Eutimio Moises , Ezequiel Sixto , Ernesto Gines , Jenaro Gonzalo , Eugenia Laura , Florencio Remigio , Domingo Maximo , Ramon Pio , Ramon Teodulfo , Florencio Tomas , Inocencio Tomas , Armando Teodoro , Damaso Teodulfo , Rodolfo Nazario , Secundino Nazario , Domingo Ruperto , Jose Isidro , Nazario Rodrigo , Santos Adolfo , Emiliano Desiderio , Gonzalo Teodulfo , Anibal Cosme , Jon Teodosio , Justo Moises , Cesareo Luis , Segismundo Fausto , Rogelio Raul , Fructuoso Rogelio , Alfonso Severino , Ildefonso Maximiliano , Celia Teodora , Rocio Reyes y Gonzalo Nemesio , por delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, hurto, receptación, denuncia falsa intentada y falta de daños, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por los procuradores Dña. María del Carmen Gamazo Trueba; Dña. Milagros Duret Arguello; Dña. Blanca Murillo de la Cuadra; Dña. María del Carmen Gamazo Trueba y D. Víctor García Montes. Siendo MagistradoPonente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
      ANTECEDENTES

      Primero.- El Juzgado Mixto nº 1 de Barbate, incoó diligencias previas 192/2010, contra Eutimio Moises , Ezequiel Sixto , Ernesto Gines , Jenaro Gonzalo , Eugenia Laura , Florencio Remigio , Domingo Maximo , Ramon Pio , Ramon Teodulfo , Florencio Tomas , Inocencio Tomas , Armando Teodoro , Damaso Teodulfo , Rodolfo Nazario , Secundino Nazario , Domingo Ruperto , Jose Isidro , Nazario Rodrigo , Santos Adolfo , Emiliano Desiderio , Gonzalo Teodulfo , Anibal Cosme , Jon Teodosio , Justo Moises , Cesareo Luis , Segismundo Fausto , Rogelio Raul , Fructuoso Rogelio , Alfonso Severino , Ildefonso Maximiliano , Celia Teodora , Rocio Reyes y Gonzalo Nemesio y, una vez conclusas, las remitió a la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Cuarta, rollo de Audiencia nº 12/2012 que, con fecha 26 de noviembre de 2012, dictó sentencia nº 343/2012 que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS :
      ” PRIMERO El 17 de Diciembre de 2009 Eutimio Moises (alías Patita) presentó denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Barbate, afirmando haber sido víctima de una agresión por parte de los también acusados Armando Teodoro (alias Orejas ) y Fructuoso Rogelio (alias Matavacas ).
      El 9 de diciembre de 2009, los tres referidos acusados participaron conjuntamente en un desembarco de dieciséis fardos de hachís, con un peso de 480 kg, siendo Eutimio Moises , quien cargó en alta mar, en la embarcación de su propiedad, de nombre ” DIRECCION005 “, la mercancía para descargarla en un punto desconocido de la costa barbateña. El alijo de hachís, se culminó según lo previsto, con la novedad de que se descargaron 15 fardos, en vez de los 16 previstos.
      Este incidente motivó que los acusados conocidos como Orejas ( Armando Teodoro ) y Matavacas ( Fructuoso Rogelio ) el día 16 de diciembre de 2009, decidieran ajustar las cuentas con Eutimio Moises , al que acusaban de haberse quedado con el bulto de hachís que faltaba. Minutos antes de las 11 de la noche en la localidad de Barbate ambos invitaron a Eutimio Moises a subir al vehículo conducido por Armando Teodoro , a lo que accedió; una vez en su interior fue trasladado hasta una finca propiedad del mismo Armando Teodoro en la zona conocida como ” DIRECCION006 ” y durante el trayecto Fructuoso Rogelio le preguntó por el paquete de droga que faltaba y, como quiera que Eutimio Moises negara tenerlo, comenzó a golpearlo, continuando ambos dándole golpes una vez en la finca, lugar en que lo amenazaron con pegarle un tiro, matarlo y tirarlo al pozo existente en la misma si no les devolvía el paquete de hachís, llegando a atarlo de pies y manos y empujarlo al interior del pozo. Eutimio Moises , presa de gran temor y persuadido de la realidad de la amenaza, accedió a devolverles el bulto de hachís que dijo tener escondido en Barbate, por lo que nuevamente se trasladan a dicha localidad, donde finalmente Eutimio Moises consigue zafarse de sus agresores y huir. Consecuencia de la agresión Eutimio Moises sufrió lesiones consistentes en labio roto, dolor en pecho, lesiones en piernas y brazos, precisando una primera asistencia facultativa consistente en exploración clínica, analgésicos y cura local, tardando en curar 10 días, sin incapacidad ni secuelas. Eutimio Moises ha renunciado al ejercicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle frente a Armando Teodoro y Fructuoso Rogelio .
      SEGUNDO
      Con motivo de la referida denuncia se inició investigación policial a través de la cual se obtuvieron indicios de que el alijo y posterior ajuste de cuentas podían estar relacionados con las actividades del acusado Alfonso Severino , alias Pulga , y el grupo de personas que habitualmente se conciertan para la introducción de hachís en territorio español desde las costas marroquíes, a cuyo frente estaría él auxiliado por su cuñado Ildefonso Maximiliano , y otras personas de su entorno familiar como Domingo Maximo y Ramon Pio , a quienes pertenecería el hachís alijado. Así, a las 12:30 horas del día 15 de diciembre de 2009, es decir 6 días después del alijo y el día anterior del ajuste de cuentas relatado, componentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil de Tarifa, procedieron a la identificación de Alfonso Severino en compañía de Ildefonso Maximiliano y Ramon Pio , cuando regresaban en barco de Tánger (Marruecos).
      Alfonso Severino , a quien no se conoce medio legal de subsistencia, tiene antecedentes penales por tráfico de drogas desde los 18 años, siendo la primera condena de 1999 y otra posterior de fecha 28-11-08, por sentencia dictada por la Sec. 1ª A.P. Cádiz, resolución que también condena a Ildefonso Maximiliano y a Domingo Maximo , por hechos acontecidos en agosto de 2006, en que son detenidos cuando alijaban por medio de quads una cantidad notoria de hachís en la playa de la Hierbabuena de Barbate haciendo uso de una embarcación que había sido previamente sustraída.
      Alfonso Severino dispone de una embarcación denominada DIRECCION007 , provista de matrícula NUM057 , administrativamente a nombre de su cuñado Florencio Remigio , de la que se sirve para llevar a efecto los alijos, junto a otra mediante el sistema de señuelos; igualmente mantiene frecuentes contactos con otros colaboradores en la actividad ilícita, como los también acusados Florencio Tomas , Eutimio Moises , Inocencio Tomas y Justo Moises .
      Alfonso Severino mantiene contacto con un interlocutor marroquí no identificado usuario de los teléfonos NUM058 y NUM059 , con quien mantiene conversaciones acerca de cantidades adeudadas por anteriores alijos de hachís y negociación sobre el precio de los siguientes. Igualmente se constata que el grupo de investigados, a los que se unen otros nuevos, continúan manteniendo frecuentes reuniones con objeto de tratar en persona del desarrollo de la ilícita actividad. Con tal propósito Alfonso Severino , junto con Ramon Pio y Ildefonso Maximiliano , se trasladaron en la tarde del día 26 de marzo de 2010 hasta Algeciras, para cobrar de la organización marroquí parte de la deuda que tiene pendiente. Simultáneamente en esas mismas fechas se detectan preparativos de los hermanos Eutimio Moises y Inocencio Tomas junto con Damaso Teodulfo de la embarcación DIRECCION008 , y los contactos de los hermanos con el acusado Ernesto Gines , que hacían prever que próximamente iba a tener lugar un desembarco de hachís.
      A las 22:00 horas del día 27 de marzo de 2010 la embarcación DIRECCION008 tripulada por Eutimio Moises y Ernesto Gines entró sin luces, hacia el río Barbate a gran velocidad y, tras llegar a la altura del río que tiene acceso a la zona conocida como de Ronda del Río y alijar, se dio la vuelta en dirección al puerto. A pesar de la rápida intervención policial, no pudo localizarse ni a las personas ni la mercancía alijada, aunque si se comprobó que la embarcación era la única en el puerto cuyo motor desprendía un fuerte calor y que tenia un dispositivo GPS encendido y caído en el interior de la embarcación, abandonado al huir los tripulantes, ante la presencia policial. Inocencio Tomas se concertó con los anteriores para cargar los fardos de hachís y realizar labores de vigilancia. Damaso Teodulfo colaboró en este alijo probando y poniendo a punto la embarcación DIRECCION008 los días 24 y 25 de marzo de 2010 ,y en la descarga del hachis.
      La embarcación ” DIRECCION008 “, FOLIO Nº NUM060 utilizada para el alijo figura a nombre de Salvadora Delfina ( NUM061 ), novia de Eutimio Moises ; esta embarcación fue adquirida el 5 de febrero anterior mediante transferencia de la embarcación denominada ” DIRECCION005 “, utilizada por Eutimio Moises para el alijo del día 9 de diciembre.
      El alijo consistió en 10 fardos de hachís, con un peso de 300 kg, que fueron trasladados a un lugar próximo no determinado, y custodiada entre otros por Rodolfo Nazario , apodado ” Sardina ” y usuario del vehículo marca BMW, modelo 316 compact, matrícula NUM062 .
      Alfonso Severino , fue informado por Secundino Nazario ( alias Cojo ), amigo de Ernesto Gines , de la culminación del alijo y del lugar en que se guardaba llevando a efecto Ramon Pio la sustracción esa misma madrugada de los 10 fardos de hachís.
      La desaparición del hachis provocó que entre las 16:29 y las 17:59 horas del día 28 de marzo de 2.010 miembros no identificados de la organización marroquí se reunieran en el Restaurante La Barca de Vejer, sito en la Carretera N-340 KM.26,400 del término municipal de Vejer de la Frontera con los acusados participantes en el alijo del día anterior Ernesto Gines , Eutimio Moises , Rodolfo Nazario y Damaso Teodulfo , para exigirles responsabilidad por la pérdida del hachís, produciéndose un violento enfrentamiento .
      TERCERO
      Días después, el 7 de abril siguiente Alfonso Severino ” Pulga ” junto con Ildefonso Maximiliano , Ramon Pio , Domingo Maximo , Florencio Tomas , Domingo Ruperto (alias Ganso ), Nazario Rodrigo , Ernesto Gines , Secundino Nazario (alias Cojo ) y Jose Isidro llevaron a cabo un nuevo alijo de 15 fardos de hachís, con un peso estimado de 450 kg, que no ha sido intervenido.
      Desde últimas horas del día anterior Alfonso Severino , Nazario Rodrigo y Ramon Pio habían comenzado a realizar los preparativos, convocando a Florencio Tomas y a Domingo Maximo a una reunión en el domicilio de Eugenia Laura , Florencio Remigio y Ramon Teodulfo y proceden a reclutar a otros partícipes, Domingo Ruperto , Ernesto Gines y Secundino Nazario para realizar labores de vigilancia, desembarco y transporte de la droga.
      Sobre las 15:30 horas del 7 de abril de 2010 Alfonso Severino y Ildefonso Maximiliano , a bordo de la embarcación denominada ” DIRECCION007 “, pusieron rumbo hacia el exterior del puerto pesquero de Barbate adentrándose en el mar, lo que fue observado por miembros de la guardia civil. La presencia policial fue detectada y comunicada a Alfonso Severino por los acusados referidos que realizaban labores de vigilancia. Esta circunstancia motivó que desde la embarcación” DIRECCION009 ” matrícula NUM063 , tripulada por Nazario Rodrigo , se trasbordara la droga, 15 fardos de hachís con un peso estimado de 450 kg, a la citada ” DIRECCION007 ” y que Alfonso Severino y Ildefonso Maximiliano fondearan la droga en alta mar, eludiendo la vigilancia policial mediante el uso de dicho señuelo.
      A primera hora del día 8 de abril Florencio Tomas y Jose Isidro trasladan la droga hasta un lugar situado en alguna finca cercana a la localidad de Benalup. Finalmente, en la tarde del día siguiente se produce la entrega a los destinatarios por parte de Alfonso Severino , Ildefonso Maximiliano , Ramon Pio y Domingo Maximo , a cuyo fin se trasladan Ildefonso Maximiliano y Ramon Pio . en el Audi A3, matrícula NUM064 del primero a la localidad de Palmones desde donde regresan acompañados de los vehículos PEUGEOT 406, color gris oscuro, matrícula extranjera NUM065 y AUDI, modelo A4 Ranchera, matrícula NUM066 , destinados a realizar funciones de lanzadera y transporte, respectivamente..
      La embarcación DIRECCION009 matrícula NUM063 , que pertenece a Argimiro Florencio , fue sustraída el dia 7-4 10 por Nazario Rodrigo para ejecutar el alijo. Su valor es superior a 400 euros.
      CUARTO
      El 19 de abril 2010 Alfonso Severino ” Pulga ” junto al también acusado Emiliano Desiderio se desplazaron a Tarifa a bordo del vehículo de éste último, Volkswagen Golf matrícula NUM067 , y se entrevistaron con el también acusado Ezequiel Sixto , que llega en ferri desde Tánger (Marruecos) que por indicación de otro marroquí no identificado les entregó 1.400 € y cuatro teléfonos nuevos (teléfonos con IMEI NUM068 , NUM069 , NUM070 , y NUM071 ) para su utilización en el próximo alijo y se concertaron en el modo de llevarlo a efecto.
      Sin embargo, el 3 de mayo de 2010 se produce el ingreso en prisión de Alfonso Severino y Ildefonso Maximiliano para cumplir la condena de fecha 28-11-08 dictada por la Sec. 1ª A.P. Cádiz, que ganó firmeza el 3-2-2010 , de 3 años y 9 meses en virtud de delito contra la salud pública. Esta circunstancia motiva que el 29 de abril Alfonso Severino , haciendo uso del teléfono con IMEI NUM070 , comunique a su socio marroquí que será Ramon Pio con quien en adelante hablará para llevar a efecto el alijo proyectado en la anterior entrevista.
      Tal como habían convenido, Ramon Pio . comienza sus contactos con el socio marroquí a través del teléfono de seguridad que le ha dejado Alfonso Severino antes de ingresar en prisión, desde donde continúa al tanto y dando instrucciones, tanto él como Ildefonso Maximiliano . El 8 de mayo, tras repetidos intentos del marroquí de ponerse en contacto con Ramon Pio , éste le llama y le comenta los problemas que tiene para encontrar una embarcación, llegando a proponerle comprarla a medias. El socio marroquí le responde que esa infraestructura les corresponde a ellos aportarla, advirtiéndole que no quisiera tener que trabajar con otra gente porque ellos son como familia.. Discuten sobre el precio y el pago de la cantidad que aún les adeuda, apremiándole el marroquí para que realicen pronto el alijo y entonces mandará a Ezequiel Sixto de nuevo para que les pague, salde parte de la deuda y, como la otra vez se lleve la droga al día siguiente; le reprocha que, a través de Ezequiel Sixto , ya se les adelantó dinero. Cuando Ramon Pio insiste en la falta de embarcación, el marroquí le sugiere que se asocie con quien la tenga, a lo que Ramon Pio responde que él ya sabe cómo se hacen las cosas, que no es la primera vez y que prefiere tener su embarcación y su cuadrilla, sin meter gente de fuera. El socio marroquí le conmina a hacer el alijo en el plazo de una semana y Ramon Pio queda en llamarlo cuando esté preparado.
      En consecuencia, se agilizan las gestiones de Ramon Pio ., Domingo Maximo , Nazario Rodrigo , Ernesto Gines y el amigo de Ramon Pio , Gonzalo Teodulfo , para buscar la embarcación y reclutar al personal. Sobre las 15 horas del 10 de mayo Ramon Pio . en compañía de Domingo Maximo y Nazario Rodrigo se desplazan al Puerto de Santa María para ultimar los preparativos relativos a la embarcación, y a la vuelta Ramon Pio avisa a Gonzalo Teodulfo a fin de que acuda al lugar de reunión con su vehículo Jeep Gran Cherokee matrícula NUM072 , que va a ser usado para el transporte de la droga. Además de aportar este vehículo para el transporte de la droga Gonzalo Teodulfo recluta a su amigo Anibal Cosme para que participe en el inminente alijo, que se concertó con él para participar en el mismo. Por su parte, Nazario Rodrigo queda en recoger a Ernesto Gines , ya que ambos van a hacer labores de paterista. Ernesto Gines , a su vez, contacta con Secundino Nazario y le pide que le desee suerte. Una vez ultimados los preparativos, Ramon Pio comienza a llamar insistentemente al socio marroquí, no consiguiendo contactar con él hasta la 1:05 horas del 11 de mayo ,cuando Ramon Pio comunica al marroquí que están listos para hacer el alijo de inmediato, a éste le coge por sorpresa y le advierte que le tiene que avisar con más tiempo, quedando en avisarle.
      La embarcación que iba a ser usada para el alijo se encontraba amarrada en Puerto Sherry, aportada por un hombre no identificado apodado ” Topo “, usuario del nº de teléfono NUM073 , que informa a Nazario Rodrigo de que el amarre está pagado hasta el martes 18 de mayo; se lo comunica a Ramon Pio . que lo tranquiliza diciéndole que “trabajarán” antes de esa fecha. Efectivamente el día 12 de mayo Ramon Pio alerta a Nazario Rodrigo y a Gonzalo Teodulfo , éste a su amigo Anibal Cosme , Ernesto Gines a Secundino Nazario , todos preparados para el día siguiente.
      A primera hora del día 13 de mayo Ramon Pio . y Nazario Rodrigo se desplazan al Puerto de Santa María para preparar la embarcación que usarían en el alijo, la cual no consiguen arrancar, por lo que Ramon Pio se lo comunica a Domingo Maximo y le pide que hable con Ramon Teodulfo para que les dé las llaves de la embarcación DIRECCION007 , lo que efectivamente hace.
      Una vez se reúnen en Barbate Ramon Pio ., Domingo Maximo , Florencio Tomas , Nazario Rodrigo , Florencio Remigio y Ernesto Gines , se desplazan a Chiclana de la Frontera, donde se reúnen con Gonzalo Teodulfo , que ha alertado a Anibal Cosme que espere su aviso. Durante esa mañana en la zona de Santi Petri Ramon Pio . junto con Domingo Maximo , Florencio Remigio , Nazario Rodrigo y Florencio Tomas intentan poner en uso una embarcación recreativa de 5 ó 6 metros de eslora, de color blanca y línea de flotación azul, que presentaba problemas mecánicos, por lo que desisten y optan finalmente por hacer uso en el alijo de la embarcación DIRECCION007 , tripulada por Nazario Rodrigo y Ernesto Gines .
      A las 17:25 horas Gonzalo Teodulfo , a bordo de su vehículo Jeep Gran Cherokee matrícula NUM072 acude al domicilio de Ramon Pio en Chiclana, reuniéndose con los demás partícipes en los pinares de Roche desde donde se dirigen hacia la zona de Caños de Meca. Ejerciendo funciones de vigilancia y aviso a los tripulantes de la embarcación en las cercanías del Faro de Trafalgar se hallan Rogelio Raul , padre de Ernesto Gines , y Santos Adolfo , estacionado con su vehículo Renault Twingo. También realizan funciones de vigilancia Secundino Nazario , Justo Moises y Cesareo Luis .
      Simultáneamente, un dispositivo de vigilancia policial compuesta por Helicóptero y personal de tierra se hallan a las 20:00 horas controlando la embarcación que se dirigía a alijar frente a la piedra aislada en los acantilados de Barbate hacia Los Caños de Meca, observando a varios individuos con ropa deportiva correr hacia el acantilado. En ese momento se produce la intervención policial y por parte de la tripulación del helicóptero se detiene a dos de los tripulantes, Ernesto Gines y un marroquí, mientras que Nazario Rodrigo consigue huir. Igualmente es detenido por el personal de tierra Gonzalo Nemesio cuando huía del lugar del alijo, donde se aprehenden 25 fardos de hachís y otro fardo de menor tamaño conteniendo bellotas de hachís, 731.032 grs. THC (12,2%), 1563 grs. THC (12,8%), 4556 grs. THC (10,6%) y 686 grs. THC (9 %) con un peso total de 737.837 grs. con un valor de 1.072.814,998 €
      Entre los alijadores que lograron huir se encontraban los acusados Segismundo Fausto y Jon Teodosio los cuales dejaron olvidados al abandonar precipitadamente el lugar su teléfono móvil el primero y una chaqueta de chándal con las llaves de su vehículo Chevrolet Laceti matricula NUM074 el segundo.
      La embarcación utilizada para cometer el delito es la denomina DIRECCION007 con matrícula NUM057 , de 5,75 mtrs eslora, 2,10 mtrs manga, provista de un motor Yamaha Enduro 60 CV sin nº de identificación, cuya propiedad real corresponde a Alfonso Severino ” Pulga “, aunque la titularidad aparente corresponde a Florencio Remigio , su cuñado, que carece de recursos económicos para su adquisición. Al día siguiente de ser interceptado el alijo e intervenida la embarcación, en la mañana de 14 de mayo de 2010 Florencio Remigio presentó denuncia en el Puesto Principal de Barbate por indicación de Eugenia Laura , en la que expone, no siendo cierto, que le han sustraído la embarcación DIRECCION007 .
      Ramon Pio y Domingo Maximo han venido usando en reuniones y preparativos de la actividad ilícita a la que se ha hecho referencia sus vehículos Volkswagen Passat matrícula NUM075 y Ford Focus matrícula NUM076 ..
      Acordada por el Juzgado la práctica de entrada y registro en los domicilios de los ss acusados, se encontró:
      – Alfonso Severino : tfno. NUM077 , puñado de marihuana y bellota de hachís (21,042 grs. THC 12,9% y 0,723 grs. THC 10,3%)
      – Eugenia Laura , el contrato de compraventa fechado el 6-10-08 por el que Florencio Remigio , adquiere la embarcación DIRECCION007 por precio de 5.100 €.
      – Jose Isidro : un trozo y 3 tabletas de hachís con un peso de 33,745 grs. y THC del 12%, y la suma de 6.375 € procedente de la actividad ilícita.
      – Ramon Pio 1440 € que fueron intervenidos procedente su actividad ilícita.
      QUINTO
      La introducción de alijos de hachís por la costa de Barbate constituye la actividad lucrativa habitual de Alfonso Severino y su entorno familiar, constituido por el clan Florencio Remigio Ramon Teodulfo Ildefonso Maximiliano Jose Isidro Domingo Maximo Celia Teodora Eugenia Laura . Alfonso Severino es pareja de Celia Teodora , hermana de Ildefonso Maximiliano y Florencio Remigio , de Eugenia Laura , pareja de Ramon Pio , y de Angelica Brigida , pareja de Florencio Tomas . Domingo Maximo es primo de los hermanos Florencio Remigio Ildefonso Maximiliano Celia Teodora .
      El patrimonio de Eugenia Laura , asciende a 23.518,73 €. Está compuesto por:
      – diversos vehículos: Audi A3, matrícula NUM064 (valorado en 20.000 €), Opel Confort 17, matricula NUM078 , matriculado 15/06/2001 (valorado en 2.000 €), Volkswagen Golf 18, matrícula NUM079 , matriculado 08/02/1989, (valorado en 1.000 €) y ciclomotor Gilera Stalker, matrícula NUM080 , matriculado el 20/09/2000 (valorado en 300 €). De entre ellos destaca el turismo Audi A3, matrícula NUM064 , adquirido el 08-10-2008, valorado en 19.658,85 € y por el que tuvo que liquidar 2.899,68 € de impuesto de transmisiones y matriculación, sumas que abonó en efectivo y sin recurrir a créditos. Dicho vehículo pertenece en realidad a su hijo Ildefonso Maximiliano , usuario habitual del mismo, que lo puso a nombre de su madre con la finalidad de ocultar las ganancias ilícitas provenientes del tráfico de hachís, así como para eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la condena impuesta por sentencia de fecha 28-11-08 dictada por la Sec. 1ª A.P . Cádiz sin que por parte de Eugenia Laura se haya efectuado actividad alguna de verificación del origen de las referidas sumas.
      Sin embargo, los únicos ingresos lícitos de Eugenia Laura desde el año 2007 es su trabajo para la empresa “Sánchez Gijón de Angelis Eloy” un total de 58 días, y ha percibido durante el año 2009 la cantidad de 1.253,96 euros.
      – en entidades bancarias sólo figura junto a su hijo Ildefonso Maximiliano en una cuenta del banco Santander, el saldo de la cuenta bloqueada es de 3,73 €.
      – no aparece como titular de inmuebles; En el registro de su domicilio se intervino 1 tarjeta de telefonía móvil, 2 teléfonos móviles, 2 cargadores de teléfono móvil, todo ello valorado en 215 €.
      Florencio Remigio posee un patrimonio ascendente a 5.400 €, compuesto por:
      – ciclomotor Yamaha CW50 matrícula NUM081 , valorado en 300 €.
      – embarcación denominada ” DIRECCION007 “, modelo FIBERPLAST 575, color blanca, con matrícula NUM057 , valorada en 5.100 €. (Contrato de compraventa fechado el 6-10-08 por el que Florencio Remigio , adquiere la embarcación DIRECCION007 por precio de 5.100 €.)
      Florencio Remigio carece de ingresos legales, constando únicamente alta en la Seguridad Social el 03/05/2010 por Prestación Beneficio Comunidad.
      La embarcación DIRECCION007 no solo fue usada para el transporte de hachis, sino que fue adquirida con el producto de dicha actividad ilícita desarrollada por él, así como Ildefonso Maximiliano y Alfonso Severino .
      La familia de Alfonso Severino está compuesta por él, su pareja Celia Teodora y la hija de ambos llamada Gracia Belinda . La cantidad total a la que asciende su patrimonio es de 29.896,69 euros. Está compuesto por:
      VEHÍCULOS
      – A nombre de Alfonso Severino vehículo todo terreno, Jeep Grand Cherokee, matrícula NUM082 , adquirido el 19-03- 2009, valorado en 8.000 €.
      -A nombre de Celia Teodora , un ciclomotor, Yamaha, EW50, matrícula NUM083 , valorado en 300 € y un turismo, Volkswagen Golf 2.0, matrícula NUM084 , adquirido el 14-11-2007, valorado en 17.500 €.
      BANCOS:
      – En cuanto a las cuentas bancarias, el saldo total a fecha 3 de junio de 2010 es de 8.593,04 €. De ellas, la cuenta de entidad La Caixa ( NUM085 ) cuyo titular es la menor de edad hija de ambos llamada Gracia Belinda no fue bloqueada por la entidad bancaria, consecuencia de ello, con fecha 4 de junio de 2010, Celia Teodora realiza un reintegro de 5.946 €. El saldo total de las cuentas bloqueadas es de 2.646,69 €.
      BIENES MUEBLES:
      – En el registro de su domicilio fue intervenido 1 ordenador, 3 teléfonos móviles, un trozo de hachís y un contrato privado de compraventa de fecha 17-04-2007, sobre la finca NUM086 , y diversa documentación. Todo ello valorado en unos 1.450 €.
      INGRESOS LEGALES :
      Alfonso Severino sólo ha trabajado 212 días desde el año 1997 en trabajos penitenciarios y formación para el empleo. Percibe desde el 19-08-2006 el subsidio de desempleo,, habiendo percibido un total de 7.687,9 euros.
      Celia Teodora ha trabajado desde el 01-05-2008 al 30-06-2009 (426 días) como autónoma en el ramo de seguros y en la empresa BEMPLOYEE SL ha trabajado 1 día , habiendo percibido un importe total de 2.389,28 euros.
      También como ingreso la venta realizada por Celia Teodora el día 02-03-2005, de una parcela ubicada en la Ribera de DIRECCION006 , finca NUM086 , tomo NUM087 , libro NUM088 , folio NUM089 del Registro de la Propiedad de Barbate (Villa Tamara), como así figura en protocolo número 749 ante Notario Dña. Blanca González-Miranda y Sáenz de Tejada. Venta realizada a D. Juan Tomas ( NUM090 ) por un importe de 90.000 euros, cuantía que se abonó mediante cheque bancario nominativo expedido por la entidad BBVA, sucursal de Barbate. Dicho importe no figura ingresado en cuentas bancarias de Celia Teodora , tampoco ingresos de cantidades elevadas en fechas posteriores a la de la venta. Dicha parcela, pese a que documentalmente apareciese como propiedad de Celia Teodora , fue adquirida el día 04-05-2005 por Alfonso Severino , por un importe total de 36.060,73 euros. En dicha parcela construyó una vivienda, que sólo en materiales supuso un gasto mínimo, de 31.735,9 €. Tales cantidades proceden de la actividad ilícita que habitualmente desarrolla Alfonso Severino
      Ildefonso Maximiliano y su pareja, Rocio Reyes , junto con un hijo menor de edad llamado Hector Guillermo , cuenta con un patrimonio que alcanza un total de 15.530,06.
      VEHÍCULOS:
      A nombre de Ildefonso Maximiliano , el vehículo Volkswagen, NUM091 , valorado en 8.500 €.
      A nombre de Rocio Reyes , la motocicleta, KYMCO, B&W 125, NUM092 , valorada en 6.000 €. Rocio Reyes carece de cualquier tipo de permiso de conducción y sí es poseedor de los necesarios permisos de conducción para motocicletas Ildefonso Maximiliano .
      BANCOS:
      BBVA:
      Rocio Reyes , es representante de la cuenta “libreta-ahorro” número NUM093 , cuyo titular es su hijo menor de edad Hector Guillermo , estando autorizada también Blanca Brigida ( NUM094 ). Fecha de alta de la cuenta 12/01/2009, en ella se realizan doce ingresos en efectivos con un total de 9.610 euros, un ingreso mediante cheque de 1.318,51 euros y dos ingresos de nómina con un importe total de 718,20 euros, sumando todo ello resulta un importe total de 11.657,21 euros.
      Los reintegros de la cuenta se realizan todos mediante cajeros automáticos y caja, arrojando un total de 9.522 euros.
      La cuenta es bloqueada el 02 de junio de 2010 con un saldo de 2.630 euros.
      CAJASOL
      Rocio Reyes , titular junto a sus padres llamados D. Primitivo Sebastian ( NUM095 ) y Dña. Nicolasa Sofia ( NUM096 ), de la cuenta “ahorro” número NUM097 . La referida cuenta ha tenido unos ingresos totales de 47.379,59 euros. Fraccionados de la siguiente manera:
      Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 (02/06)
      11.194,41 € 16.118,44 € 13.030,07 € 7.036,59 €
      Del total ingresado 43.956,59 euros corresponden a ingresos justificados (nóminas y otros procedentes de organismos), que se detallan a continuación:

    • Consecuentemente, el segundo botellazo sobre la víctima mientras era agredido por Donato lo convierte en coautor del homicidio”.
      El recurrente asocia la falta de motivación a que la Sala no se pronuncie expresamente sobre la etiología de la herida en forma de “uve” que la víctima presentaba en la cabeza, que el informe de autopsia considera producto de una patada, pero olvida que la exigencia de motivación no comporta que el tribunal sentenciador tenga que realizar un análisis detallado y exhaustivo de cada una de las pruebas practicadas, pues cuando se trata de la motivación fáctica, recuerda la STS. 32/2000, de 19.1 , la sentencia debe exponer cual o cuales son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados -lo que la sentencia impugnada realiza en el epígrafe “Motivación”, apartado II “Sobre los Hechos”, subapartado segundo -al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico.
      En similar sentido las SSTS. 540/2010 de 8.6 y 258/2010 de 12.3 , precisan que si bien “…la ponderación de la prueba de descargo representa un presupuesto sine qua non para la racionalidad del desenlace valorativo”. Se toma en consideración por el Tribunal a quo es indispensable para que el juicio de autoría pueda formularse con la apoyatura requerida por nuestro sistema constitucional. No se trata, claro es, de abordar todas y cada una de las afirmaciones de descargo ofrecidas por la parte pasiva del proceso. En palabras del Tribunal Constitucional exige solamente ponderar los distintos elementos probatorios, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido pro el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo” SSTC. 148/2009 de 15.6 , 187/2006 de 19.6 ).
      Pues bien en el caso analizado que la herida en la cabeza no fuera ocasionada por un botellazo -lo que el informe pericial tampoco excluye categóricamente, al admitir la posibilidad de que la herida se produjese con un objeto romo, siempre que fuese muy contuso para que no produjera excoriación, no está en contradicción con la versión de la sentencia que, conforme las declaraciones del testigo protegido NUM000 en sede policial, judicial y en el plenario, considera que es claro que Donato golpeó a Bruno junto con Agustín y le siguió agrediendo después de que este cogiera una botella de cristal y asestara a la víctima un primer botellazo de arriba hacia abajo en la cabeza, para después propinarle el segundo de abajo hacia arriba que le provocó la muerte. Lo esencial no es tanto si ese primer botellazo produjo o no lesiones en la cabeza a la víctima, dado que la realidad del mismo es admitida por el propio recurrente en la significativa conversación telefónica que mantuvo con el coprocesado Pascual a las 12,24 horas del 29.9.2008, Pág. 35 a 40, en la que a preguntas de éste reconoce que estaba presente en el momento de la agresión y que Agustín le dio dos o tres veces, que le rompió la botella en la cabeza y le cortó el cuello, sino si éste recurrente que estaba ya agrediendo a Bruno conjuntamente con Agustín advirtió como éste cogía la botella, lo que solo puede interpretarse de forma racional y lógica para continuar con ella la agresión, y no obstante no desistió de su actitud, prosiguiendo con los golpes sobre Bruno , hasta que se produjo el botellero en el cuello que le ocasionó la muerte.
      NOVENO
      El motivo tercero por infracción de precepto constitucional al amparo de lo establecido ene. Art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, art. 24.2 CE , al no haberse desarrollado una mínima actividad probatoria de cargo capaz de desvirtuarla dado que no está probado que en la conversación supuestamente mantenida entre Pascual y el recurrente, el 29.5.2008 a las 12,24 horas, uno de los interlocutores sea éste, y no resultar suficientemente fiable la declaración del testigo protegido nº NUM000 .
      El motivo deviene improsperable, dando por reproducida la argumentación expuesta en el análisis del motivo tercero, apartado 2 del recurso interpuesto por el coprocesado Agustín en el que se planteó la misma vulneración, debiendo insistirse en que esta Sala ha repetido de forma constante, en el ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en la verificación de si la prueba de cargo en base a la cual el Tribunal sentenciador dicto sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto:
      – en primer lugar, debe analizar el “juicio sobre la prueba”, es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto. Contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.
      – en segundo lugar, se ha de verificar” el juicio sobre la suficiencia”, es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.
      – en tercer lugar, debemos verificar “el juicio sobre la motivación y su razonabilidad”, es decir si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado, es, no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión, sino asimismo una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, e incluso la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial.
      En definitiva, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, – SSTC 68/98 , 85/99 , 117/2000, 4 de Junio de 2001 ó 28 de Enero de 1002 , ó de esta Sala 1171/2001 , 6/2003 , 220/2004 , 711/2005 , 866/2005 , 476/2006 , 528/2007 entre otras-.
      Por ello, queda fuera, extramuros del ámbito casacional verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que esta Sala pueda sustituir la valoración que hizo el Tribunal de instancia, ya que esa misión le corresponde a ese Tribunal en virtud del art. 741 LECriminal y de la inmediación de que dispuso, inmediación que no puede servir de coartada para eximir de la obligación de motivar.
      Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que los Tribunales de apelación, esta Sala de Casación o incluso el Tribunal Constitucional en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verificar la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas — SSTS de 10 de Junio de 2002 , 3 de Julio de 2002 , 1 de Diciembre de 2006 , 685/2009 de 3 de Junio-y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria.
      De conformidad con la doctrina señalada no se entiende producida la vulneración denunciada, dado que la sentencia impugnada detalla y motiva las pruebas en base a las que alcanzó su convicción sobre la participación del hoy recurrente.
      Como hemos señalado en el motivo precedente en el epígrafe relativo a la motivación, apartado segundo se refiere a las conversaciones telefónicas mantenidas entre Pascual , Agustín y Donato , de las que, tras declarar su validez por cumplir todos los requisitos legales y constitucionales, infiere la participación de los encartados Agustín y Donato en la acusación de la muerte de Bruno , concluyendo -apartado tercero- que la autoría de las voces quedó garantizada por las declaraciones del propio Pascual por cuanto así lo ha reconocido expresamente en instrucción y por las declaraciones de los agentes nº NUM019 , jefe del Grupo X, corroboradas por el nº NUM011 , y las del Jefe del Grupo XXI el nº NUM004 . Asimismo valora el testimonio del testigo protegido nº NUM000 en el plenario, que complementa, dado el tiempo transcurrido desde que los hechos sucedieron hasta que fueron enjuiciados con sus declaraciones en sede policial y ante el Juez instructor y considera acreditado que tras el primer botellazo de Agustín Bruno , Donato continuando golpeando a éste.
      Consecuentemente ha existido prueba de cargo suficiente para dictar un pronunciamiento condenatorio, prueba obtenido sin violación de derechos fundamentales e incorporados con respecto a los principios de inmediación y contradicción y se constata la racionalidad de las deducciones y conclusiones alcanzadas por la Sala sentenciadora, lo que impide hablar de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
      DECIMO
      El motivo cuarto por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim . por indebida aplicación del art. 22.2 CP (sic) se sustenta que quiere decir art. 28 CP , al no existir cualquier tipo de concierto previo entre el recurrente y el autor material de la agresión mortal, dada la rapidez con que se produjeron las agresiones de éste a Bruno con la botella, lo que impide entender acreditada la adhesión sobrevenida o instantánea al acto del autor material de tales agresiones.
      Como hemos dicho en STS. 11.2.2011 con cita de las 474/2005 de 17.3 , 1003/2006 de 19.10 y 107/2009 de 17.2, que entre los principios fundamentales del Derecho penal ha sido reconocido sin excepciones el de la responsabilidad personal. De acuerdo con este principio la base de la responsabilidad penal requiere, como mínimo, la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. En este sentido se ha sostenido por el Tribunal Constitucional sentencia 131/87 que ” “el principio de personalidad de las consecuencias jurídico-penales se contiene en el principio de legalidad” de lo que deriva, como dice la STS. 9.5.90 , ” exigencias para la interpretación de la Ley penal”. No obstante también lo es que la doctrina jurisprudencial viene considerando coautores en base a lo que denominan ” dominio funcional del hecho” , siendo muy reiteradas las sentencias en las que esta Sala ha mantenido tal doctrina y de las que podemos citar las de 10.2.92 , 5.10.93 , 2.7.94 , 28.11.97 y 2.7.98 , basta por su claridad, con reproducir literalmente lo mantenido en ésta última, ni la que se reconoció lo siguiente: “El art. 28 del C.P . vigente nos permite disponer ya de una definición legal de la coautoría que, por otra parte, era de uso común en la jurisprudencia y en la doctrina antes de que el mismo fuese promulgado: son coautores quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo. Realización conjunta que debe estar animada por un dolo compartido, siendo éste, en rigor, el significado que debe darse en determinados casos al previo y mutuo acuerdo que ha sido constantemente exigido para afirmar la existencia de la codelincuencia – SS. 31/5/85 , 13/5/86 entre otras- por la doctrina de esta Sala. Preciso es pues, esclarecer que debemos entender por uno y otro elemento -objetivo y subjetivo- de la coautoría. La realización conjunta no supone que todos y cada uno de los elementos del tipo, sean ejecutados por los coautores, lo que es necesario para que se hable de realización conjunta de un hecho y para que el mismo sea atribuido, como a sus coautores, a quienes intervienen en él, es que todos aporten durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común. A la misma consecuencia práctica lleva la utilización del instrumento teórico del dominio del hecho, acogido por esta Sala en numerosas y recientes sentencias como las de 12/2/86 , 24/3/86 , 15/7/88 , 8/2/91 y 4/10/94 . Según esta teoría, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. Por lo que se refiere al acuerdo previo, elemento o soporte subjetivo de la coautoría, en que se funda el principio de “imputación recíproca” de las distintas contribuciones al resultado y en cuya virtud se entiende que todos aceptan implícitamente lo que cada uno vaya a hacer, tanto la doctrina como la jurisprudencia, SS. T.S. 3/7/86 , Y 20/11/81 , han estimado suficiente que el acuerdo surja durante la ejecución, coautoría adhesiva, siendo también posible la sucesiva, que se produce cuando alguien suma un comportamiento al ya realizado por otro a fin de lograr la conclusión de un delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido parcialmente realizados por este ( SS. 10/2/92 , 5/10/93 , 2/7/94 ) y que el acuerdo sea tácito y no producto explícito de una deliberación en que se hayan distribuido los papeles a desempeñar. El acuerdo, en definitiva, especialmente en. los delitos en que la ejecución es prácticamente simultánea a la idea criminal, se identifica con la mera coincidencia de voluntades de los partícipes, esto es, con lo que se ha llamado el dolo compartido.
      Como confirmación de lo expuesto puede recordarse que en las SS. T.S. 21/12/92 Y 28/11/97 se afirmó que “cuando varios participes dominan en forma conjunta el hecho (dominio funcional del hecho), todos ellos deben responder como coautores… la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho no puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho”.
      Doctrina definitivamente asentada en la sentencia T.S. 11/9/00 , que con cita de la SS. TS. 14/12/98 , señala que “la nueva definición de la coautoría acogida en el art. 28 del C. P. 1995 como “realización conjunta del hecho” viene a superar las objeciones doctrinales a la línea jurisprudencial que ya venía incluyendo en el concepto de autoría, a través de la doctrina del “acuerdo previo”, a los cooperadores no ejecutivos, es decir a quienes realizan aportaciones causales decisivas, pero ajenas al núcleo del tipo la “realización conjunta del hecho” implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por ello, necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización del mismo se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común. En consecuencia, a través del desarrollo del “pactum scaeleris” y del condominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo, como la de quienes planifican, organizan y dirigen a distancia la operación, sin intervenir directa y materialmente en su ejecución”.
      En este tema la S.T.S. 20-7-2001 precisa que la autoría material que describe el art. 28 CP . no significa, sin más, que deba identificarse con una participación comisiva ejecutiva, sino que puede tratarse también de una autoría por dirección y por disponibilidad potencial ejecutiva, que requiere el conocimiento expreso o por adhesión del pacto criminal, al que se suma en la consecución conjunta de la finalidad criminal, interviniendo activa y ejecutivamente, o solamente si el caso lo requiere, en función de las circunstancias concurrentes.
      Autor directo, según dispone el CP, e s quien realiza la acción típica, quien conjuga como sujeto el verbo nuclear de la acción. Característica principal del autor directo es tener el dominio del hecho porque dirige su acción hacia la realización del tipo penal. La autoría aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito.
      Como dice la S.T.S. 27-9-2000 , tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la autoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutoria, que integra el elemento objetivo. Se diferencia la coautoría de la cooperación, o de la participación, en el carácter, o no, subordinado del participe a la acción del autor. Será autor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.
      La coautoría aparece caracterizada, como hemos señalado, desde el plano subjetivo, por una decisión conjunta de los autores que permite engarzar las respectivas actuaciones enmarcadas de una división de funciones acordadas. Desde el plano objetivo, las acciones de los coautores deben estar enmarcadas en fase de ejecución del delito. Las SS. T.S. 29-3-93 , 24-3-98 Y 26-7- 2000, han admitido como supuesto de coautoría, lo que se ha denominado participación adhesiva o sucesiva y también coautoría aditiva, que requiere la concurrencia de los siguientes elementos.
      1) Que alguien hubiera dado comienzo a la ejecución del delito.
      2) Que posteriormente otro u otros ensamblen su actividad a la del primero para lograr la consumación del delito cuya ejecución había sido iniciada por aquel.
      3) Que quienes intervengan con posterioridad ratifiquen lo ya realizado por quien comenzó la ejecución del delito aprovechándose de la situación previamente creada por él, no bastando el simple conocimiento.
      4) Que cuando intervengan los que no hayan concurrido a los actos de iniciación, no se hubiese producido la consumación, puesto que, quien, interviene después, no puede decirse que haya tomado parte en la ejecución del hecho.
      En este sentido en STS. 1320/2011 de 9.12 , hemos dicho que todos los que intervienen en una pelea para la que existe una decisión común de agredir, aceptan lo que cada uno de ellos haga contra la seguridad física de las víctimas, resultando también coautores desde el punto de vista del dominio del hecho ( STS 1503/2003, de 10-11 ). Este principio de imputación recíproca rige entre los coautores, mediante el cual a cada uno de los partícipes se les imputa la totalidad del hecho con independencia de la concreta acción que haya realizado.
      Ahora bien, en estos supuestos es preciso comprobar que cada uno de los intervinientes sea, verdaderamente, autor, esto es tenga un dominio del hecho, en este supuesto condominios, y comprobar la efectiva acción para evitar que le sean imputables posibles excesos no abarcados por la acción conjunta bien entendido que no se excluye el carácter de coautor en los casos de decisiones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre que dichas decisiones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, es decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar imprevisibles para los partícipes.
      Doctrina que reitera en STS 1099/2007, de 14-6 , 338/2010, de 16-4 , al afirmar que no es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo, concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega conjuntamente por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integrados en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas, STS 1240/2000 de 11-9 , y 1486/2000, de 27-9 , que señala que “la coautoría aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elementos subjetivos de la coautoría y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutoria, que integra el elemento objetivo. Se diferencia la coautoría de la cooperación, o de la participación; el carácter, subordinado o no, del partícipe de la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción; que será condominio funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la coautoría.
      La mencionada decisión conjunta es consecuencia de un acuerdo que puede ser previo o simultáneo a la misma ejecución, debiendo valorarse, en su caso, la posible existencia de un exceso en algunos de los coautores, pudiendo quedar exceptuados los demás de la responsabilidad por el resultado derivado del mismo.
      En el caso, al agredir ambos conjuntamente y no apreciarse un exceso sobre lo tácitamente acordado, dado que el resultado es consecuencia lógica de la clase de agresión ejecutada por ambos, los dos responden del mismo”.
      Por ello si uno de los coejecutores se excede de lo inicialmente acordado, tal exceso no es imputable a los demás, porque más allá del acuerdo no hay imputación reciproca ( SSTS. 1460/2004 de 9.12 , 519/2007 de 14.6 ), pero en el caso concreto, si en un primer momento podría haberse limitado la conducta conjunta a lesionar a Bruno , la situación se transforma desde el momento en que el otro coacusado se provee de una botella de cristal para continuar con la agresión que ambos ya estaban llevando a cabo. La utilización de ese medio tan peligroso -y no necesario para la agresión- y los golpes con el mismo dirigidos desde un primer momento a zonas vitales como la cabeza, tuvo necesariamente que haber provocado la representación de una consecuencia mortal a quien fuera agredido con tal botella, o al menos, la muy alta probabilidad de ese resultado y sin embargo ello no le hizo abdicar de en decisión de seguir recorriendo el iter criminis, según lo previsto y decidido conjuntamente, desde el momento en que Bruno , que ya había sido agredido por el grupo de los acusados en la puerta del establecimiento logró salir, aturdido, corriendo hacia la zona del aparcamiento, siendo perseguido hasta darle alcance por Agustín y Donato quienes comenzaron a propinarle puñetazos y patadas que le tiraron al suelo, manteniendo el recurrente en todo momento el codominio del hecho, colaborando activamente en la agresión a la víctima y desde luego, y como mínimo, con dolo eventual homicida.
      Por tanto aunque la herida mortal fue causada por el otro acusado, el recurrente mantuvo en todo momento, una actitud activa, con conocimiento cabal de la forma en que se desarrollaban los acontecimientos, no pudiéndose romper el titulo de imputación, pues su adhesión expresa al pacto criminal, su presencia física coadyuvando a la consecución de la mecánica comisiva, su actitud agresiva en relación a la víctima, no desatendiéndose de lo que allí ocurrió, e incluso su conducta posterior, huyendo del lugar con el autor material al observar como sangraba Bruno , le convierten en coautor material.
      RECURSO INTERPUESTO POR Jenaro
      DECIMO PRIMERO
      El motivo primero por infracción de precepto constitucional, del derecho a la presunción de inocencia, así como a un procedimiento con las debidas garantías procesales sin que pueda producirse indefensión, amparado en el art. 24.1 y 2 CE , en relación con el art. 5.4 LOPJ .
      En primer lugar denuncia que ha sido condenado por un delito de lesiones del art. 147.1, en el supuesto agravado de la concurrencia de alevosía en la producción de la misma, tipificado en el art. 148.2, ambos del CP , concurriendo además la circunstancia modificativa de abuso de superioridad, art. 22.2 CP , ello supone que ha sido condenado por un delito diferente al solicitado por las acusaciones que solicitaron la aplicación de los arts. 147.1 y 148.1 (supuesto agravado de uso de instrumento peligroso), lo que constituye quiebra del principio acusatorio y por tanto una grave vulneración del Derecho del justiciable a un procedimiento con todas las garantías sin que pueda producirse indefensión, amparado en el art. 24.1 CE .
      En segundo lugar considera que la resolución recurrida vulnera de forma flagrante el derecho a la presunción de inocencia, art. 24.2 CE , toda vez que el contenido de la prueba testifical practicada en el juicio oral no solo nos describen unos hechos completamente diferentes a los reflejados en los hechos probados, sino que dicho contenido, junto con el resto del acervo probatorio no puede constituir prueba de cargo, ni siquiera indiciaria, apta y valida para enervar la presunción de inocencia.
      1) La primera impugnación resulta manifiestamente infundada. Basta una lectura completa del fundamento de derecho primero para constatar que la referencia del apart. 2 del art. 148, (“cuando hubiera mediado ensañamiento o alevosía”), es un mero error mecanográfico pues como resulta de la argumentación de la sentencia, en realidad se refiere al apartado 1 del inciso art. 148 que es el que las acusaciones entendieron aplicable en sus escritos de conclusiones -“de la agresión se hubiesen utilizados armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado”; razonando de forma expresa en concurrencia, valorando “el resultado y el riesgo, es decir considerando el empleo del medio en forma concretamente peligrosa en cuanto al lugar del cuerpo donde se proyecta el recipiente de vidrio y a la consistencia del material fácilmente rompible en afilados fragmentos, lo que determina objetivamente la naturaleza peligrosa de un objeto de cristal, y el plus de riesgo que su utilización conlleva, por otra; y sin que en ningún momento la sentencia haga referencia alguna a la concurrencia de la alevosía o el ensañamiento a que se refiere el art. 148.2 CP .
      2) En cuanto a la infracción del derecho a la presunción de inocencia el motivo ha de ser de nuevo desestimado, ya que, como sabemos la tarea encomendada a este tribunal de casación, en orden a la debida tutela del referido derecho, nos obliga, además de ejercer el oportuno control respecto de la validez e las pruebas de que se sirve la resolución recurrida, a examinar la racionalidad de esa valoración y, en concreto, la adecuada correspondencia entre lo que se afirma como probado y los elementos en que dicha afirmación se funda.
      No se trata de enmendar, en ningún caso, el criterio aplicado por la Audiencia a la hora de optar entre varias posibles alternativas acerca del significado probatorio de los elementos de que dispuso, sino tan solo de comprobar que el relato de hechos probados y sobre los que se ha de asentar el pronunciamiento de aquélla, se corresponde, realmente, con una de esas opciones lógicas en la interpretación del material acreditativo disponible.
      Y en este supuesto ha de estimarse que esa “racionalidad” en el argumentar lógico de la sentencia recurrida, a la hora de vincular el resultado de las diferentes diligencias probatorias, no constituidas solo por indicios, sino por pruebas directas, con la conclusión fáctica extraída de todas ellas, concurre plenamente.
      Así la sentencia -Pág… 23 a 29- analiza y valora el testimonio de la propia víctima, Adriano , corroborado en cuanto a que la agresión se produjo con un vaso de cristal, por el testigo Feliciano ; las declaraciones de Ovidio y Gines en orden a la presencia e intervención del recurrente, en las dos fases de la agresión: la que tuvo lugar en el interior de los servicios del local PK2 y la que se produjo -con el golpe con el vaso- en el exterior en la puerta del local, destacando como Ovidio reconoció en rueda a Jenaro como una de las personas que estaba dentro y fuera del baño del PK2 (folios 3143 y 3144), describiéndolo como una persona de pelo moreno; las testificales de las hermanas Elena y Olga reconociendo a Jenaro por encontrarse tanto dentro como fuera del Pub PK2 (folio 3416), concretando Olga que al salir a la calle vió a un grupo de cuatro o cinco chicos agrediendo a otros y que reconoció a Jenaro por haber estado enrollado con su hermana; el testimonio del “controlador” Justiniano que si bien en este reconocimiento en rueda se limitó a señalar que Jenaro “le suena pero no lo puede decir con exactitud”, precisó en Sala que le sonaba por estar en el grupo de agresores, siendo su declaración concluyente en el sentido de que fue avisado por una reyerta fuera de la discoteca. Cuando llegó observó enfrente de la puerta del Malibú, a un grupo de diez o doce chavales pegando a otros cuatro que estaban en el suelo. Uno de ellos sangraba por la cabeza. Les siguió y uno del primer grupo, el cual parecía su “cabecilla”, se le encaró, pero de palabra….Consecuentemente las conclusiones de la sentencia impugnada de que la persona de pelo moreno a que hace referencia Ovidio , se trataba del recurrente Jenaro y que éste, junto con el coprocesado Pascual no solo se encontraban en el interior del Pub PK2, sino que los dos, además de participar en la agresión a Adriano y a Ovidio en el interior del cuarto de baño de dicho local, la continuaron en el exterior y cuando Adriano recibió el golpe en la cabeza con un vaso de cristal a manos de sus acompañantes no identificados, ambos acusados estaban presente y le siguieron pegando.
      El recurrente discrepa de la valoración de estas testificales en base a su subjetiva e interesada apreciación, olvidando que “cuando en la instancia judicial se produce una actividad probatoria y el resultado de tal actividad es apreciado por el órgano judicial en uso de su libertad de apreciación, como expresivo de la culpabilidad del autor presuntamente inocente, no puede entenderse vulnerados el derecho a la presunción de inocencia, pues tal presunción solo lo es con el carácter de iuris tantum y queda destinada por la prueba apreciada libremente por el juzgador.
      En efecto lo que ocurre en muchos supuestos llegados a la vía casacional no es otra cosa que la simple disconformidad del recurrente con la valoración de la prueba efectuada por el juzgador, que en uso de la función que le atribuye el art. 741 LECrim . y en consonancia con la misión jurisdiccional atribuida por el art. 117.3 CE . no hace sino asumir su propia competencia, quedando ésta extramuros de la propia del Tribunal de casación.
      El Auto 338/83, ya declaró que: ” no equivale (el derecho a la presunción de inocencia) a que en cualquier caso y situación el Tribunal Constitucional y lo mismo puede decirse del Tribunal Supremo, cuando se analiza en vía casacional la vulneración de dicho principio constitucional, pueda valorar pruebas efectivamente practicadas, primando unas o menospreciando otras, hasta concluir un pronunciamiento concordante o dispar del aceptado por el Tribunal de lo Penal, ya que ello es atribución privativa de éste por mandato ex art. 741 LECrim . “, y ésta vía constitucional -o casacional- ha de mantenerse distante de una nueva instancia o revisión de lo tratado y resuelto por la jurisdicción ordinaria.
      En igual sentido la STC. 205/98 de 26.10 recuerda que cuando lo que se denuncia no es la ausencia de actividad probatoria, sino la discrepancia con la valoración que se ha hecho de la misma, no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia pues “no corresponde a este Tribunal revisar la valoración y apreciación que de las pruebas practicadas hacen los órganos judiciales una vez verificada, como ocurre en este caso, la existencia de actividad probatoria directa respecto de los hechos objeto de la condena y de la participación del condenado en los mismos ( SSTC. 17/84 , 150/89 , 82/92 , 70/94 y 82/95 ).
      El motivo, por lo razonado, se desestima.
      DECIMO SEGUNDO
      El motivo segundo, con carácter subsidiario del anterior, por infracción de Ley, por haberse infringido la sentencia recurrida, normas de carácter sustantivo, art. 849.1 LECrim , en concreto los arts. 147 y 148.2 así como el art. 22.2 todos ellos del CP .
      Considera en primer lugar, que la agresión que realizó la persona no identificada con el vaso de cristal en la cabeza de Adriano fue totalmente separada y autónoma, por lo que la mera presencia del recurrente, sin participar en tal agresión, no puede servir como hecho que determine la coautoría.
      Impugnación infundada. Dando por reproducida la doctrina jurisprudencial expuesta en relación al motivo 4 del recurso interpuesto por Donato , podemos sintetizarla en:
      ) La coautoría aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. ello requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutoria, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría.
      ) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los coautores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente y simultánea a la acción, o en todo caso, muy brevemente anterior a ésta. Y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos en los que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran un acuerdo precisamente mediante su aportación.
      ) No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. En consecuencia, a través del desarrollo del “pactum scaeleris” y del condominio funcional del hecho cabe integrar en la coatoría, como realización conjunta del hecho aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que, sin embargo, contribuyen de forma decisiva a su ejecución.
      ) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta a la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible. Deben, por el contrario, excluirse de la coautoría los actos realizados en la fase de preparación del delito y aquellos que se ejecutan cuando éste ya esté consumado.
      ) Según esta teoría, del dominio del hecho son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca.
      ) La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen ( STS. 1028/2009 de 14.10 ).
      En el caso presente en el factum -cuyo escrupuloso respeto exige la vía casacional del art. 849.1 LECrim . se recoge- tras describir el primer incidente en el cuarto de baño del PK2 en el que ya estuvo enjuiciado el recurrente como ” A la salida del citado establecimiento, en la misma puerta de entrada a los locales MALIBU y PK2, en presencia de Pascual y Donato , uno de sus acompañantes ni identificado, golpeó en la cabeza a Adriano con un vaso de cristal, para después entre todos ellos seguir propinando patadas y puñetazos tanto al propio Adriano como a Bruno , hasta que fueron separados por Pedro Francisco , por Darío , y por Justiniano , este último como controlador de acceso al parking de “La Cubierta de Leganés”.
      Siendo así la coautoría debe ser mantenida. La coatoría conjunta existe aunque solo hayan sido conocidos e identificados los dos acusados condenados, porque ciertamente existieron otras personas, entre ellas el autor material de la agresión con el vaso de cristal- con unas conductas convergentes en la medida que todos y cada uno de los concretados colaboraron activamente con un aporte objetivo y causal de indudable y eficacia dirigido a la consecución del fin conjunto, debiendo responder como autores todos los que conjuntamente intervinieron. El que haya personas intervinientes no identificadas solo es una consecuencia de las limitaciones de todo proceso penal y la naturaleza fragmentaria de la verdad judicial alcanzada, y como dice la STS. 393/2008 de 26.6 si en su desarrollo el plan se modifica, por las circunstancias sobrevenidas, el coautor continua siéndolo respecto del nuevo tipo delictivo, sino retira su participación, cual aconteció en el caso actual, en el que el recurrente continuó propinando patadas y puñetazos a Adriano , cuando éste ya había sido agredido con el vaso de cristal, lo que, supone plena asunción de lo ya ejecutado por ese tercero desconocido integrante del grupo.
      DECIMOTERCERO
      En relación a la incompatibilidad denunciada de la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad junto con el supuesto agravado de alevosía del art. 148.2, pese a que las acusaciones solicitaron la condena por el art. 148.1 (uso de instrumento peligroso), debemos remitirnos a lo ya argumentado en el motivo primero en relación a que el subtipo agravado aplicado fue realmente el del apartado 1 del art. 148. Y como ha expuesto la jurisprudencia, STS. 1203/2005 de 19.10 , la utilización de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o la salud, es una hipótesis que obedece al incremento del riesgo lesivo que objetivamente dimana de dicho método o forma de agredir.
      En la STS. 906/2010 de 14.10 , se recuerda que tal subtipo agravado exige como circunstancias objetivas delimitadores de su específica tipicidad un determinado peligro para la vida o salud de la víctima. El inherente a la utilización de determinados instrumentos (armas, objetos o medios) o procedimiento (métodos o formas) en la agresión de resultado lesivo.
      Por tanto, el fundamento de la agravación prevista en el art. 148.1 no está en la relación causal entre el empleo de medios, métodos o formas y las materiales lesiones producidas, sino en el incremento del riesgo que para su integridad física representa su empleo, por tanto si se traduce en una más grave lesión directamente derivada de su utilización como si el riesgo se mantiene como mera potencialidad de un mayor daño físico que finalmente no se concreta en una lesión más grave ( STS 1191/2010, de 27/11 ). En definitiva, lo determinante es la peligrosidad ex ante de la agresión. Y en este sentido se ha considerado instrumento peligroso, a un vaso de vidrio, dado el indudable incremento de la capacidad vulnerante con riesgo de afectar de modo serio a la integridad física del ofendido ( STS. 1572/2003 de 25.11 ), máxime si se atiende a lugar del cuerpo donde se proyecta el recipiente de vidrio y a la consistencia del material “fácilmente rompible en afilados fragmentos”. lo que determina objetivamente la naturaleza peligrosa de un vaso de cristal, por una parte, y el plus de riesgo que su utilización conlleva por otra ( STS. 269/2003 de 26.2 , 1351/2000 de 21.7 ).
      DECIMO CUARTO
      Respecto a la posible violación del principio non bis in idem en la medida que, por un lado, se ha apreciado el subtipo agravado de lesiones y por otro, se ha apreciado la agravante e abuso de superioridad sobre unos mismos hechos.
      Sobre esta agravante genérica recogida en el art. 22 CP , hemos dicho en SSTS. 275/2012 de 10.4 y 1236/2011 de 22.11 que conforme a reiterada jurisprudencia se exige para su concurrencia los siguientes requisitos ( STS 21-3-2000 , 14-9-2006 , 18-5 – 2007, 26-11-2008 , 2-10-2010 , 30-3-2011 ).
      1) que haya una situación de superioridad, es decir, un importante desequilibrio de fuerzas a favor de la parte agresora frente al agredido derivada de cualquier circunstancia. Bien referida a los medios utilizados para agredir (superioridad medial), bien al hecho que concurran una pluralidad de atacantes (superioridad personal), precisamente este último supuesto es el más característico y el de mayor frecuencia en inaplicación.
      2) Esta superioridad ha de ser tal que produzca una notable disminución de las posibilidades de defensa del ofendido, sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurriera nos encontraríamos en presencia de la alevosía que constituye así la frontera superior de la agravante que estamos examinando. Por eso la jurisprudencia mencionada viene considerando a esta agravante como una alevosía menor o de segundo grado.
      3) A tales elementos objetivos hemos de añadir otro de naturaleza subjetiva, consistente en que haya abuso de esta superioridad, eso es que el agresor o agresores conozcan esa situación de desequilibrio de fuerzas y se aprovechen de ellas para más fácil realización del delito. Este elemento subjetivo supone la intencionalidad de este abuso prepotente, superioridad que se haya buscado de propósito o, al menos, aprovechada, o sea un aprovechamiento intencional, no apreciándose cuando es no buscada ni siquiera aprovechada, sino simplemente surgida en la dinámica comisiva.
      4) Que esa superioridad de la que se abusa no sea inherente al delito, bien por constituir uno de sus elementos típicos, bien porque el delito necesariamente tuviera que realizarse así.
      Por otro lado, hemos dicho también en STS 851/98, de 18-6 , que no es, sin embargo, la circunstancia de abuso de superioridad una agravante de naturaleza estrictamente objetiva, sino mixta, de modo que para que se afirme su existencia, es necesario, de acuerdo con la vigencia y preeminencia del principio de culpabilidad, que el sujeto activo conozca y se aproveche a su favor y en perjuicio del ofendido del desequilibrio de fuerzas entre los dos existente, y el elemento subjetivo de la agravante reside simplemente en el conocimiento de la misma y en su consciente aprovechamiento o, dicho de otra forma, en lo representativo de la desigualdad de fuerzas o medios comisivos y en la voluntad de actuar al amparo o bajo la cobertura de dicha desigualdad.
      En el caso presente la superioridad numérica y subjetiva aplicable en la agresión de un grupo, de al menos tres personas a una sola, implica esa superioridad personal, un evidente desequilibrio de fuerzas conocido y buscada por todos los integrantes.
      Siendo así la apreciación de la circunstancia agravante en este caso no se encuentra subsumida en el subtipo agravado de lesiones del art. 148.1 CP . La esencia de este tipo delictivo y el fundamento de la agravación de la pena que previene el precepto radica en el resultado lesivo causado en la integridad de la víctima o en el riesgo producido según los instrumentos, armas, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado, y ejecutar la agresión de forma que implique esa superioridad personal no se encuentra necesariamente descrito en el tipo. Por ello la aplicación del art. 148.1 no es incompatible con esta circunstancia, cuando los agresores son varios, provocando así un claro desequilibrio de fuerzas que disminuye la capacidad de defensa del agredido ( STS. 1177/98 de 9.10 ). El tipo agravado del art. 148 presenta una neta significación instrumental basada en la peligrosidad objetiva del medio empleado.
      Por el contrario el abuso de superioridad implica una estrategia comisiva que busca la mayor facilidad de la ejecución. De tal manera que en todas aquellas ocasiones, en que se emplea un arma o instrumento peligroso y al propio tiempo concurre una desproporción entre el numero de agresores que asegura la ejecución, disminuyendo las posibilidades de defensa, no puede hablarse de incompatibilidad entre el art. 148.1 y el abuso de superioridad.
      En el caso presente, el recurrente no se limitó a estar presente, sino que continuó golpeando a la víctima, aprovechando el desequilibrio de fuerzas, -superioridad personal- y la situación de la víctima agredida con un vaso en la cabeza.

  2. si mucho cuidado cuando se esta en plena obra y se le dicen a la empresa constructora que te realizen trabajos no tipificados previamente,esos trabajos sumaran al presupuesto inicial y nos podemos llevar mas de un susto. ojo con ello! saludos

    • aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

    • El caso Gürtel es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.
      La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso, sin ninguna relación con aquel idioma. Se abrió el caso Gürtel tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas, entre otros.
      El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por ésta en la Audiencia Nacional, fue instruido por el juez Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de una denuncia penal. Después fue continuado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira y finalmente recayó en el juez en comisión de servicios del Juzgado Central núm 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
      El denominado caso Bárcenas, que constituye una derivación del Gürtel, y recoge una contabilidad B del PP (es decir, no declarada a la Hacienda Pública española), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del partido, fue inicialmente instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Sin embargo, se planteó un conflicto de competencia y la Audiencia Nacional atribuyó también la investigación a Pablo Ruz.1

    • El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin o como Operación torre de Babel,1​ es un caso de corrupción política que comienza en 2010 como un caso derivado del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, ex duque consorte de Palma de Mallorca, y su exsocio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos.2​
      El día 11 de enero de 2016 se celebró la vista oral ante la Audiencia Provincial de Baleares.3

    • En el mes de febrero de 2006 el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, difundió que el Govern entonces presidido por el popular Jaume Matas había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte entre los días 22 y 25 de noviembre de 2005. El evento duró tres días y su repercusión fue mínima.4​ A pesar de estas primeras sospechas, el asunto dormitó durante varios años. Nóos y sus empresas satélite siguieron desempeñando sus actividades hasta entrado el año 2009.
      2007[editar]
      En el verano de 2007 estalla el caso Palma Arena al descubrir el recién constituido gobierno balear presidido por el socialista Francesc Antich un sospechoso descuadre de más de 50 millones en las cuentas del recién inaugurado polideportivo Palma Arena. La instalación había costado 110 millones pese a que el precio de licitación de la obra se fijó en 43.5​
      2009[editar]
      Los duques de Palma se mudan a Washington D. C., donde Iñaki Urdangarin asume un cargo de alto ejecutivo de Telefónica.
      2010[editar]
      El caso Nóos se abrió definitivamente como derivado del caso Palma Arena.6​7​ En algunos de los registros relacionados con Palma Arena la policía halló documentos sobre dos convenios de colaboración entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos. El juez instructor José Castro descubrió en esos documentos motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso, por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.5​
      El 22 de julio de 2010 el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.8​
      El diario El País encontró un documento de un presupuesto sospechoso por un evento internacional que el mencionado instituto organizó cuando Urdangarín llevaba la gestión (desde 2004 a 2006).9​ Se cree que persuadió varias administraciones públicas (principalmente gobiernos de comunidades autónomas) para firmar acuerdos con este instituto (que se suponía una organización sin ánimo de lucro) tanto por trabajos, que nunca se hicieron, como otros con presupuestos desorbitados de hasta 5 800 000 euros provenientes de administraciones públicas.10​
      Estos convenios, según el criterio del instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción, son irregulares, dado que las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a menos que se justifique que es la única forma de recibir el servicio. Además no se convocaron concursos públicos. Los responsables de Nóos crearon, según las investigaciones, una red societaria que facturaba al Instituto, es decir, se contrataban a ellos mismos.11​
      La Agencia Tributaria de Cataluña presentó ante el juez instructor del caso Nóos un informe sobre las operaciones del entramado empresarial y elevó a más 230 000 euros la cantidad que en 2007 la entidad habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades.12

      • 5. Orizonia: el que fuese el gigante turístico mallorquín tiene una deuda de más de 2.000 millones de euros, según los administradores concursales que se hicieron con las riendas de la empresa el pasado marzo. El grupo aglutinaba a más de una veintena de empresas entre las que destacan la agencia minorista Vibo Viajes -antigua Viajes Iberia-, los turoperadores Iberojet, Solplan, Viva Tours, Kirunna, la cadena hotelera Luabay y la compañía aérea Orbest, entre otras. La crisis, una elevada deuda y los cambio de hábitos de los consumidores en cuanto a contratación de viajes configuraron un cóctel perfecto que acabó en la quiebra de la compañía. Más de 2.000 trabajadores se quedaron sin trabajo con el cierre de la empresa, aunque logró salvar in extremis 800 empleos gracias a la venta de Orbest.

        6. Caramelo: la firma gallega de moda solicitó el pasado abril el concurso voluntario de acreedores por la caída de ventas. La empresa explicó que tomaba esta decisión por “las recurrentes pérdidas de explotación de los últimos años” y por el descenso de las ventas en el primer trimestre del 2013, “que hacen prever un volumen de déficit de caja para este ejercicio que somos incapaces de afrontar”. Las pérdidas operativas de Caramelo ascendieron a 15 millones de euros en 2012 , con una deuda acumulada de 100 millones de euros. El plan de viabilidad de la marca, propiedad de Manuel Jove, contempla cerrar 8 de las 15 tiendas propias que tiene en España, reducir de 103 a 42 los corners que tiene en el Corte Inglés y aplicar un ERE para 180 empleados.

        7. Pescanova: la empresa gallega hacía saltar todas las alarmas cuando el pasado febrero decidía no publicar las cuentas de 2012. Dos meses después, la firma de congelados más importante de España se acogía al concurso voluntario de acreedores. Deloitte, su administrador concursal, detectó un agujero patrimonial de 1.667 millones de euros y una deuda de 3.640 millones. Su ex presidente, Manuel Fernández de Sousa, está imputado por los presuntos delitos de falseamiento de cuentas, estafa, abuso de información relevante y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Estas acusaciones no le han impedido a Sousa reclamar a Pescanova la friolera de 663.119 euros por un supuesto despido improcedente.

        8. Blanco: el grupo textil creado por el empresario Bernardo Blanco decidió voluntariamente adherirse al concurso de acreedores en junio de este año alegando problemas económicos y financieros. La firma de moda española lucha por reestructurar su situación y acabar con su deuda y ha cerrado 43 tiendas en España y 2 en Portugal. Tras declarar el concurso, la que es sin duda una de las principales firmas de moda nacional, que factura anualmente unos 300 millones de euros, abría un proceso de liquidación en las tiendas a extinguir.

        9. Zinkia: la productora de la serie de animación Pocoyó solicitó a finales de octubre el preconcurso de acreedores tras el fracaso de la emisión de bonos que había anunciado a principios de ese mismo mes. La deuda de Zinkia está próxima a los 10 millones de euros. Su situación financiera se torció en el primer trimestre del año, cuando registró unas pérdidas de 1 millón de euros, frente a las ganancias de 2,12 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. A esta circunstancia hay que sumarle otro anuncio de la firma, hace poco menos de 15 días, en el que aseguraba que no podía pagar los intereses de la emisión de bonos correspondientes a 2013 ni la amortización de estas obligaciones.

        10. Fagor Electrodomésticos: la que fuera la enseña de referencia de la gran Coorporación Mondragón ha sido la última gran empresa en presentar el concurso voluntario de acreedores tras varias semanas de agonía pidiendo financiación a su matriz. La empresa de electrodomésticos vasca, con una red de más de trece plantas -cinco de ellas en España-, y 5.673 trabajadores, acumulaba una deuda de casi 1.000 millones de euros. La cooperativa se declaraba en quiebra hace apenas unos días. Además de la crisis, que ha reducido durante estos años el consumo de electrodomésticos, la competencia de otras cadenas ha llevado a Fagor a una situación de no retorno. Ahora, Mondragón, que ha reiterado en varias ocasiones que priorizará en el mantenimiento de la mayoría de los empleos, intentará también salvar las unidades productivas que puedan ser aún viables.

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      • es en el mismo tipo penal: la diferente gravedad obligará
        a discriminar uno y otro supuesto no mediante tipos distintos, sino a través de los criterios contenidos en el
        art. 66 CP eligiendo dentro del arco total penológico el quantum que se considere proporcionado.
        Sin duda la negativa radical a priori es muestra de una rebeldía mayor y por tanto podrá merecer una penalidad
        mayor. Pero esta apreciación no lleva a expulsar del tipo penal lo que también es una negativa pues la prueba
        no puede realizarse en su integridad cuando el sometido a ella se niega a su segunda fase, sin la que la prueba
        no se puede considerar finalizada. También eso es negativa, aunque la gravedad esté atemperada.
        8) No podemos, sin traicionar la voluntad de la norma, convertir en potestativa una medición que
        inequívocamente aparece concebida como obligatoria. La comparación con la forma en que se regula la
        eventual extracción de sangre ofrece una conclusión rotunda. Lo que se quiso dejar sujeto a la voluntad del
        afectado, se consignó expresamente. El mensaje de la regulación es que el afectado está obligado a someterse
        a esa segunda medición. La interpretación del art. 383 CP no puede retorcer esa clara conclusión desvirtuando
        ese mensaje y sustituyéndolo por otro que traslade al ciudadano la idea de que esa segunda medición queda
        a su arbitrio, sin perjuicio de las consecuencias probatorias que puedan derivarse de su negativa. El mensaje
        no puede ser: la segunda medición no es obligatoria; o bien, solo lo es cuando el afectado no se resigne a la
        condena por el delito del art. 379 CP . La ley establece cuidadosamente los derechos del sometido a la prueba
        (análisis de sangre de verificación, necesidad de ser informado, comprobación del transcurso de un tiempo
        mínimo…). No está entre ellos el no acceder a la segunda espiración.
        9) La cuestión nuclear es decidir si es obligatorio el sometimiento a esa segunda prueba en todo caso cuando
        se dan los requisitos legales. La respuesta afirmativa se justifica por la afectación del principio de autoridad,
        bien jurídico protegido. Y es que en el centro de toda esta controversia hay que situar una pregunta esencial
        que condiciona el curso del debate: ¿cuál es el bien jurídico protegido por el delito del art. 383 CP ?
        Desde una perspectiva de política criminal es innegable su vinculación con la seguridad del tráfico vial. No
        puede dudarse de que el legislador tenía eso en mente. Pero si descendemos al terreno del derecho positivo
        y al plano de la estricta dogmática penal, esa conclusión tiene que ser modulada. Se trataría de un objeto de
        protección mediato; muy mediato. El bien jurídico directamente tutelado es el principio de autoridad, como en
        los delitos de desobediencia. De forma indirecta se protege la seguridad vial. El art. 383, por su especificidad,
        se ha emancipado definitivamente del genérico delito de desobediencia del art. 556, pero no dejar de ser una
        modalidad singularizada.
        En todas las infracciones concretas de desobediencia indirectamente se pueden estar violando otros bienes
        jurídicos. Así si la desobediencia lo es frente a una orden judicial estarán afectado también el buen
        funcionamiento de la Administración de Justicia; si es ante requerimientos de la Administración encargada de
        la tutela del medio ambiente también se estará repercutiendo probablemente en éste; y si se produce frente a
        agentes en el ámbito del tráfico rodado, se ataca a la ordenada circulación vial.
        Mediante el delito del art. 383 el legislador ha creado un delito de desobediencia especial con unos requisitos
        específicos y objetivados. Se tutela básicamente el principio de autoridad, reforzando con esa protección penal
        la efectividad de los requerimientos legítimos de los agentes de la Autoridad para efectuar esas pruebas.
        Solo indirectamente (y no siempre que se da el delito) se protege además la seguridad vial. Desde un punto
        de vista institucional por el efecto general de prevención positiva: conseguir el acatamiento de tales pruebas
        repercute en conjunto en una mayor seguridad en el tráfico viario. En concreto, también habrá ocasiones en
        que la realización de la prueba será el medio de conseguir atajar un peligro próximo para la seguridad vial.
        Pero el contenido sustancial de esta infracción no está principalmente en la tutela del tráfico viario, sino en
        el principio de autoridad. Eso explica que también nazca la infracción cuando el bien jurídico “seguridad vial”
        está ausente: negativa por contumacia, o por simple enfado generado por la contrariedad de ser requerido
        para ello por parte de quien se encuentra en óptimas condiciones para conducir por no haber ingerido ni una
        sola gota de alcohol. Estaremos ante un delito del art. 383.
        Solo desde esa diferenciación entre los bienes jurídicos protegidos en este precepto y el art. 379 (seguridad
        vial) son admisibles las generalizadas soluciones de concurso real entre ambas infracciones Así lo ha
        entendido también esta la Sala Segunda (STS 214/2010, de 12 de marzo ).
        Que esta infracción además haya sido concebida como medio eficaz para lograr la efectividad del art. 379
        generando las pruebas que permiten acreditar sus elementos, no puede despistar haciendo pensar que el art.
        JURISPRUDENCIA
        12
        383 es un delito instrumental respecto del delito del art. 379 de forma que solo tendría sentido la condena por
        tal infracción cuando mediante la negativa se quisiese eludir el descubrimiento de un delito del art. 379. El tipo
        penal no exige un móvil determinado en el autor. No es necesario que quien se niega lo haga con la finalidad
        de encubrir una infracción del art. 379 CP . Es delictiva y existe antijuricidad material (referida al bien jurídico
        principio de autoridad y respeto a las órdenes legítimas emanadas de los agentes de la autoridad) tanto si la
        negativa responde a ese intento de ocultar un delito del art. 379 como si obedece a otras circunstancias (v.gr.,
        rechazo visceral; ira momentánea); y lo es tanto si en efecto existe previamente una conducta incardinable en
        el art. 379 (o, en su caso, en la infracción administrativa), como si queda plenamente acreditado que el sujeto
        se hallaba en perfectas condiciones para pilotar un vehículo de motor.
        Por estas razones en la exégesis concreta del tipo del art. 383 no puede exagerarse el parentesco con el bien
        jurídico seguridad vial que es solo mediato; ni con la efectividad de la condena por el delito del art. 379 (que
        es compatible, en principio). El art. 383 representa algo más que la sanción de un autoencubrimiento. Solo si
        se le concibe de esa manera (autoencubrimiento) deformando el contenido sustancial del precepto, y se le
        separa del principio de autoridad (vaciando su contenido sustancial) se entienden acotaciones interpretativas,
        que hemos rechazado, basadas en la no necesidad in casu de la prueba.
        La protección del principio de autoridad resulta evidente. Sin embargo, no es determinante el ataque a la
        seguridad vial que en el supuesto concreto puede estar presente o no. Sin duda en la conformación legislativa
        del tipo se está pensando en tutelar la seguridad vial. Es ese un innegable objetivo de política criminal
        inmanente a esa tipicidad. Se alcanza ese propósito blindando con una singular protección penal la autoridad
        de los agentes que velan por tal seguridad cuando intervienen para comprobar la tasa de alcohol de cualquier
        conductor.
        Esta visión del principio de autoridad como bien jurídico protegido aparece en la STC 234/1997, de 18 de
        diciembre o en la jurisprudencia de esta Sala (STS 1/2002, de 22 de marzo ).
        Así pues hay que concluir considerando ajustadas a derecho la interpretación del juzgado de lo Penal y de la
        Audiencia Provincial: la negativa a practicar la segunda prueba estuvo bien incardinada en el art. 383 CP .
        Procede la desestimación del recurso.
        OCTAVO.- La desestimación del recurso lleva a condenar al pago de las costas al impugnante ( art. 901
        LECrim ).
        F A L L O
        Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
        1.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por D. Ernesto Urbano contra sentencia de fecha 9 de
        septiembre de 2.016, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid , que desestimó el
        recurso de apelación contra la sentencia de fecha 4 de marzo de 2016 dictada por el Juzgado de lo Penal nº
        9 de Madrid en causa seguida por un delito contra la seguridad vial.
        2.- IMPONER las costas ocasionadas en este recurso.
        Comuníquese dicha resolución a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid así como al Juzgado
        de lo Penal nº 9 de Madrid.
        Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
        Así se acuerda y firma.
        Manuel Marchena Gómez Cándido Conde Pumpido Tourón Andrés Martínez Arrieta
        Julián Sánchez Melgar José Ramón Soriano Soriano Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
        Francisco Monterde Ferrer Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Luciano Varela Castro
        Alberto Jorge Barreiro Antonio del Moral García Andrés Palomo Del Arco
        Ana María Ferrer García Pablo Llarena Conde Carlos Granados Pérez
        Perfecto Andrés Ibáñez Juan Saavedra Ruiz
        VOTO PARTICULAR
        JURISPRUDENCIA
        13
        QUE FORMULA EL EXCMO. SR. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL
        RECURSO DE CASACIÓN 1859/2016, AL QUE SE ADHIERE EL EXCMO. SR. D. Luciano Varela Castro, EL EXCMO.
        SR. D. Andrés Palomo Del Arco Y LA EXCMA. SRA. D.ª Ana María Ferrer García.
        Con todo el respeto y consideración para la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, he de expresar mi
        discrepancia con la misma, pues entiendo que el único motivo del recurso debió ser estimado absolviendo
        al acusado recurrente del delito del artículo 383 del Código Penal (CP ) por el que venía condenado. Expreso
        igualmente mi adhesión al sentido de los votos particulares emitidos por los Magistrados Excmo. Sr. D.
        Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, así como a la interpretación
        gramatical de los preceptos aplicables que se contiene en este último. Del mismo modo, comparto el sentido
        de las citas que se hacen en la sentencia mayoritaria respecto de los precedentes de esta Sala sobre esta
        cuestión, así como las consideraciones generales acerca de la regulación del recurso de casación contra las
        sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
        El recurrente ha sido condenado en la instancia, en sentencia confirmada en apelación, como autor de un
        delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y como autor de un
        delito contra la seguridad vial por negativa a someterse a las pruebas para la comprobación de las tasas de
        alcoholemia. Al amparo del artículo 847.1.b) en relación con el artículo 849.1º de la LECrim , interpone contra
        la sentencia de apelación recurso de casación.
        En el primer, y único, motivo del recurso, al amparo del artículo 849.1º de la LECrim , denuncia la indebida
        aplicación del artículo 383 del CP , y argumenta que la negativa a someterse a la segunda prueba para
        la comprobación de la tasa de alcoholemia, no puede ser subsumida en el artículo 383 del CP cuando el
        interesado se hubiere sometido voluntariamente a una primera prueba con etilómetro de precisión (que no de
        muestreo) y no hubiera impugnado el resultado de esa primera prueba, citando sentencias contradictorias de
        las Audiencias Provinciales.
        1. Se trata, por lo tanto de establecer si, requerido correctamente el conductor de un vehículo para someterse
        a las pruebas para la comprobación de la tasa de alcoholemia, accede a la práctica de la primera, que se lleva
        cabo válidamente con arreglo a las previsiones de la ley, es decir, con dispositivo autorizado, y se niega, sin
        embargo, a una segunda medición con el mismo o similar dispositivo (etilómetro de precisión), su negativa a
        esta segunda medición constituye la conducta típica prevista en el artículo 383 CP . Las normas que deben
        ser interpretadas son el artículo 383 CP , el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre ,
        y los artículos 22 a 24 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre .
        Conviene recordar su contenido.
        El artículo 383 del CP , en la redacción dada por la LO 15/2007, dispone:
        El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente
        establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas,
        estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas
        de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
        superior a uno y hasta cuatro años.
        La norma penal no contiene, pues, una remisión genérica a la normativa administrativa, sino a una regulación
        contenida en una ley, exterior al CP, pero, en todo caso, de rango legal.
        Por su parte, el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , dispone:
        1) El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la
        presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la
        vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados
        los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una
        infracción conforme a lo tipificado en esta ley. 2) Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la
        verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas
        en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una
        muestra salival en cantidad suficiente. 3) El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán
        las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente. 4) A efectos de
        contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas,
        que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas.
        Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.
        Y los artículos 22 a 24 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre , disponen lo siguiente: Artículo 22.
        Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado. 1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación
        por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente,
        JURISPRUDENCIA
        14
        en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma
        cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados.A petición del interesado o por orden de
        la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de
        sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado).
        2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica
        de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que se hayan de
        realizar.
        Artículo 23. Práctica de las pruebas.
        1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos
        de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para
        determinados conductores en el artículo 20 o, aun sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada
        síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado,
        para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica
        por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que
        habrá de informarle previamente.2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho
        que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización
        de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos.3. Igualmente, le informará del
        derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de
        su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados
        obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro médico al
        que sea trasladado estime más adecuados.4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos
        análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro sanitario más
        próximo al lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara que las pruebas solicitadas por el
        interesado son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a cumplir lo dispuesto en el artículo 26.El importe
        de dichos análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se atenderá al pago cuando el
        resultado de la prueba de contraste sea positivo; será a cargo de los órganos periféricos del organismoautónomo
        Jefatura Central de Tráfico o de las autoridades municipales o autonómicas competentes cuando sea negativo,
        devolviéndose el depósito en este último caso.
        Artículo 24. Diligencias del agente de la autoridad.
        Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el de los análisis efectuados a instancia del
        interesado, fuera positivo, o cuando el que condujese un vehículo de motor presentara síntomas evidentes
        de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o apareciera presuntamente implicado en una conducta
        delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo caso, a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento
        Criminal, deberá:a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las diligencias que
        practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección alcohólica, haciendo constar
        los datos necesarios para la identificación del instrumento o instrumentos de detección empleados, cuyas
        características genéricas también detallará.b) Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente
        la del derecho que le asiste a contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por
        el aire espirado mediante análisis adecuados, y acreditar en las diligencias las pruebas o análisis practicados
        en el centro sanitario al que fue trasladado el interesado.c) Conducir al sometido a examen, o al que se negase
        a someterse a las pruebas de detección alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan caracteres
        delictivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente a
        los efectos que procedan.
        2. La cuestión que se plantea es si de esta regulación se puede obtener de forma indubitada que la negativa a
        someterse a la segunda medición de la tasa de alcohol prevista en el artículo 23 del Real Decreto 1428/2003
        es constitutiva del delito del artículo 383 CP . Ha de partirse de la consideración del Derecho Penal como
        última ratio , por lo que no es razonable acudir a su aplicación si no resulta imprescindible. Aunque esa
        consideración se dirige en un principio al legislador, es útil al intérprete en la medida en la que debe tener en
        cuenta que aquel debió atenerse a la misma. Además, tal como se cita en la sentencia de la mayoría, la STS
        nº 3/1999, de 9 de diciembre , que contiene un precedente sobre el particular, recordaba, como han hecho
        otras muchas resoluciones de esta Sala, que es obligada una interpretación estricta y rigurosa de la norma
        penal ( art. 4.2 C. Civil ) y del principio de intervención mínima, inherente al Estado Social y democrático de
        Derecho ( art. 1.1 C.E.) . La seguridad vial es un bien jurídico relevante cuya protección mediante la conminación
        con sanciones penales, puede entenderse justificada. El consumo de alcohol superando determinadas dosis
        incrementa de forma muy notable los riesgos de una actividad, la conducción de vehículos, que es ya en si
        misma una actividad de riesgo, de manera que es razonable que se imponga a los conductores e incluso,
        en determinadas circunstancias, también a otros usuarios de la vía, la obligación de someterse a pruebas
        JURISPRUDENCIA
        15
        orientadas a la determinación de las tasas de alcoholemia. Por ello está justificado el recurso al derecho
        penal, dentro de ciertos límites, impuestos, entre otros, por el principio de proporcionalidad, con la finalidad
        de conminar, no solo a la reducción o supresión del consumo de alcohol cuando se conduce un vehículo, sino
        también a aceptar la práctica de aquellas pruebas. Pero cuando las finalidades perseguidas por las normas a
        cuyo incumplimiento se asocian sanciones penales ya han sido alcanzadas, ha de entenderse que desaparece
        la justificación de la conminación penal.
        En relación con la interpretación y aplicación de las normas pertinentes, antes mencionadas, han de resaltarse
        varios aspectos. A) En primer lugar, que el artículo 383 se refiere a las pruebas legalmente establecidas
        para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y
        sustancias psicotrópicas. Es decir, que las pruebas obligatorias, a los efectos de determinar la existencia de
        responsabilidad penal, han de estar establecidas por la ley. El reglamento podrá desarrollarlas, pero, a los
        efectos de determinar las conductas que dan lugar a responsabilidad penal al completar el precepto en blanco,
        constituiría un exceso establecer pruebas nuevas, diferentes de las contempladas en la ley. No existe una
        remisión global a la regulación reglamentaria.
        El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , se refiere a las pruebas que
        deben practicarse, estableciendo claramente que consistirán en la verificación del aire espirado mediante
        dispositivos autorizados. No, por lo tanto, cualquier dispositivo. La utilización de otra clase de dispositivos,
        como pueden ser los etilómetros considerados de muestreo, tiene la misma virtualidad, a estos efectos, que
        el examen realizado por el agente del aspecto y los signos externos del conductor. Ambos pueden ser indicios
        de la impregnación alcohólica, y justificar el requerimiento al conductor para que se someta a las pruebas,
        conforme al artículo 21 del Reglamento, pero ninguno de ellos son las pruebas establecidas legalmente a las
        que se refiere el artículo 383 CP . En este artículo 14 no se contiene ninguna mención expresa de una obligación
        para el conductor de someterse a una segunda medición con aparato autorizado. Además, en relación a las
        pruebas obligatorias para el conductor, el Real Decreto Legislativo prevé la posibilidad de su repetición (término
        que, en una interpretación lógica, indica que la anterior fue solamente una prueba, pues si hubiera una segunda
        ya se habría repetido la primera), y señala que preferentemente será mediante análisis, si bien precisa que
        esa repetición será a efectos de contraste y a petición del ciudadano. De todo ello se desprende que la norma
        con rango de ley solamente prevé una medición de la tasa de alcohol, realizada mediante aparato autorizado,
        que se podrá repetir a efectos de contraste y a petición del ciudadano, preferentemente mediante análisis de
        sangre, aunque sin excluir otras posibilidades. Entre ellas, una nueva medición con dispositivo autorizado, igual
        o similar al empleado en la primera medición. Es cierto que el Real Decreto Legislativo contiene también una
        remisión, esta vez al Reglamento, pero no en cuanto a las pruebas que deban practicarse, sino en relación al
        procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o
        de drogas. Las pruebas, una vez más, establecidas legalmente. El Reglamento, a los efectos de complemento
        de la norma penal, no puede, válidamente, ampliar el elenco de pruebas obligatorias para el ciudadano, más allá
        de los términos de la ley, porque no existe habilitación de esta norma en ese aspecto. Por lo tanto, cuando en
        la norma reglamentaria se prevé que en determinados casos el agente someterá al conductor a una segunda
        medición con el etilómetro, está imponiendo una obligación al agente, no al conductor, que solamente viene
        obligado por la ley a la primera de las mediciones. Y al tiempo, está ofreciendo al conductor, a efectos de
        contraste y para una mayor garantía, como dice textualmente, la posibilidad de repetir la prueba de medición
        con etilómetro, sin perjuicio de un análisis posterior de sangre. Una interpretación del reglamento en el sentido
        de que la segunda medición es obligatoria para el conductor en los casos previstos en el artículo 23.1 ( Si el
        resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol
        por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados
        conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas
        evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una
        mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el
        aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá
        de informarle previamente ), conduciría a aceptar que la norma reglamentaria puede ir más allá de lo que
        la ley establece, imponiendo una segunda prueba de medición de la tasa de alcohol, no contemplada en
        aquella. El reglamento puede incrementar las garantías, pues nada se opone a ello, pero no podría establecer
        nuevas pruebas no establecidas legalmente y facilitar la obtención de consecuencias penales de la negativa
        a someterse a ellas.
        B) En segundo lugar, ha de reconocerse que, sin perjuicio de lo que se sostiene en el anterior apartado, la
        regulación reglamentaria es confusa. Se habla en el artículo 24 del resultado de la segunda prueba como el
        origen de actuaciones de los agentes que se contemplan en ese mismo artículo, pero luego, en el apartado
        a), se hace referencia a la posibilidad de que se haya realizado solo una prueba, en tanto que el agente debe
        consignar el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección alcohólica. De ahí se
        JURISPRUDENCIA
        16
        desprende que la segunda prueba es obligatoria para el agente en determinados casos, pero no parece que
        sea para “obtener” pruebas de la impregnación alcohólica, ya obtenidas con la primera medición, sino para
        permitir al conductor acreditar que, a pesar de los primeros resultados o de los síntomas externos, sin embargo
        no hay datos objetivos definitivos sobre el consumo del alcohol. No resulta con la claridad que se expone en
        la decisión de la mayoría que esta segunda medición tenga como objetivo suprimir las posibles dudas que
        pudiera originar el resultado de la primera, entre otras cosas, porque nada impide que se efectúe con el mismo
        dispositivo empleado en la primera. Aunque este aspecto se desarrolla con mayor claridad y precisión en el
        voto particular emitido por el Magistrado Sr. Pablo Llarena Conde, es cierto que tanto el artículo 383 CP como
        el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015 , se refieren a pruebas en plural, pero ello no es definitivo, si
        se tiene en cuenta que en ambos casos se está haciendo referencia a las relativas a la detección de alcohol y a
        las relativas a la detección de drogas. Por otro lado, aunque en el citado artículo 14 se establecen obligaciones
        para el conductor ( El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas… ), y para los agentes,
        en cuanto deben utilizar dispositivos autorizados, no pueden recurrir a otro tipo de pruebas y deben ofrecer o al
        menos prever la realización de análisis de contraste, la normativa reglamentaria se dirige principalmente a los
        agentes, imponiéndoles, como había delegado la norma legal, la realización de las pruebas como marca la ley,
        la obligación de someter al conductor a una segunda medición en determinados casos ( el agente someterá al
        interesado ); la obligación de informarle previamente de la finalidad de mayor garantía y a efectos de contraste
        de esta segunda medición; a informar al conductor de sus derechos a análisis de sangre y otros; y a practicar
        las actuaciones previstas en el artículo 24. No se contiene ninguna norma dirigida directamente al conductor,
        salvo las que son repetición de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo.
        C) En tercer lugar, si se acepta que la interpretación literal de las normas no resuelve el problema en la medida
        en que puede conducir de forma razonable a las dos conclusiones, es necesario determinar el fin de la norma,
        para determinar cual de ellas se ajusta mejor a su satisfacción. La finalidad de las pruebas de detección del
        alcohol en los conductores o, en su caso, en otros usuarios de la vía, se centra en la necesidad de asegurar que
        los niveles de riesgo creados por la circulación de vehículos, inherente a esta actividad, se mantiene dentro
        de límites razonables en lo que se refiere a las facultades físicas, especialmente de percepción y de reacción,
        de quienes los conducen, evitando que el consumo de alcohol o de otras sustancias prohibidas a las que se
        refiere la ley, disminuya dichas facultades incrementando aquellos niveles de riesgo para personas y bienes por
        encima del nivel que puede considerarse como riesgo permitido. Para ello se establecen determinadas pruebas
        obligatorias para los conductores de vehículos. La ley exige que se practiquen con dispositivos autorizados,
        que en la actualidad son los llamados etilómetros de precisión. Realizada válidamente una medición con
        uno de estos aparatos, su resultado es valorable como prueba de cargo. Ninguna norma lo impide. Puede
        afirmarse, pues, que para que sea posible tal valoración no es necesario que se haya practicado una segunda
        prueba. Sí es necesario, sin embargo que la posibilidad de hacerlo haya sido ofrecida al conductor, como
        prevé la ley, artículo 14.5 del Real Decreto Legislativo 6/2015 , pues, aunque contempla que sea a petición
        del interesado, la obligación de informar por parte de los agentes resulta lógica y viene además impuesta
        por la norma reglamentaria. El texto legal no precisa cómo ha de hacerse esta segunda prueba a efectos
        de contraste, limitándose a decir que, preferentemente, será mediante análisis de sangre, sin excluir otras
        posibilidades. Lo relevante, de todos modos, es que la primera prueba, válidamente realizada con dispositivo
        autorizado, puede ser valorada como prueba de cargo, aunque el conductor se niegue a realizar una segunda
        medición o no desee que se practique un análisis de sangre. No se trata, pues, de una prueba única en dos
        actos, o en dos mediciones, lo que conduciría a negar valor probatorio, por prueba incompleta, a la primera
        medición aun cuando hubiese sido realizada con todas las garantías. Sino de una única prueba de medición
        con dispositivo autorizado, que puede ser repetida para mayor garantía y a efectos de contraste, de forma que
        su ausencia no repercute negativamente en la validez de la primera. Por otro lado, reconociendo la importancia
        que revisten las pruebas de detección del alcohol y drogas para la seguridad vial, la finalidad del artículo 383
        CP es desincentivar la negativa a someterse a aquellas pruebas.
        Consecuentemente, si el objetivo de la prueba es determinar el nivel de alcohol del conductor, y si ese objetivo
        ya se alcanza con la primera prueba, carece de sentido sancionar penalmente a quien se niegue a realizar
        una segunda, que solo se establece reglamentariamente para mayor garantía y a efectos de contraste. Es
        erróneo argumentar, por todo lo que antecede, que esta forma de entender la cuestión debilita la reacción
        del Estado contra el consumo excesivo de alcohol o drogas por parte de quienes conducen vehículos de
        motor, pues lo que se afirma, de modo incontestable, es que una prueba para la comprobación de la tasa
        de alcoholemia, bien realizada, constituye prueba de cargo, valorable por el Tribunal junto con las demás
        evidencias disponibles. En conclusión, entiendo que la conclusión más razonable es la siguiente: cuando se
        ha realizado correctamente, con dispositivo autorizado, una prueba de alcoholemia que permita comprobar
        adecuadamente la tasa de alcohol en el sujeto, la negativa a realizar la segunda medición con el mismo o
        similar aparato no es constitutiva del delito del artículo 383 CP . En el caso, por lo tanto, el motivo debió ser
        estimado, absolviendo al acusado recurrente del delito del artículo 383 CP por el que venía condenado.
        JURISPRUDENCIA
        17
        Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Luciano Varela Castro
        Andrés Palomo Del Arco Ana María Ferrer García
        VOTO PARTICULAR
        QUE FORMULA EL EXCMO. SR. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL
        RECURSO DE CASACIÓN 1859/2016.
        Con total respeto a la posición mayoritaria del Pleno, discrepo de la misma, por entender que la negativa
        a someterse a la segunda prueba de alcoholemia mediante etilómetro de precisión, y no cuestionando el
        resultado de la primera, no debió subsumirse en el delito tipificado en el art. 383 CP ; emitiendo, por ello el
        presente VOTO PARTICULAR :
        Primero.- El delito de negativa a someterse a las pruebas de detención de la intoxicación de alcohol u
        otras drogas constituyó una novedad legislativa introducida por el Código Penal 1995, artículo 380 , y en su
        actual nomenclatura, artículo 383, por la reforma operada por LO. 15/2007 de 30.11 , solventadas las dudas
        sobre su constitucionalidad ( SSTC 2.10.97 y 18.12.97 ), por contradicción con el derecho a no confesarse
        culpable, reconocido en el artículo 24.2 CE , como la infracción del principio de proporcionalidad de las penas
        por castigarse más gravemente la negativa del artículo 383 en la propia conducción bajo los efectos de
        bebidas alcohólicas y drogas tóxicas del artículo 379.2 CP . Muy resumidamente puede decirse que tales
        resoluciones negaron que la regulación contenida en el precepto mencionado vulnerarse el principio de
        proporcionalidad, atendiendo especialmente a que el legislador posee un amplio margen de discrecionalidad
        a la hora de delimitar las infracciones penales y sus consecuencias, en atención a las necesidades preventivas
        del momento. Asimismo el Tribunal Constitucional vino a corroborar la tesis que ya vertiera en anteriores
        sentencias en relación a la admisión de los controles preventivos de alcoholemia, esto es, que con la prueba de
        detección alcoholimétrica no se obliga al detectado a emitir una declaración, rechazando, pues la vulneración
        del artículo 24.2 CE , sino que se le somete a una especial modalidad de pericia de resultado incierto.
        En cuanto a la reforma operada por la LO. 15/2007, es cierto que algunas Audiencias vienen manteniendo que
        así como el delito que aparece regulado en el artículo 380 CP. 1995 , sancionaba como reo de desobediencia
        grave a quien “se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de
        los hechos descritos en el artículo anterior”, redacción que llevó a un sector de aquellas a considerar que
        determinadas conductas impeditivas de la práctica de dichas pruebas resultaban atípicas, deviniendo meras
        infracciones administrativas, así, a modo de ejemplo, cuando por la evidencia del estado de embriaguez del
        conductor resultarán innecesarias, pero como la nueva redacción vigente desde el 2 diciembre 2007, recoge
        el artículo 383 que se sancionara – sin mencionar explícitamente lo que sea como reo de desobediencia-
        “al conductor que, requerido por agentes de autoridad, se negaré a someterse a las pruebas legalmente
        establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas,
        estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores…”, entiende que lo que el
        tipo sanciona ahora no es negarse a llevar a cabo unas pruebas destinadas a la comprobación de preexistencia
        de un delito, sino la negativa pura y simple a someterse a dichas pruebas, con independencia de cuál sea el
        objeto de las mismas.
        Tal razonamiento no debe asumirse al suponer una interpretación meramente literal del precepto contenido
        en el artículo 383 que llevará a apreciar el supuesto en la estricta y terminante negativa a llevar a cabo las
        pruebas alcoholimétricas sean de la índole que fueran de entre las contempladas en la disciplina vial.
        De aplicarse tal vía hermenéutica se olvidaría que la ubicación sistemática del precepto entre los delitos contra
        la seguridad del tráfico, no puede sino otorgarse una dualidad de bienes jurídicos protegidos, la preeminente
        seguridad vial pero también el entorpecimiento de funciones públicas vio dualidad si se quiere diluida tras
        la reforma operada por la LO. 15/2007-, que hizo desaparecer la mención a la desobediencia. Avala esta
        tesis que el propio artículo 383 considera que aquellas pruebas son “para la comprobación de las tasas de
        alcoholemia… a que se refieren losanteriores artículos” , entre ellos el artículo 379.2 que condena “al que
        condujese en vehículos de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
        psicotrópicas, o de bebidas alcohólicas, y en todo caso “el que pese con una tasa de alcohol el aire expirado
        superior a 0,6 mg por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”. Y en su momento
        se expresaba por el Tribunal Constitucional en la STC, número 161/1997 de 2 octubre (” no cabe duda de
        que la protección de la seguridad del tráfico rodado forma parte de las finalidades del artículo 380 CP “) y la
        referencia a “los artículos anteriores” no puede ser más ilustrativa a los efectos de reforzar este planteamiento.
        Por todo ello que en la solución interpretativa que este Tribunal “ad quem” ha venido adoptando sea necesario
        establecer previamente, aun cuando fuere de forma indiciaria que el delito de conducción bajo la influencia de
        bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o psicotrópicos se ha producido para que la conducta de rehusar
        JURISPRUDENCIA
        18
        las pruebas de comprobación tenga una inicial revelan hacia jurídico penal. De esto último se desprende que
        la negativa que sanciona el artículo 383 CP , (aquí coincidente con lo predicable del anterior artículo 380) lo es
        de encubrimiento de la existencia de un delito contra la seguridad vial precedente con lo que, en consecuencia,
        no quedarían sin contenido práctico las normas administrativas que disciplinan la sanción al conductor que se
        niega a someterse al test de alcoholemia, puesto que éstas serían aplicables cuando no exista constatación
        del injusto previsto y penado en el artículo 379 CP . En efecto una de las cuestiones relativas a la conducta
        típica del delito de negativa del artículo 383 radica en dilucidar si para la apreciación de esta figura delictiva,
        a la vista de su ubicación sistemática -delitos contra la seguridad vial- resulta o no necesario que el sujeto
        haya evidenciado síntomas de conducir bajo los efectos de las sustancias que conduzcan a una condena por
        el delito previsto en el artículo 379. En este punto resulta de gran trascendencia la doctrina sentada por la
        sentencia de esta Sala número 3/1999 de 9 diciembre – dictada en causa especial por aforado-. De acuerdo
        con esta resolución “la dependencia del artículo 380 respecto del artículo de 379 (en su enumeración anterior
        a la reforma de 2007) permite establecer, en orden a fijar los límites entre sanción penal y administrativa, los
        siguientes criterios orientativos: a) la negativa a someterse al control de alcoholemia en cualquiera de los
        supuestos previstos en los apartados A y B del artículo 21 Reglamento General de Circulación , Real Decreto
        1428/2003 de 21 noviembre; esto es, en casos de evidente o cuando se detecten síntomas evidentes de
        conducción bajo los efectos de una intoxicación, debe incardinarse dentro del penal del artículo 380 -actual
        383-; y b) dicha negativa en los supuestos de los apartados C y D, del mismo precepto reglamentario (en caso
        de denuncia por la comisión de una infracción administrativa de tráfico o el supuesto de control preventivo de
        alcoholemia) precisa la siguiente distinción: b.1, si los agentes que pretendan llevar a cabo la prueba advierten
        en el requerido síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y se lo hacen saber así
        ha requerido, la negativa de este podría incardinarse también en el delito de desobediencia del citado artículo
        380 (en la actualidad de negativa del artículo 383); y b.2 cuando no se advierten tales síntomas la negativa
        de requerido no rebasa los límites de la sanción administrativa del artículo 65.5 d) del R.D.I.. 339/90 de 2
        noviembre (en la actualidad del artículo 77 d) del Texto Refundido Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
        a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 octubre ).
        Segundo.- Partiendo de estas premisas el art. 383, es una norma penal en blanco al remitirse “a las pruebas
        legalmente establecidas para la comprobación…”, que en la actualidad se encuentra en el R.D.L. 6/2015 antes
        citado, cuyo artículo 14 establece: 1.- No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier
        vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine (….)2.- El conductor de un
        vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en
        el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el
        ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.3.- Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en
        la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados (….).
        No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el
        reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario
        al que sea trasladado estimen más adecuados.4.- El procedimiento, las condiciones y los términos en que
        se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente.5.- A
        efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o
        de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente
        justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado”. El
        procedimiento al que alude el artículo mencionado, está regulado en los artículos 21 , 22 y 23 y 24 del
        Reglamento General de Circulación . Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán
        por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente , en la verificación del
        aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado
        de impregnación alcohólica de los interesados.1.- Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de
        impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol
        por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar
        estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas
        alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica
        de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que
        sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente.2.- De la misma forma advertirá
        a la persona sometida a examen del derecho que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes
        o testigos presentes, que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de
        10 minutos.3.- Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones
        y a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal
        facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados. 4.- En el caso de que el interesado
        decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su
        traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara
        JURISPRUDENCIA
        19
        que las pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a cumplir
        lo dispuesto en el artículo 26. El artículo 24 que versa sobre las diligencias del agente de la autoridad, en
        su apartado c) establece que “los agentes de la autoridad deberán conducir al sometido a examen o al que
        se negase a someterse a las pruebas de detección alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan
        caracteres delictivos, de conformidad con lo dispuesto en la L.E.Criminal, al juzgado correspondiente a los
        efectos que procedan”.
        Tercero.- En base a la referida normativa tanto el Ministerio Fiscal al impugnar el motivo, como un sector de
        Audiencias Provinciales (2. 2 Alicante, s. 18.11.2015, s-7 ª Barcelona, s. 19.6.2009, s. 3ª Barcelona, 2.11.2002,
        s. 1ª Castellón, s. 25.4.2008, s. 1ª Guadalajara, s. 19.6.2009, s. 3ª Gerona, s. 20.10.2009, s. 23ª Madrid, s.
        16.2.2016), entienden que dado el carácter imperativo de tiempo verbal utilizado ” someterá” en el artículo 23.1
        Reglamento General de la Circulación no ofrece duda acerca de la obligación de practicar la segunda prueba en
        los supuestos a que se refiere, y contraste con él carácter facultativo de los análisis de sangre, orina o análogos,
        cuya práctica se considera como derecho de la persona sometida a examen, del que deberá ser puntualmente
        informada por el agente que practica la prueba. Por ello, aunque la segunda prueba tenga por objeto contrastar
        y garantizar los resultados de la primera, su realización no es facultativa para el interesado ni para el agente
        interviniente, en los casos en que existen indicios de impregnación alcohólica. Esta interpretación, consideran,
        resulta congruente con la propia dicción del artículo 383 CP , que hable de “pruebas (en plural) legalmente
        establecidas para la comprobación, por lo que ambas pruebas son obligatorias”.
        Se cita en apoyo a esta postura la sentencia de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo número 1/2002 de
        22 marzo , recaída en causa especial de aforados, en la que tras destacar la obligación que tienen todos los
        conductores de vehículos a someterse a las “pruebas” que se establezcan para la detención de las posibles
        intoxicaciones por alcohol ( artículo 12.2 Texto articulado Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
        seguridad vial , aprobado por R.D.L. 339/90 de 2 marzo, vigente en aquel momento y artículos 20 y siguientes
        Reglamentó Circulación R .D. 13/92 de 17 enero); declara que “es preciso poner de manifiesto la obligación
        que el conductor tiene de someterse a esta segunda diligencia, si concurren las circunstancias reglamentarias
        para ello (supuestos de conductores implicados en un accidente de circulación o que conduzcan con síntomas
        que permitan razonablemente presumir que conducen bajo la influencia de bebidas alcohólicas ( artículo
        21.1 y 2 Reglamento General de Circulación ), y que su negativa hace que su conducta deba considerarse
        incluida en el tipo penal del artículo 380 CP -actual artículo 383- pues entenderlo de otra forma, considerando
        que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia,
        implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto- dadas las características de los etilómetros con que se
        practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo
        que, en la práctica devendría absolutamente ineficaz la norma legal.
        Cuarto.- No obstante otro importante sector de Audiencias Provinciales, entre otras s. AP Madrid, s 29ª de
        1.12.2011 , s. 17ª de 10.9.2010, y s. 23ª de 13.11.2013, AP. Navarra, s. 1ª de 30.6.2012, Huelva s. 2ª de
        20.1.2011, Gerona, s. 4ª de 11.12.2013, Cádiz s. 4ª de 27.1.2011, Cantabria s. 3ª de 29.6.2012; Las Palmas s. 1ª
        de 19.3.2010 y 9.12.2014, Barcelona s. 8ª de 21.10.2008, s. 9ª 5.12.2009, s. 5ª de 4.3.2013; s. 10ª 13.9.2013 y
        s. 5ª de 20.1.2014, que afronta la cuestión planteada en el presente recurso de haber accedido el acusado a la
        prueba de alcoholemia, mediante etilómetro de precisión realizada la primera un resultado positivo y negativa
        a la realización de la segunda, concluye que no concurre en estos supuestos el delito de negativa del artículo
        383 CP -al menos con la generalidad que postula la sentencia recurrida-. Postura esta que considero más
        acertada, por cuanto:
        1º es cierto que el Real Decreto 1428/2003, en su artículo 23.1 , no ofrece, en principio, alternativa al agente
        de la autoridad que es someter al conductor presuntamente bajo la influencia de bebidas alcohólicas a una
        segunda prueba. En tal sentido la expresión someterá no deja margen al funcionario que, en consecuencia,
        se ve compelido por la disposición legal a someter a su vez al conductor a una segunda prueba. Ahora
        bien el citado Real Decreto no ha previsto ni la eventualidad de que el conductor reconozca la influencia
        del alcohol en su condición declinando simultáneamente someterse a las pruebas, ni el supuesto que ahora
        contemplamos de que habiendo ofrecido resultado positivo la primera prueba, se rechace la práctica de una
        segunda, sin cuestionar su resultado. Y no parece demasiado razonable equiparar ambas conductas con la
        negativa abierta y persistente del conductor que presenta síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, a
        someterse a las pruebas de detención de impregnación alcohólica. 2º el artículo 383 establece una tipificación
        de forma individual. La determinación de la conducta punible se realiza de forma única o singular. Su redacción
        descriptiva no es la de condenar a “aquellos conductores” que requeridos por agentes de la autoridad se
        negaren, sino la de condenar “al conductor que requeridos por un agente de la autoridad, se negaren a
        someterse a las pruebas legalmente establecidas…” esto es, el Código, que ha tipificado de forma individual la
        conducta punible, exige sin embargo que la negación sea a someterse a las pruebas legalmente establecidas
        para la comprobación de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Es decir, cuando define de
        JURISPRUDENCIA
        20
        forma singular el delito, no exige como acción típica la negativa a efectuar una prueba de detección, sino
        varias. De ahí que pueda entenderse que tal redacción es uno de los elementos fijados por el legislador como
        configurador del tipo penal. De ahí que la dicción literal del precepto hable textualmente de las pruebas y no
        de la prueba. Así se deriva no sólo de que el legislador realizara la redacción en plural, sino además de perfilar
        las pruebas como las legalmente establecidas , lo que supone una norma penal en blanco guardando íntima
        conexión con él R.D. 1428/2003 que aprobó el Reglamento General de la Circulación, en el que las pruebas de
        detección alcohólica no son tampoco individuales, sino que aquellas que se configuran como obligatorias –
        únicas sobre las que puede descansar el delito del artículo 383 – han sido reglamentadas en la pluralidad y el
        contraste. De tal suerte que la alusión penal a la negación plural (negación a someterse a las pruebas) es la
        consecuencia última de la voluntad del legislador que trata de sancionar una negación a todo lo legalmente
        impuesto. Todo lo expuesto supone entender que cuando el artículo 383 condena a quien requerido por el
        agente de la autoridad se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas lo que realmente está
        tipificando es únicamente la conducta de aquel que no realice ninguna de las pruebas de aire expirado que
        indiquen los agentes, o lo que es lo mismo, que se niegue a realizar todas y cada una de las pruebas que
        son obligatorias y que por lo tanto le sean exigibles. El precepto habla de “pruebas” no “de cualquiera de las
        pruebas”. Por lo tanto, y como ya se ha indicado, si él Código Penal requiere, para la existencia del tipo penal,
        la omisión no parcial, sino plural de las legalmente establecidas, en los casos en que el acusado practique la
        primera de las dos obligatorias, negándose a practicar tan sólo la segunda, aplicando el principio “de donde
        el legislador no distingue no debe hacerlo el juzgador y menos aún en perjuicio del reo”, podría concluirse que
        en estos casos no se cumplen los presupuestos del tipo penal del artículo 383 CP . 3º porque si un conductor
        al que se le ha realizado una primera prueba, practicada con todas las garantías, y da positiva, no cuestiona
        su resultado, no tacha la única medición efectuada, ni alega irregularidad alguna en el test de alcoholemia,
        y en el procedimiento correspondiente se le condena de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2
        CP , puede cuestionarse si, además es autor de un delito del artículo 383 CP . En efecto la realización de
        la segunda la prueba de impregnación está prevista en el artículo. 23.1 del Reglamento, que establece dos
        situaciones en las que ha de practicarse: una, si el resultado de la primera prueba diera un grado superior a
        0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o 0,25 miligramos de alcohol litro de aire expirado y otra si aún sin
        alcanzar esos límites la persona examinada presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia del
        alcohol, pero dicha segunda prueba, tal y como establece literalmente el precepto mencionado, no se realiza
        a los efectos de comprobar el delito sino para una mayor garantía y a efecto de contraste , es decir, una
        salvaguarda de los derechos de sometido de que la prueba que se le practicó en primer lugar y que arrojó
        un resultado positivo no fue debido a circunstancias extrañas ajenas a su persona. Es por ello que el hecho
        de negarse el acusado a practicar una segunda prueba prevista como garantía del mismo, no puede suponer
        una conducta penalmente relevante, pues quien renuncia a su derecho a contrastar habrá de pasar en todo
        caso por los resultados del primer examen.

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  3. Quiero añadir mi experiencia con la empresa ITECSA BIERZO SL : Han cobrado las cantidades pactadas en contrato por la reforma de una vivienda , casi 18.000 euros, y han abandonado la obra dejándola inhabitable sin agua, sin luz, sin sanitarios, sin azulejos, sin suelo, sin puertas, ni radiadores, etc. A aquellas personas que les interese tengo fotos, videos, documentos, etc que demuestran lo que digo.

    • Respondiendo al comentario de la señora Ana, es muy facil difamar a una empresa con mentiras, pero esta señora pidio trabajos fuera de presupuesto que al dia de hoy no los a pagado, por ese motivo se le paralizo de la obra, al dia de hoy esta señora nos debe 5.748,37. Creo que cualquier otra empresa hubiera echo lo mismo.

      Gracias

      • En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley que pende ante esta Sala, interpuesto EL MINISTERIO FISCAL, y por las representaciones de las acusaciones particulares: “VICTORIA MERIDIONAL S.A. DE SEGUROS GENERALES”; ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1982 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (AFIVA); LA ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE LA RIBERA (APEMEDA) y D. RubénY OTROS, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Tercera, que absolvió a Francisco, Carlos Joséy Eloydel delito de imprudencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la vista y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Ramón Montero Fernández-Cid, siendo también parte como recurridos: el Abogado del Estado; Eloy, representado por el Procurador Sr. Alvarez-Buylla Ballesteros; Carlos José, representado por el Procurador Sr. Ibañez de la Cadiniere; y Francisco, representado por la Procuradora Sra. Segura San Agustín. Los recurrentes están representados: VICTORIA MERIDIONAL S.A., por la Procuradora Sra. Calvo Meijide; la acusación particular “APEMEDA – AFIVA” por el Procurador Sr. Dorremochea Aramburu; y la acusación particular RubénY OTROS por la Procuradora Sra. Albacar Medina. I. ANTECEDENTES

        Primero
        El Juzgado de Instrucción número 1 de Játiva, instruyó sumario con el número 56 de 1982, contra y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, cuya Sección Tercera, con fecha 4 de octubre de 1995, dictó sentencia que contiene los siguientes:

        “HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- El procesado Carlos José, ya circunstanciado y sin antecedentes penales, en su condición de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tras haber estado prestando su actividad profesional como ingeniero encargado de la explotación de unos embalses pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, sitos en la provincia de Cáceres, a mediados del año 1973 y con la categoría administrativa de Jefe de Negociado, se integró en el entonces servicio de construcción de presas de la Subdirección de proyectos y obras, dependiente de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

        Por esas fechas se asignó a dicho servicio, no solo la función propia que venia desarrollando de informar los proyectos de obras que elaboraban las distintas Confederaciones Hidrográficas a fin de ser aprobados y autorizados por la Administración del Estado, sino también el asumir directamente la construcción de aquellas Presas que presentasen serias dificultades en su ejecución entre las que se encontraba la Presa de Tous. Por tal razón por acuerdo de 23 de Octubre de 1973, por la indicada Dirección General se ordenó el cese de la intervención que en la señalada presa venía efectuando la Confederación Hidrográfica del Júcar, y por la jefatura del servicio ostentada a la sazón por el también Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Juan Pedro, se encomendó al aludido procesado como una más de sus funciones como DIRECCION000de la Sección de DIRECCION001, la Dirección de las obras de construcción de la mentada presa.

        En cumplimiento del referido acuerdo, con fecha 6 de Noviembre de 1973 la Confederación hizo entrega mediante fotocopia al servicio de construcción de presas, de todo el expediente que afectaba a la construcción de la presa de Tous.

        SEGUNDO
        Se había iniciado dicho expediente en el año 1973 al amparo de lo dispuesto en la ley de 9 de Septiembre de 1932 sobre construcción del Embalse de Alarcón y demás obras complementarias para la regulación del río Júcar, por entenderse fundamental el control del aprovechamiento de las obras en su tramo final con el propósito de subvenir a las necesidades de los regadíos de la huerta Valenciana en las zonas de la Ribera Alta y Baja, finalidad que en el tiempo se amplió para alcanzar también el completo abastecimiento de aguas para el consumo de la ciudad de Valencia mediante la construcción del Canal Júcar-Turia, y, al propio tiempo, posibilitar una mayor extensión del regadío a otras comarcas.

        Fruto de los primeros trabajos fue la elaboración por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el año 1940 de un proyecto de Embalse de Tous que delimitaba dos posibles soluciones denominadas ” A” y “B”, que ninguna de ellas llegó a concretarse.

        En el subsiguiente desarrollo de su estudio con realización de numerosos ensayos, sondeos, informes y dictámenes se acogió por resolución de 11-XII-1950 de la Dirección general de obras Hidráulicas la propuesta de la Confederación de autorizar una solución nueva denominada “C” que se basaba en la conveniencia de construir una Presa de gran capacidad aguas abajo del pueblo de Tous, a la altura del km 453 del itinerario del río Júcar inmediatamente después de la desembocadura del río Escalona, afluente por su derecha.

        En su cumplimiento se redactó por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Salvador, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el “Proyecto de replanteo de Tous en el río Júcar, Valencia”, solución C, que fue suscrito en 28 de Febrero de 1952.

        Tras la pertinente tramitación administrativa, con emisión de los oportunos informes y dictámenes fue aprobado definitivamente por la Administración del Estado en resolución de 20 de Julio de 1955.

        El proyecto contemplaba la construcción de una presa de fabrica de hormigón de la clase denominada de gravedad, cuyas esenciales características técnicas en lo que aquí concierne eran:

        – Coronación de la Presa en la cota 136 metros sobre el nivel del Mar con una altura sobre el cauce del río de 80 metros.

        – Nivel normal de embalse en la cota 130 metros con una capacidad de 412 hectómetros cúbicos equivalente a 412 millones de metros cúbicos.

        – Caudal previsto para la máxima avenida en 5.300 metros cúbicos por segundo según evaluación realizada atendiendo al caudal conocido en las crecidas de 1864 y 1923.

        – Sistema de desagüe integrado por un aliviadero de superficie regulado por compuertas, un desagüe de fondo o de limpia y una toma de regantes a cota intermedia.

        La ejecución de la obra habría de significar la desaparición de la central Juan de Urrutia, llamada también Central de Millares, perteneciente a Hidroeléctrica Espanola S.A por estar situada a la cota 85.50 metros en lo que seria la cola del pantano.

        Adjudicada la realización de la obra civil en 19 de diciembre de 1957 a la entidad Agroman, empresa constructora S.A se iniciaron los trabajos en el mes de Octubre de 1958 bajo la Dirección, inspección y vigilancia de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

        A tal efecto con la finalidad de dejar en seco el lugar del cauce donde iba a ubicarse la Presa, tras llevar a cabo una ataguía o dique de contención aguas arriba, se horadó un túnel de desvío en la ladera izquierda y seguidamente se procedió al hormigonado de los bloques que formaban los estribos de la presa, asentados o cimentados, en la roca caliza solida de las laderas de la cerrada.

        Cuando se estaba en fase de conclusión de la anterior operación se iniciaron las excavaciones de la zona Central del cauce observándose la existencia de una falla geológica, de dimensiones excepcionales que desvirtuaba las previsiones adoptadas en los estudios previos, dando lugar a serias dudas sobre la capacidad de resistencia de la cimentación del cuerpo Central de la presa, lo que motivo que en 31 de Diciembre de 1964 se paralizasen las obras hasta tanto se encontrase la solución técnica mas adecuada.

        En ese empeño se ultimaron otros dos proyectos elaborados en los años 1968 y 1970 por los ingenieros don Jose Carlosy don Diegorespectivamente, y en fase de estudio del ultimo se promulgo la ley de 19 de junio de 1971 sobre aprovechamiento conjunto de los Ríos Tajo y Segura, en cuyo articulo cuarto se disponía la necesidad de la urgente terminación de la Presa de Tous.

        Respondiendo a tal previsión legal, la Dirección General de Obras Hidráulicas de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Obras Publicas y los informes elaborados por la División de Vigilancia de presas, del Centro de Estudios Hidrográficos y el Servicio Geológico de Obras Publicas, con fecha 22 de Julio de 1972, acordó autorizar a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que redactara un proyecto en el que se sustituyese la presa de gravedad por otra de carácter mixto con estribos de hormigón y cuerpo central de escollera recrecible, esto es, de materiales sueltos con núcleo impermeable de arcillas, cuya ejecución debería efectuarse en dos fases, alcanzando la primera hasta la cota 84 metros, para no inundar la Central Juan de Urrutia de Millares, al no haberse obtenido todavía un acuerdo con Hidroeléctrica espanola S.A, pero dimensionando las obras de forma que fueran susceptibles de ser aprovechadas en el recrecimiento previsto para la segunda fase, al tiempo que no se impidiese al ejecutarse esta ultima la explotación del embalse que ya haría posible tanto los riegos de la zona de las Riberas Alta y Baja, como la derivación de las aguas por el Canal Júcar-Turia.

        En desarrollo de la expresada decisión por el ingeniero don Alexander, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la colaboración de los servicios técnicos de la empresa consultora AEPO S.A, se elaboró el titulado “Proyecto Reformado y replanteo del Embalse de Tous en el río Júcar Valencia, “solución de presa de Escollera primera fase hasta la cota 84 del embalse, que se suscribió en Junio de 1973 con el conforme del ingeniero Jefe de la sección don Jesús Manuel, y el visto bueno del Ingeniero Director de la Confederación Don Joaquín.

        Entre las características técnicas de la presa de singular significación son de destacar: – Estribos de hormigón perfil tipo gravedad.

        – Cuerpo central de materiales sueltos con un núcleo impermeable de arcillas y espaldones de escollera de 12,80 metros de anchura en Coronación el de aguas arriba y de 14,40 metros de anchura en Coronación el de aguas abajo con sus correspondientes taludes.

        – Coronación de la Presa en la cota 98,65 metros (en la segunda fase en la cota 142 metros) con una altura sobre el cauce del río de 46 metros.

        – Nivel normal de embalse en la cota 84 metros (en la segunda fase en la cota 133 metros) con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos de agua, esto es 53 millones de metros cúbicos.

        – Máximo nivel de embalse en crecidas o avenidas situado en la cota 97,48 metros en la segunda fase en la cota 139,85 metros.

        – Caudal previsto para la máxima avenida de 6.968 metros cúbicos por segundo para un período de recurrencia de 500 años; de 4.817 metros cúbicos por segundo para un período de recurrencia de 100 años; y de 4.267 metros cúbicos por segundo para un período de recurrencia de 50 años. La evaluación de estos cálculos se efectuó aplicando la formula empírica denominada de “Fuller”, con un factor correctivo de adaptación a las características del río Júcar, atendiendo a la curva de caudales alturas a partir del reconocimiento del terreno y a las informaciones obtenidas de anteriores avenidas.

        Dicha formula en las fechas en que se confeccionó el proyecto era científicamente utilizada en otros países con un gran numero de presas construidas para cuantificar el mentado caudal de la avenida máxima, aunque existían otro tipo de formulas.

        – El sistema de desagüe estaba constituido por:

        Un aliviadero o vertedero de superficie de labio fijo con una longitud útil de 54 metros, umbral en la cota 84 metros, máximo espesor de lamina vertiente de 13,48 metros y capacidad de desagüe de 4.900 metros cúbicos por segundo.

        Dos desagües intermedios con compuertas situadas en el cuerpo de la presa debajo de los bloques del aliviadero de labio fijo con una capacidad total de desagüe de 2.150 metros cúbicos por segundo.

        Unos desagües de fondo que quedaron sin definir salvo que su capacidad de evacuación ascendería a 475 metros cúbicos por segundo.

        En el mes de Julio de 1973 aun sin haberse aprobado el anterior proyecto reformado dada la urgencia de las obras y por estar adaptado el último a las prescripciones contenidas en la resolución de 22 de julio de 1972, se reanudaron los trabajos cuya ejecución, que seguía manteniéndose por Agroman S.A, paso a depender como se indicó anteriormente en el mes de Noviembre de ese mismo año del servicio de construcción de presas, bajo la concreta dirección del procesado señor Carlos José, quien ya contaba entre otros técnicos a sus ordenes con el también procesado Eloy, igualmente circunstanciado y sin antecedentes penales, que en su condición de ingeniero técnico de obras públicas y con el carácter de personal laboral para la realización de obra determinada, había sido contratado en 1 de Julio de 1973.

        TERCERO
        Al cabo de unos meses, concretamente el 18 de Abril de 1974, el aludido proyecto reformado que marcaba las directrices de la actuación que ya se desarrollaba en la Presa, fue aprobado por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, aunque el sistema de desagüe previsto quedaba supeditado a la comprobación de su funcionamiento mediante un ensayo en modelo reducido a realizar por el laboratorio de hidráulica del centro de Estudios Hidrográficos.

        Verificadas las correspondientes pruebas en el indicado laboratorio, de cuyos resultados venía siendo informado el servicio de construcción de Presas, y en concreto el señor Carlos José, se llegó a la conclusión de que no era satisfactorio el sistema diseñado ya que se producían interferencias entre los vertidos del aliviadero de labio fijo y los de los desagües intermedios, lo que provocaba una capacidad real de desagüe inferior a 6.000 metros cúbicos por segundo de caudal, mientras que el caudal para la máxima avenida se cifraba en 6.968 metros cúbicos por segundo. De aquí que tras contrastar otras soluciones se propuso por el Centro de Estudios Hidrográficos la adopción de un sistema mas clásico, consistente en sustituir el aliviadero de superficie de labio fijo por otro dotado de compuertas y asentado en el lateral derecho de la presa colindante con el estribo hormigonado de ese lado, y reducir los desagües intermedios a simples conductos que funcionasen como una adecuada toma de regantes.

        Así se autorizó un segundo proyecto reformado del de replanteo del Embalse de Tous en el Río Júcar Valencia, solución presa de Escollera hasta la cota 84 del Embalse, que fue redactado conforme a la solución acogida por el centro de estudios Hidrográficos por el procesado Carlos Joséquien lo firmó como autor del mismo en Febrero de 1976, con el visto bueno del Ingeniero jefe del servicio, y fue técnica y definitivamente aprobado por orden ministerial de 8 de Marzo de 1976 con la denominación ya adaptada a las nuevas normas de titulación de proyectos, como proyecto 02/76 Modificación numero 2, Presa de Tous, Fase primera (VL- Tous).

        El nuevo sistema de desagüe venia constituido por:

        Un aliviadero de superficie con tres vanos de 15,333 metros de anchura cada uno que quedaban comprendidos entre los muros cajeros y dos pilares centrales para ubicar tres compuertas con solera en la cota 77 metros y coronación en la cota 98,50 metros.

        Se situaba en la margen derecha del cuerpo de la Presa y se prevenía un encauzamiento de las aguas hacia el mediante una especie de canal en el interior del vaso del Embalse formado por dos muros o cajeros de hormigón armado sirviendo el de la izquierda mas próximo al centro del río de protección al cuerpo central de materiales sueltos.

        Se establecía una capacidad de desagüe de 7.000 metros cúbicos por segundo acorde con el caudal previsto para la máxima avenida que se seguía entendiendo incluso por el Centro de Estudios Hidrográficos era el adecuado según la formula utilizada en el proyecto del señor Alexander, para un período de recurrencia de 500 años.

        Dos Desagües intermedios para toma de regantes con compuertas de seguridad y de regulación, y una capacidad máxima de salida de agua cada uno de ellos de 40 metros cúbicos por segundo. Se situaban las conducciones en cada una de las dos pilas centrales del aliviadero de superficie por debajo del umbral de sus compuertas.

        Un desagüe de fondo que aprovechaba en parte el anterior túnel de desvío del río con una capacidad máxima de evacuación de 375 metros cúbicos por segundo.

        CUARTO
        El proyecto anterior exigía en su desarrollo algunos modificados posteriores y otros complementarios que también fueron realizados por Carlos José, y básicamente precisó una nueva elaboración de los elementos mecánicos del sistema de desagüe del pantano, previa la confección de la correspondiente memoria del pliego de bases técnicas y del presupuesto estimado de los costes. Respecto de este último punto hay que señalar que en el BOE de 12 de Julio de 1975 se había anunciado el concurso para la confección del proyecto de construcción y puesta en servicio de los elementos mecánicos del desagüe de la Presa de Tous cuyas condiciones generales técnicas eran las adecuadas al sistema de desagüe diseñado en el proyecto reformado por Don Alexander, pese a que ese sistema se llegó a modificar con posterioridad según el proyecto elaborado por Carlos Josécomo se ha reflejado en el punto anterior. El concurso fue adjudicado por orden del Consejo de Ministros de 24 de Agosto de 1976 a la agrupación temporal de empresas formada por BOETTICHER Y NAVARRO S.A, Talleres Mecánicos Secundaria S.A. y ABENGOA S.A montajes eléctricos, con quien se llego a suscribir en escritura pública el correspondiente contrato en 29 de Septiembre de 1976.

        No obstante ello y a raíz de la aludida modificación del sistema de desagüe, previa la correspondiente autorización, se encomendó al señor Carlos Joséque redactara un proyecto reformado de los elementos mecánicos de la presa, lo que así hizo en el mes de junio de 1977, confeccionando al efecto la memoria y el pliego de condiciones del proyecto reformado numero 1 de la Presa de Tous, elementos mecánicos Valencia, que obtuvo su aprobación técnica y definitiva, y ultimó su tramitación administrativa por resolución de 10 de Diciembre de 1977, de la dirección general de Obras Hidráulicas. Ajustándose a las previsiones contenidas en dicho trabajo la agrupación temporal de empresas adjudicataria del primer proyecto confeccionó un nuevo proyecto reformado numero 1 titulado “Obras complementarios numero uno, de los elementos mecánicos de la Presa de Tous en el río Júcar, Valencia”, que fue aprobado por orden ministerial de 10 de Febrero de 1979, y cuya ejecución le fue adjudicada mediante contrato otorgado con la administración publica el 13 de Diciembre de 1979.

        En esencia y respecto al aliviadero de superficie las características consistían en:

        Tres compuertas tipo vagón colocadas cada una de ellas en unas ranuras verticales existentes en los laterales de cada uno de los tres vanos del aliviadero. Cada compuerta, de estructura metálica electrosoldada de acero laminado, tenía una anchura de 15,33 metros y una altura de 10,5 metros y presentaba los dispositivos apropiados para poder soportar las tensiones derivadas de la máxima carga prevista en avenida de 19,3 metros sobre la solera, considerada carga excepcional, y en su parte posterior de unos conductos de fibra o cemento que permitían una aireación evitando la vibración al pasar sobre ella el vertido de la lamina de agua, y prevista la carga normal máxima para la maniobra de las compuertas en 105 metros de retenida, habiéndose previsto así mismo para el caso de que sobre las compuertas pasen pequeñas láminas de agua unos rompevenas en las parte superior de las mismas para su aireación en la parte posterior del tablero y así evitar vibraciones.

        En situación normal, es decir, estando bajadas en umbral o parte inferior quedaba en la cota 77 metros, la misma de los vanos, y en su parte superior alcanzaba la cota 87,50 metros.

        El movimiento de elevación y bajada se conseguía mediante dos cadenas de tipo galle, de doble ramal en los laterales de cada compuerta, cuyo anclaje así como sus mecanismos de accionamiento se encontraban en una estructura metálica porticada asentada en la cota 98,50 metros con una plataforma a nivel de la cota 108 metros donde se ubicaban los tres conjuntos motrices o motores trifásicos, uno para cada compuerta, de una potencia inicialmente prevista de 15 caballos a mil revoluciones por minuto, aunque de hecho se colocaron con la superior potencia de 25 caballos, con sendos armarios metálicos en donde se hallaban los pulsadores o mandos de accionamiento, los seccionadores con fusibles calibrados, los relés térmicos y auxiliares y los demás elementos eléctricos necesarios para el adecuado funcionamiento de los motores.

        La compuerta central era la única que permitía una apertura automática mediante un flotador situado en un pozo existente en el muro cajero del lado derecho que realizaba, al alcanzar el agua a la cota al efecto prevista, la conexión del circuito eléctrico que ponía en funcionamiento el motor siempre que también se encontrase accionado el pulsador o mando que se encontraba para ese único fin en el interior del armario correspondiente a dicha compuerta.

        La energía eléctrica era suministrada de forma fija o permanente a través del oportuno tendido de baja tensión que se hacía llegar por cableado hasta el interior de los armarios procedente de unos transformadores sitos en las proximidades de la Presa, hasta donde llegaba una línea eléctrica de alta tensión procedente de Játiva de la entidad Hidroeléctrica Espanola S.A.

        Los motores también podían ponerse en funcionamiento mediante energía eléctrica suministrada por un grupo electrógeno móvil al estar preparados los dispositivos que facilitaban su acometida.

        La capacidad total de elevación de cada conjunto motriz, cualquiera que fuese la fuente de energía que se utilizase era de 200 toneladas, suficiente para que pudieran elevarse las compuertas con su carga máxima normal de retenida y aun en casos de pequeños vertidos de aguas sobre ellas.

        Por último también era factible la maniobra de las compuertas manualmente mediante una manivela acoplada al eje del motor que permitía su ligera elevación, con la finalidad de poderse efectuar las labores de limpieza de las ramas y demás residuos flotantes que procedentes del río quedaban encajados junto a la solera de las compuertas y podían dificultar su correcto accionamiento. Asímismo este sistema manual servía también para calibrar exactamente la salida del agua. Persistiendo en esta maniobra durante un tiempo aproximado de 33 horas, con la fuerza ininterrumpida de dos hombres, se podía, teóricamente, conseguir la apertura total de la compuerta.

        QUINTO
        Configurados los dos desagües intermedios para toma de riego según las características previstas en el proyecto antes señaladas, el sistema de desagüe de fondo se estructuró con la capacidad de evacuación de 375 metros cúbicos por segundo de la siguiente forma:

        – La toma de agua de embocadura se hallaba en una torre situada dentro del embalse en una zona próxima a la ladera izquierda y al inicio del antiguo túnel de desvío. La torre estaba constituida por una base de hormigón hasta la cota 85,600 metros y sobre ella una estructura metálica de forma rectangular que tenía en un primer nivel a la cota 88 metros una plataforma de revisión a la que se accedía por una pasarela situada a idéntica cota, que partía de la ladera izquierda de la cerrada posibilitando el paso de vehículos, y en un nivel superior desde la cota 98,50 metros hasta la de 112,293 metros una planta a la que se podía subir desde la plataforma, donde estaban los mecanismos de accionamiento de los elementos de control de la embocadura. Estos últimos se encontraban en la base de la torre con solera en la cota 58 metros, y consistían en una ataguía o barrera que permitía cerrar el conducto de entrada accionándose con un polipasto eléctrico y una compuerta vagón situada a tres metros de aquella cuyo movimiento se lograba con un servomotor de aceite a presión y que contaba con el instrumental preciso para su manejo.

        La Energía eléctrica se alcanzaba por medio de una manguera que llegaba hasta la plataforma y de igual modo se posibilitaba la utilización del grupo electrógeno móvil.

        A partir de la compuerta vagón y utilizando el túnel de desvío se iniciaba una conducción blindada con tubería circular interior de hormigón de 4,5 metros de diámetro, que con una longitud aproximada de 100 metros concluía superado el eje central de la Presa unos 10 metros y se bifurcaba en dos ramales tipo pantalón de 7,815 metros de longitud, y en cada uno de ellos existía una compuerta deslizante tipo B.R. de sección de dos por tres metros cuadrados cuyo respectivo accionamiento se producía desde una cámara de válvulas con mecanismo eléctrico y manual, a la que se accedía por una galería de 125 metros de longitud que tenía su entrada aguas abajo de la presa.

        SEXTO
        Las obras desde su reinició en Julio de 1973 se fueron ejecutando acomodándose a los sucesivos reformados del proyecto inicial cuyas características esenciales han quedado descritas, así como a los distintos proyectos complementarios que para cuestiones concretas y singulares era pertinente desarrollar. Las de naturaleza civil se llevaron a cabo por la empresa constructora Agroman S.A, y las referentes a los elementos mecánicos por la entidad DIRECCION002operando ambas con sus propios medios y trabajadores bajo la supervisión y control, por un lado del Ingeniero Director Carlos Joséquien se personaba en la presa con asiduidad, en ocasiones incluso acompañado por el jefe de servicio señor Iván, para comprobar y en su caso adoptar las decisiones demandadas para el correcto desarrollo de los trabajos, y de otra parte diariamente y a pie de obra por otros técnicos que tenía desplazados la administración del Estado, en concreto un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y cinco ingenieros técnicos de obras públicas, entre los que se encontraba Eloy.

        A tal efecto se controlaba, no solo la sujeción a las condiciones generales prevenidas en las correspondientes adjudicaciones, sino también las calidades técnicas de los materiales y demás elementos que se empleaban, utilizando, respecto de los que así lo permitían, los adecuados análisis y ensayos que se efectuaban en un laboratorio instalado en la misma obra. Las labores realizadas en todo caso respondieron a las normales técnicas y reglas del arte de la construcción.

        SÉPTIMO
        A principios del año 1977 en fase muy avanzada de las obras Carlos Joséredactó un proyecto para programar la puesta en carga de la presa que fue aceptado y asumido en fecha 15 de Marzo de 1977 por el servicio de construcción de Presas y también por la dirección general de obras Hidráulicas, bien que no consta, llegara a dictar resolución alguna en tal sentido. Se pretendía comprobar el comportamiento de la presa y en su caso posibilitar su puesta en funcionamiento de modo anticipado hasta que se produjera la recepción definitiva de las obras.

        Dicho proyecto se comunicó a la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar que mostró su conformidad notificándoselo al director de la Confederación para que atendiese a salvaguardar los derechos de los regantes, y al Comisario jefe de aguas del Júcar que no hizo uso de su facultad de decretar provisionalmente su suspensión.

        El día 7 de Marzo de 1978 la obra proyectada en su primera fase estaba prácticamente terminada pues solo restaban algunos aspectos accesorios que no afectaban a la estructura de la Presa, y la especifica ejecución de la canalización del desagüe de fondo por el túnel de desvío que ya había sido empalmado con la Torre de su embocadura, y también estaban concluídas las obras del Canal Júcar-Turia que se habían realizado bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Júcar, estando su toma en una torre aguas arriba del embalse junto a su margen izquierda con umbral en la cota 78,50 y cuya conducción inicialmente se producía por un túnel horadado en la ladera izquierda hasta salir aguas abajo de la presa donde ya continuaba a cielo abierto, teniendo para su control dos compuertas que se maniobraban desde una cámara de válvulas ubicada en la indicada torre de embocadura. En tal situación que permitía el uso de la presa con suficientes garantías y la derivación de aguas por el Canal Júcar-Turia al tiempo que posibilitaba dejar de pasar agua por el túnel de desvío para terminar el desagüe de fondo que había sido proyectado. En el día antes señalado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Hidroeléctrica Espanola S.A se inició la puesta en carga de la presa que la dirigió y controló personalmente Carlos José. Taponado el túnel de desvío y derivada el agua por el cauce normal del río se llenó el vaso del embalse en una primera etapa hasta la cota 75 metros. Después de subsanarse una fuga de agua que se descubrió junto al estribo de la margen derecha, a unos cien metros aguas arriba del eje de la presa motivada por la carsticidad del terreno, y de comprobar la regulación del agua por las tomas de regantes, se prosiguió el llenado hasta la cota 80 metros, procediendose entonces a probar el funcionamiento del aliviadero de superficie, y, comprobado su correcto comportamiento, se concluyó la operación al alcanzar el agua la cota 84 metros que era el máximo nivel de embalse o explotación, que estaba situado 7 metros por encima del umbral de las compuertas, por lo que estas deberían permanecer cerradas para asegurar el referido nivel.

        OCTAVO
        A mediados de 1978 empezaron las obras de canalización del desagüe de fondo que se ajustaron a las condiciones proyectadas, y con el fin de que los trabajos en el interior del túnel de desvío se efectuasen sin riesgo alguno para los operarios empleados en tal labor, Carlos Joséordenó que se desconectara y retirara la manguera que llegaba hasta la plataforma de la torre de embocadura y suministraba la energía eléctrica a los mecanismos de accionamiento de la ataguía y compuerta vagón que cerraban el paso del agua para evitar que por un descuido, o por un accionamiento accidental por alguno de los numerosos visitantes que acudían a la presa los fines

    • 1ª Sentencia Tribunal Supremo en relación con el delito de acoso-hostigamiento establecido en el artículo 172 ter del Código Penal
      17 mayo, 2017Javier IribarrenSin categoría0 Comments
      Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

      Sede: Madrid

      Sección: 991

      Fecha: 08/05/2017

      Nº de Recurso: 1775/2016

      Nº de Resolución: 324/2017

      Procedimiento: PENAL – APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO

      Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA

      Tipo de Resolución: Sentencia

      RECURSO CASACIÓN/1775/2016

      RECURSO CASACIÓN núm.: 1775/2016

      Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

      Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández

      TRIBUNAL SUPREMOSala de lo Penal PLENO

      Sentencia núm. 324/2017

      Excmos. Sres. y Excma. Sra. D. Manuel Marchena Gómez D. Andrés Martínez Arrieta

      Julián Sánchez Melgar

      José Ramón Soriano Soriano

      Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

      Francisco Monterde Ferrer

      Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

      Luciano Varela Castro

      Alberto Jorge Barreiro

      Antonio del Moral García D. Andrés Palomo Del Arco Dª. Ana María Ferrer García D. Pablo Llarena Conde
      Carlos Granados Pérez D. Perfecto Andrés Ibáñez D. Juan Saavedra Ruiz
      Joaquín Giménez García

      RECURSO CASACION/1775/2016

      En Madrid, a 8 de mayo de 2017.

      Esta sala ha visto el recurso de casación nº 1775/2016 interpuesto por Dª. Angelica representada por el procurador Sr. D. Ángel Codosero Rodríguez, bajo la dirección letrada de D. Emilio Fernández Hermosa contra sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016 dictada por la Sección 27ª de la Audiencia provincial de Madrid que confirmó la sentencia de 20 de junio de 2016 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 33 de Madrid (autos de juicio rápido nº 311/2016) en causa seguida contra Jose Miguel por delito de acoso y malos tratos en el ámbito familiar. Ha sido parte recurrida D. Jose Miguel representado por la procuradora Dª. María Dolores Uroz Moreno y bajo la dirección letrada de D. Fermín Serradilla Lopez. Ha sido parte también el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

      ANTECEDENTES DE HECHO

      PRIMERO.- El Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Alcobendas incoó Diligencias urgentes con el nº

      118/16, contra Jose Miguel . Una vez conclusas las remitió al Juzgado de lo Penal nº 33 de Madrid que con fecha 20 de junio de 2016 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados: <>.

      SEGUNDO.- Dicho Juzgado dictó el siguiente pronunciamiento:

      <>.

      TERCERO. – La Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 33 de Madrid.

      CUARTO.- Notificada la Sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley del art.

      849.1º LECrim por la acusación particular, que se tuvo por anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso, alegando los motivos siguientes:

      Motivos aducidos en nombre de Angelica .

      Motivo único.- Por infracción de ley al amparo de lo prevenido en el nº 1 del art. 849 LECrim por indebida aplicación del art. 172.2 CP e indebida inaplicación del art. 172 ter 2 CP , lo que conlleva la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales consagrado en el art. 24.1 CE .

      QUINTO .- El Ministerio Fiscal solicitó la inadmisión del recurso interpuesto. Con posterioridad impugnó su único motivo. La representación legal de D. Jose Miguel impugnó igualmente el recurso. La Sala admitió el recurso, quedando conclusos los autos para señalamiento y Fallo cuando por turno correspondiera.

      SEXTO.- De conformidad con el art. 197 LOPJ se convocó Pleno Jurisdiccional de esta Sala para la deliberación y fallo del recurso el día 25 de abril de 2017.

      SÉPTIMO .- Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

      FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- Nos enfrentamos otra vez al recién estrenado recurso de casación por infracción de ley del art.

      849.1º LECrim contra sentencias dictadas en asuntos enjuiciados en primera instancia por un Jugado de lo Penal. Como explica la STS 2010/2017 de 28 de marzo esta nueva modalidad de casación, en la que brilla de modo singular su tradicional función nomofiláctica, persigue homogeneizar la interpretación en todos los órganos de la jurisdicción penal de las normas penales que antes, ordinariamente, no aparecían en la agenda de este Tribunal por razón de la penalidad provocando una indeseable dispersión interpretativa. Con pretensiones más propedéuticas que afán academicista, la citada STS afirma que estamos ante una modalidad impugnativa anclada no tanto en el art. 24.1 CE (derecho a la tutela judicial efectiva) cuanto en los arts. 9.3 CE (seguridad jurídica ) y 14 CE (igualdad).

      El pleno no jurisdiccional de esta Sala segunda de 9 de junio de 2016 realizó un primer acercamiento a este recurso para establecer algunos de sus principios básicos. S olo un tipo de motivo es admisible: infracción de ley del número primero del art 849 LECrim , es decir, el estricto error iuris (debate sobre la corrección de la subsunción jurídico-penal) lo que impone la aceptación incondicionada del relato fáctico de la sentencia impugnada. Esa estricta acotación puede producir algún problema de articulación con eventuales quejas que quisieran hacerse valer en amparo ante el TC y que, sin embargo, no pueden ser tratadas antes en casación. Corresponderá al TC pautar la forma de coordinar y armonizar ambos tipos de pretensiones, bien permitiendo el paralelismo en la tramitación dada la diversidad de objetos y finalidades -lo que sería mecanismo plausible, aunque seguramente reclamaría una previsión legal, en cuanto que la finalidad de este tipo de casación se alcanzaría en todo caso con independencia de la solución final del asunto concreto-; bien obligando en esos casos a postergar la denuncia ante el TC sobre el derecho fundamental violado. No podría reclamarse en amparo más que una vez resuelta la casación y siempre que mediante ella no haya quedado sin contenido la queja.

      Añadía aquel acuerdo, acogiéndose a la Exposición de Motivos de la Ley reformadora, que los recursos habrían de tener interés casacional para ser admitidos a trámite. Este requisito debe alejarse en su significación de la trascendencia constitucional que se maneja en materia de amparo. Decía el acuerdo: «Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido».

      SEGUNDO.- Cuestionó el Ministerio Fiscal en su dictamen inicial que al asunto objeto de examen tuviese interés casacional por lo que instó la inadmisión. Antes de abordar el fondo hay que dar respuesta a esa específica petición.

      Como enseñan las SSTS 863/2014, de 11 de diciembre y 794/2016, de 13 de octubre y, en el plano constitucional, la STC 24/2016, de 15 de febrero , los óbices de admisibilidad específicos alegados y

      rechazados y que no se solapan con causales de desestimación por el fondo ( art. 885 LECrim ) merecen una respuesta motivada específica. El ubi de esa argumentación ha de ser necesariamente la sentencia. La tramitación legal de la casación no contempla otro momento en que puedan ofrecerse explicaciones sobre las razones que llevaron a desatender una petición de inadmisión ( art. 893 LECrim ). Toda alegación singularizable merece una respuesta no solo expresa sino también motivada. No en vano las causas de inadmisibilidad en fase de decisión son apreciables como fundamento de una desestimación sin resolver el fondo.

      Con perspicacia advertía el Fiscal que el tema a analizar -los perfiles del nuevo delito de hostigamiento- presenta un casuismo poco apto para ser reconducido a moldes generales; y en particular, que el asunto concreto del que arranca el presente recurso carece de aptitud, por sus específicas circunstancias, para extraer de él una doctrina generalizable o extrapolable a otros supuestos.

      Se entiende la objeción del Fiscal. Pero eso no obsta a la admisiblidad del recurso y a considerar presente un no desdeñable interés casacional . Estamos ante una norma penal en fase de rodaje. Fue introducida en

      No existe doctrina de esta Sala sobre tal tipicidad. Siendo cierto que nos enfrentamos a una materia a resolver caso por caso, eso no priva de relieve doctrinal a la cuestión pues, también caso por caso, se pueden ir tejiendo unos trazos orientativos que vayan conformando los contornos de esa tipicidad en la que se echa de menos la deseable, aunque a veces no totalmente alcanzable, taxatividad. Es verdad -y en ello coincidimos con las apreciaciones del Fiscal- que del examen del caso concreto sometido a censura casacional no puede surgir una acotación precisa y completa de los linderos de esa tipicidad, salvo que caigamos en un ejercicio de academicismo disertando sobre esa nueva figura penal, lo que no es propio de un recurso penal. Este recurso especial, como los demás, no abdica de su vocación de resolver un supuesto concreto que no puede convertirse en mera coartada o excusa para teorizar o glosar preceptos legales más allá de lo que exija la resolución del caso. Un obiter dictum seguirán siendo un obiter dictum aunque aparezca en una sentencia de esta naturaleza. Pero sí podemos y debemos resolver en el caso concreto si la conducta descrita, también con sus pormenores, encaja en el precepto tal y como sugiere la recurrente que reclama su apreciación; o, por el contrario está huérfana de algunos de los requisitos típicos, tal y como han entendido el Jugado de lo Penal y, posteriormente, la Audiencia Provincial al resolver la apelación. Con esa decisión, precedida de un examen de la cuestión, ni se dará respuesta a la rica y casi infinita casuística que podríamos imaginar en relación con tal norma, ni se zanjará la discusión sobre la significación exacta de algunos de los conceptos que maneja el precepto ( reiteración, insistencia, alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana); pero sí se pueden aportar algunas pautas orientadoras que iluminen a la hora de enjuiciar otros supuestos que nunca serán iguales pero pueden presentar semejanzas.

      Por lo demás el interés casacional es concepto que aparece en el art. 889. 2º LECrim . La exposición de motivos orienta sobre su alcance pero ese desarrollo, que no forma parte en rigor del texto propiamente normativo, no es definitivo.

      TERCERO.- Dice el art. 172 ter 2 CP : «1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 1 .ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

      2 .ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. 3 .ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4 .ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella».

      Con la introducción del art. 172 ter CP nuestro ordenamiento penal se incorpora al creciente listado de países que cuentan con un delito con esa morfología. La primera ley antistalking se aprobó en California en 1990. La iniciativa se fue extendiendo por los demás estados confederados hasta 1996 año en que ya existía legislación específica no solo en todos ellos, sino también un delito federal. Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda siguieron esa estela a la que se fueron sumando países de tradición jurídica continental: Alemania ( Nachstellung) , Austria ( behrrliche Verfolgung ), Países Bajos, Dinamarca, Bélgica o Italia ( atti persecutori)

      . En unos casos se pone más el acento en el bien jurídico seguridad , exigiendo en la conducta una aptitud para causar temor; en otros, como el nuestro, se enfatiza la afectación de la libertad que queda maltratada por esa obsesiva actividad intrusa que puede llegar a condicionar costumbres o hábitos, como única forma de sacudirse la sensación de atosigamiento.

      Hemos de convalidar la interpretación del art. 172 ter 2 CP que anima la decisión adoptada por el Jugado de lo Penal refrendada por la Audiencia. Los términos usados por el legislador, pese a su elasticidad ( insistente, reiterada, alteración grave) y el esfuerzo por precisar con una enumeración lo que han de considerarse actos intrusivos, sin cláusulas abiertas, evocan un afán de autocontención para guardar fidelidad al principio de

      intervención mínima y no crear una tipología excesivamente porosa o desbocada. Se exige que la vigilancia, persecución, aproximación, establecimiento de contactos incluso mediatos, uso de sus datos o atentados directos o indirectos, sean insistentes y reiterados lo que ha de provocar una alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana.

      No estamos en condiciones -ni se nos pide- de especificar hasta el detalle cuándo se cubren las exigencias con que el legislador nacional ha querido definir la conducta punible (cuándo hay insistencia o reiteración o cuándo adquiere el estatuto de grave la necesidad de modificar rutinas o hábitos), pero sí de decir cuándo no se cubren esas exigencias.

      En este caso, no se cubren.

      CUARTO.- Los hechos probados reflejan lo siguiente:

      a) Un primer episodio en la tarde del día 22 de mayo de llamadas telefónicas no contestadas que se suceden hasta la 30 de la madrugada, con envío de mensajes de voz y fotos del antebrazo del acusado sangrando con advertencia de su propósito autolítico si no era atendido, en actitud inequívocamente acosadora y de agobiante presión.

      b) Intento de entrar en el domicilio de Angelica también de forma intimidatoria y llamando insistentemente a los distintos telefonillos de la finca en las horas inmediatamente siguientes (23 de mayo). Es otro acto de Solo cesó cuando apareció la policía.

      c) Una semana más tarde el acusado volvió al domicilio de la recurrente profiriendo Reclamaba la devolución de objetos de su propiedad (30 de mayo).

      d) Por fin, al día siguiente -31 de mayo- se acercó a Angelica en el centro de educación al que ambos acudían y donde coincidían, exigiéndole la devolución de una

      Son cuatro episodios que aparecen cronológicamente emparejados (dos y dos). Cada uno presenta una morfología diferenciada. No responden a un mismo patrón o modelo sistemático. Sugieren más bien impulsos no controlados con reacciones que en algunos casos por sí mismas y aisladamente consideradas no alcanzan relieve penal; y en otros tienen adecuado encaje en otros tipos como el aplicado en la sentencia.

      No se desprende del hecho probado una vocación de persistencia o una intencionalidad, latente o explícita, de sistematizar o enraizar una conducta intrusiva sistemática (persecución, reiteración de llamadas…) capaz de perturbar los hábitos, costumbres, rutinas o forma de vida de la víctima. Son hechos que, vistos conjuntamente, suponen algo más que la suma de cuatro incidencias, pero que no alcanzan el relieve suficiente, especialmente por no haberse dilatado en el tiempo, para considerarlos idóneos o con capacidad para, alterar gravemente la vida ordinaria de la víctima.

      La reiteración de que habla el precepto es compatible con la combinación de distintas formas de acoso. La reiteración puede resultar de sumar acercamientos físicos con tentativas de contacto telefónico, por ejemplo, pero siempre que se trate de las acciones descritas en los cuatros apartados del precepto. Algunas podrían por sí solas invadir la esfera penal. La mayoría, no. El delito de hostigamiento surge de la sistemática reiteración de unas u otras conductas, que a estos efectos serán valorables aunque ya hayan sido enjuiciadas individualmente o pudiera haber prescrito (si son actos por sí solos constitutivos de infracción penal).

      El desvalor que encierran los concretos actos descritos (llamadas inconsentidas, presencia inesperada…) examinados fuera de su contexto es de baja entidad, insuficiente para activar la reacción penal. Pero la persistencia insistente de esas intrusiones nutre el desvalor del resultado hasta rebasar el ámbito de lo simplemente molesto y reclamar la respuesta penal que el legislador ha previsto.

      Se exige implícitamente una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que quede patente, que sea apreciable, esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas, que no se perciban como algo puramente episódico o coyuntural, pues en ese caso no serían idóneas para alterar las costumbres cotidianas de la víctima.

      Globalmente considerada no se aprecia en esa secuencia de conductas, enmarcada en una semana, la idoneidad para obligar a la víctima a modificar su forma de vida acorralada por un acoso sistemático sin visos de cesar. El reproche penal se agota en la aplicación del tipo de coacciones: la proximidad temporal entre los dos grupos de episodios; la calma durante el periodo intermedio; así como la diversidad tipológica y de circunstancias de las conductas acosadoras impiden estimar producido el resultado, un tanto vaporoso pero exigible, que reclama el tipo penal: alteración grave de la vida cotidiana (que podría cristalizar, por ejemplo, en la necesidad de cambiar de teléfono, o modificar rutas, rutinas o lugares de ocio…). No hay datos en el supuesto presente para entender presente la voluntad de imponer un patrón de conducta sistemático de acoso

      con vocación de cierta perpetuación temporal. El tipo no exige planificación pero sí una metódica secuencia de acciones que obligan a la víctima, como única vía de escapatoria, a variar, sus hábitos cotidianos. Para valorar esa idoneidad de la acción secuenciada para alterar los hábitos cotidianos de la víctima hay que atender al estándar del “hombre medio”, aunque matizado por las circunstancias concretas de la víctima (vulnerabilidad, fragilidad psíquica, …) que no pueden ser totalmente orilladas.

      En los intentos de conceptualizar el fenómeno del stalking desde perspectivas extrajurídicas -sociológica, psicológica o psiquiátrica- se manejan habitualmente, con unos u otros matices, una serie de notas: persecución repetitiva e intrusiva; obsesión, al menos aparente; aptitud para generar temor o desasosiego o condicionar la vida de la víctima; oposición de ésta… Pues bien, es muy frecuente en esos ámbitos exigir también un cierto lapso temporal. Algunos reputados especialistas han fijado como guía orientativa, un periodo no inferior a un mes (además de, al menos, diez intrusiones). Otros llegan a hablar de seis meses.

      Esos acercamientos metajurídicos no condicionan la interpretación de la concreta formulación típica que elija el legislador. Se trata de estudios desarrollados en otros ámbitos de conocimiento dirigidos a favorecer el análisis científico y sociológico del fenómeno y su comprensión clínica. Pero tampoco son orientaciones totalmente descartables: ayudan en la tarea de esclarecer la conducta que el legislador quiere reprimir penalmente y desentrañar lo que exige el tipo penal, de forma explícita o implícita.

      No es sensato ni pertinente ni establecer un mínimo número de actos intrusivos como se ensaya en algunas definiciones, ni fijar un mínimo lapso temporal. Pero sí podemos destacar que el dato de una vocación de cierta perdurabilidad es exigencia del delito descrito en el art. 172 ter CP , pues solo desde ahí se puede dar el salto a esa incidencia en la vida cotidiana. No se aprecia en el supuesto analizado esa relevancia temporal -no hay visos nítidos de continuidad-, ni se describe en el hecho probado una concreta repercusión en los hábitos de vida de la recurrente como exige el tipo penal.

      Procede la desestimación del recurso.

      QUINTO.- La desestimación del recurso lleva a condenar al pago de las costas al impugnante ( art. 901

      LECrim ).

      F A L L O

      Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

      1.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por Dª. Angelica contra sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016 dictada por la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la sentencia de 20 de junio de 2016 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 33 de Madrid (autos de juicio rápido nº 311/2016) en causa seguida contra Jose Miguel por delito de acoso y malos tratos en el ámbito familiar.

      2.- Imponer a Dª. Angelica las costas de su recurso

      Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.

      Manuel Marchena Gómez Andrés Martínez Arrieta Julián Sánchez Melgar José Ramón Soriano Soriano Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Francisco Monterde Ferrer Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Luciano Varela Castro Alberto Jorge Barreiro Antonio del Moral García Andrés Palomo Del Arco Ana María Ferrer García Pablo Llarena Conde Carlos Granados Pérez Perfecto Andrés Ibáñez Juan Saavedra Ruiz Joaquín Giménez García

      Si necesitan ayuda con este asunto, desde nuestro despacho de abogados en Pamplona estaremos encantados en atenderle.

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    • so público o comunal.
      El carácter público de tal inmueble, resulta de diversos textos
      normativos, que oportunamente cita (art. 5.1 de la Ley 33/2003 de 3 de
      noviembre sobre patrimonio de las Administraciones públicas; art. 3.1 del
      Decreto-legislativo 1/2002 de 24 de diciembre sobre Ley de Patrimonio de
      la Generalitat de Catalunya, y la L.O 6/2006 de 19 julio de reforma del
      Estatuto de autonomía de Catalunya).
      Por su parte la sentencia a pesar de reconocer que “no es
      discutible la consideración del lugar de los hechos, Centro Cultural
      Blanquerna… como espacio público” y que “se produjo un ataque
      colectivo… en un edificio propiedad de la Generalitat”, no se pronuncia
      sobre la pretensión formulada y aplica el tipo básico del 263.1 del C. P, sin
      argumentar nada sobre la cualificación penal.
      2. El fiscal que apoya el motivo, refuerza los argumentos del
      recurso de la acusación, a pesar de que en su momento y ante la Audiencia
      Provincial no interesó la aplicación de dicha cualificación.
      A la normativa que atribuye la condición de bien público añade
      el Decreto de la Generalitat de Catalunya de 158/2002 de 11 junio, de
      reestructuración de la Delegación del gobierno de la Generalitat en Madrid,
      al que se remite el Decreto 93/2008 del 9 abril, en el que se establece la
      adscripción de la delegación al Departamento de la Presidencia (artículo 2)
      y dentro de sus dependencias incorpora “el Centro Cultural Blanquerna
      (art. 5º).
      Por su parte la sentencia recoge el carácter público del inmueble
      y la rotura de la cerradura y daños ocasionados en la puerta de acceso
      ocasionados por el grupo de personas que accedió de modo violento al
      local. Todo ello abocaría a la aplicación del subtipo agravado interesado
      por la acusación.
      3. La pretensión encauzada por el artículo 849.2 L.E. Cr. (error
      facti) no tendría cabida al no acudir los recurrentes al mecanismo legal
      imperativamente establecido en el artículo 161 L.E.C. y 272 L.O.P.J, cuyo
      objetivo es evitar dilaciones indebidas, si por la omisión de un
      pronunciamiento retornan los autos a la instancia
      Sin embargo, desde el cauce de la correcta infracción de ley
      penal sustantiva si podría analizarse la cuestión planteada, y ante unos
      hechos probados y su desarrollo en los fundamentos jurídicos, que
      acreditan sin ningún género de dudas, que los daños, superiores en valor a
      los 400 €, se produjeron en un local de naturaleza pública, determina
      inexorablemente la aplicación de la agravación del artículo 363.2º-4º del
      C.P.
      El fundamento de la agravación se halla en el menoscabo de la
      utilidad pública prestada por los locales o en los perjuicios que ocasiona en
      el funcionamiento del servicio público a que los bienes se encuentran
      afectos. Sobre este punto nuestro Código acoge la idea de que el bien
      dañado esté afecto a un servicio público, destacando que la afectación o
      vinculación a dicho servicio es sin exigencia añadida de que tal destino o
      aplicación lo sea en función a su especial naturaleza o por haber sido
      objeto de algún tipo de acondicionamiento, como apostilla el Ministerio
      Fiscal.
      El motivo debe estimarse.
      SEXTO.- El motivo 4º, con igual anclaje procesal que los
      anteriores (artículo 849. 1º L.E.Cr.), lo dedica a protestar por la no
      aplicación del artículo 514. 4 del Código penal, que castiga a los que con
      violencia impidiesen el ejercicio del derecho de reunión.
      1.- En sus razonamientos los recurrentes destacan que en hechos
      probados se hace constar uno de los propósitos que guiaban a los acusados,
      y así se dice… “con la finalidad de protestar frente al acto e impedir su
      celebración…”
      La aplicación del precepto estaría amparada según los
      recurrentes por el artículo 1. 2 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 julio
      reguladora del derecho de reunión, entendiendo por tal “la concurrencia
      concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada”.
      El artículo 2 establece que se podrá ejercer el derecho de reunión sin
      sujeción a las prescripciones de la presente ley orgánica, cuando se trate de
      las reuniones siguientes…”, entre las que tendría cabida la que nos ocupa.
      A continuación los recurrentes discrepan de las razones que
      adujo el Tribunal de instancia para negar la subsunción de los hechos en el
      artículo 514. 4 del Código penal, y que no eran otras que los hechos eran
      coincidentes con los propios de los desórdenes públicos, o quedaban
      consumidos en el artículo 557 del Código Penal. Castigar ambos supondría
      una infracción del principio “non bis in idem..”
      En contra de la tesis de la Audiencia los recurrentes consideran
      que no estamos ante un concurso de normas sino ante un concurso de
      delitos.
      Para la operatividad del principio “non bis in idem” es preciso
      que se produzca no sólo la identidad de hechos y sujeto sino identidad de
      fundamento para castigar; es decir que la norma proteja idénticos intereses
      o bienes jurídicos y éste no es el caso, ya que el bien jurídico protegido en
      el artículo 557. 1º es la paz pública o el orden público, en su manifestación
      de pacífica convivencia social con posibilidad de ejercer en plenitud los
      derechos fundamentales de los que gozan, mientras que el bien jurídico
      protegido por el artículo 514. 4 es el ejercicio legítimo del derecho
      fundamental de reunión.
      Los recurrentes concluyen que el delito de desórdenes públicos
      del artículo 557. 1 no exige que los hechos que tipifica (alteración de la paz
      y el orden público con violencia) impidan la celebración de una reunión; y
      el delito del artículo 514. 4º tampoco exige que la conducta de impedir una
      reunión se efectúe mediante los hechos tipificados en el artículo 557. 1 (no
      exige este precepto, por ejemplo, que se actúe en grupo, ni que se
      produzca una alteración de la paz y el orden público). Incluso nos dicen
      que de reputar un concurso de normas y no de delitos determinaría la
      imposición de la pena del artículo 514. 4 que es más grave que la del 557. 1
      2.- El Ministerio Fiscal, por su parte presta un apoyo parcial al
      motivo, y es parcial porque, aún entendiendo que a través de unos mismos
      hechos se lesionan bienes distintos en los tipos del 557. 1 y 514. 4, debe
      entenderse que los injustos típicos resultantes se hallan en concurso ideal,
      pero no real como propugna el recurrente.
      Los hitos argumentales del Fiscal son los siguientes:
      a) La condena por delitos después de dictar sentencia absolutoria
      es posible, ya que no nos hallamos ante la ausencia en unos casos o expresa
      negación en otros en los hechos probados de los elementos objetivos que
      configuran el tipo.
      b) Al estar incorporados al factum los elementos nucleares del
      delito (objetivos y subjetivos) la cuestión se limita a un problema
      estrictamente jurídico que no impediría mutar una sentencia absolutoria en
      otra de signo condenatorio o que contenga una agravación de la pena
      impuesta. En estos casos no resulta necesario oír personalmente al acusado,
      para cubrir la inmediación, pues dicha audiencia ninguna garantía añadiría
      a la defensa, que ha podido replicar y defenderse en la instancia de tal
      imputación.
      c) Consecuentemente por la vía del artículo 849. 1 L.E.Cr. se
      corrigen los errores de subsunción a partir de los elementos fácticos
      reflejados en el relato probatorio, sin verificar ninguna nueva valoración de
      la prueba practicada en la instancia (véanse SSTS 788/2015 de 9 diciembre
      y 214/16 de 15 marzo).
      d) En los hechos probados se dice que al acto asistieron 200
      personas y los acusados “con la finalidad de protestar frente al acto e
      impedir su celebración conjunta y el mismo…”
      e) En el segundo fundamento se manifiesta que la acción
      enjuiciada produjo “como efecto directo la imposibilidad de la
      celebración del acto”.
      3.- Los argumentos tanto de los recurrentes como del Fiscal son
      plenamente acogibles por las propias razones que lo sostienen, sin que las
      razones que justifican la absolución por este delito puedan prevalecer.
      Dicha conducta, a diferencia de lo que manifiesta la Audiencia, no estaría
      absorbida por el delito de desórdenes públicos, ni se infringiría el principio
      non bis in idem.
      Sin perjuicio de aplicar un solo tipo delictivo en su mitad
      superior (la que asigne pena más grave), el concurso ideal es evidente, en
      tanto en cuanto se puede impedir una reunión, sin cometer desórdenes
      públicos, o producirse una situación de desórdenes públicos sin que
      existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental.
      El motivo debe estimarse en los términos interesados por el
      Fiscal.
      SÉPTIMO.- En el motivo 5º se formulan dos conjuntamente
      dirigidos al mismo objetivo, cual es, la aplicación del artículo 543 del C.P.
      que castiga los ultrajes a la bandera o símbolos de España y de las
      comunidades autónomas:
      El primero, a través del artículo 849. 2 L.E.Cr. (error facti, con el
      propósito de incluir en el relato probatorio una afirmación complementaria.
      El segundo, por corriente infracción de ley (artículo 849. 1
      L.E.Cr. ), por inaplicación del artículo 543 del Código Penal.
      1.- En el primer motivo se invoca como documento la grabación
      de los hechos realizada por las cámaras de TV3, y en base a la misma
      sustituir la expresión “… ya en el estrado Jesús Fernando Fernández arrojó
      al suelo de un manotazo la senyera”, por otra en que se diga: “… el señor
      Jesús Fernando Fernández Gil se dirigió directamente a la bandera, la cogió
      y la arrojó al suelo con violencia y desprecio”.
      2.- La aplicación del artículo 553 del Código Penal se halla en
      directa relación con la alteración factual de la sentencia.
      Los recurrentes entienden que no se precisa un ánimo específico
      distinto al dolo típico, de forma que bastaría con el simple conocimiento
      del carácter atentatorio al honor ajeno de la acción típica realizada.
      No se precisa acto alguno añadido si puede advertirse el
      desprecio que conlleva la acción ejecutada, por lo que no haría falta que la
      pisoteara o efectuara otro acto despreciativo para considerar incluida una
      voluntad de ofender o ultrajar el símbolo. Cualquier hecho que pudiera
      considerarse ofensivo o ultrajante bastaría para cubrir el elemento subjetivo
      del tipo.
      3.- El motivo por error facti debe rechazarse, pues partiendo de
      la grabación de TV3, no se descubre un propósito ofensivo o de
      menosprecio, por la simple visualización de los actos objetivos ejecutados.
      Ciertamente que existen actos inequívocos a efectos de revelar un
      propósito, pero el delito con características similares a los de la injuria
      exige un dolo característico, consistente en un propósito de menospreciar y
      ultrajar la bandera. Existen actos como pisotearla, escupirla, quemarla,
      rasgarla, romper el mastil, etc., que por sí mismos pueden evidenciar ese
      dolo del sujeto activo pero ese no es el caso.
      Por todo ello y ante la inutilidad del documento (grabación) para
      acreditar el dolo que exige el delito del artículo 543, procede desestimar el
      primer submotivo.
      4.- No prosperando el primer submotivo, carece de sentido el
      segundo respecto al cual hacemos nuestros los argumentos contenidos en el
      fundamento jurídico 3º de la sentencia recurrida (páginas 33,34 y 35) y
      ante el propósito demostrado del acusado y sus consortes en la acción de
      “reventar” el acto (impedir la celebración de la reunión convocada), no
      cabe atribuir intenciones supuestas al acusado.
      Éste, como sus compinches, pretendía con la eliminación o
      desubicación de los elementos infraestructurales de la celebración que no
      se llevará a cabo, actuando contra tales elementos (micrófono, bandera,
      cámara de televisión, atril, etc) para desbaratar el organigrama del acto y
      anularlo e impedir su celebración, propósito que sí recoge la sentencia.
      El motivo no puede prosperar.
      OCTAVO.- Con sede procesal en el artículo 849. 1 L.E.Cr., en
      el motivo 6º, entienden los recurrentes inaplicado el artículo 147 en su
      nueva redacción, todo ello de conformidad a la Disposición Transitoria
      Primera de la L.O. 1995 de 23 de noviembre, que promulgó el nuevo
      Código Penal.
      1.- Conforme a tal disposición transitoria y la transitoria 1ª
      apartado 2º de la L.O. 1/2015, la ley antigua y la nueva a efectos de
      comparaciones en la búsqueda de la disposición penal más favorable, debe
      tomarse en consideración aplicando las normas completas del código en su
      redacción anterior o con las de código actual, después de la reforma, ya
      que de seleccionar parte de la normativa del Código precedente y del
      reformado resultaría una “Lex tertia” que supondría atribuir al juzgador
      facultades legislativas.
      Pues sobre esa base argumental los recurrentes sostienen que la
      sentencia incurre en infracción de ley, al no haber aplicado las condenas
      por lesiones leves a Pedro Chaparro, por maltrato a Jesús Fernando
      Fernández y a Javier Marcos, conforme al artículo 147 del Código Penal en
      su vigente redacción, pues siendo más favorable la aplicación total del
      Código Penal vigente, según expuso en el motivo 1º y 2º, debe aplicarse el
      citado código en su conjunto.
      2.- El motivo no puede prosperar. Como bien apunta el fiscal los
      recurrentes pretenden la aplicación retroactiva de la norma en perjuicio del
      reo, (haciendo caso omiso al artículo 2 del Código Penal), puesto que como
      muy bien dice la sentencia impugnada, tras la reforma del Código Penal,
      dichas conductas, se castigan como delitos leves, y la pena que pudiera
      imponerse en tal concepto, es superior a la señalada por el Código Penal
      vigente en el momento de los hechos para las faltas por las que se ha
      dictado la sentencia condenatoria, pues el artículo 147. 2 cuya aplicación
      retroactiva pretende el recurrente, establece la pena de multa de uno a tres
      meses, mientras que el artículo 617, vigente en el momento de los hechos,
      no permitía la imposición de la pena de multa superior a la de dos meses.
      El motivo, por ello, no puede ser acogido.
      NOVENO.- Con sede procesal en el artículo 849. 1 L.E.Cr. en el
      motivo séptimo se considera injustificadamente inaplicada la agravante de
      disfraz (artículo 22. 2 del C.P.) en Jesús Fernando Fernández Gil.
      1.- Según el factum, -nos dicen los recurrentes- el acusado
      referido, al acceder al Centro Cultural Blanquerna el día de los hechos,
      cubría su rostro con un pañuelo y unas gafas de sol y un pañuelo negro, y
      añade “que le cubría la mitad del rostro, pese a lo cual sus facciones eran
      visibles e identificables”.
      Los recurrentes analizan el hecho desde las dos perspectivas que
      configuran la agravación:
      a) Para éstos concurre el elemento objetivo, consistente en la
      utilización de un medio apto para cubrir o desfigurar el rostro y la
      apariencia habitual de una persona. Es suficiente por tanto que se utilice un
      dispositivo útil, para que en abstracto se impida la identificación del sujeto
      aunque por otros medios, como la voz, no se logre ese objetivo.
      b) El hecho de que con posterioridad haya comparecido ante la
      policía, no le resta efectividad a la ocultación del rostro.
      2.- A los recurrentes no les asiste la razón.
      La Sala de Instancia en su aspecto objetivo relató que el pañuelo
      sólo le cubría una parte del rostro, por lo que era visible otra parte de él, así
      como el cabello y demás rasgos faciales no cubiertos. También los rasgos
      fisionómicos o estructurales del cuerpo eran inconfundibles y fácilmente
      identificables, hasta el punto que los agentes policiales con la sola visión
      del vídeo fue uno de los asaltantes que identificaron de inmediato. Así
      pues, ni el disfraz tenía aptitud para ocultar la identidad y de facto no la
      ocultó porque se identificó de inmediato.
      Desde el punto de vista de su propósito o intenciones el tribunal
      de origen no puede conocerlos al resultar imposible penetrar en su mente,
      pero fue convincente la presentación inmediata al día siguiente a la policía,
      lo que excluiría el propósito de pasar desapercibido.
      Desde el punto de vista formal no es posible apreciar una
      atenuante cuyas exigencias objetivas y subjetivas no se hacen constar en el
      factum. Sería preciso alterarlo.
      La Audiencia en su exclusiva y excluyente función valorativa de
      las pruebas, como tribunal de inmediación, ha llegado a la plena
      convicción, que esta Sala considera razonable y fundada, de que el disfraz
      no era hábil para impedir la identificación y tampoco el sujeto agente tenía
      ese propósito, y esta Sala no puede sustituir tal apreciación.
      Es motivo no puede prosperar.
      DÉCIMO.- En base al artículo 849. 1º, en el motivo 8º, los
      recurrentes estiman que procedía la aplicación de la agravante de actuar
      por discriminación ideológica (artículo 22. 4 del C.P.) que fue
      indebidamente inaplicada: sobre la presente agravatoria, ya argumentamos
      suficientemente al estimar el motivo 1º del Fiscal. Remitiéndonos a los
      argumentos allí expuestos el motivo deberá estimarse, ya que existió
      acusación sobre este punto (fiscal y acusación particular) y el tribunal de
      origen incorporó los elementos configuradores de la agravatoría, así
      objetivos como subjetivos en el relato histórico, desarrollados en la
      fundamentación jurídica, en la que se descubre que el motivo impulsor del
      delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideología catalanista
      de los convocantes del acto, hasta el punto de llegar a impedirlo.
      Consiguientemente y sin necesidad de insistir en las razones
      expuestas para acoger dicha pretensión, el motivo octavo debe ser
      estimado.
      DÉCIMO PRIMERO.- Amparados en el artículo 849. 1º
      L.E.Cr. los recurrentes estiman indebidamente aplicada la atenuante de
      reparación del daño (artículo 21. 5º) respecto al delito de desórdenes
      públicos.
      También respecto a dicho motivo recurrió el Ministerio Fiscal
      (motivo 2º) y al resolverlo se dio una respuesta positiva al mismo, que debe
      trasladarse a la misma pretensión interesada por las acusaciones
      particulares.
      La cantidad consignada tenía por objeto, reparar los daños
      causados en la cerradura de la puerta.
      Por todo ello el motivo noveno por coherencia, debe igualmente
      estimarse.
      DÉCIMO SEGUNDO.- En el motivo décimo, condicionado a
      la desestimación del primero y el amparo del artículo 849. 1 L.E.Cr.
      considera inaplicados los artículos 169,171.7, 172.1 o 172. 3 del C. P,
      respecto al acusado Juan Luis López García.
      1.- El argumento fundamental que sostiene el motivo es que las
      coacciones y amenazas contra el señor Bosch, Delegado de Gobierno, son
      homogéneas con el delito de atentado y la absolución de éste no debiera
      impedir la condena por sendas faltas de coacción o amenaza, en caso de no
      reputarse delictivas (artículo 169 y 172 del C.P.).
      Los recurrentes, reflejan lo explicitado en el factum y los
      argumentos sentenciales de los que discrepan.
      Así, la sentencia impugnada considera probados: “Juan Luís
      López García arrojó al suelo el atril ante el que, impasible, se mantenía el
      Delegado de la Generalitat ante el gobierno, Josep María Bosch Bessa,
      cuya identidad y cargo desconocía, y encarándose a él le dirigió insultos
      relativos a su condición de catalán y amenazas de muerte obligándole a
      retroceder, intimidado por la proximidad corporal y sus palabras, hacia la
      pared situada a su espalda”.
      La Sentencia considera que tales hechos, “si bien no tienen su
      encaje legal en el delito de atentado, por lo expuesto previamente, sí
      integrarían la falta analizada (falta de coacciones). Pero ninguna de las
      acusaciones imputa a dicho acusado el delito de coacciones… Por tanto,
      por vinculación al principio acusatorio, no ejercido por la acusación
      pública ni por las particulares en relación con este acusado, no cabe
      pronunciamiento de condena, pues el delito de atentado y las coacciones
      son ilícitos heterogéneos. Procede, por ello, la absolución de Juan Luís
      López García por la falta de coacciones”(Fundamento de Derecho Cuarto,
      letra C).
      A su vez la propia sentencia estima que los hechos probados
      podrían ser constitutivos de falta, y en tal sentido nos dice: “las
      circunstancias, el entorno y la motivación política en las que se produce la
      acción; la falta de concreción de las expresiones proferidas; la brevedad
      del encuentro entre sujeto activo y pasivo; la ausencia de relaciones
      previas y personales entre las partes y de actos anteriores y posteriores al
      que nos ocupa determinan su calificación como falta y no como delito”
      (Fundamento de Derecho Segundo, letra C).
      Al desarrollar el motivo hace hincapié sobre la homogeneidad
      entre los delitos de atentado y amenazas y coacciones, destacando que lo
      que se debe impedir es la lesión efectiva del derecho de defensa, es decir,
      que en la condena no exista elemento nuevo alguno del que el condenado
      no haya podido defenderse. Desde luego la homogeneidad no deriva de la
      colocación sistemática de los tipos únicamente, sino que atiende a la
      necesidad fundamental de evitar una material indefensión: además de la
      identidad de bien jurídico lesionado, debe atenderse a la tipología o
      elementos componentes de la acción primaria (configuración de la acción).
      2.- El Ministerio Fiscal, en la línea de su brillante informe,
      ofrece la condigna respuesta a este reparo casacional.
      Hemos de partir como hace la sentencia que por los tipos penales
      de coacciones y amenazas no fue específicamente acusado en los escritos
      de calificación Juan Luis López.
      Puede resultar acogible las tesis, no descartable, de que a nivel
      teórico o general pueda existir homogeneidad entre atentado y coacciones,
      pero -dice el fiscal- en nuestro caso nos encontramos ante un supuesto de
      unidad natural de acción, en tanto las coacciones no constituyen un
      elemento independiente de los desórdenes públicos y el impedimento del
      ejercicio del derecho de reunión (delito del artículo 514. 4 del Código
      Penal) y en tal caso las conductas que los recurrentes pretenden sean
      castigadas de forma autónoma se consumen en esas dos figuras delictivas
      mencionadas.
      En este sentido resulta esencial la doctrina contenida en la
      sentencia del Tribunal Supremo 1630/1993 de 2 de julio, invocada por el
      Fiscal, según la cual los actos que se den en una estrecha relación temporal
      y espacial y se lleven a cabo sobre la base de una voluntad que los abarca
      en conjunto, constituyen una única acción, dado que aparecen como un
      objeto único de valoración jurídica.
      Consiguientemente, es indudable que el delito de desórdenes
      públicos, en la medida en que constituye una obstrucción del libre ejercicio
      de las acciones de otros, absorbe el desvalor de las coacciones…
      Por último podemos comprobar, que bien por las condenas
      personales de los excesos del plan proyectado, integrantes de faltas, (ahora
      delitos leves), -tales como lesiones por las que se condena a Pedro
      Chaparro, maltrato de obra a Javier Marcos y Jesús Fernández Gil-,
      contribuyeron, junto a la actitud violenta y coactiva, esto es, presionante,
      frente a los asistentes, y organizadores del acto a provocar los altercados
      determinantes del delito de desórdenes públicos y contribuyentes, por su
      carga coactiva, a impedir el ejercicio del derecho de reunión de los
      afectados, las conductas, cuya condena se propugna, están consumidas en
      esos dos delitos.
      El motivo se desestima.
      DÉCIMO TERCERO.- En el motivo décimo primero y último
      de los recurrentes con sede procesal en el artículo 849. 2 y 849. 1 de la
      L.E.Cr., entienden indebidamente inaplicados los artículos 28 y 147 del
      Código Penal en su redacción vigente.
      1.- La razón del motivo estriba en no haber extendido la punición
      por la falta de lesiones (ocasionadas al señor Bosch) a todo el grupo, al no
      haberse identificado al autor del esparcimiento en el local de un espray
      irritante, al final del incidente.
      Se articula en dos submotivos:
      a) Submotivo 1º: 849. 2 . L.E.Cr. en base al cual pretende que se
      incorpore a los hechos probados lo referido en el fundamento de derecho 6º
      de la recurrida, en los siguientes términos:
      “Como consecuencia del gas irritante, sufrió hiperemia faríngea
      y picor ocular, requiriendo de primera asistencia facultativa y 3 días de
      curación, ninguno de ellos impeditivo para su ocupaciones habituales. Así
      consta acreditado en los informes de asistencia unidos a los folios 33, 34,
      447 y 448 y en el de sanidad médico-forense unido al folio 446 de las
      actuaciones”.
      b) Submotivo 2: artículo 849. 1º L.E.Cr. en que se propugna,
      con carácter extensible a todos los partícipes la aplicación del artículo 147
      del C.P.
      Sostienen los recurrentes que no se trataba de un exceso de uno
      de los partícipes, sino que por el contrario fue algo que implícitamente
      formaba parte del proyecto delictivo o plan trazado por el grupo.
      Invoca jurisprudencia de esta Sala, según la cual “la coautoría, o
      realización conjunta del delito no supone que todos y cada uno de los
      elementos del tipo sean ejecutados por los coautores… son coautores los
      que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque
      sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico,
      siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del
      hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho
      de todos que a todos pertenezca. (dolo compartido)”
      Los recurrentes concluyen que “si la finalidad compartida por
      todos los integrantes del grupo -coautores- era interrumpir e impedir el
      acto (dolo compartido); si cada uno de los atacantes contribuyó, con su
      respectivas y distintas contribuciones, a la consecución de dicha finalidad
      (coautoría ejecutiva parcial); y si la conducta consistente en arrojar el
      espray obedecía precisamente a dicha finalidad compartida, habrá que
      concluir que dicha acción resulta imputable a todos los integrantes del
      grupo”.
      2.- Respecto al motivo por error facti, en principio son
      razonables y aceptables los documentos que invocan los recurrentes, en
      cuanto sin prueba en contra acreditan la producción de unas lesiones leves,
      consecuencia de respirar un espray irritante esparcido por iniciativa
      exclusiva de uno de los participes cuando ya se habían retirado todos, por
      entender concluidos y realizados sus propósitos.
      Sin embargo no procede modificar el factum, porque aunque se
      reconozca la existencia de esos hechos delictivos, no pudo determinarse el
      autor. Por tanto con tal incorporación sigue sin estar determinado el autor.
      Si ante tal circunstancia se pretende responsabilizar a la totalidad del
      grupo, dicha postura tropieza con el factum y fundamentación de la
      sentencia que entiende que fue un exceso fuera de los propósitos
      compartidos del grupo. Pero además, si la pena prevista en el artículo 147
      por el delito leve es más grave que la establecida para la falta tampoco
      podría imponerse al grupo tal sanción dada la irretroactividad de la ley más
      perjudicial para el reo (artículo 2. 2 del C.P). Por tanto desde la perspectiva
      del juicio de subsunción lo explicado hasta el momento nos conduciría a la
      absolución.
      3.- La sentencia rechaza la tesis de la acusación con argumentos
      razonables y adecuados. Afirma en este sentido que la coautoría “no puede
      sostenerse cuando uno de los coautores “se excede” por su cuenta del plan
      acordado, sin que los demás lo consientan; pues, en tal caso, el exceso no
      puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay
      imputación recíproca. Es lo que ocurre en el caso en el cual en absoluto
      ha resultado acreditado que el acuerdo alcanzara a los actos de violencia
      contra las personas. Constituyeron éstos excesos por parte de sus autores y
      solo a ellos son imputables. Demuestra la falta de aceptación de tales
      comportamientos el hecho de que fueron contenidas algunas
      manifestaciones violentas por otros miembros del grupo”.
      En conclusión, los recurrentes aducen que si la finalidad
      compartida por todos los integrantes del grupo -coautores- era interrumpir
      e impedir el acto (dolo compartido); si cada uno de los atacantes
      contribuyó, con su respectivas y distintas contribuciones, a la consecución
      de dicha finalidad (coautoría ejecutiva parcial); y si la conducta consistente
      en arrojar el espray obedecía precisamente a dicha finalidad compartida,
      habrá que concluir que dicha acción resulta imputable a todos los
      integrantes del grupo.
      Sin embargo, la Sala de instancia ha dispuesto de pruebas
      suficientes para concluir que el esparcimiento del espray fue una iniciativa
      constitutiva de un exceso fuera del plan trazado y producida cuando ya
      había concluido el grupo de acusados sus propósitos delictivos.
      Por todo ello podemos concluir, con el Fiscal que dados los
      hechos probados, resulta que no existe ningún dato que permita inferir, el
      conocimiento por el resto de los acusados, de que uno de ellos portaba el
      referido espray, ni que lo fuera a utilizar, pero es más, tampoco del factum
      resulta la existencia de una participación adhesiva, ni siquiera sucesiva,
      pues el referido hecho se produce, cuando los acusados, tras haber
      consumado las secuencias delictivas propuestas, abandonaron el local, y es
      en ese momento, cuando el no identificado, lanzó el producto irritante.
      El motivo debe rechazarse.
      DÉCIMO CUARTO.- Que de conformidad al artículo 901
      L.E.Cr., como quiera que han sido estimados total o parcialmente a los
      recurrentes los motivos 3º, 4º, 8º y 9º, procede declarar de oficio las costas,
      procediendo a la devolución del depósito si se hubiere constituido.
      III. FALLO
      Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le
      confiere la Constitución, esta Sala ha decidido QUE DEBEMOS
      DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE
      CASACIÓN con estimación total de los dos motivos articulados por el
      Fiscal y de los motivos de los recurrentes Generalitat de Catalunya y
      Josep María Bosch Bessa, numerados como 3º, 4º, 8º y 9º, procediendo a
      casar y anular la sentencia recurrida dictando otra más conforme a derecho,
      y todo ello con declaración de costas de oficio, devolviendo a tales
      recurrentes el depósito si se hubiere constituido. Y, comuníquese esta
      resolución, y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia a
      los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día
      remitió.
      Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección
      Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
      Julián A.Sánchez Melgar José Ramón Soriano Soriano
      Luciano Varela Castro Juan Saavedra Ruiz
      Joaquín Giménez García
      722/2016
      Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Soriano Soriano
      Fallo: 16/11/2016
      Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
      TRIBUNAL SUPREMO
      Sala de lo Penal
      SEGUNDA SENTENCIA Nº: 983/2016
      Excmos. Sres.:
      D. Julián Sánchez Melgar. Presidente
      D. José Ramón Soriano Soriano
      D. Luciano Varela Castro
      D. Juan Saavedra Ruiz
      D. Joaquín Giménez García
      En nombre del Rey
      La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por
      los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
      jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha
      dictado la siguiente
      SENTENCIA
      En la Villa de Madrid, a once de Enero de dos mil diecisiete.
      En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid,
      con el nº 42777 de 2013, y seguida ante la Audiencia Provincial de Madrid,
      Sección Treinta, por de delitos de desórdenes públicos, daños, y faltas de
      lesiones y de maltrato de obra, contra los acusados Dª Paula Mijares
      Casado, D. Pedro Chaparro Velacoracho, D. Sergio Reguillón
      Fumero, D. Juan Luis López García, D. Alberto Aceves Gallego, D.
      Santiago Cabezuela García, D. Javier Marcos Aroca, D. José Pedro
      Cruz Sanz, D. Jesús Fernando Fernández Gil, D. Manuel Andrino
      Lobo, D. Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo, D. Miguel Venegas Girón,
      D. Victor Diego Villalba, D. Pablo Pavón Cadierno y D. Tomás Bor, se
      dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 19 de febrero de
      2016, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por
      esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres.
      expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Ramón
      Soriano Soriano, hace constar lo siguiente:0
      I. ANTECEDENTES
      ÚNICO.- Se dan por reproducidos los hechos probados de la
      sentencia de instancia.
      II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- Los de la mencionada sentencia de instancia, salvo en
      aquello que contradigan los argumentos de este Tribunal, en los concretos
      extremos relacionados con los motivos que se estiman.
      SEGUNDO.- La estimación de los motivos referidos determina una
      nueva individualización de las penas. Así, los delitos de desórdenes
      públicos (artículo 557. 1º del Código Penal), en concurso ideal con el delito
      del artículo 514. 4º del Código Penal, por impedimento del ejercicio del
      derecho fundamental de reunión, hace que la pena a imponer sea la más
      grave de las señaladas en esos preceptos en su mitad superior (artículo 77
      del Código Penal), y entre la pena de 6 meses a 3 años de prisión que
      señala el primero, y la de 2 a 3 años que establece el segundo, se opta por
      esta última, por lo que partiremos como pena básica de 2 años y 6 meses de
      prisión. Sobre esta pena deberá actuar la agravante de obrar por motivos
      discriminatorios de carácter ideológico, que acortará el recorrido
      penólogico de la sanción punitiva a imponer entre los 2 años y 6 meses y 3
      años, situándola entre los 2 años y 9 meses y los 3 años.
      Dentro de ese marco se matizarán las penas en atención a la
      individualización hecha por la Audiencia, en que se intensifican
      lógicamente la cuantía de la sanción para alguno de los partícipes
      TERCERO.- De acuerdo con lo expuesto estarían sancionados
      dentro de esos límites por los delitos de desórdenes públicos y vulneración
      del derecho fundamental de reunión en concurso ideal todos los acusados.
      Las penas en concreto serían de:
      – 2 años y 10 meses para todos los acusados a los que se les impuso
      en la sentencia de origen seis meses de prisión
      – A Jesús Fernando Fernández Gil, la pena de 2 años y 11 meses.
      – A Juan Luis López García 3 años de prisión.
      Concurrirá en todos ellos la agravante de actuar por motivos de
      discriminación ideológica (artículo 22. 4 del Código Penal), en relación
      al artículo 66. 3 del Código Penal.
      CUARTO.- El delito de daños, conforme a la dicción del artículo
      557 del Código Penal, que en su actual redacción dice en él número 1,
      párrafo 2: “Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran
      corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se
      hubiera llevado a cabo”. por su parte el mismo precepto en la redacción
      vigente en el momento de cometer los hechos señalaba “… sin perjuicio de
      las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este
      Código”.
      Así pues, el propio artículo 557, establece un concurso real de
      infracciones para todos aquellos delitos que se cometan con ocasión de los
      desórdenes públicos producidos.
      El Tribunal de Instancia siguiendo tal normativa caracterizó de
      forma autónoma el delito de daños como violencia sobre las cosas,
      perfectamente diferenciada del delito de desórdenes públicos.
      La pena prevista para este delito, una vez estimado el motivo
      tercero de la acusación, es la prevista en el artículo 263. 2. 4º del Código
      Penal, que la fija para este subtipo en una prisión de 1 a 3 años y una multa
      de 12 a 24 meses. Sobre ella deben operar las agravantes de ejecución de
      los hechos por motivos ideológicos (artículo 22. 4 del Código Penal) y la
      atenuante de reparación del daño, artículo 21. 5 del Código Penal), y sólo
      en Jesús Fernando Fernández además la agravante de reincidencia (artículo
      22. 8 del Código Penal).
      QUINTO.- Conforme a lo expuesto , y a la vista de la escasa
      relevancia de los daños ocasionados, las penas se establecerían del modo
      siguiente:
      a) A Jesús Fernando Fernández, como autor responsable de un
      delito de daños en bienes de naturaleza pública, con la concurrencia de las
      agravantes de actuar por motivos ideológicos y de reincidencia y así como
      la atenuante de reparación del daño a la pena de 1 año y 3 meses de prisión
      y 18 meses de multa, con cuota diaria de 10 € y arresto sustitutorio de un
      día por cada dos cuotas impagadas (artículo 66. 7º del Código Penal).
      b) A Juan Luis López García concurriendo la agravante de obrar
      por motivos ideológicos y la atenuante de reparación de daño, pero por la
      relevancia de su actuación a la pena de 1 año y 2 meses de prisión y multa
      de 16 meses, con igual costa diaria y arresto sustitutorio.
      c) A todos los demás condenados en la instancia por esos delitos en
      quienes concurren las agravantes de obrar por motivos discriminatorios
      ideológicos y la atenuante de reparación del daño a la pena de 1 año y 1
      mes de prisión, y 14 meses de multa, con igual cuota diaria y arresto
      sustitutorio (artículo 66.7º del Código Penal).
      III. FALLO
      Que debemos condenar y condenamos a los acusados, como autores
      responsables de los delitos consumados, ya reseñados, con la concurrencia
      de las atenuantes y agravantes que igualmente se mencionan a las penas
      siguientes:
      A) Por el delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el de
      impedimento del derecho de reunión:
      – A la pena de 2 años y 10 meses de prisión, con la
      concurrencia de la agravante de obrar por motivos de discriminación
      ideológica a todos los acusados a quienes en la sentencia de origen se les
      impuso por este hecho 6 meses de prisión.
      – A la pena de 2 años y 11 meses a Jesús Fernando
      Fernández, con igual agravante.
      – A la pena de 3 años de prisión a Juan Luis López García
      con la misma agravante.
      B) Por el delito de daños ocasionados en bienes de propiedad
      pública las siguientes penas:
      – 1 año y 2 meses de prisión a Jesús Fernando Fernández en
      quien concurre las agravantes de obrar por motivos discriminatorios
      ideológicos, reincidencia y la atenuante de reparación del daño, y 18 meses
      de multa, con igual cuota diaria y arresto sustitutorio.
      – 1 año y 2 meses de prisión a Juan Luis López García, en
      quien concurre la agravante de obrar por motivos discriminatorios
      ideológicos y la atenuante de reparación del daño y una multa de 16 meses,
      con igual cuota diaria y arresto sustitutorio.
      – A todos los demás 1 año y 1 mes de prisión y multa de 15
      meses al concurrir la agravante de actuar por motivos ideológicos
      discriminatorios y la atenuante de reparación del daño.
      Se mantienen todos los demás pronunciamientos (especialmente las
      condenas por falta de los acusados) y todas las demás decisiones
      sentenciales no modificadas por la presente.
      Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección
      Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
      Julián A.Sánchez Melgar José Ramón Soriano Soriano
      Luciano Varela Castro Juan Saavedra Ruiz
      Joaquín Giménez García
      PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias
      por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano, mientras
      se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal
      Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.

    • de lo Contencioso-Administrativo
      Sección Quinta
      Sentencia núm. 2.324/2016
      Fecha de sentencia: 28/10/2016
      Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
      Número del procedimiento: 2592/2015
      Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria
      Fecha de Votación y Fallo: 25/10/2016
      Ponente: Excma. Sra. D.ª Inés Huerta Garicano
      Procedencia: T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.3
      Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús
      Pera Bajo
      Transcrito por:
      Nota:
      Resumen
      Responsabilidad patrimonial. Aprovechamiento patrimonializado por
      licencia.
      RECURSO CASACION núm.: 2592/2015
      Ponente: Excma. Sra. D.ª Inés Huerta Garicano
      Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús
      Pera Bajo
      TRIBUNAL SUPREMO
      Sala de lo Contencioso-Administrativo
      Sección Quinta
      Sentencia núm. 2324/2016
      Excmos. Sres. y Excma. Sra.
      D. José Manuel Sieira Míguez, presidente
      D. Rafael Fernández Valverde
      D. Octavio Juan Herrero Pina
      D. Juan Carlos Trillo Alonso
      D. Wenceslao Francisco Olea Godoy
      D. José Juan Suay Rincón
      Dª. Inés Huerta Garicano
      D. César Tolosa Tribiño
      D. Jesús Ernesto Peces Morate
      D. Mariano de Oro-Pulido y López
      En Madrid, a 28 de octubre de 2016.
      Esta Sala ha visto el recurso de casación número 2592/15,
      interpuesto por “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.”, representada
      por el procurador D. Rafael Gamarra Megías y con la asistencia letrada
      de D. José-Manuel Campos Moscoso, contra la sentencia dictada -10 de
      junio de 2015- por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
      del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el P.O.
      7392/11, deducido frente a la desestimación presunta de la reclamación
      de responsabilidad patrimonial articulada –escrito presentado el 4 de
      octubre de 2010- por los daños y perjuicios derivados de la resolución del
      Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia, por la que
      se adoptan una serie de medidas en relación con los hallazgos
      arqueológicos descubiertos en el lugar de Atalaia-San Ciprián (Cervo).
      Ha sido parte recurrida la Junta de Galicia, representada por el
      procurador D. Argimiro Vázquez Guillén.
      Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Inés Huerta Garicano.
      ANTECEDENTES DE HECHO
      PRIMERO.- La Sentencia impugnada en casación desestima el
      recurso.
      Parte de los siguientes hechos: 1) Desde el 29 de septiembre de
      2005 consta la aparición de restos arqueológicos en Punta Atalaia (San
      Cibrao), inscribiéndose el yacimiento en el Inventario de Yacimientos
      Arqueológicos con clave GA27013006, y comunicado al Ayuntamiento de
      Cervo; 2) La recurrente es propietaria de tres solares sitos en la Rua de
      Faro (San Cibrao) –integrados por diversas fincas registrales adquiridas
      en escrituras públicas otorgadas entre el 7 de marzo y el 29 de diciembre
      de 2006- para los que obtuvo licencias de obras -28 de noviembre de
      2006, 1 de diciembre de 2006 y 18 de abril de 2007- para la construcción
      de tres edificios, respectivamente, de 42, 32 y 26 viviendas (con garaje y
      trastero); 3) Iniciados los movimientos de tierras en el primero de ellos
      fue descubierto un yacimiento arqueológico lo que determinó (escrito de
      la Consejería de Cultura de la Junta en Lugo de 26 de noviembre de
      2007), de un lado, la inmediata paralización de las obras (posteriormente
      autorizadas), y, de otro, que se instara a la mercantil a la realización de
      un proyecto de excavación arqueológica; 4) Una vez finalizada la
      excavación, que evidenció la existencia de restos arqueológicos de
      interés, y, previos los pertinentes informes, se dictó la resolución de 28
      de junio de 2010 (con amparo en los arts. 61 y 63 de la Ley 8/95 y 2.c)
      del Decreto 199/87) que imponía las siguientes obligaciones: a) de
      conservación “in situ” de los restos arqueológicos descubiertos; b) los
      proyectos constructivos para los que se habían otorgado las licencias,
      deberían contemplar soluciones técnicas y medidas protectoras que
      garanticen la conservación “in situ” de tales hallazgos; y, c) la adopción
      de medidas de protección adecuada para evitar la degradación de los
      restos, medidas que se tomarán en coordinación con los servicios
      técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo; 4) El 4 de octubre de
      2010 se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial, por
      importe global de 4.404.276,92 €, con los intereses legales desde esa
      fecha, y que se desdoblada en los siguientes conceptos: a) valor de los
      solares y perjuicios derivados de la imposibilidad de ejecutar los
      proyectos de construcción por pérdida sobrevenida del aprovechamiento
      urbanístico, por importe global de 1.920.457,25 € (795.683,88 € por valor
      residual estático de 1512,85 m2
      de suelo, 764.766,45 por lucro cesante y
      360.007 € por gastos inherentes a la obra ya desembolsados) respecto
      del solar “FARO II” (en el que se proyectaba la edificación de 32
      viviendas), y, de 2.164.277,51 € (876.355,14 € por valor residual estático
      del suelo, 1.372,62 m2
      de lucro cesante, y, 164.429,72 € por gastos ya
      desembolsados) en relación con el solar de 28 viviendas (“FARO III”); b)
      perjuicios derivados de la paralización de las obras durante el período
      comprendido entre el 8 de julio de 2007 y el 31 de agosto de 2010, por
      importe, respectivamente, de 155.112,36 (FARO II), y, de 164.429,72 €
      (FARO III).
      La sentencia, tras declarar la conformidad a derecho de la
      precitada resolución de 28 de junio de 2010, dictada al amparo de la
      normativa de Patrimonio Histórico, y reconocer la disminución del
      aprovechamiento urbanístico de dichas parcelas en la medida que no
      cabrá otro que el que permita la conservación de los restos arqueológicos
      hallados, integrantes del patrimonio histórico gallego, afirma que el
      propietario del suelo tiene el deber jurídico de soportar esas limitaciones
      de su derecho de propiedad. Recuerda que la citada resolución no
      supone paralización de las obras, pues no se dicta al amparo del art. 59.4
      de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia, sino que se trata de un
      supuesto de intervención arqueológica de urgencia, autorizada por el art.
      63.1 del mismo texto legal, con su propio régimen jurídico, y añade <>.
      En ese contexto, además, dice la sentencia, <>
      SEGUNDO.- Por la representación procesal de la actora se
      preparó recurso de casación contra la precitada sentencia ante la Sala de
      Galicia, que lo tuvo por preparado en tiempo y forma, y, emplazando a las
      partes para que comparecieran ante esta Sala del Tribunal Supremo,
      elevó las actuaciones, que tuvieron entrada en el Registro del Tribunal el
      17 de noviembre de 2015.
      TERCERO.- Personada la recurrente, formalizó escrito de
      interposición, fundado en el art. 881.d) LJCA <>.
      Y articulado en un motivo único, por infracción de los arts. 139 y
      141 de la Ley 30/92 y la jurisprudencia que los interpreta, con cita y
      transcripción parcial de las sentencias de esta Sala Tercera, Sección
      Sexta (de 25 de junio de 2003, casación 6754/00, 2 de diciembre de
      2014, casación 801/12; 22 de junio de 2015, casación 341/13), y, Sección
      Cuarta (de 15 de diciembre de 2010, casación 1336/09).
      CUARTO.- Admitido a trámite el recurso, se emplazó a la parte
      recurrida, que presentó escrito de oposición.
      QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló, para
      deliberación, votación y fallo, la audiencia del día 25 de octubre de 2016,
      teniendo lugar.
      FUNDAMENTOS DE DERECHO
      PRIMERO.- La cuestión no estriba en analizar la legalidad de la
      resolución de 28 de junio de 2010 –nunca cuestionada-, causa de la
      reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la
      pérdida de aprovechamiento urbanístico de los solares “FARO II” y
      “FARO III”, para los que la recurrente disponía de licencia de obras –
      otorgadas por el Concejo de Cervo, respectivamente, el 2 de diciembre
      de 2006 y el 26 de abril de 2007- que la autorizaban a la construcción de
      sendos edificios de 32 y 26 viviendas (con garaje y trastero), sino en
      determinar si las limitaciones al aprovechamiento del suelo impuestas, en
      aplicación de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia (en beneficio
      de ese patrimonio histórico, y, por ende, de toda la colectividad), como
      consecuencia de los hallazgos arqueológicos, tiene la propietaria, como
      afirma la sentencia, el deber jurídico de soportarlo.
      Debemos recordar, al efecto, que el contenido del derecho de
      propiedad, como derecho de configuración legal (delimitado, ex art. 33
      CE, por su “función social”), viene determinado por la ley. Tratándose,
      como aquí acaece, de la propiedad del suelo, y, en concreto, del derecho
      a edificar éste se materializa con la licencia urbanística,
      patrimonializándose en ese momento, con las consecuencias
      indemnizatorias que ello comporta.
      Antes del otorgamiento de licencia existe una mera expectativa,
      un simple derecho a solicitarla, pero cualquier cambio normativo o de otra
      naturaleza que impida su otorgamiento, y, por consiguiente, la
      materialización del aprovechamiento que hasta ese momento pueda
      ostentar el suelo, no da derecho a ningún tipo de indemnización.
      La licencia, sin embargo, incorpora al patrimonio de su titular el
      derecho a edificarlo en los términos en ella autorizado, dentro del plazo
      de caducidad con el que, en su caso, se otorga.
      En este caso, la recurrente tenía las pertinentes licencias cuando
      se descubrieron los primeros vestigios arqueológicos con ocasión del
      movimiento de tierras en el solar contiguo, también de su propiedad, por
      ello la imposibilidad de ejecutar los proyectos, sin otra solución alternativa
      (así se dice en el informe emitido por los Arquitectos Sres. Fernández
      Catá y Meitín Míguez, obrante en el folio 270 del expediente
      administrativo, ratificado judicialmente, sin que la Junta de Galicia haya
      contraprobado ni cuestionado tan esencial extremo), comporta la
      privación de un derecho (el derecho a edificar los dos edificios
      autorizados por las licencias) que, aunque esté amparada en las normas
      de protección del patrimonio en beneficio del interés general, la ablación
      de ese derecho –precisamente porque redunda en beneficio de la
      colectividad- no puede ser soportado exclusivamente por su titular,
      constituyendo una lesión antijurídica, y como tal, indemnizable porque el
      propietario del suelo no tiene el deber jurídico de soportar el daño que a
      él en concreto le produce esa protección en interés y beneficio de la
      colectividad. En este sentido nos hemos pronunciado, a título de ejemplo
      cabe recordar, además de las sentencias citadas como soporte de este
      recurso de casación, la sentencia de 15 de diciembre de 2010 (casación
      1336/09).
      Procede, en consecuencia y en la medida que la Sala de
      instancia, sin negar la pérdida de aprovechamiento, rechazaba la
      pretensión actora por entender que el daño ocasionado no era
      antijurídico, estimar el motivo y, con él este recurso de casación, casando
      la sentencia impugnada.
      SEGUNDO.- Con arreglo a lo dispuesto en el art. 95.2.d) LJCA,
      habremos de analizar la extensión y conceptos indemnizatorios a los que
      tiene derecho la recurrente, sin que para ello sea obstáculo el hecho de
      que en 2005, con ocasión de la construcción de un observatorio de fauna
      marina en el Faro de San Cibrao, se encontraran yacimientos
      arqueológicos que fueron inventariados con clave GA27013006,
      comunicados, al parecer, al Ayuntamiento de Cervo, pues, en todo caso,
      tal circunstancia daría eventualmente derecho a repetir contra dicho
      Ayuntamiento, si de la comunicación efectuada se infería la imposibilidad
      o inconveniencia de otorgar las licencias.
      Hay un dato esencial a tomar en consideración para la
      determinación de las indemnizaciones y es que en ningún momento se
      iniciaron las obras de construcción y el reembolso de los gastos del
      proyecto de excavación a que fue requerida para determinar la posible
      existencia de restos arqueológicos han sido objeto de otra reclamación.
      La recurrente reclama, en primer término, el valor del suelo tasado
      con arreglo al art. 24 del TRLS 2008, por el método residual estático, con
      los parámetros urbanísticos aplicados a los proyectos para los que se
      otorgaron las licencias y que, precisamente, como consecuencia de la
      necesidad de mantener “in situ” los hallazgos arqueológicos, impuesta
      por la resolución de 27 de junio de 2010, no solo no pueden ejecutarse,
      sino que, según los informes técnicos de parte –no contradichos de
      contrario-, hace inviable cualquier otra alternativa de similares
      características. Pretensión que, desde luego, ha de rechazarse de plano,
      pues cuando se impuso tal limitación no se había efectuado ninguna
      edificación, sin que, por tanto, tuviera consolidado derecho alguno a lo
      “virtualmente” edificado, único supuesto en el que cabría una
      indemnización en tal sentido. Además, el hecho de que no puedan
      construirse los edificios proyectados u otros similares no quiere decir que
      el solar carezca de todo tipo de aprovechamiento urbanístico,
      manteniéndose la propiedad del suelo.
      La indemnización solo puede compensar la pérdida de
      aprovechamiento que se ha producido como consecuencia de la
      obligación de mantener “in situ” los hallazgos arqueológicos,
      circunstancia esencial que no consta y que ha de quedar deferida al
      trámite de ejecución de sentencia para que, por arquitecto designado
      judicialmente, se proceda a su determinación, adoptándose una fórmula
      similar a la empleada en la precitada sentencia de 15 de diciembre de
      2010 donde el montante del daño indemnizable –privación del
      aprovechamiento urbanístico patrimonializado- será el que resulte de
      restar al precio de adquisición de ambos solares, el valor que dicho suelo
      hubiera tenido en el momento de la adquisición de contar con las
      limitaciones impuestas por la resolución de 28 de junio de 2010, cantidad
      que habrá de incrementarse con el interés legal desde la fecha en que se
      presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial.
      La segunda partida indemnizatoria que se postula viene referida al
      lucro cesante o beneficio previsto con la promoción y que cifra en
      360.007 € para el solar denominado “FARO II” y de 935.382,37 € para el
      “FARO III”.
      Lo que pretende que se indemnice es una mera expectativa, un
      “sueño de ganancia” respecto de unos proyectos urbanísticos que no
      llegaron a iniciarse, algo que, desde luego, no puede acogerse.
      Cuestión distinta es el reembolso de los gastos de los dos
      proyectos, de las licencias y de publicidad de las promociones –sin que,
      al no haberse iniciado ningún tipo de obras, conste otro tipo de gastos en
      ese sentido-, únicos que, al devenir inútiles ante la imposibilidad de
      ejecutar los proyectos como consecuencia de la obligación de mantener
      “in situ” los hallazgos, son indemnizables y cuyo importe deberá ser
      determinado en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo que,
      en este sentido, haya quedado documentado en autos.
      Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso
      contencioso-administrativo deducido por “PROMOCIONES SAN
      CIPRIÁN, S.L.”.
      TERCERO.- COSTAS
      Conforme al art. 139.1.2 LJCA, no se efectúa pronunciamiento en
      materia de costas en casación, ni en la instancia.
      F A L L O
      Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le
      confiere la Constitución, esta Sala ha decidido declarar
      PRIMERO.- HA LUGAR al recurso de casación número 2592/15,
      interpuesto por “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.”, representada
      por el procurador D. Rafael Gamarra Megías y con la asistencia letrada
      de D. José-Manuel Campos Moscoso, contra la sentencia dictada -10 de
      junio de 2015- por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
      del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el P.O.
      7392/11. Sin costas.
      SEGUNDO.- CASAR y ANULAR la precitada sentencia de 10 de
      junio de 2015 de la Sección Tercera de la Sala de Galicia (P.O. 7392/11).
      TERCERO.- ESTIMAR PARCIALMENTE EL P.O. 7392/11,
      anulando la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad
      patrimonial articulada por los daños y perjuicios derivados de la
      resolución del Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de
      Galicia de 28 de junio de 2010, por la que se adoptaban una serie de
      medidas en relación con los hallazgos arqueológicos descubiertos en el
      lugar de Atalaia-San Ciprián (Cervo), RECONOCIENDO EL DERECHO
      de “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.” al abono de una
      indemnización por la reducción del aprovechamiento patrimonializado en
      las licencias otorgadas el 1 de diciembre de 2006 y el 18 de abril de
      2007, así como al reintegro de los gastos satisfechos por los proyectos,
      licencias y promoción inmobiliaria, cantidades que se concretarán en
      trámite de ejecución de sentencia con arreglo a los parámetros
      establecidos en el F.D. Segundo de la presente resolución, cantidades
      que se incrementarán con el interés legal desde la fecha de presentación
      de la reclamación en sede administrativa hasta su completo pago. Sin
      costas.
      Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
      contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.
      Así se acuerda y firma.
      D. José Manuel Sieira Míguez D. Rafael Fernández Valverde D. Octavio Juan Herrero
      Pina
      D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Wenceslao Francisco Olea Godoy D. José Suay
      Rincón
      Dª Inés Huerta Garicano D. César Tolosa Tribiño D. Jesús Ernesto Peces
      Morate
      D. Mariano de Oro-Pulido López
      PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia la
      Excma. Sra. Magistrada Ponente Dña. Inés Huerta Garicano, estando
      constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la
      Administración de Justicia, certifico.

  5. PUES EN MI EMPRESA SE HAN LLEVADO MATERIAL Y NO ME HAN PAGADO ITECSA BIERZO SON UNOS LADRONES Y SE DE MAS EMPRESAS QUE NO LES HAN PAGADO

    • YO TENGO UN ALMACEN DE CONSTRUCION, LLEVO CASI UN AÑO TRABAJANDO CON ELLOS Y ME HAN PAGADO SIEMPRE PUNTUAL. PARA MI ES UNA EMPRESA PAGADORA Y NO TENGO NINGUNA QUEJA HACIA ELLOS.

      • Yo cuando digo algo que es verdad me identifico no lo pongo anonimo, parece que la intencion sea difamar a esa empresa que como dije antes para mi son gente pagadora.

      • Yo al igual que el señor Delfin a mi me han pagado siempre y facturas bastante elevadas, y nunca pero han puesto ningun problema, a lo mejor algun mes que otro se retrasaban una semana pero me pagaron siempre.
        Contestando al anonimo sus motivos tendrian para no abonarle su factura.
        Gracias

      • con arreglo al art. 24 del TRLS 2008, por el método residual estático, con los parámetros urbanísticos aplicados a los proyectos para los que se otorgaron las licencias y que, precisamente, como consecuencia de la necesidad de mantener “in situ” los hallazgos arqueológicos, impuesta por la resolución de 27 de junio de 2010, no solo no pueden ejecutarse, sino que, según los informes técnicos de parte –no contradichos de contrario-, hace inviable cualquier otra alternativa de similares características. Pretensión que, desde luego, ha de rechazarse de plano, pues cuando se impuso tal limitación no se había efectuado ninguna edificación, sin que, por tanto, tuviera consolidado derecho alguno a lo “virtualmente” edificado, único supuesto en el que cabría una indemnización en tal sentido. Además, el hecho de que no puedan construirse los edificios proyectados u otros similares no quiere decir que el solar carezca de todo tipo de aprovechamiento urbanístico, manteniéndose la propiedad del suelo.

        La indemnización solo puede compensar la pérdida de aprovechamiento que se ha producido como consecuencia de la obligación de mantener “in situ” los hallazgos arqueológicos, circunstancia esencial que no consta y que ha de quedar deferida al trámite de ejecución de sentencia para que, por arquitecto designado judicialmente, se proceda a su determinación, adoptándose una fórmula similar a la empleada en la precitada sentencia de 15 de diciembre de 2010 donde el montante del daño indemnizable –privación del aprovechamiento urbanístico patrimonializado- será el que resulte de restar al precio de adquisición de ambos solares, el valor que dicho suelo hubiera tenido en el momento de la adquisición de contar con las limitaciones impuestas por la resolución de 28 de junio de 2010, cantidad que habrá de incrementarse con el interés legal desde la fecha en que se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial.

        La segunda partida indemnizatoria que se postula viene referida al lucro cesante o beneficio previsto con la promoción y que cifra en
        360.007 € para el solar denominado “FARO II” y de 935.382,37 € para el “FARO III”.

        Lo que pretende que se indemnice es una mera expectativa, un “sueño de ganancia” respecto de unos proyectos urbanísticos que no llegaron a iniciarse, algo que, desde luego, no puede acogerse.

        Cuestión distinta es el reembolso de los gastos de los dos proyectos, de las licencias y de publicidad de las promociones –sin que, al no haberse iniciado ningún tipo de obras, conste otro tipo de gastos en ese sentido-, únicos que, al devenir inútiles ante la imposibilidad de ejecutar los proyectos como consecuencia de la obligación de mantener “in situ” los hallazgos, son indemnizables y cuyo importe deberá ser determinado en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo que, en este sentido, haya quedado documentado en autos.

        Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo deducido por “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.”.

        TERCERO.- COSTAS

        Conforme al art. 139.1.2 LJCA, no se efectúa pronunciamiento en materia de costas en casación, ni en la instancia.

        F A L L O

        Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido declarar

        PRIMERO.- HA LUGAR al recurso de casación número 2592/15, interpuesto por “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.”, representada
        por el procurador D. Rafael Gamarra Megías y con la asistencia letrada de D. José-Manuel Campos Moscoso, contra la sentencia dictada -10 de junio de 2015- por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el P.O. 7392/11. Sin costas.

        SEGUNDO.- CASAR y ANULAR la precitada sentencia de 10 de junio de 2015 de la Sección Tercera de la Sala de Galicia (P.O. 7392/11).

        TERCERO.- ESTIMAR PARCIALMENTE EL P.O. 7392/11, anulando la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial articulada por los daños y perjuicios derivados de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia de 28 de junio de 2010, por la que se adoptaban una serie de medidas en relación con los hallazgos arqueológicos descubiertos en el lugar de Atalaia-San Ciprián (Cervo), RECONOCIENDO EL DERECHO de “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.” al abono de una indemnización por la reducción del aprovechamiento patrimonializado en las licencias otorgadas el 1 de diciembre de 2006 y el 18 de abril de 2007, así como al reintegro de los gastos satisfechos por los proyectos, licencias y promoción inmobiliaria, cantidades que se concretarán en trámite de ejecución de sentencia con arreglo a los parámetros establecidos en el F.D. Segundo de la presente resolución, cantidades que se incrementarán con el interés legal desde la fecha de presentación de la reclamación en sede administrativa hasta su completo pago. Sin costas. Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

    • Si a usted le dejaron material sin pagar por que no se identifica en vez de poner anónimo.?
      Es de imaginar que es por difamar a esa empresa.
      Que pena que haiga gente así.

      • Son tan profesionales, buenos pagadores que hasta sus propios trabajadores les denuncian..La gente esta que habla tan vien de eyos deben ser ellos mismos porque se sabe que son estafadores

      • Buenas tardes, el echo que usted tenga mala opinion no kiere decir k los demás tengamos que poner cosas que no son ciertas. Para mi son gente profesional y pagadora y ni usted ni nadie me va hacer cambiar de opinión, cada uno piensa por lo que ve no por un comentario mal intenciónado

      • Sentencias sobre cuestiones relacionadas con las Administraciones Públicas

        Antigüedad

        STC de la Audiencia Nacional sobre el reconocimiento de la antigüedad de los funcionarios en los procesos de promoción profesional (promoción interna)
        Conciliación vida personal, familiar y laboral

        STC Juzgado Social nº 13 de Madrid sobre derecho a flexibilización de la jornada laboral
        STC del TSJPV sobre derecho a conciliar vida familiar y laboral en el sector público
        STC del TC sobre elección de turno de trabajo para conciliar vida familiar y laboral
        Concursos de traslados

        STC de la AN sobre comisiones de servicios y concursos de traslados (22-02-2017)
        Crédito horario

        STC TS derecho a crédito horario para delegados de prevención (16-11-2016)
        Interinos

        STC nº 145/17 del JS nº 3 de Córdoba sobre relación laboral indefinida (24-04-2017)
        STC nº 1414/2017 del Tribunal Supremo sobre derecho a indemnización (28-03-2017)
        STC nº 432/2016 del Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid sobre procedimiento de despido de una trabajadora interina ocupando plaza vinculada a OEP (03-11-2016)
        STC del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre reconocimiento de la condición de funcionario interino (30-09-2016)
        STC del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre derecho a indemnización
        STC del Tribunal de Justicia de la UE sobre derecho a indemnización (14-09-2016)
        STC del Tribunal de Justicia de la UE sobre concatenación de contratos (14-09-2016)
        STC del Tribunal Constitucional sobre derecho a sexenios
        Nota informativa sobre aplicación preferente de la normativa europea
        STC del Tribunal Supremo sobre despido por amortización de vacante
        STC del Tribunal Supremo sobre trienios del personal interino de las Administraciones Públicas
        Jubilación

        STC 296/2017 del TS sobre el derecho a la prolongación del servicio activo
        STC 4607/2015 del TS sobre el derecho a la prolongación del servicio activo
        STC 1513/2014 del TS sobre el derecho a la prolongación del servicio activo
        Paga extra de Navidad 2012

        STC estimatoria de devolución de la parte devengada de la paga extra de Navidad de 2012 para un funcionario de instituciones penitenciarias (AGE)
        STC estimatoria de devolución de la paga extra de Navidad 2012 para los funcionarios de la Administración de Justicia
        Permisos

        STC del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre derecho a disfrute del permiso de lactancia aunque la madre no trabaje (19-04-2016)
        STC del Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre derecho a disfrute del permiso de lactancia aunque la madre no trabaje (06-10-2015)
        STC firme de la Audiencia Nacional sobre derecho a compartir el permiso de lactancia entre dos funcionarios (24-11-2013)
        STC del Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre derecho a compartir el permiso de lactancia entre dos funcionarios (04-04-2013)
        STC del TS sobre permiso por hospitalización de familiares (05-03-2012)
        Resolución del MINHAP reconociendo el permiso por lactancia por hijos menores de 12 meses a padres funcionarios aunque la mujer no trabaje
        STC del TSJM sobre concesión de permiso por enfermedad grave en distinta localidad
        Promoción interna

        STC del TSJC sobre reconocimiento a la promoción interna directa desde el Subgrupo C1 al A1 (03-03-2016)
        Régimen disciplinario

        STC nº 1455/2017 TS sobre vigencia del Régimen Disciplinario de los Funcionarios
        RPT

        Nulidad RPT no negociadas
        RPT: Necesaria negociación sindical
        Trienios

        STC del TSJG sobre derecho a percibir trienios en situación de incapacidad temporal (14-11-2016)
        Vacaciones, asuntos particulares e incapacidad temporal

        STC 00099/2016 JCA Nº 3 de León sobre derecho al disfrute de los días de asuntos particulares pendientes en situación de incapacidad temporal (16-05-2016)
        STC del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de junio de 2012 en materia de vacaciones e incapacidad temporal

  6. Habra sido usted la excepción, porque por lo que se ve de los comentarios anteriores, asi como del personal a su servicios en tanto en castilla leon como en galicia y los proveedores a los que les han dejado con pufos, la empresa y el personal al frente no son de fiar.

    • En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley que pende ante esta Sala, interpuesto EL MINISTERIO FISCAL, y por las representaciones de las acusaciones particulares: “VICTORIA MERIDIONAL S.A. DE SEGUROS GENERALES”; ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1982 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (AFIVA); LA ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE LA RIBERA (APEMEDA) y D. RubénY OTROS, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Tercera, que absolvió a Francisco, Carlos Joséy Eloydel delito de imprudencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la vista y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Ramón Montero Fernández-Cid, siendo también parte como recurridos: el Abogado del Estado; Eloy, representado por el Procurador Sr. Alvarez-Buylla Ballesteros; Carlos José, representado por el Procurador Sr. Ibañez de la Cadiniere; y Francisco, representado por la Procuradora Sra. Segura San Agustín. Los recurrentes están representados: VICTORIA MERIDIONAL S.A., por la Procuradora Sra. Calvo Meijide; la acusación particular “APEMEDA – AFIVA” por el Procurador Sr. Dorremochea Aramburu; y la acusación particular RubénY OTROS por la Procuradora Sra. Albacar Medina. I. ANTECEDENTES

      Primero
      El Juzgado de Instrucción número 1 de Játiva, instruyó sumario con el número 56 de 1982, contra y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, cuya Sección Tercera, con fecha 4 de octubre de 1995, dictó sentencia que contiene los siguientes:

      “HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- El procesado Carlos José, ya circunstanciado y sin antecedentes penales, en su condición de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tras haber estado prestando su actividad profesional como ingeniero encargado de la explotación de unos embalses pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, sitos en la provincia de Cáceres, a mediados del año 1973 y con la categoría administrativa de Jefe de Negociado, se integró en el entonces servicio de construcción de presas de la Subdirección de proyectos y obras, dependiente de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

      Por esas fechas se asignó a dicho servicio, no solo la función propia que venia desarrollando de informar los proyectos de obras que elaboraban las distintas Confederaciones Hidrográficas a fin de ser aprobados y autorizados por la Administración del Estado, sino también el asumir directamente la construcción de aquellas Presas que presentasen serias dificultades en su ejecución entre las que se encontraba la Presa de Tous. Por tal razón por acuerdo de 23 de Octubre de 1973, por la indicada Dirección General se ordenó el cese de la intervención que en la señalada presa venía efectuando la Confederación Hidrográfica del Júcar, y por la jefatura del servicio ostentada a la sazón por el también Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Juan Pedro, se encomendó al aludido procesado como una más de sus funciones como DIRECCION000de la Sección de DIRECCION001, la Dirección de las obras de construcción de la mentada presa.

      En cumplimiento del referido acuerdo, con fecha 6 de Noviembre de 1973 la Confederación hizo entrega mediante fotocopia al servicio de construcción de presas, de todo el expediente que afectaba a la construcción de la presa de Tous.

      SEGUNDO
      Se había iniciado dicho expediente en el año 1973 al amparo de lo dispuesto en la ley de 9 de Septiembre de 1932 sobre construcción del Embalse de Alarcón y demás obras complementarias para la regulación del río Júcar, por entenderse fundamental el control del aprovechamiento de las obras en su tramo final con el propósito de subvenir a las necesidades de los regadíos de la huerta Valenciana en las zonas de la Ribera Alta y Baja, finalidad que en el tiempo se amplió para alcanzar también el completo abastecimiento de aguas para el consumo de la ciudad de Valencia mediante la construcción del Canal Júcar-Turia, y, al propio tiempo, posibilitar una mayor extensión del regadío a otras comarcas.

      Fruto de los primeros trabajos fue la elaboración por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el año 1940 de un proyecto de Embalse de Tous que delimitaba dos posibles soluciones denominadas ” A” y “B”, que ninguna de ellas llegó a concretarse.

      En el subsiguiente desarrollo de su estudio con realización de numerosos ensayos, sondeos, informes y dictámenes se acogió por resolución de 11-XII-1950 de la Dirección general de obras Hidráulicas la propuesta de la Confederación de autorizar una solución nueva denominada “C” que se basaba en la conveniencia de construir una Presa de gran capacidad aguas abajo del pueblo de Tous, a la altura del km 453 del itinerario del río Júcar inmediatamente después de la desembocadura del río Escalona, afluente por su derecha.

      En su cumplimiento se redactó por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Salvador, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el “Proyecto de replanteo de Tous en el río Júcar, Valencia”, solución C, que fue suscrito en 28 de Febrero de 1952.

      Tras la pertinente tramitación administrativa, con emisión de los oportunos informes y dictámenes fue aprobado definitivamente por la Administración del Estado en resolución de 20 de Julio de 1955.

      El proyecto contemplaba la construcción de una presa de fabrica de hormigón de la clase denominada de gravedad, cuyas esenciales características técnicas en lo que aquí concierne eran:

      – Coronación de la Presa en la cota 136 metros sobre el nivel del Mar con una altura sobre el cauce del río de 80 metros.

      – Nivel normal de embalse en la cota 130 metros con una capacidad de 412 hectómetros cúbicos equivalente a 412 millones de metros cúbicos.

      – Caudal previsto para la máxima avenida en 5.300 metros cúbicos por segundo según evaluación realizada atendiendo al caudal conocido en las crecidas de 1864 y 1923.

      – Sistema de desagüe integrado por un aliviadero de superficie regulado por compuertas, un desagüe de fondo o de limpia y una toma de regantes a cota intermedia.

      La ejecución de la obra habría de significar la desaparición de la central Juan de Urrutia, llamada también Central de Millares, perteneciente a Hidroeléctrica Espanola S.A por estar situada a la cota 85.50 metros en lo que seria la cola del pantano.

      Adjudicada la realización de la obra civil en 19 de diciembre de 1957 a la entidad Agroman, empresa constructora S.A se iniciaron los trabajos en el mes de Octubre de 1958 bajo la Dirección, inspección y vigilancia de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

      A tal efecto con la finalidad de dejar en seco el lugar del cauce donde iba a ubicarse la Presa, tras llevar a cabo una ataguía o dique de contención aguas arriba, se horadó un túnel de desvío en la ladera izquierda y seguidamente se procedió al hormigonado de los bloques que formaban los estribos de la presa, asentados o cimentados, en la roca caliza solida de las laderas de la cerrada.

      Cuando se estaba en fase de conclusión de la anterior operación se iniciaron las excavaciones de la zona Central del cauce observándose la existencia de una falla geológica, de dimensiones excepcionales que desvirtuaba las previsiones adoptadas en los estudios previos, dando lugar a serias dudas sobre la capacidad de resistencia de la cimentación del cuerpo Central de la presa, lo que motivo que en 31 de Diciembre de 1964 se paralizasen las obras hasta tanto se encontrase la solución técnica mas adecuada.

      En ese empeño se ultimaron otros dos proyectos elaborados en los años 1968 y 1970 por los ingenieros don Jose Carlosy don Diegorespectivamente, y en fase de estudio del ultimo se promulgo la ley de 19 de junio de 1971 sobre aprovechamiento conjunto de los Ríos Tajo y Segura, en cuyo articulo cuarto se disponía la necesidad de la urgente terminación de la Presa de Tous.

      Respondiendo a tal previsión legal, la Dirección General de Obras Hidráulicas de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Obras Publicas y los informes elaborados por la División de Vigilancia de presas, del Centro de Estudios Hidrográficos y el Servicio Geológico de Obras Publicas, con fecha 22 de Julio de 1972, acordó autorizar a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que redactara un proyecto en el que se sustituyese la presa de gravedad por otra de carácter mixto con estribos de hormigón y cuerpo central de escollera recrecible, esto es, de materiales sueltos con núcleo impermeable de arcillas, cuya ejecución debería efectuarse en dos fases, alcanzando la primera hasta la cota 84 metros, para no inundar la Central Juan de Urrutia de Millares, al no haberse obtenido todavía un acuerdo con Hidroeléctrica espanola S.A, pero dimensionando las obras de forma que fueran susceptibles de ser aprovechadas en el recrecimiento previsto para la segunda fase, al tiempo que no se impidiese al ejecutarse esta ultima la explotación del embalse que ya haría posible tanto los riegos de la zona de las Riberas Alta y Baja, como la derivación de las aguas por el Canal Júcar-Turia.

      En desarrollo de la expresada decisión por el ingeniero don Alexander, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la colaboración de los servicios técnicos de la empresa consultora AEPO S.A, se elaboró el titulado “Proyecto Reformado y replanteo del Embalse de Tous en el río Júcar Valencia, “solución de presa de Escollera primera fase hasta la cota 84 del embalse, que se suscribió en Junio de 1973 con el conforme del ingeniero Jefe de la sección don Jesús Manuel, y el visto bueno del Ingeniero Director de la Confederación Don Joaquín.

      Entre las características técnicas de la presa de singular significación son de destacar: – Estribos de hormigón perfil tipo gravedad.

      – Cuerpo central de materiales sueltos con un núcleo impermeable de arcillas y espaldones de escollera de 12,80 metros de anchura en Coronación el de aguas arriba y de 14,40 metros de anchura en Coronación el de aguas abajo con sus correspondientes taludes.

      – Coronación de la Presa en la cota 98,65 metros (en la segunda fase en la cota 142 metros) con una altura sobre el cauce del río de 46 metros.

      – Nivel normal de embalse en la cota 84 metros (en la segunda fase en la cota 133 metros) con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos de agua, esto es 53 millones de metros cúbicos.

      – Máximo nivel de embalse en crecidas o avenidas situado en la cota 97,48 metros en la segunda fase en la cota 139,85 metros.

      – Caudal previsto para la máxima avenida de 6.968 metros cúbicos por segundo para un período de recurrencia de 500 años; de 4.817 metros cúbicos por segundo para un período de recurrencia de 100 años; y de 4.267 metros cúbicos por segundo para un período de recurrencia de 50 años. La evaluación de estos cálculos se efectuó aplicando la formula empírica denominada de “Fuller”, con un factor correctivo de adaptación a las características del río Júcar, atendiendo a la curva de caudales alturas a partir del reconocimiento del terreno y a las informaciones obtenidas de anteriores avenidas.

      Dicha formula en las fechas en que se confeccionó el proyecto era científicamente utilizada en otros países con un gran numero de presas construidas para cuantificar el mentado caudal de la avenida máxima, aunque existían otro tipo de formulas.

      – El sistema de desagüe estaba constituido por:

      Un aliviadero o vertedero de superficie de labio fijo con una longitud útil de 54 metros, umbral en la cota 84 metros, máximo espesor de lamina vertiente de 13,48 metros y capacidad de desagüe de 4.900 metros cúbicos por segundo.

      Dos desagües intermedios con compuertas situadas en el cuerpo de la presa debajo de los bloques del aliviadero de labio fijo con una capacidad total de desagüe de 2.150 metros cúbicos por segundo.

      Unos desagües de fondo que quedaron sin definir salvo que su capacidad de evacuación ascendería a 475 metros cúbicos por segundo.

      En el mes de Julio de 1973 aun sin haberse aprobado el anterior proyecto reformado dada la urgencia de las obras y por estar adaptado el último a las prescripciones contenidas en la resolución de 22 de julio de 1972, se reanudaron los trabajos cuya ejecución, que seguía manteniéndose por Agroman S.A, paso a depender como se indicó anteriormente en el mes de Noviembre de ese mismo año del servicio de construcción de presas, bajo la concreta dirección del procesado señor Carlos José, quien ya contaba entre otros técnicos a sus ordenes con el también procesado Eloy, igualmente circunstanciado y sin antecedentes penales, que en su condición de ingeniero técnico de obras públicas y con el carácter de personal laboral para la realización de obra determinada, había sido contratado en 1 de Julio de 1973.

      TERCERO
      Al cabo de unos meses, concretamente el 18 de Abril de 1974, el aludido proyecto reformado que marcaba las directrices de la actuación que ya se desarrollaba en la Presa, fue aprobado por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, aunque el sistema de desagüe previsto quedaba supeditado a la comprobación de su funcionamiento mediante un ensayo en modelo reducido a realizar por el laboratorio de hidráulica del centro de Estudios Hidrográficos.

      Verificadas las correspondientes pruebas en el indicado laboratorio, de cuyos resultados venía siendo informado el servicio de construcción de Presas, y en concreto el señor Carlos José, se llegó a la conclusión de que no era satisfactorio el sistema diseñado ya que se producían interferencias entre los vertidos del aliviadero de labio fijo y los de los desagües intermedios, lo que provocaba una capacidad real de desagüe inferior a 6.000 metros cúbicos por segundo de caudal, mientras que el caudal para la máxima avenida se cifraba en 6.968 metros cúbicos por segundo. De aquí que tras contrastar otras soluciones se propuso por el Centro de Estudios Hidrográficos la adopción de un sistema mas clásico, consistente en sustituir el aliviadero de superficie de labio fijo por otro dotado de compuertas y asentado en el lateral derecho de la presa colindante con el estribo hormigonado de ese lado, y reducir los desagües intermedios a simples conductos que funcionasen como una adecuada toma de regantes.

      Así se autorizó un segundo proyecto reformado del de replanteo del Embalse de Tous en el Río Júcar Valencia, solución presa de Escollera hasta la cota 84 del Embalse, que fue redactado conforme a la solución acogida por el centro de estudios Hidrográficos por el procesado Carlos Joséquien lo firmó como autor del mismo en Febrero de 1976, con el visto bueno del Ingeniero jefe del servicio, y fue técnica y definitivamente aprobado por orden ministerial de 8 de Marzo de 1976 con la denominación ya adaptada a las nuevas normas de titulación de proyectos, como proyecto 02/76 Modificación numero 2, Presa de Tous, Fase primera (VL- Tous).

      El nuevo sistema de desagüe venia constituido por:

      Un aliviadero de superficie con tres vanos de 15,333 metros de anchura cada uno que quedaban comprendidos entre los muros cajeros y dos pilares centrales para ubicar tres compuertas con solera en la cota 77 metros y coronación en la cota 98,50 metros.

      Se situaba en la margen derecha del cuerpo de la Presa y se prevenía un encauzamiento de las aguas hacia el mediante una especie de canal en el interior del vaso del Embalse formado por dos muros o cajeros de hormigón armado sirviendo el de la izquierda mas próximo al centro del río de protección al cuerpo central de materiales sueltos.

  7. Itecsa menudos estafadores la señora lucias y su maridito miguel

    • Itecsa biezo yo e trabajado pa eyos en valladolid y menudos pufos no pagaban ni almacenes ni a personal ami me deben 1 mes y medio y cuando cobran el porcentaje que quieren escapan y no pagan a nadie . Quien los contrate aya eyos eyos veran pero … esos comentarios que ponen positivos. Los ponen eyos senota mucho son lo peor que ay estan solo pa estafar

      • FUNCION PUBLICA: Normativa aplicable: Real Decreto 121/2005, de 4 febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público: impugnación: precepto en el que se regulan los criterios generales de aplicación en los procesos selectivos: precepto con carácter reglamentario: omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado: impugnación procedente.

        En la Villa de Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil ocho.
        Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados antes citados, el recurso Contencioso-Administrativo número 001/47/2005 interpuesto por el Procurador Don Argimiro VÁZQUEZ GUILLEN, en nombre de FEDECA, contra el Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero(RCL 2005\243 y 341), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2005. Ha sido parte la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.
        ANTECEDENTES DE HECHO
        PRIMERO Por escrito de entrada en esta Sala de 18 de noviembre de 2005, se formaliza demanda por el Procurador Don Argimiro VÁZQUEZ GUILLEN, en nombre de FEDECA, contra el Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero(RCL 2005\243 y 341), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2005. La parte recurrente, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente terminó suplicando se dicte sentencia “(…)estimando el recurso interpuesto y anulando el artículo 4º del Real Decreto 121/2005”.
        SEGUNDO Contesta a la demanda el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, por escrito que tiene entrada en esta Sala el día 26 de diciembre de 2005, en el que solicita, tras alegar los fundamentos de derecho y los antecedentes de hecho que tuvo por conveniente, se desestime el presente recurso Contencioso-Administrativo.
        TERCERO Se evacuaron las conclusiones por las partes y se señaló para votación y fallo el día 21 de mayo de 2008, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
        Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado,
        FUNDAMENTOS DE DERECHO
        PRIMERO Es objeto del presente recurso Contencioso-Administrativo la impugnación del artículo 4º del Real Decreto 121/2005(RCL 2005\243 y 341). El primer motivo de impugnación mantiene la nulidad de este precepto por omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Sostiene la recurrente, que dicho precepto que se titula “criterios generales de aplicación en los procesos selectivos” supera el ámbito propio de una oferta de empleo, modificando los criterios generales que han de regir los procesos selectivos para la provisión de las plazas ofertadas, en relación con los establecidos en la normativa general en vigor sobre el ingreso y la provisión de plazas de funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, contenida en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo(RCL 1995\1133).
        Recuerda la recurrente que el artículo 5º del Reglamento General antes citado dispone los criterios generales sobre las pruebas selectivas, estableciendo que: “deberán consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos. Pueden incluir la realización de tets, psicotécnicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso selectivo”. Deduce de aquí la actora que el criterio orientador dominante que debe presidir con carácter prevalente las pruebas, programas y demás técnicas de valoración de los procesos selectivos, es el de que estas han de dirigirse de modo principal y obligado al control y comprobación de los conocimientos que posea el aspirante, contemplándose de modo secundario y potestativo los otros tipos de pruebas citados. No podemos sino compartir esta opinión, que se deriva claramente de una interpretación literal del precepto, y de los términos “deberán” frente a “pueden”, que se emplean en el mismo.
        De otra parte, el precepto impugnado establece lo siguiente: “deberán consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos. Pueden incluir la realización de tets, psicotécnicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso selectivo”.
        Es evidente que mientras el Reglamento General de Ingreso antes citado busca la acreditación de igualdad, mérito y capacidad a través de la búsqueda de la excelencia, la preparación y el conocimiento, a través de pruebas de conocimientos generales o específicos, el artículo impugnado, aun con la advertencia del pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, ordena (“deberán”) otros criterios, contrarios a los principios de aquel, que rebajan las pruebas de conocimiento al nivel de los proporcionados en los distintos niveles educativos.
        Pues bien, compartimos la tesis de la actora cuando afirma que la naturaleza de este precepto es el de una norma reglamentaria, porque, aunque su vigencia fuera temporal, el ejercicio de 2005, se refiere a una generalidad abstracta e indeterminadas de destinatarios, como son todos los futuros aspirantes o participes en los procesos selectivos que se regulan, y va dirigida a regular una serie de supuestos de forma abstracta e indefinida, las múltiples convocatorias que se puedan realizar en el futuro. Como sostiene la propia recurrente, la propia Administración parece estar conforme con esta naturaleza, al constar al folio 37 de la ampliación del expediente la propia observación formulada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en el sentido de “la necesidad de que los cambios en los criterios que han de presidir las pruebas de ingreso en la función pública se produzcan mediante la modificación del Reglamento de ingreso con el procedimiento aplicable a una norma reglamentaria de desarrollo de una disposición legal”, observación que se reitera por dicho Ministerio en el informe de 1 de febrero de 2005, a lo que objeta el Ministerio de Administraciones Públicas, al folio 34, “que la necesidad de que estos cambios se introduzcan mediante la modificación del Reglamento de Ingreso no puede ser tenida en cuenta ya que el propio Real Decreto de Oferta tiene el mismo rango normativo”.
        En consecuencia, el precepto impugnado tiene carácter reglamentario y nos encontramos con un reglamento ejecutivo de una ley, la 30/1984(RCL 1984\2000, 2317 y 2427), que regula los procesos selectivos a que se refieren los criterios generales de aplicación que se disponen en este precepto.
        Por tanto, partiendo de esta naturaleza reglamentaria, es evidente que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 24-2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, de 27 de noviembre(RCL 1997\2817), y el artículo 22-3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980(RCL 1980\921), que imponen la consulta preceptiva de la Comisión Permanente del Consejo de Estado para los reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones, sancionándose por esta Sala, entre otras en las sentencias que cita la actora de 24 de febrero de 2000(RJ 2000\2888)y 12 de febrero de 2001(RJ 2001\4054), la ausencia de dicho informe como un supuesto de nulidad de pleno derecho, incardinable en el apartado 2 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre(RCL 1992\2512 y 2775 y RCL 1993, 246).
        SEGUNDO Aun cuando la estimación de este motivo de nulidad hace innecesario el análisis de los demás motivos alegados por la actora, compartimos el criterio de que, aun en el caso de que no se entendiera que nos encontramos ante una norma reglamentaria, con la consecuencia de que estaríamos ante un acto administrativo, no por ello dejaría de ser el acto nulo, pues estaríamos ante una conculcación del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, como sanciona el artículo 23-4 de la Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997(RCL 1997\2817), al establecer dicho efecto jurídico para las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órgano de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado.
        TERCERO En virtud de lo dicho en los anteriores fundamentos es innecesario dilucidar si el precepto impugnado vulnera el principio de capacidad del artículo 19 de la Ley 30/1984(RCL 1984\2000, 2317 y 2427)y 103.3 de la Constitución Española(RCL 1978\2836), aunque es indudable que el criterio de capacidad y mérito se satisface mejor con pruebas de conocimiento, sin perjuicio de que una vez asegurado éste se complete con otro tipo de pruebas, al propio tiempo que contribuyen mejor a la realización efectiva del principio de igualdad en el acceso al ejercicio de la función pública, pues pueden acceder a la misma, quienes a través de su exclusivo esfuerzo, y con independencia de su procedencia social, demuestran reunir dichos méritos. En definitiva, un sistema que busque la excelencia en la selección de los funcionarios, en lugar de la mera suficiencia de conocimientos básicos, no sólo garantiza mejor el funcionamiento de la Administración y los intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución Española), sino que es más justo y acorde con los principios de mérito, capacidad e igualdad, y evita en mayor medida las posibles desviaciones de poder en la selección de aquellos.
        CUARTO Por ello, procede la estimación del presente recurso Contencioso-Administrativo, sin que se aprecien en las partes circunstancias subjetivas de temeridad o mala fe que justifiquen la expresa imposición de las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo(RCL 1998\1741). Procede la publicación de esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
        FALLAMOS
        1º Estimar el recurso Contencioso-Administrativo número 001/47/2005 interpuesto por el Procurador Don Argimiro VÁZQUEZ GUILLEN, en nombre de FEDECA, contra el artículo 4º del Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero(RCL 2005\243 y 341), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2005, y lo declaramos contrario a derecho y anulamos y dejamos sin efecto.
        2º No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.
        3º Publíquese la presente sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
        Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico

      • Que razon tienes ami me estafaron me dejarln la casa a medias y todo echo una mierda itecsa estafadores

      • this on 9 noviembre 2017 a 10:09 | Responder
        EL ART. 1541 CC COMPRENDE TANTO LA PROMESA BILATERAL DE COMPRAR Y VENDER COMO LA UNILATERAL DE VENDER O COMPRAR. EQUIPARACIÓN DE ESTA ÚLTIMA CON LA OPCIÓN DE COMPRA. CADUCIDAD DE LA OPCIÓN POR TRANSCURSO DEL PLAZO PACTADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 1504 DEL CÓDIGO CIVIL
        STS de 22 de Septiembre de 2009. Ponente: Don Antonio Salas Carceller. Estimatoria. Descargar Sentencia.
        El presente recurso versa sobre un documento privado de promesa de venta, que aparece firmado únicamente por el promitente, en el cual se hacía constar que en el momento del otorgamiento de la escritura pública se pagaría por el comprador la mitad del precio y el resto en dos pagos posteriores avalados. En la fecha pactada, no se otorgó la referida escritura ni se pagó el precio, sin que el promisario hubiera formulado requerimiento alguno a tal efecto. Este último cedió todos “los derechos y obligaciones” que se derivaban de la promesa de venta a Don X, que comunicó por conducto notarial al promitente su voluntad de formalizar la escritura, negándose éste alegando la extinción por caducidad de la promesa de venta.
        Señala la Sentencia que en la promesa de venta del art. 1451 del Código Civil, tiene cabida tanto la promesa bilateral de comprar y vender, que constituye un precontrato cuya finalidad es vincular a ambas partes respecto de la celebración definitiva de un contrato de compraventa, con plena conformidad en la cosa y en el precio, de modo que ambas partes pueden exigirse recíprocamente el cumplimiento de la promesa, como la promesa unilateral de comprar o vender, en cuya virtud es uno solo de los futuros contratantes el que, adelantando en firme su consentimiento para la celebración del contrato queda pendiente, en las condiciones pactadas, de que la otra parte decida sobre su definitiva perfección. Esta es la situación que se plantea en el presente litigio, pues fue únicamente el promisario quien suscribió unilateralmente el documento de promesa de venta. Se trata de una opción de compra concedida por el vendedor al comprador que se halla sujeta en su ejercicio a un determinado plazo. Así, asimilan la promesa unilateral de vender a la opción de compra las sentencias de esta Sala de 7 noviembre 1995 y 17 octubre 1997, precisando la más reciente de 9 febrero 2009 que «la opción de compra constituye esencialmente un precontrato o promesa unilateral de contrato por parte del vendedor de modo que es el optante el que adquiere únicamente la facultad de decidir sobre la exigencia de cumplimiento de la venta proyectada y es ese consentimiento del optante el decisivo para que el contrato quede perfeccionado, si bien sujeto al plazo de ejercicio pactado de modo que, transcurrido el referido plazo, la opción queda extinguida y el comprador pierde su derecho…
        Así ha ocurrido en el presente caso en que la opción concedida caducó en la fecha fijada sin que quien podía decidir si se constituía en comprador, ejerciera el derecho concedido, por lo cual la pretensión de su ejercicio posterior por parte de su cesionario había de fracasar ante la negativa del concedente, pues tal pretensión se produjo cuando la promesa de venta ya no estaba vigente.
        Se rechaza también la aplicación del art. 1504 Cc, argumento utilizado por la Audiencia para justificar la subsistencia de una supuesta obligación de ambas partes a llevar a cabo la perfección del contrato. Dicha norma resulta de aplicación a las compraventas de bienes inmuebles ya perfeccionadas, pero no a la promesa unilateral de venta o derecho de opción en que dicha perfección queda pendiente de la decisión del comprador expresada en un plazo determinado, por lo que no existe en tal caso compraventa ni obligación alguna de pago del precio pactado hasta que dicha perfección se produzca y, en definitiva, no opera la previsión excepcional de dicha norma en el sentido de permitir al comprador pagar el precio -en las compraventas de bienes inmuebles- aún después de expirado el término fijado para ello mientras no haya sido requerido de resolución por el vendedor.
        DOBLE VENTA JUDICIAL: LA CONSUMACIÓN DE LA ENAJENACIÓN SE PRODUCE CON LA EXPEDICIÓN DEL TESTIMONIO DEL AUTO DE APROBACIÓN DEL REMATE
        STS de 2 de Diciembre de 2009. Ponente: Francisco Marín Castán. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        En esta sentencia se aborda y se resuelve un problema de doble inmatriculación de una finca rústica que ha sido subastada en un juicio ejecutivo de la de la LEC de 1881. En el mismo, el remate tuvo lugar a favor del actor el día 28 de octubre de 1992 pero el auto de aprobación del remate no se obtuvo hasta el 29 de octubre de 1993. Además también lo fue en un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria del art.131 LH, en los que los demandados obtuvieron el auto el 5 de junio del mismo año 1993. El actor, aceptando que el conflicto es de doble inmatriculación y debe resolverse conforme a las reglas del Derecho Civil sin interferencia de los principios hipotecarios, impugna sentencia dictada por la Audiencia favorable a los adquirentes del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, por considerarla contraria a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (según la cual el acta de remate es suficiente para transmitir el dominio, porque el auto de aprobación únicamente es exigible para inscribir la adquisición en el Registro de la Propiedad). Sin embargo, el Tribunal Supremo no acepta estas argumentaciones, señalando ciertas conclusiones de las que podemos destacar las siguientes:
        1º Que la cuestión a decidir no consiste en la aptitud de la subasta judicial como título traslativo o idóneo para transmitir el dominio, que es a lo que se refieren tanto las sentencias citadas como la doctrina científica que se invoca, sino en si ese título es suficiente por sí solo para que se consume la adquisición a favor del rematante o del cesionario del remate o, por el contrario, es necesario algo más, un modo o tradición que, conforme al art .609 CC, el tribunal sentenciador identifica con el auto de aprobación del remate o, más exactamente, con la entrega de testimonio de dicho auto al rematante o al cesionario del remate.
        2º. Cuando lo planteado en el litigio es un conflicto creado por dos ventas judiciales de una misma finca en sendos procedimientos judiciales, la jurisprudencia de esta Sala mantiene toda la virtualidad del art. 609 CC exigiendo algo más que la mera aprobación del remate para la adquisición de la propiedad de la finca subastada por el rematante o el cesionario del remate. Así, la sentencia de 29 de julio de 1999, citando extensamente la de 1 de septiembre de 1997 y también las de 16 de julio de 1982 y 10 de diciembre de 1991, declara que “la consumación venía amparada por el otorgamiento de la escritura pública” y que tras la reforma de la LEC de 1881 por la Ley 10/92 “la consumación de la enajenación se produce, conforme al artículo 1514, con la expedición del testimonio del auto de aprobación del remate y demás requisitos (artículo 1515 )”; la sentencia de 4 de abril de 2002 puntualiza que la subasta supone una oferta de “venta” (de la finca embargada) que se perfecciona por la aprobación del remate, operardo la escritura pública (en el sistema procesal entonces vigente) como “traditio” instrumental para producir la adquisición del dominio; y en fin, la de 4 de octubre de 2006 reproduce la anterior, añadiendo que “después de la reforma operada por la Ley 10/1992 el testimonio del auto de aprobación del remate” conforma la operación del acto procesal enajenatorio. Y la misma línea se mantuvo incluso en una tercería de dominio por la sentencia de 1 de septiembre de 1997 y, años más tarde, en un caso de nulidad de un procedimiento administrativo de apremio solicitada por quien fue propietario de la finca embargada, por la sentencia de 11 de febrero de 2003, que reprodujo lo ya declarado por la de 4 de abril de 2002
        DOBLE VENTA DE INMUEBLE: LA BUENA FE DEL SEGUNDO ADQUIRENTE SE EXIGE AUNQUE NO LA SANCIONE EL ART.1473.2 CC.
        Sentencia de 13 de Noviembre de 2009. Ponente: Xavier O’Callaghan Muñoz. Desestimatoria. Descargar Sentencia.

      • noviembre 1995 y 17 octubre 1997, precisando la más reciente de 9 febrero 2009 que «la opción de compra constituye esencialmente un precontrato o promesa unilateral de contrato por parte del vendedor de modo que es el optante el que adquiere únicamente la facultad de decidir sobre la exigencia de cumplimiento de la venta proyectada y es ese consentimiento del optante el decisivo para que el contrato quede perfeccionado, si bien sujeto al plazo de ejercicio pactado de modo que, transcurrido el referido plazo, la opción queda extinguida y el comprador pierde su derecho…
        Así ha ocurrido en el presente caso en que la opción concedida caducó en la fecha fijada sin que quien podía decidir si se constituía en comprador, ejerciera el derecho concedido, por lo cual la pretensión de su ejercicio posterior por parte de su cesionario había de fracasar ante la negativa del concedente, pues tal pretensión se produjo cuando la promesa de venta ya no estaba vigente.
        Se rechaza también la aplicación del art. 1504 Cc, argumento utilizado por la Audiencia para justificar la subsistencia de una supuesta obligación de ambas partes a llevar a cabo la perfección del contrato. Dicha norma resulta de aplicación a las compraventas de bienes inmuebles ya perfeccionadas, pero no a la promesa unilateral de venta o derecho de opción en que dicha perfección queda pendiente de la decisión del comprador expresada en un plazo determinado, por lo que no existe en tal caso compraventa ni obligación alguna de pago del precio pactado hasta que dicha perfección se produzca y, en definitiva, no opera la previsión excepcional de dicha norma en el sentido de permitir al comprador pagar el precio -en las compraventas de bienes inmuebles- aún después de expirado el término fijado para ello mientras no haya sido requerido de resolución por el vendedor.
        DOBLE VENTA JUDICIAL: LA CONSUMACIÓN DE LA ENAJENACIÓN SE PRODUCE CON LA EXPEDICIÓN DEL TESTIMONIO DEL AUTO DE APROBACIÓN DEL REMATE
        STS de 2 de Diciembre de 2009. Ponente: Francisco Marín Castán. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        En esta sentencia se aborda y se resuelve un problema de doble inmatriculación de una finca rústica que ha sido subastada en un juicio ejecutivo de la de la LEC de 1881. En el mismo, el remate tuvo lugar a favor del actor el día 28 de octubre de 1992 pero el auto de aprobación del remate no se obtuvo hasta el 29 de octubre de 1993. Además también lo fue en un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria del art.131 LH, en los que los demandados obtuvieron el auto el 5 de junio del mismo año 1993. El actor, aceptando que el conflicto es de doble inmatriculación y debe resolverse conforme a las reglas del Derecho Civil sin interferencia de los principios hipotecarios, impugna sentencia dictada por la Audiencia favorable a los adquirentes del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, por considerarla contraria a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (según la cual el acta de remate es suficiente para transmitir el dominio, porque el auto de aprobación únicamente es exigible para inscribir la adquisición en el Registro de la Propiedad). Sin embargo, el Tribunal Supremo no acepta estas argumentaciones, señalando ciertas conclusiones de las que podemos destacar las siguientes:
        1º Que la cuestión a decidir no consiste en la aptitud de la subasta judicial como título traslativo o idóneo para transmitir el dominio, que es a lo que se refieren tanto las sentencias citadas como la doctrina científica que se invoca, sino en si ese título es suficiente por sí solo para que se consume la adquisición a favor del rematante o del cesionario del remate o, por el contrario, es necesario algo más, un modo o tradición que, conforme al art .609 CC, el tribunal sentenciador identifica con el auto de aprobación del remate o, más exactamente, con la entrega de testimonio de dicho auto al rematante o al cesionario del remate.
        2º. Cuando lo planteado en el litigio es un conflicto creado por dos ventas judiciales de una misma finca en sendos procedimientos judiciales, la jurisprudencia de esta Sala mantiene toda la virtualidad del art. 609 CC exigiendo algo más que la mera aprobación del remate para la adquisición de la propiedad de la finca subastada por el rematante o el cesionario del remate. Así, la sentencia de 29 de julio de 1999, citando extensamente la de 1 de septiembre de 1997 y también las de 16 de julio de 1982 y 10 de diciembre de 1991, declara que “la consumación venía amparada por el otorgamiento de la escritura pública” y que tras la reforma de la LEC de 1881 por la Ley 10/92 “la consumación de la enajenación se produce, conforme al artículo 1514, con la expedición del testimonio del auto de aprobación del remate y demás requisitos (artículo 1515 )”; la sentencia de 4 de abril de 2002 puntualiza que la subasta supone una oferta de “venta” (de la finca embargada) que se perfecciona por la aprobación del remate, operardo la escritura pública (en el sistema procesal entonces vigente) como “traditio” instrumental para producir la adquisición del dominio; y en fin, la de 4 de octubre de 2006 reproduce la anterior, añadiendo que “después de la reforma operada por la Ley 10/1992 el testimonio del auto de aprobación del remate” conforma la operación del acto procesal enajenatorio. Y la misma línea se mantuvo incluso en una tercería de dominio por la sentencia de 1 de septiembre de 1997 y, años más tarde, en un caso de nulidad de un procedimiento administrativo de apremio solicitada por quien fue propietario de la finca embargada, por la sentencia de 11 de febrero de 2003, que reprodujo lo ya declarado por la de 4 de abril de 2002
        DOBLE VENTA DE INMUEBLE: LA BUENA FE DEL SEGUNDO ADQUIRENTE SE EXIGE AUNQUE NO LA SANCIONE EL ART.1473.2 CC.
        Sentencia de 13 de Noviembre de 2009. Ponente: Xavier O’Callaghan Muñoz. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        La parte vendedora practicó un requerimiento resolutorio, notarialmente, de un contrato privado de compraventa el 20 de junio de 2001, a la sociedad compradora, y ésta no lo aceptó sino que lo rechazó expresamente el 28 del mismo mes y año (la resolución se produce extrajudicialmente por acuerdo de las partes, pero si no hay acuerdo y tanto más si hay oposición, se precisa la declaración judicial de que está bien hecha y los efectos de la resolución serían ex tunc). En el presente caso, no ha habido acuerdo extrajudicial, ni declaración judicial, ni ejercicio de la acción que llevara a ella, por lo que debe concluirse que no se ha producido la resolución del contrato de compraventa.
        La doble venta la contempla el artículo 1473 del Código civil, y se de cuando el propietario vende la misma cosa a varios compradores; dispone cuál de ellos tiene la preferencia en la adquisición de la misma, quedando ineficaz la otra. Lo que consiste, si la cosa es inmueble, en que la adquiere el que antes la haya inscrito en el Registro de la Propiedad, lo que presupone que antes hubo tradición real o instrumental por la escritura pública. Sin embargo, esta preferencia al que ha inscrito tan sólo se produce si ha mediado buena fe por su parte. Y ello aunque el párrafo segundo del artículo 1473 del Código civil que no menciona la exigencia de buena fe.
        El concepto de buena fe aplicado al caso de la doble venta consiste en ignorar que la cosa había sido vendida a otro. No es un estado de conducta como ocurre en las obligaciones y contratos sino de conocimiento: el creer o ignorar si la situación registral es o no exacta, respecto a la titularidad registral. La STS de 22 de diciembre de 2000 dice que el concepto de buena fe en materia de propiedad y derechos reales consiste, en su aspecto positivo, en la creencia por parte de quien pretende ampararse en la protección registral, de que la persona de quien adquirió la finca de que se trate era dueño de ella y podía transmitirle su dominio y, en su sentido negativo, en la ignorancia y desconocimiento de inexactitudes o de vicios invalidatarios que puedan afectar a la titularidad del enajenante, por lo que carecen de tal cualidad quienes tienen noticia perfecta de la situación extratabular o de las posibles causas capaces de enervar el título de su transferente
        La exigencia de la buena fe al caso de doble venta de inmuebles del aludido párrafo tercero del artículo 1473 que no la contempla expresamente, se deduce de los principios generales del derecho -ejercicio de los mismos de buena fe- y de relacionar esta norma con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Lo cual ha sido mantenido por una jurisprudencia reiteradísima.
        COMPRAVENTA DE INMUEBLES: LA VENTA A CUERPO CIERTO REQUIERE QUE EL PRECIO NO SE HAYA PACTADO POR UNIDAD DE MEDIDA, SINO DE FORMA ALZADA
        Sentencia de 24 de Noviembre de 2009. Ponente: Antonio Salas Carceller. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        Los motivos del recurso vienen a sostener que el incumplimiento de la obligación de pago del precio por la entidad compradora -hoy recurrente- que dio lugar a la resolución por parte de la vendedora haciendo uso de la facultad concedida por el artículo 1504 del Código Civil, estaba justificado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil en relación con el incumplimiento por el vendedor de las obligaciones que dimanan de lo dispuesto por el artículo 1471, párrafo segundo, del mismo código.
        Ambos motivos se rechazan.
        Sostiene la parte recurrente que estaba autorizada a suspender el pago del precio puesto que en el contrato se había determinado una superficie conjunta de los tres solares objeto de venta de 1.313,22 m², mientras que en el Registro de la Propiedad figuraban con una extensión superficial de 972,5 m² y la superficie real según medición pericial era de 1.281,66 m², por lo que podía acogerse a lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil relacionándolo con el 1471, párrafo segundo. Sin embargo, el artículo 1502 del Código Civil contempla un supuesto diferente al planteado, ya que se refiere a los casos en que, producida la entrega de la cosa, el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, sin referencia a los casos de diferencia en la cabida de los inmuebles objeto del contrato; cuestión que aparece regulada en el artículo 1471, según el cual en el caso de venta como “cuerpo cierto”, con precisión de los linderos de la finca, son éstos los que fijan la extensión que ha de ser entregada al comprador, aun en el supuesto de que se hubiera designado en el contrato su cabida y resultare una cabida mayor o menor de la mencionada, supuestos en los que, como dice la sentencia de esta Sala de 18 mayo 1982, seguida por la de 5 mayo 2008 , «como reconoce la doctrina científica, la venta en cuanto a la superficie vendida ofrece un cierto aire aleatorio, estando en estos casos determinada la fisonomía del inmueble vendido, como declaró la sentencia de 12 marzo 1948 , por su naturaleza y por el enclavamiento geográfico que marcan sus linderos». La de 31 enero 2001 afirma que «la venta a cuerpo cierto requiere que el precio no se haya pactado por unidad de medida, y estipulándose un precio sin referencia a este dato, sino de forma alzada, ninguna trascendencia tiene para su calificación como tal venta el que se haga mención de la extensión del objeto comprado». Ello se ha de poner en relación con la postura mantenida por la generalidad de la doctrina científica en el sentido de considerar que, partiendo de la claridad de la disposición contenida en el párrafo primero del artículo 1471 en el sentido de que en la venta a precio alzado no tendrá lugar el aumento o disminución del precio aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato, no existe verdadera contradicción con lo señalado en el párrafo segundo, que prevé la venta de cuerpo cierto con designación añadida de cabida o número, supuesto en el cual, si la cabida real es mayor que la expresada en el contrato, el vendedor está obligado a entregar “todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos”, y si no pudiere entregar la totalidad del terreno comprendido en los linderos determinados en el contrato -así, por ejemplo, cuando exista un enclave propiedad de tercero- “sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló”, debiendo resaltarse que la entidad compradora, al ser requerida de resolución por impago del precio, ni siquiera intentó acogerse a ninguna de tales posibilidades.
        RESOLUCION DE COMPRAVENTA
        STS de 19 de noviembre de 2009.Ponente: Don Xavier O´Callaghan Muñoz. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        El TS precisa los presupuestos de la resolución de un contrato de compraventa de inmuebles por falta de pago del precio, al amparo del art.1504 CC.
        Señala que la base esencial es el incumplimiento de la obligación de una de las partes, sin requerir una conducta dolosa por el incumplidor, bastando y siendo suficiente que se frustre el fin del contrato. Producido el incumplimiento y practicado el requerimiento resolutorio, éste produce efectos ipso iure sin necesidad de contar con el consentimiento de la contraparte, si bien, caso de que éste no la admita, serán los Tribunales los que decidan, sin que hasta la sentencia deje de producir sus efectos. El vendedor recupera desde luego la plenitud de facultades sobre lo vendido, y si transmite a tércero, éste puede quedar afectado por el fallo de los tribunales, salvo que esté protegido por los efectos de la buena fe.
        INTERPRETACION DE CONTRATO DE PRESTAMO
        STS de 3 de diciembre de dos mil nueve. Ponente: Don Xavier O´Callaghan Muñoz. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        El TS confirma las sentencias de instancia y señala que modificado el contrato de préstamo y prorrogado sucesivamente su vencimiento, las sucesivas prórrogas del vencimiento del plazo del pago del capital prestado no modificaron el resto de los pactos del préstamo, por lo que ha de estarse al sentido literal de las cláusulas cuando no hay dudas sobre la intención de los contratantes. Si se hubiera querido imponer también el pago de los intereses para ese plazo más largo, debería haberse pactado así.
        MANDATO. ACTOS PROPIOS
        STS de 2 de Diciembre de 2009. Ponente: Francisco Marín Castán. Desestimatoria. Descargar Sentencia.
        El caso en esta sentencia es el siguiente: un marido y una mujer demandan a los hermanos del marido junto al cónyuge de uno de ellos, para exigir la rendición de cuentas sobre unas determinadas fincas rústicas. Tanto el Juzgado de primera instancia correspondiente como la Audiencia desestimaron la demanda por considerar que las cuentas en la administración se venían rindiendo satisfactoriamente, incluso se califica la prueba de “intachable” y ello porque los demandantes y demandados todos los años se reunían con un asesor fiscal para hacer las declaraciones, etc.. entendiendo que ya con esas gestiones habían prestado sus consentimiento a tales rendiciones de cuentas y la renuncia a reclamarlas posteriormente. Pero el Tribunal Supremo va más allá en las precisiones, señalando lo que en verdad se declara por la sentencia de primera instancia (asumida por la de apelación) no es que la presencia de los demandantes en la preparación y elaboración de las declaraciones fiscales anuales constituyera un acto propio, suficiente por sí solo, d

    • Excmos. Sres. y Excma. Sra. D. José Manuel Sieira Míguez, presidente D. Rafael Fernández Valverde D. Octavio Juan Herrero Pina D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Wenceslao Francisco Olea Godoy D. José Juan Suay Rincón Dª. Inés Huerta Garicano D. César Tolosa Tribiño D. Jesús Ernesto Peces Morate D. Mariano de Oro-Pulido y López

      En Madrid, a 28 de octubre de 2016. Esta Sala ha visto el recurso de casación número 2592/15, interpuesto por “PROMOCIONES SAN CIPRIÁN, S.L.”, representada por el procurador D. Rafael Gamarra Megías y con la asistencia letrada de D. José-Manuel Campos Moscoso, contra la sentencia dictada -10 de junio de 2015- por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el P.O.
      7392/11, deducido frente a la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial articulada –escrito presentado el 4 de octubre de 2010- por los daños y perjuicios derivados de la resolución del Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Galicia, por la que se adoptan una serie de medidas en relación con los hallazgos arqueológicos descubiertos en el lugar de Atalaia-San Ciprián (Cervo).

      Ha sido parte recurrida la Junta de Galicia, representada por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén. Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Inés Huerta Garicano. ANTECEDENTES DE HECHO

      PRIMERO.- La Sentencia impugnada en casación desestima el recurso.

      Parte de los siguientes hechos: 1) Desde el 29 de septiembre de 2005 consta la aparición de restos arqueológicos en Punta Atalaia (San Cibrao), inscribiéndose el yacimiento en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos con clave GA27013006, y comunicado al Ayuntamiento de Cervo; 2) La recurrente es propietaria de tres solares sitos en la Rua de Faro (San Cibrao) –integrados por diversas fincas registrales adquiridas en escrituras públicas otorgadas entre el 7 de marzo y el 29 de diciembre de 2006- para los que obtuvo licencias de obras -28 de noviembre de 2006, 1 de diciembre de 2006 y 18 de abril de 2007- para la construcción de tres edificios, respectivamente, de 42, 32 y 26 viviendas (con garaje y trastero); 3) Iniciados los movimientos de tierras en el primero de ellos fue descubierto un yacimiento arqueológico lo que determinó (escrito de la Consejería de Cultura de la Junta en Lugo de 26 de noviembre de 2007), de un lado, la inmediata paralización de las obras (posteriormente autorizadas), y, de otro, que se instara a la mercantil a la realización de
      un proyecto de excavación arqueológica; 4) Una vez finalizada la excavación, que evidenció la existencia de restos arqueológicos de interés, y, previos los pertinentes informes, se dictó la resolución de 28 de junio de 2010 (con amparo en los arts. 61 y 63 de la Ley 8/95 y 2.c) del Decreto 199/87) que imponía las siguientes obligaciones: a) de conservación “in situ” de los restos arqueológicos descubiertos; b) los proyectos constructivos para los que se habían otorgado las licencias, deberían contemplar soluciones técnicas y medidas protectoras que garanticen la conservación “in situ” de tales hallazgos; y, c) la adopción de medidas de protección adecuada para evitar la degradación de los restos, medidas que se tomarán en coordinación con los servicios técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo; 4) El 4 de octubre de 2010 se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial, por importe global de 4.404.276,92 €, con los intereses legales desde esa fecha, y que se desdoblada en los siguientes conceptos: a) valor de los solares y perjuicios derivados de la imposibilidad de ejecutar los proyectos de construcción por pérdida sobrevenida del aprovechamiento urbanístico, por importe global de 1.920.457,25 € (795.683,88 € por valor residual estático de 1512,85 m2 de suelo, 764.766,45 por lucro cesante y 360.007 € por gastos inherentes a la obra ya desembolsados) respecto del solar “FARO II” (en el que se proyectaba la edificación de 32 viviendas), y, de 2.164.277,51 € (876.355,14 € por valor residual estático del suelo, 1.372,62 m2 de lucro cesante, y, 164.429,72 € por gastos ya desembolsados) en relación con el solar de 28 viviendas (“FARO III”); b) perjuicios derivados de la paralización de las obras durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2007 y el 31 de agosto de 2010, por importe, respectivamente, de 155.112,36 (FARO II), y, de 164.429,72 € (FARO III).

      La sentencia, tras declarar la conformidad a derecho de la precitada resolución de 28 de junio de 2010, dictada al amparo de la normativa de Patrimonio Histórico, y reconocer la disminución del aprovechamiento urbanístico de dichas parcelas en la medida que no cabrá otro que el que permita la conservación de los restos arqueológicos
      hallados, integrantes del patrimonio histórico gallego, afirma que el propietario del suelo tiene el deber jurídico de soportar esas limitaciones de su derecho de propiedad. Recuerda que la citada resolución no supone paralización de las obras, pues no se dicta al amparo del art. 59.4 de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia, sino que se trata de un supuesto de intervención arqueológica de urgencia, autorizada por el art. 63.1 del mismo texto legal, con su propio régimen jurídico, y añade <>.

      En ese contexto, además, dice la sentencia, <>

      SEGUNDO.- Por la representación procesal de la actora se preparó recurso de casación contra la precitada sentencia ante la Sala de Galicia, que lo tuvo por preparado en tiempo y forma, y, emplazando a las partes para que comparecieran ante esta Sala del Tribunal Supremo, elevó las actuaciones, que tuvieron entrada en el Registro del Tribunal el 17 de noviembre de 2015.

      TERCERO.- Personada la recurrente, formalizó escrito de interposición, fundado en el art. 881.d) LJCA <>.

      Y articulado en un motivo único, por infracción de los arts. 139 y 141 de la Ley 30/92 y la jurisprudencia que los interpreta, con cita y transcripción parcial de las sentencias de esta Sala Tercera, Sección Sexta (de 25 de junio de 2003, casación 6754/00, 2 de diciembre de 2014, casación 801/12; 22 de junio de 2015, casación 341/13), y, Sección Cuarta (de 15 de diciembre de 2010, casación 1336/09).

      CUARTO.- Admitido a trámite el recurso, se emplazó a la parte recurrida, que presentó escrito de oposición.

      QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló, para deliberación, votación y fallo, la audiencia del día 25 de octubre de 2016, teniendo lugar.

      FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- La cuestión no estriba en analizar la legalidad de la resolución de 28 de junio de 2010 –nunca cuestionada-, causa de la reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la pérdida de aprovechamiento urbanístico de los solares “FARO II” y “FARO III”, para los que la recurrente disponía de licencia de obras – otorgadas por el Concejo de Cervo, respectivamente, el 2 de diciembre de 2006 y el 26 de abril de 2007- que la autorizaban a la construcción de sendos edificios de 32 y 26 viviendas (con garaje y trastero), sino en determinar si las limitaciones al aprovechamiento del suelo impuestas, en aplicación de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia (en beneficio
      de ese patrimonio histórico, y, por ende, de toda la colectividad), como consecuencia de los hallazgos arqueológicos, tiene la propietaria, como afirma la sentencia, el deber jurídico de soportarlo.

      Debemos recordar, al efecto, que el contenido del derecho de propiedad, como derecho de configuración legal (delimitado, ex art. 33 CE, por su “función social”), viene determinado por la ley. Tratándose, como aquí acaece, de la propiedad del suelo, y, en concreto, del derecho a edificar éste se materializa con la licencia urbanística, patrimonializándose en ese momento, con las consecuencias indemnizatorias que ello comporta.

      Antes del otorgamiento de licencia existe una mera expectativa, un simple derecho a solicitarla, pero cualquier cambio normativo o de otra naturaleza que impida su otorgamiento, y, por consiguiente, la materialización del aprovechamiento que hasta ese momento pueda ostentar el suelo, no da derecho a ningún tipo de indemnización.

      La licencia, sin embargo, incorpora al patrimonio de su titular el derecho a edificarlo en los términos en ella autorizado, dentro del plazo de caducidad con el que, en su caso, se otorga.

      En este caso, la recurrente tenía las pertinentes licencias cuando se descubrieron los primeros vestigios arqueológicos con ocasión del movimiento de tierras en el solar contiguo, también de su propiedad, por ello la imposibilidad de ejecutar los proyectos, sin otra solución alternativa (así se dice en el informe emitido por los Arquitectos Sres. Fernández Catá y Meitín Míguez, obrante en el folio 270 del expediente administrativo, ratificado judicialmente, sin que la Junta de Galicia haya contraprobado ni cuestionado tan esencial extremo), comporta la privación de un derecho (el derecho a edificar los dos edificios autorizados por las licencias) que, aunque esté amparada en las normas
      de protección del patrimonio en beneficio del interés general, la ablación de ese derecho –precisamente porque redunda en beneficio de la colectividad- no puede ser soportado exclusivamente por su titular, constituyendo una lesión antijurídica, y como tal, indemnizable porque el propietario del suelo no tiene el deber jurídico de soportar el daño que a él en concreto le produce esa protección en interés y beneficio de la colectividad. En este sentido nos hemos pronunciado, a título de ejemplo cabe recordar, además de las sentencias citadas como soporte de este recurso de casación, la sentencia de 15 de diciembre de 2010 (casación 1336/09).

      Procede, en consecuencia y en la medida que la Sala de instancia, sin negar la pérdida de aprovechamiento, rechazaba la pretensión actora por entender que el daño ocasionado no era antijurídico, estimar el motivo y, con él este recurso de casación, casando la sentencia impugnada.

      SEGUNDO.- Con arreglo a lo dispuesto en el art. 95.2.d) LJCA, habremos de analizar la extensión y conceptos indemnizatorios a los que tiene derecho la recurrente, sin que para ello sea obstáculo el hecho de que en 2005, con ocasión de la construcción de un observatorio de fauna marina en el Faro de San Cibrao, se encontraran yacimientos arqueológicos que fueron inventariados con clave GA27013006, comunicados, al parecer, al Ayuntamiento de Cervo, pues, en todo caso, tal circunstancia daría eventualmente derecho a repetir contra dicho Ayuntamiento, si de la comunicación efectuada se infería la imposibilidad o inconveniencia de otorgar las licencias.

      Hay un dato esencial a tomar en consideración para la determinación de las indemnizaciones y es que en ningún momento se iniciaron las obras de construcción y el reembolso de los gastos del proyecto de excavación a que fue requerida para determinar la posible existencia de restos arqueológicos han sido objeto de otra reclamación.

      La recurrente reclama, en primer término, el valor del suelo tasado

  8. De mi empresa se an llevado muchisimo material y no an pagado nada pero ya lo pagaran .. si algun dia ves este ..lucia y miguel os encontrare tierra . Mar . O aire pero te juro que os cojere e estado en dehesas buscandolos en varralla . Y se que andan por la provincia de lugo si alguin me puese decir dnd pillarlos que se pongan en contacto con migo le doy 3000 euros quien me lleve dnd el y lucia yo no me escondo y miguel nos veremos te lo juro estafadores

    • Hola yo sé dónde viven, facilíteme datos de contacto y lo llamo.
      Saludos

      • Por aqui mejor no dar datos quedamos en lugo ? Y hablamos en persona te parece bien ? Dime dia y hora y en que sitio de lugo nos vemos y ay estoy ?

      • Resumen
        Funcionarios de la Administración Local. Retribuciones. Se anula el abono del complemento específico solicitado, pues la recurrente, que tiene la carga de la prueba, no ha acreditado que se le someta a una discriminación retributiva, ya que su situación no es equiparable a ninguna otra idéntica a la que se le dé un trato diferente. No existen situaciones equiparables por ser idénticas, ni por lo tanto se infringe el principio de igualdad (FJ 3).
        Favorable a: Administración local; Desfavorable a: Funcionario
        Procedimiento:Recurso de apelación

        ANTECEDENTES DE HECHO
        ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo num. 4 de Murcia lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la actora para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, que designó Magistrada ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 27 de febrero de 2015.
        FUNDAMENTOS DE DERECHO
        PRIMERO.- La sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Noelia contra el Acto Presunto de la Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Pliego por el que se desestima por silencio administrativo la solicitud formulada el 12 de diciembre de 2010 sobre diferencias retributivas; y declara la nulidad de las anteriores resoluciones administrativas por ser contrarias a Derecho, y como situación jurídica individualizada declara el derecho de la actora a percibir el complemento específico en cuantía de 20.097,84 Eur. con efectos de 1 de enero de 2010, con los derechos inherentes a dicho pronunciamiento.
        El Juzgado de lo contencioso-administrativo basa su decisión en que en la documental obrante en autos, especialmente del “catálogo de puestos de trabajo” no consta ninguna diferencia esencial entre los puestos desempeñados por los Srs. Obdulio y José Daniel y la actora, pues tanto las funciones como la responsabilidad y la dedicación son similares. Aunque, dice, naturalmente se refieran a funciones diferentes. Entiende el Juez que la actividad administrativa impugnada resulta nula de pleno derecho conforme al art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por vulneración del principio de igualdad ante la Ley y proscripción de la discriminación del art. 14 CE, en sede de Derechos Fundamentales, así como del art. 23.2 CE que proclama el derecho al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, que comprende también el derecho al ejercicio de dichas funciones en las condiciones de igualdad citadas.
        El Ayuntamiento de Pliego formula recurso de apelación contra la sentencia dando, tras exponer los hechos y, en concreto, el Catálogo de Puestos de Trabajo para los años 2010 y 2011, y describir las concretas funciones de los tres puestos de trabajo comparados y las razones por las que tienen reconocidos a efectos de Complemento Específico una determinada responsabilidad, dedicación y especial dificultad que detalla, señala que la Sra. Noelia nunca impugnó ante el TSJ de Murcia los Presupuestos Municipales de los años 2010 y 2011, junto a su Anexo de Personal, de forma que el Catálogo de Puestos de Trabajo con Complementos Específicos aprobados por el Pleno ganaron firmeza y no fueron modificados por Acuerdo posterior del Pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, de forma sorprendente, la sentencia ha estimado la pretensión de la recurrente entrando a conocer del fondo pese a que el Complemento Específico de la actora viene regulado por una disposición de carácter general que nunca fue impugnada. A continuación señala como motivos de impugnación de la sentencia apelada los siguientes:
        1.- Incompetencia del Juzgado de lo Contencioso por vulneración de lo dispuesto en el art. 10.1.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la tutela judicial efectiva recogida en el art. 24.1 CE. En este caso, dice, la actora ha utilizado una acción individual de reclamación de salarios, lo que viene a supone una impugnación de los presupuestos municipales de 2010 y 2011, que son una norma de carácter general. La actora pretende una alteración de los Presupuestos Municipales/Anexo de Personal para que se corrija la cantidad establecida como complemento específico para ella, y se le equipare a la de los otros dos puestos de trabajo de administrativo. La sentencia debía haber rechazado la demanda y no entrar a conocer la revisión de los presupuestos municipales para no incurrir en vulneración de la norma procesal con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento, por resultar órgano incompetente para ello.
        2.- Los complementos específicos son ajustados a Derecho, los puestos de trabajo y las funciones son diferentes, e inexistencia de igualdad entre los puestos de trabajo. La sentencia vulnera lo dispuesto en el art. 24 del EBEP, y el art. 4 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se regula el régimen de retribuciones de funcionarios de la Administración Local, así como la doctrina del Tribunal Constitucional (autos num. 44/1996, de 26 de febrero, 63/1996, de 12 de marzo, y 318/1996, de 26 de octubre). Pues de dicha regulación se desprende que la fijación del complemento específico está íntimamente ligada a la valoración del puesto de trabajo que se desempeñe, dentro de la cual han de ponderarse los parámetros de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. Pero no existe la posibilidad de establecer un tramo fijo en dicha retribución complementaria, pues si en la valoración no es de apreciar ninguno de aquellos parámetros no cabe su establecimiento. Y tampoco cabe ligar una parte del complemento específico a la titulación, como exige la actora y dicta la sentencia, pues estos inciden en las retribuciones básicas, pero no en las complementarias, que van vinculadas al nivel del puesto que se ocupe, o a las condiciones particulares del puesto que se desempeñe. Es contrario a Derecho el establecimiento de un tramo fijo en el Complemento Específico porque se desnaturaliza la retribución complementaria.
        3.- En el presente caso las diferencias en el complemento específico de los puestos de trabajo del Ayto. de Pliego se justifican en las diferentes circunstancias de cada uno de los puestos de trabajo, según recoge el propio Anexo de Personal de los Presupuestos. La “desigualdad” en la concesión del complemento específico de los puestos ocupados por los compañeros de trabajo D. José Daniel y D. Obdulio tiene su causa en que nos encontramos ante puestos que realizan diferentes tareas o funciones, por lo que no existe un término válido de comparación para considerar que los complementos de especial dedicación asignados a uno u otro puesto son discriminatorios.
        La parte apelada presentó escrito oponiéndose a la apelación por considerar:
        1.- Que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es plenamente competente para conocer del presente recurso; lo que concreta con los siguientes argumentos:
        a) La demandada no alegó en la instancia ni en la contestación a la demanda ni en ninguna otra fase procesal, la incompetencia del Juzgado, no siendo lícito alegarla en esta alzada, pues ello causa indefensión a la codemandada, que no pudo realizar alegación alguna ni pudo alegar nada sobre la cuestión de competencia.
        b) En cuanto al fondo de la cuestión, entiende que resulta plenamente competente el Juzgado, pues se trata de un pleito individual en materia de personal a las comprendidas en el art. 8.1 de la Ley 39/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Sigue diciendo que no es objeto de impugnación el Presupuesto municipal, sino el acto administrativo presunto por el que se deniega la igualdad de trato retributivo. El pronunciamiento judicial no ha anulado los Presupuestos municipales, sino que ha anulado la actividad administrativa presunta de denegación de una cantidad adicional en el complemento específico.
        c) No se alteran los Presupuestos municipales por el fallo de la sentencia apelada, pues si se acogiera esta tesis se vaciaría de contenido la competencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para conocer de cualquier asunto en materia de personal que entrañe reclamación económica.
        2.- La sentencia es ajustada a Derecho cuando considera infringidos los principios de igualdad ante la Ley y mérito y capacidad de los arts. 14 y 23.2 CE. De acuerdo con la valoración que hace el Juzgador de la prueba practicada en el acto del juicio, no hay ninguna diferencia entre dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, peligrosidad, etc., esto es, entre las condiciones particulares del puesto de trabajo de cada uno de los tres funcionarios comparados, que pueda motivar una diferencia en el complemento específico. Por lo que la sentencia apelada es ajusta a Derecho en este punto y termina reproduciendo la jurisprudencia que, dice, viene al caso.
        SEGUNDO.- Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los recogidos en la presente sentencia. En primer lugar conviene precisar que lo que se impugnaba por la actora con el recurso interpuesto ante el Juzgado era una reclamación de diferencias retributivas entre el puesto por ella ocupado y el complemento específico atribuido a otros dos administrativos del Ayuntamiento de Pliego. Para el conocimiento de esta reclamación era plenamente competente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción, pues los que se reclama no es una modificación de los presupuestos, sino que se solicitan las diferencias retributivas por entender que las funciones realizadas por uno y otros funcionarios son iguales.
        Añadamos a ello que la naturaleza de los Catálogos de Puestos de Trabajo o las Relaciones de Puestos de Trabajo no es un tema absolutamente pacífico, pues jurisprudencialmente se ha señalado que las RPT participan de la naturaleza propia de las “disposiciones de carácter general” ( STS de 13 de febrero de 2001 ó 20 febrero de 2001); aunque hay otras sentencias que han considerado que cuando el Tribunal Supremo ha establecido la vocación normativa de las relaciones de puestos de trabajo lo ha sido como una mera “fictio iuris” para justificar que, pese a merecer la calificación de cuestiones de personal, sin embargo, se hayan considerado recurribles en casación las sentencias pronunciadas sobre las mismas, dándoles así, desde el punto de vista estrictamente procesal, el tratamiento propio de las disposiciones generales, pero sin que por eso se haya desconocido que, materialmente, su verdadera sustancia jurídico-administrativa es la de los actos plúrimos, con destinatarios indeterminados, de donde viene aquella vocación normativa, pero excluyendo en todo caso que sean auténticos reglamentos (por todas Sentencia del TS de 26-5-1998). Sin embargo, de conformidad con el nuevo criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Supremo en la Sentencia num. 902/2014, de 5 de febrero (recurso 2.986/2012) o la Sentencia de 2 de julio de 2014 (recurso 3.639/2012), entre otras, que señala que su naturaleza no es de disposición de carácter general, sino de acto administrativo; el recurso contra las RPT o el Catálogo de Puestos no se puede encuadrar en el art. 10.1.b) de la Ley Jurisdiccional, por lo que en aplicación del art. 8.1 de la misma Ley la competencia no es de la Sala sino de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
        TERCERO.- Entrando en las cuestiones de fondo, parte la sentencia apelada de que no consta ninguna diferencia esencial entre los puestos desempeñados por D. Obdulio y José Daniel y el desempeñado por la parte actora. Sin embargo la Sala no puede compartir esa igualdad de funciones en la que se basa el Juzgador de Instancia. Así, observamos en el expediente administrativo (doc. 4) el certificado del Secretario del Ayuntamiento de Pliego en el que se hace constar que dentro del Anexo de Personal, como documentación anexa al Presupuesto Municipal aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 5 de agosto de 2010, consta la relación de puestos de trabajo y su valoración, y concretamente se recoge:
        – Administrativo, Encargado de Patrimonio, Urbanismo, Estadística y Juzgado de Paz.- Puesto ocupado en propiedad por D. Obdulio, funcionario perteneciente al Grupo C1.
        Conceptos de valoración para asignar el Complemento Específico a este puesto:
        a) Responsabilidad: este puesto tiene la responsabilidad que se deriva de las funciones que tiene asignadas y que son:
        1.- La propia de ejercer las funciones de administrativo de la Escala de Administración General.
        2.- Encargado del área de Patrimonio (catastro y propiedad), Urbanismo (planeamiento, ejecución, disciplina y licencias- obras-apertura), Estadística, Padrón de habitantes, Censo Electoral, Juzgado de Paz y Registro Civil, así como el desempeño accidental de la Secretaría en los casos de ausencia legal del titular.
        b) Dedicación. Debido a las funciones que se enumeran anteriormente y por ser órgano de apoyo y colaboración con el puesto de Secretario-Interventor, y por desempeñar la Secretaría accidental del Juzgado de Paz en horario de tarde, su dedicación será plena y estará en función de las necesidades existentes en cada momento.
        c) Especial dificultad técnica. Preparación continua y acorde con la labor a desempeñar y conocimiento informático suficiente para el desempeño del puesto de trabajo.
        Por lo expuesto anteriormente, se asigna a este puesto ocupado por D. Obdulio, un Complemento Específico, referido a 01 de enero de 2010 que supone una cantidad anual de 20.097,84 Eur..
        -Administrativo-Encargado del área de Secretaría-Intervención e Informática.-
        Cubierta en propiedad, sistema de provisión: promoción interna, mediante concurso oposición.
        Este puesto tiene las siguientes funciones: encargado del área de Secretaría, con transcripción de Actas y Acuerdos, grabación informática, confección de libros oficiales y dar cumplimiento a lo acordado en las mismas, contratación, etc.; encargado del área intervención y tesorería, gestionando el presupuesto de gastos y de ingresos y la contabilidad, así como las liquidaciones y cuentas oficiales; y, responsable de los equipos informáticos municipales.
        b) Dedicación. Debido a las funciones que se enumeran anteriormente y por ser órgano de apoyo y colaboración con el puesto de Secretario-Interventor, su dedicación será plena y estará en función de las necesidades existentes en cada momento.
        c) Especial dificultad técnica. Preparación continua y acorde con la labor a desempeñar y conocimiento informático suficiente para el desempeño del puesto de trabajo.
        Por lo expuesto anteriormente, se asigna a este puesto vacante, un Complemento Específico, referido a 01 de enero de 2010 que supone una cantidad anual de 20.097,84 Eur..
        -Administrativo-Encargado de Biblioteca.
        Cubierta en propiedad, sistema de provisión: promoción interna, mediante concurso oposición.
        Este puesto tiene las siguientes funciones: encargado de la Biblioteca Pública Municipal de Pliego, así como desempeño de funciones en el archivo municipal, y atención al público en las oficinas municipales, en horario de mañana de 10 a 14 horas, de lunes a viernes; y por las tardes, en horario de 17’00 a 20’00 horas, de lunes a viernes, atender la Biblioteca Pública.
        b) Dedicación. Supone este puesto un horario de jornada partida, ya que por no tener dedicación completa a la Biblioteca Pública Municipal, ha de atender esta en horario de tarde, adecuado a las necesidades del Público, y por las mañanas, tareas propias de administrativo, bien en las Oficinas Municipales o bien en la propia Biblioteca, con dedicación preferente al Registro de documentos y atención directa al público.
        c) Especial dificultad técnica. Conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, así como preparación informática para ejercer su función.
        Por lo expuesto anteriormente, se asigna a este puesto vacante, un Complemento Específico, referido a 01 de enero de 2010 que supone una cantidad anual de 11.826,08 Eur..
        A continuación, en el expediente administrativo constan también certificados del mismo Secretario pero referidos al Pleno del Ayuntamiento de 28 de abril de 2011 y al de 14 de junio de 2012; y en ellos se detallan, con contenido idéntico, las funciones y los conceptos de valoración para asignar el complemento específica para esos años, aunque variando las cuantías que les correspondían por el citado complemento. Queda también acreditado con la documental aportada por el Ayuntamiento que la Sra. Dª Noelia interpuso ya en su día un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.1 (P.A. 435/11) en reclamación de complementos retributivos, y en concreto el reconocimiento del complemento de especial dedicación y el de jornada especial-jornada partida; quedando acreditado en aquel recurso que a la citada señora se le retribuía por el complemento de jornada partida; y el Juzgado desestimó en sentencia ya firme (num. 246, de 22-5-2013) el reconocimiento del complemento de especial dedicación.
        Como podemos apreciar, las funciones que desempeña la recurrente hoy apelada, no coinciden con las desempeñadas por los otros dos administrativos con los que se compara. Tampoco tiene la misma responsabilidad, ni la dedicación de una y otros es igual. Por tanto, no existe término válido de comparación. El que los tres funcionarios pertenezcan al cuerpo administrativo no significa que el complemento específico tenga que ser igual. Los tres funcionarios